Una fila de motociclistas espera para cargar combustible en una gasolinera de Caracas, en agosto de 2020.Carlos Becerra (Bloomberg)
Si el acercamiento entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicolás Maduro se traduce en los resultados esperados, algunas compañías petrolíferas internacionales obtendrán licencias especiales para incrementar su volumen de producción petrolera en Venezuela, país que hace esfuerzos por regresar al mercado internacional del crudo, recuperar sus ingresos ordinarios y retomar presencia internacional.
Entre estas corporaciones sobresale especialmente el caso de Chevron, una de las pocas petroleras estadounidenses que no ha abandonado el país, y que ha ejecutado, de acuerdo a fuentes conocedoras de sector, un largo lobby para que Washington concrete algún acuerdo político aperturista con las autoridades nacionales. Cálculos de analistas vinculados al negocio petrolero estiman que esta corporación podría aumentar su producción en Venezuela en un rango que va de los 200 a los 300 mil barriles adicionales diarios de petróleo para fines de este año. Lo mismo podría estar planteado, en el mediano plazo, para otras compañías, como la India Reliance, que tiene un interés especial en el crudo extrapesado nacional.
Hace dos meses, Nicolás Maduro anunció que Venezuela había arribado al millón de barriles diarios de producción petrolera, pero todas las fuentes vinculadas a la industria reseñan que el promedio de los últimos tres meses está cercano a los 800.000, independientemente de que, en diciembre, como afirma el economista petrolero Rafael Quiroz, “se llegó al millón de barriles por uno o dos días.”
Sin haber llegado al millón, ya Maduro está prometiendo que a fines de este año la producción de petróleo estará en dos millones. “Este año vamos a dos millones de barriles diarios, llueva, truene o relampaguee. Recuperamos la producción petrolera de la mano de la clase obrera”, dijo en una alocución televisiva en la cual comentó que su Gobierno estaba “muy atento” para intervenir y estabilizar favorablemente el mercado energético internacional.
Luego de un escandaloso derrumbe a causa de la corrupción desbordada, la ausencia de mantenimiento y las sanciones internacionales, el Gobierno de Nicolás Maduro ha venido incrementando trabajosamente los niveles de producción de crudo venezolano –que llegó a estar en apenas 300 mil barriles diarios en 2020- otorgando campos a compañías operadoras totalmente desconocidas en el negocio de la industria. Ha contado también con la ayuda de Irán, aliado estratégico de Caracas. El mercado interno de combustibles, en grave situación de escasez durante cuatro años, va camino a normalizarse, y se ha acometido trabajos parciales de reparación de refinerías nacionales.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
La circunstancia, de acuerdo a lo que informan las fuentes, ha permitido a la estatal Petróleos de Venezuela mejorar su capacidad productiva, recuperar sus cuentas internas y pagar algunas deudas en un contexto de altos precios internacionales.
Sancionada, la estatal ha comercializado en este tiempo su crudo en alta mar de forma subrepticia, apoyándose en intermediarios desconocidos, particularmente en los mares de Asia. Estas operaciones se ejecutan en el marco de la Ley Antibloqueo, sancionada por el parlamento chavista.
“Las sanciones contra Maduro no han tenido los resultados esperados, y ese tema es materia de análisis en el Gobierno de Estados Unidos”, comenta un importante ejecutivo vinculado a la industria que prefirió mantener su nombre en la reserva. “Con sanciones, Maduro ha recuperado la producción local, tiene identificada una ruta para comercializar el crudo nacional y ha logrado recuperar ingresos trabajando con actores desconocidos.”
Los socios internacionales tradicionales y las firmas privadas, incluyendo compañías rusas y chinas, han continuado produciendo, pero PDVSA no puede pagarles, ni ellos recibir ingresos a causa de las sanciones. Lo mismo sucede con empresas operadoras petroleras venezolanas privadas.
“Ninguna empresa internacional seria, obligada a rendir cuentas de todos sus procesos, se atrevería a firmar contratos de servicios en el marco de la Ley Antibloqueo”, comenta otra fuente que prefiere el anonimato. “No hay capacidad técnica ni músculo financiero para que estas empresas que trabajan con PDVSA, y que nadie conoce, aumenten la producción solas. No tienen recurso humano y no atienden normativas”.
Fuentes consultadas estiman que, sin las sanciones de Estados Unidos, la producción venezolana de petróleo podría estar arribando al millón 600.000 barriles diarios. En tiempos de normalidad, el promedio de la producción nacional de petróleo rondaba los 3 millones de barriles. La presencia de la estatal PDVSA en la gestión del actual aumento petrolero constituye un punto a favor del Gobierno chavista. En el alto Gobierno revolucionario hay un claro interés por modificar el marco legal actual para favorecer la actividad privada.
“Por sí sola, Venezuela podrá aumentar apenas muy moderadamente los 700.000 – 800.000 barriles diarios de petróleo que produce”, opina el economista Orlando Ochoa. Para Ochoa, la producción local de petróleo “tiene un techo” si no se concretan licencias internacionales en el contexto de un acuerdo político.
“La responsabilidad social empresarial debe tener amor por el ambiente, pero también por la dignidad de las personas y la democracia”, comentó por su parte el líder opositor Juan Guaidó. “Una cosa es comprarle petróleo a Maduro y otra a Venezuela. ¿Dónde están los ingresos petroleros venezolanos de estos años? El otorgamiento de licencias debe estar vinculado a los compromisos de Maduro por regresar a la legalidad”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
No han soltado el arco y la flecha, solo que ahora los enfilan contra otros colonizadores. Unos 133 indígenas piaroa de la comunidad Gavilán de Cataniapo —al norte del Amazonas venezolano, en el municipio de Atures— se unieron en 2018 para conformar lo que llaman “cuerpo de resistencia civil”: un grupo de centinelas para protegerse de los nuevos forasteros que irrumpen en ese rincón de la selva amazónica.
Los vigilantes se llaman Ajoce Huäyäkä, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituyó siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y garimpeiros que fueron asentándose en las vecindades.
No había pasado un año de la formación de la resistencia cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guión que viene repitiéndose en otras comunidades.
“Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país”, recuerda el coordinador general de la Organización Pueblo Unido Piaroa del Cataniapo en Amazonas, Hortimio Ochoa. Solo que en este caso, después del revuelo inicial, terminaron por hacer caso a las demandas de los lugareños y desistieron de instalarse. “Marchamos, dialogamos y se fueron”.
El asunto, sin embargo, no quedó allí. Un año después, en febrero de 2020, los mismos uniformados regresaron, esta vez ya para quedarse. Entonces, más de 700 indígenas de las riberas del Cataniapo volvieron a marchar para expulsarlos, sin éxito.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Hoy, la guardia tiene más trabajo que antes. Preocupados de que los cataloguen como una suerte de autodefensas, Ochoa insiste en que están bien lejos de ser un pelotón militar. Dice que no portan armas de fuego —solo se les ve con lanzas de madera— y que se trata de la misma comunidad organizada. La guardia, afirma, “interviene en la liberación de personas secuestradas, participa en la búsqueda de desaparecidos en las masacres, previene el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, ofrece seguridad en las movilizaciones y eventos de sus pueblos, protección ambiental y seguridad territorial”.
Un cóctel de nuevos y viejos grupos irregulares —desde mineros ilegales hasta guerrillas— ha venido asentándose en el territorio piaroa. La expansión armada en el conflictivo sur venezolano, incluso en tiempos de pandemia, ha generado desplazamientos, confrontaciones, reclutamientos y depredación ambiental. También ha impactado las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas que, como en el río Cataniapo, empiezan a constituir grupos autónomos de seguridad que suplen la ausencia del Estado.
En apenas un año, entre 2020 y 2021, surgieron noticias de al menos dos nuevas guardias territoriales indígenas en áreas a las que ha llegado la presencia armada: una en la comunidad piaroa de Pendare, en el municipio de Autana del norte de Amazonas; y la segunda en territorio ye’kwana del río Caura medio, en el municipio de Sucre del oeste del Estado de Bolívar. Se sumaron a una lista de cuatro comunidades piaroa de Amazonas, así como de otras en Bolívar, tanto a orillas del río Paragua como del río Cuyuní.
Por mucho, el caso más emblemático es el de la Gran Sabana, al suroeste de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Allí, unas 86 comunidades del pueblo pemón, entre 120 localizadas en la zona, han adoptado este tipo de patrullas.
Alrededor de 80 voluntarios participan en la guardia territorial constituida en el municipio Autana de Amazonas.Sergio González
En Pendare, ubicada en el norte de Amazonas, los indígenas decidieron en febrero de 2020 defenderse “por su propio medio” de la “invasión silenciosa” sobre el territorio Tearime Siri koi Aerime Suititi de los uwottuja. De acuerdo con la mitología indígena, los abuelos protegieron el territorio piaroa poniendo raudales que servían como puestos de control y vigilancia para impedir el paso de personas foráneas. Pero las organizaciones del crimen han saltado los raudales y otros accidentes naturales, si es que no los han usado a su favor, para penetrar el territorio e instalar campamentos debajo de la copa de los árboles o dragar el lecho de los ríos.
En 2012, la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus) empezó a denunciar la entrada de grupos armados, pero la administración de Nicolás Maduro no actuó y la presencia de irregulares se incrementó: en 2019, identificó campamentos en las riberas del río Autana, Bajo Sipapo y río Guayapo y, meses después, pistas de aterrizaje y evidencias de contrabando.
Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio de Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas. Pero esto no ha detenido a los invasores. En marzo de 2021, en un punto de control sobre el Caño Guama, en la cuenca del río Sipapo, los mineros amenazaron a los indígenas con escopetas. En el hecho, tres indígenas resultaron heridos, uno de ellos con un corte en el rostro y pérdida de la dentadura, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de Amazonas. Frente al poder de fuego de sus adversarios, la capacidad disuasiva de las rondas indígenas resulta endeble.
Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió contra indígenas en enero de 2022. Tres indígenas, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial, fueron heridos.Sergio González
A principios de 2022, otros tres indígenas de la etnia pemón fueron heridos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, en el sureste del Estado de Bolívar, por miembros de los autodenominados “sindicatos” que mantienen por la fuerza el control sobre yacimientos auríferos y sus alrededores en el municipio de Sifontes. Portando armas largas y disparando al aire, miembros del sindicato de alias Juancho arremetieron contra la comunidad, que había decidido ocupar un viejo galpón abandonado para dedicarlo a actividades comunitarias.
La toma del galpón representó un contratiempo para la banda delictiva, pues el inmueble permite controlar el paso por la vía de acceso a una mina bajo su control. En el enfrentamiento quedó herido el capitán de la comunidad Joboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos miembro de la guardia territorial indígena, fueron golpeados cuando intentaban fotografiar el conflicto.
La expansión de los grupos armados foráneos en este punto profundo del Estado de Bolívar ha obligado a las comunidades indígenas locales a organizar más de esas guardias, a pesar de su aparente incapacidad para rechazar a los invasores.
En San Martín de Turumbán, a orillas del río Cuyuní que marca la frontera con el Territorio Esequibo de Guyana, indígenas pemón conformaron su guardia territorial en febrero de 2021, tras la invasión de mineros ilegales a las tierras de la cercana comunidad de San Luis de Morichal.
Con el vocablo pemón Maikok, que significa “espíritu salvaje y montañero”, la comunidad bautizó a la guardia territorial, constituida por 30 hombres y mujeres mayores de 17 años. “La comunidad se organizó y creó la seguridad sectorial por las invasiones de grupos armados y criollos que querían imponer sus normas”, explicó el capitán de la comunidad Bennett Kennedy.
La guardia tiene un punto de control en los linderos de la comunidad y supervisa, lista en mano, quién entra y quién sale de las áreas mineras. Ciertas infracciones, tales como irrespetar a las autoridades indígenas, el ingreso de bebidas alcohólicas o la prostitución, son castigadas con la expulsión. Cuando decenas de mineros ilegales avanzaron de nuevo sobre San Luis de Morichal, en febrero de 2021, la guardia indígena de San Martín de Turumbán estuvo tres meses en el sitio para apoyar el resguardo de las tierras comunitarias.
Aún con casos de éxito como el anterior, la invasión de tierras indígenas por parte de los sindicatos, sin embargo, no ha cesado, como tampoco lo ha hecho en zonas amenazadas por la incursión de otros grupos, como las guerrillas colombianas y los garimpeiros de Brasil.
Situación de armas tomar
Hasta 1999, los derechos de los pueblos indígenas no contaban con reconocimiento constitucional en Venezuela. La Carta Magna que entonces impulsó Hugo Chávez estableció como una de sus banderas el reconocimiento a los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable.
El artículo 119 no solo encomienda esa tarea al Poder Ejecutivo, sino que el 120 añade que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.
Pero del dicho al hecho, las disposiciones para la demarcación y la autonomía territorial de los pueblos originarios quedaron en letra muerta. Mientras, se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por fuerzas militares regulares del mismo Estado, que a su vez obligaron a los indígenas a adoptar una mayor beligerancia.
Uno de los primeros antecedentes de esos desmanes data de 2011, cuando indígenas pemón de 13 comunidades a orillas del río Paragua desarmaron y retuvieron durante cuatro días a 22 militares del Batallón 507 de Fuerzas Especiales del Ejército, devenidos mineros, a quienes encontraron hundidos en el barro hasta las rodillas y con motobombas encendidas. El hecho y la coordinada respuesta indígena sentaron las bases para la conformación de Musukpa, una comunidad en las cercanías de la mina Tonoro que diseñó un estricto compendio de normas de convivencia de diez capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.
Perdidos entre la selva, un testigo grabó el secuestro y decomiso de las armas que unas 600 personas de 13 comunidades asentadas a orillas del Río Paragua practicaron contra un grupo de 22 militares.Vídeo: ARMANDO.INFO
El ejemplo de Musukpa se replicó en los años siguientes. Miembros de 12 comunidades del sector 3 de Urimán, en el municipio de Gran Sabana, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano que estaban ejerciendo la minería de forma ilegal en sus predios. Dos años más tarde, en el norte del mismo Estado, indígenas de las comunidades ye’kwana y sanemá, de la cuenca del río Caura, hicieron algo similar: detuvieron a un comandante del Ejército y a nueve soldados en protesta por la quema de dos viviendas y por la complicidad en prácticas mineras que atribuían a los uniformados.
Pioneros pemones
El primer referente de seguridad indígena en el sur de Venezuela se remonta a 2001, en la comunidad pemón de Maurak, en el municipio de Gran Sabana, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil. Se llamó “policía civil indígena”, pues sus miembros estaban formados en seguridad, primeros auxilios y rescate. En esta comunidad nació Alexis Romero, un dirigente pemón clave en las negociaciones entre indígenas y gobierno en Musukpa en 2011.
Hasta ese momento, los problemas de Maurak eran sobre todo de orden doméstico: disturbios por ingesta de alcohol, robos menores y casos de violencia de género, según recuerda la capitana actual de Maurak, Lisa Henrito, quien asegura que se inspiró en las guardias indígenas de Colombia para dar forma a estas estructuras de seguridad interna.
El ejemplo cundió por toda la región al punto que hoy ya son 86 las comunidades de Gran Sabana que cuentan con cuerpos de seguridad interna. Es frecuente que algunos de sus miembros entrenaron en Maurak, alma mater de las guardias territoriales. “Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino del planeta”, explica Henrito. “Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz”.
En 2016, la conformación de la guardia territorial de Santo Domingo de Turasen —en el mismo municipio— a causa del auge de la delincuencia y del tráfico de drogas y armas, provocó que el alcance de estas instancias excediera las fronteras de la comunidad. Ese año, un homicidio en Santa Elena de Uairén —principal población criolla cerca de la frontera con Brasil— con la participación de funcionarios policiales estatales, llevó a que habitantes de esa localidad, junto con las comunidades indígenas, expulsaran al cuerpo policial y tomaran el control de la seguridad con operativos en los municipios de Gran Sabana y Sifontes. “Allí llegó la popularidad de la guardia territorial pemón”, asegura Henrito.
Esa acción incorporó los cuerpos de seguridad del municipio, entrenó a indígenas de comunidades distantes como Sifontes y La Paragua y visibilizó a la Guardia Territorial Pemón, nombre que decidieron adoptar en 2017: “Los cuerpos de seguridad indígena nacieron como mecanismos internos”, detalla Henrito, “pero la mayor amenaza ahorita es la invasión progresiva de territorios indígenas, por eso estamos alertas 24/7″.
Sin embargo, también se puede morir de éxito. Fue el caso del asesinato en septiembre de 2018 de José Vásquez, comandante de la guardia territorial en la comunidad de Turasen. Las pesquisas y la autopsia determinaron que se trató de un homicidio, cuya responsabilidad fue atribuida al escolta y funcionario retirado de la Armada venezolana, Edward Frederick Curuma, quien fue arrestado. Indígenas pemón sospechan que el ataque contra este líder fue parte de un plan para debilitar la defensa territorial.
Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil.María Ramírez Cabello.
En 2019, la violencia estatal y la represión escalaron en la Gran Sabana, en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida desde Brasil. La guardia indígena de Kumarakapay, llamada Aretauka por el acrónimo de tres grupos del pueblo pemón —arekuna, taurepan y kamarakoto—, intentó impedir el paso de vehículos militares hacia la frontera con Brasil para mantener el paso limítrofe abierto y con ello el ingreso de la ayuda humanitaria. Pero un ataque del Ejército en represalia contra la comunidad indígena dejó tres lugareños muertos por impactos de bala: Zoraida Rodríguez, Rolando García y Kliver Pérez, así como decenas de heridos. García era un legendario guía de excursiones y actividades de turismo de aventuras. Un cuarto indígena herido en el incidente, Onésimo Fernández, murió en marzo de 2020.
El ataque represivo, perpetrado con armas de fuego y bombas lacrimógenas, inédito en territorios indígenas, consolidó la militarización en este municipio. Más de 1.300 pemones huyeron de su natal Venezuela hacia el lado brasileño de la frontera en busca de seguridad, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El éxodo incluyó al alcalde indígena del municipio, Emilio González. Las patrullas de Kumarakapay, que apenas portaban arcos y flechas, optaron por pausar sus actividades por temor a represalias y para evitar malos entendidos, pues en general estos grupos han sido acusados hasta de paramilitares.
La posibilidad de la violencia
Varias experiencias en América Latina comparten el crédito como origen de las guardias territoriales —como también se les conoce en Colombia—; policías comunitarias o autodefensas, en México; o rondas campesinas, en Perú.
La guardia del territorio indígena del Cauca, en Colombia, fue creada formalmente en 2001 con el propósito de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, amenazados por el conflicto armado, el desplazamiento y la invasión y militarización de sus territorios. Es una formación controlada por las autoridades indígenas y está conformada por 3.200 personas que “solamente armadas con bastones y walkie-talkies tratan de salvaguardar los territorios e impedir el ingreso de actores armados”, indica un estudio del doctor en Sociología Anders Rudqvist y el profesor de Historia Roland Anrup, publicado en la Revista Papel Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Los investigadores suecos consideraron que la guardia indígena es uno de los elementos de la resistencia civil de las comunidades en contextos de conflictos. Es una forma de defensa no armada “contra diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física”, pero también puede constituirse frente a las formas de violencia estructural. “Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes”.
El politólogo y abogado Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, explica que las guardias territoriales son mecanismos que los pueblos indígenas han encontrado para el control de sus territorios ante las amenazas de terceros. Aunque no todas son iguales, aclara. “Las de Bolívar son de carácter rígido (control de acceso hacia áreas mineras) mientras que las de Amazonas son de salvaguarda de sus territorios y ecosistemas (guardianes de la selva)”.
En la medida en que la expansión de la frontera extractivista a través de la minería ilegal siga en aumento, este mecanismo de control seguirá creciendo, sostiene.
Sin embargo, aclara que la tradición de los pueblos indígenas no incluye posiciones bélicas. Que esta característica cambie o no, va a depender de la presión y amenazas hacia sus territorios. “Los indígenas se han convertido en los verdaderos custodios de la soberanía e integridad territorial de la nación”.
(*) Esta es la quinta entrega de la serie “Corredor Furtivo”, investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
Créditos
undefined Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser Dirección de arte:Fernando Hernández Diseño: Ana Fernández Edición: Eliezer Budasoff Maquetación: Alejandro Gallardo Infografía: Nacho Catalán. Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las FARC en el Estado de Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro de dos hechos: no solo de que los grupos armados colombianos se habían desplazado al sur de Venezuela, sino que, además, contaban entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.
La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente Décimo de las disidencias de las FARC —comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte— cerca de la población de La Victoria, sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia, en el Estado de Apure.
La escalada puso en evidencia un nuevo elemento en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente —o bien dispuesto a la convivencia— con la presencia cada vez más patente de los grupos armados colombianos.
En cualquier caso, la campaña militar coincidió con las noticias de que las disputas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates. Y la intervención de las fuerzas armadas venezolanas ha sido, en el mejor de los casos, opaca. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC —Jesús Santrich, El Paisa y Romaña—, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.
El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China en 2010.
Comandantes de la Zona Operativa de Defensa Integral #31, presentan armamento incautado en la Operación Jiwi, el 11 de febrero de 2021, en Apure, Venezuela.ZODI APURE
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del Estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia el interior del Amazonas. De acuerdo con la información oficial, la muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes.
La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en un teatro de operaciones de guerra, ha sido la culminación de un proceso iniciado en 2016.
N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días.
Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.
Apoyado sobre el fogón, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mariño cuenta que los guerrilleros llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la montaña y allí permanecieron durante cinco años.
Los guerrilleros se identificaron como miembros de la FARC ante los habitantes de Santo Rosario.Sergio González
“En un principio veíamos a hombres vestidos de militar caminando por las calles de la comunidad a la montaña, pero asumimos que se trataba de militares venezolanos”, dice. La confusión suena verosímil: a escasos cuatro kilómetros del asentamiento indígena, sobre la carretera principal que conecta con Puerto Ayacucho, se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana.
Un día, cuenta Mariño, un uniformado que se identificó como miembro de las FARC llegó a su casa. “Nos dijo que necesitaban permanecer escondidos en la selva porque su gobierno los persigue para matarlos, que su presencia no iba a alterar la dinámica de la comunidad y que, por el contrario, nos querían apoyar con la seguridad y que podíamos confiar en que no se iban a meter o abusar de las mujeres, ni con los conucos”, refiriéndose a las parcelas de cultivo de supervivencia de los campesinos.
Y en efecto: transcurrieron cinco años de una convivencia pacífica que solo fue interrumpida por las bombas.
Alistamiento de jóvenes
El reclutamiento forzoso de menores y de indígenas no es noticia en el contexto de la guerra interna colombiana. Pero en Venezuela no se había reconocido nada semejante. Hasta ahora.
“Aquí hay chamos de hasta quince años que se han ido a trabajar con los guerrilleros”, dice A.Q., una madre de 23 años que trabaja en un comercio ubicado a las orillas del río Orinoco, en el cruce de chalana que conecta Puerto Nuevo —sector del municipio de Atures también conocido como El Burro— con Puerto Páez, en el Estado de Apure.
Vendedores de pescado, esperan a la orilla del río Orinoco, en la ciudad amazónica de Puerto Ayacucho, Venezuela.FERNANDO LLANO (AP)
Junto a su madre, A.Q. atiende un negocio que se dedicaba a la venta de víveres y alimentos, pero que a causa del aumento del precio de la gasolina subsidiada en Venezuela y las fallas en el suministro en los Estados al sur del país, debió mutar a la venta clandestina de gasolina proveniente de Colombia. Una actividad que se ha convertido en fuente de sustento para muchos en la entidad.
“La mayoría de los comercios en El Burro trabajan con contrabando de gasolina. Por ahí pasan los autobuses que vienen de Ciudad Bolívar y de Caicara cargados de vendedores bachaqueros que cruzan a Puerto Carreño a comprar mercancía colombiano al por mayor para luego venderla en Venezuela. Ayer llegaron tres autobuses”, detalló.
La joven madre asegura que en ese paso desde Los Llanos al Estado de Amazonas “todos conocen quién es quién. Todos sabemos quiénes son la gente del monte”, señala, en referencia a los guerrilleros. “Ellos tratan con uno, con la gente normal, no nos piden vacuna [o cobro extorsivo de protección]. Ellos en su mundo. Pero sí ayudan. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo enfermo y recurre a ellos, le ofrecen apoyo económico”.
Una de sus hermanas tiene 16 años y está embarazada de un muchacho venezolano que se sumó a las filas de la guerrilla, relata. Y una amiga de la infancia también trabaja para ellos.
En Amazonas las fuerzas irregulares colombianas controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del Estado.Sergio González
“A mi amiga se la llevaron a Cabruta [población situada sobre la margen norte del Orinoco, en el estado Guárico] Allí las mujeres hacen lo mismo que los hombres: cargan armas, montan guardia, lavan, cocinan. Yo no lo haría. En eso es fácil entrar, lo difícil es salir”.
“La guerra vino por mí”
A M.L. su mamá la fue a buscar al campamento guerrillero. Pidió hablar con el comandante jefe para exigirle que su hija regresara a la comunidad. No fue fácil, relató E.R., uno de los profesores de la joven, pero la madre se plantó en el campamento decidida a no abandonar el lugar sin su hija. Lo consiguió.
M.L. fue, junto con la joven muerta en el bombardeo y una tercera compañera, una de tres mujeres indígenas de la comunidad Coromoto que optaron por unirse a la guerrilla. E.R., que le dio clases, es un docente de una comunidad vecina, llamada Rueda.
E.R. relata que le preguntó a M.L. por qué había corrido el riesgo de irse con la guerrilla. La respuesta que quedó grabada en su memoria no parece sorprenderle: “Creí que trabajando para ellos podría ayudar a mi familia, estamos pasando mucha necesidad”, recuerda el docente que le dijo la muchacha.
La pobreza y la presencia de grupos irregulares en sus territorios está empujando a los indígenas a migrar a Colombia.Sergio González
Una encuesta socioeconómica aplicada por la Delegación de la Red de Defensores Indígenas en esa comunidad de Rueda, así como en otra aldea cercana, Platanillal (a casi cinco kilómetros al oeste de Coromoto, la residencia de M.L.), reveló que 80 de las 286 personas que participaron en el estudio presentaban algún nivel de desnutrición.
A.S., un indígena jiwi que vive en Platanillal y que forma parte de la Red de Defensores, explica que la ausencia del Estado y la crisis humanitaria que azota al país son las causas principales de la dramática situación que viven las comunidades indígenas. Y no pueden paliar sus necesidades ni siquiera con la caza y pesca tradicionales porque la presencia de grupos irregulares en su territorio les ha vedado el acceso.
“Los indígenas no quieren ir al conuco a pescar porque en el camino se encuentran con los guerrilleros, tienen miedo. La bolsa CLAP llega, con suerte, cada dos meses”, explica A.S. en referencia al programa gubernamental de distribución de alimentos y productos de la canasta básica a precios subvencionados.
Un informe presentado por el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), en abril de 2021, alerta sobre el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas desde Venezuela a Colombia. Los indígenas migran sobre todo a los departamentos fronterizos del Vichada y Guainía. “De las 34 comunidades del eje carretero sur, seis fueron abandonadas completamente, todos se fueron”, detalla A.S.
“De las comunidades de Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, sabemos que 350 indígenas migraron a Puerto Carreño, y 400 a Cumaribo [poblaciones del lado colombiano]. Solo entre octubre y noviembre del 2020, un estimado de 200 indígenas, jóvenes y adultos, han salido del Estado por vía fluvial”, explica el defensor indígena.
Sentado en una minúscula oficina, Michelle Beath Zurfluh, secretario del despacho de la Gobernación de Vichada, reconoce que la entidad enfrenta un problema con la migración de indígenas provenientes de Venezuela. Explica que los jiwi completan ahora un segundo éxodo, pues muchos habían cruzado el Orinoco años antes rumbo a Venezuela.
Ahora, a la inversa, los hijos y nietos de esos migrantes están regresando a Colombia. Allí ocupan asentamientos con precarias viviendas hechas de láminas de zinc, plástico y telas que no cuentan con ningún tipo de servicio público. Según datos recopilados por Griam, producidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de la Gobernación de Vichada, existen 25 asentamientos jiwi en la capital de ese departamento colombiano.
Los hijos de la guerrilla
Desde que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instaló en 2017 tres campamentos cerca de Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas Piaroa al norte de Puerto Ayacucho, las cosas empezaron a cambiar de formas inesperadas.
El ELN llegó a la comunidad indígena Betania Topocho en el 2017, allí instalaron tres campamentos a apenas cinco kilómetros de distancia.Sergio González
Con el tiempo, los forasteros se fueron mezclando con la comunidad. Captaron a jóvenes indígenas para trabajos menores. Entre una cosa y otra, mientras entablaban relaciones con los muchachos locales, empezaron a conocer a las chicas solteras de la comunidad.
“Poco a poco los jóvenes empezaron a hablar como los guerrilleros, se expresaban y comportaban como los guerrilleros”, cuenta J.S., un poblador.
De forma voluntaria, algunos se sumaron a sus ejércitos: “Se les veía portando el uniforme y en muchas ocasiones iban armados”.
El vínculo entre los guerrilleros y los jóvenes de la comunidad cobró otra dimensión, y comenzó a normalizarse en cierta medida, con el nacimiento de los primeros niños producto de relaciones entre combatientes irregulares y las mujeres piaroa de Betania. Según testimonios de los lugareños, al menos siete hijos de miembros del ELN integran hoy la comunidad.
En una oportunidad se vio a un uniformado haciendo fila en un operativo especial llevado a la comunidad por la Alcaldía del municipio de Atures venezolano para el registro de identidad de un hijo.
Vista aérea del bosque cerca de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, Venezuela.DEA / P. JACCOD (De Agostini via Getty Images)
Dividida en dos polos —el de quienes apoyan la presencia de los irregulares y hasta trabajan para ellos, contra aquellos que la rechazan de plano—, en Betania Topocho ya son varios los debates comunitarios que se han dado para sopesar y atenuar el impacto que están teniendo los vecinos recién llegados sobre sus formas tradicionales de vida.
En agosto de 2021 se dio una situación así. Entonces se identificó a una muchacha de la comunidad que servía de intermediaria para organizar citas amorosas y encuentros íntimos entre insurgentes y chicas piaroa. La asamblea exigió, sin éxito, que los guerrilleros se quedaran en sus campamentos y no volvieran a poner pie en el caserío.
Para J.S. la precariedad de la vida cotidiana es solo la base anímica sobre la que la guerrilla encuentra sustento para seducir a los jóvenes de la comunidad. “Les prestan las armas, las gorras, les hablan de una nueva vida llena de aventuras, de dinero y de poder. Se aprovechan de la inmadurez de los menores”, lamenta.
La Fundación Conflict Responses (Core) asegura que las narrativas simplistas según las cuales estos grupos únicamente están formados por quienes no dejaron las armas en Colombia no reflejan la realidad. En su informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, publicado en marzo del 2021, Core afirma que los grupos disidentes se han nutrido, en gran medida, de nuevos reclutas. Esto sería cierto a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.
Agentes federales venezolanos montan guardia mientras cinco hombres acusados de ser miembros de los paramilitares colombianos son mostrados a la prensa en Puerto Ayacucho, en abril de 2005. LESLIE MAZOCH (AP)
En la Defensoría del Pueblo del Estado de Amazonas reposa una denuncia formal por el reclutamiento de siete indígenas por parte de miembros de las FARC en el Municipio Maroa, en el suroeste del estado. En la denuncia, señalan como responsables de la presunta esclavitud y extorsión “a mineros extranjeros ilegales y grupos armados colombianos al margen de la ley (desertores de las FARC), quienes ejercen el control total de la zona minera del Rio Siapa”.
Familiares de los siete jóvenes dijeron que estos “fueron llevados con falsas promesas y no les permiten la salida de las zonas mineras”, según señala el documento, registrado en marzo del 2021 en la ciudad de Puerto Ayacucho.
Los familiares acudieron a los puestos militares, pero no recibieron apoyo, relata la denuncia. Tuvieron por lo tanto que movilizarse al campamento guerrillero y solicitar que los adolescentes fueran liberados, sin obtener respuesta. “Presumimos que estos adolescentes fueron captados para realizar trabajos en zonas mineras. Es un caso que apenas estamos iniciando las investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo”, detalló Gumercindo Castro, responsable de la Defensoría del Pueblo en el Estado de Amazonas, al momento de la denuncia.
(*) Esta es la cuarta entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.
Créditos
Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser Dirección de arte:Fernando Hernández Diseño: Ana Fernández Edición: Eliezer Budasoff Maquetación: Alejandro Gallardo Infografía: Nacho Catalán | Jorge Moreno Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
Carteles de búsqueda del Koki difundidos por Venezuela el pasado mes de julio.LEONARDO FERNANDEZ VILORIA (Reuters)
El peligroso delincuente venezolano Carlos Revete, alias El Koki, ha muerto en un operativo policial que ha durado tres días. Funcionarios de las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron el domingo un enfrentamiento en Las Tejerías, en el Estado central de Aragua, a unos 70 kilómetros de Caracas, en busca del pandillero, que había logrado escapar el pasado julio de una incursión policial en su barrio, la Cota 905, en el oeste de la capital venezolana.
La muerte del criminal fue confirmada este martes en un tuit por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. “Se mantiene activa la Operación Indio Guaicaipuro II 2022, en el Estado Aragua, con nuevas detenciones y tras enfrentamiento armado contra las fuerzas policiales, resultó abatido alias El Koki, Carlos Luis Revete. Seguimos tras la búsqueda de sus cómplices”. Según las informaciones de periodistas de la fuente policial, el mediodía de este martes el cadáver de Revete fue trasladado al centro forense de Caracas.
Los enfrentamientos en este poblado rural comenzaron el domingo. Se presume que El Koki se había refugiado en esta área montañosa, donde había construido alianzas con otro criminal apodado El Conejo que domina la zona. La policial logró desmantelar garitas, los puestos de control que ponen las bandas para resguardar su territorio, pero se desconocen otros hallazgos de la operación.
El Koki, de 43 años, controlaba una megabanda en Caracas que se dedicaba al robo de vehículos, tráfico de drogas y secuestro. Con más de 60 hombres logró expandirse a otras barriadas cercanas a su reino de la Cota 905 y controlar un territorio donde viven unas 700.000 personas. En julio pasado, el Gobierno de Nicolás Maduro envió más de 3.000 funcionarios en un nuevo intento por capturarlo. Una semana de zozobra con intensos tiroteos que dejaron 33 muertos, entre ellos varias víctimas por las balas perdidas, no dio con el cabecilla de la banda. Pero desde entonces la policía tomó el lugar y mantiene el control de la zona. En su huida, El Koki cruzó la frontera y se dijo que estaba resguardado en la ciudad de Cúcuta (Colombia), pero ahora se ha comprobado que ya estaba en el país reagrupando su organización criminal.
En 2012 el Gobierno implantó una especie de tregua no oficial con algunas de las bandas más peligrosas de Venezuela. En las llamadas “zonas de paz”, a cambio de que la policía no ingresara, los delincuentes recibieron financiamiento para emprender negocios lícitos, una medida que resultó contraproducente porque dio más oxígeno a los criminales. La banda de El Koki fue una de las beneficiadas de ese pacto por un tiempo. Aunque Revete tenía orden de captura por el asesinato de varios policías, nunca estuvo preso.
En 2015, en la Cota 905 de El Koki se llevó a cabo la primera Operación de Liberación del Pueblo, unas razias militares y policiales contra la delincuencia, denunciadas por abusos y violaciones de derechos humanos y que se suman a miles de ejecuciones extrajudiciales por las que ha sido señalado el Gobierno de Nicolás Maduro, sobre el que pesa un enorme expediente de graves violaciones de derechos humanos. Esa vez hubo 15 fallecidos, la mayoría inocentes. La Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas investigó esas incursiones y descubrió que El Koki había sobornado a policías para que le avisaran con antelación sobre los operativos.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Cuando llegaron a la frontera de México con Estados Unidos, la maestra venezolana Mayerlin Mayor y su hija Victoria no esperaban encontrarse con un río caudaloso. Los coyotes les habían dicho que cuando lo cruzaran el agua apenas les llegaría a los tobillos. Pero una vez allí, no había tiempo para pensarlo mucho. El 18 de enero de este 2022 cruzaron y en un punto ya no tocaron fondo, contaron sus familiares en Venezuela a medios locales. Según el relato, cayeron en un hueco y la niña murió ahogada en la travesía que miles de venezolanos están haciendo para tocar suelo estadounidense, entregarse a algún agente de la patrulla fronteriza y pedir asilo.
Tres días después de que Mayerlin y su hija intentaran cruzar, entró en vigencia la exigencia de visa para los venezolanos en México. La presión migratoria de los venezolanos en la región sigue creciendo. La dura crisis económica y social en el país petrolero empeora las condiciones de vida de los más pobres y las reformas del Gobierno de Nicolás Maduro para abrir la economía después de décadas de controles han ensanchado la brecha de la desigualdad. Con ello, han ido en aumento las restricciones para intentar frenar un movimiento que ha desbordado a los países de la región. La venezolana es la segunda mayor migración del mundo después de la de los sirios que huyen de la guerra, según ACNUR.
El año pasado, los venezolanos, después de los mexicanos, fueron el grupo más numeroso que llegó a la frontera norte con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Más de 100.000 lograron atravesar ese peligroso paso en 2021, 20 veces más que el año anterior, según Brian Fincheltub, comisionado para asuntos consulares del Gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, que cuenta con reconocimiento de Washington.
Un migrante venezolano carga una mujer para cruzar el Río Bravo en Coahuila, México. GO NAKAMURA (Reuters)
La exigencia de visa en México, que hace todo lo posible para contener el flujo de migrantes a Estados Unidos, ha sido la barrera más reciente y ha significado un duro golpe para los venezolanos. No solo para los migrantes que esta semana protestaron en Tapachula, en el Estado de Chiapas, el primer torniquete de la frontera sur, sino también para los más de 80.000 que ya viven en México y que aspiraban reagrupar a sus familias.
Los requisitos para conseguir este documento son casi imposibles de cumplir para quienes se están moviendo por la región en busca de mejores oportunidades: demostrar arraigo al país a través de un contrato laboral, por ejemplo, y una solvencia económica de más de 2.500 dólares, explica July Rodríguez, defensora de derechos humanos y fundadora, junto a la abogada Lizbeth Guerrero, de Apoyo a Migrantes, una organización que desde hace cinco años orienta gratuitamente a los venezolanos que han salido del país. “Esta medida viola el derecho al asilo y a pedir refugio en México a una población que ya es vulnerable”, denuncia Guerrero, de 56 años, que emigró a Ciudad de México hace cuatro años, tiene a la mitad de su familia en Venezuela y comparte el trabajo social con migrantes con una venta de comida desde su casa.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
En Apoyo a Migrantes responden cerca de cien mensajes al día a través de un número de WhatsApp y una página en Facebook de venezolanos en tránsito —recientemente también de centroamericanos desde distintos puntos de la región— con dudas sobre los requisitos para entrar de forma legal, por necesidad de asistencia jurídica porque fueron detenidos o para pedir ayuda humanitaria porque están en la calle. En pandemia, cuando pensaron que el trabajo bajaría, se triplicó por las crisis en los países de acogida. “Están cercando a la comunidad venezolana, que somos personas que no estamos saliendo de nuestro país por vacaciones”, dice Rodríguez a través de una videollamada.
Las activistas, junto a otras organizaciones, están preparando un amparo para impugnar la medida. México ha sido el último país en sumarse a la lista de quienes ponen restricciones a los venezolanos, el 21 de enero, y la semana pasada su vecino Belice también anunció que pediría visas. En 2022 hay 98 países que piden visa a los venezolanos, 22 de ellos en la región, y la mayor parte de este grupo lo ha impuesto en los últimos cinco años.
Junto a estos muros de requisitos, también comienzan las deportaciones. Durante el Gobierno de Donald Trump, se deportaron venezolanos desde Estados Unidos a través de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, pues las relaciones entre Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre los dos países como parte de las sanciones aplicadas en 2019. Esta medida fue criticada duramente por un Joe Biden en campaña presidencial, pero han continuado bajo la administración demócrata, pese a que el año pasado dictó un estatuto temporal de protección para los venezolanos.
El 27 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional informó de que dos venezolanos fueron enviados en un vuelo comercial a Colombia bajo el Título 42, una cuestionada ley de los años cuarenta del siglo pasado, que permite expulsar extranjeros en un escenario de “grave peligro”, en el que puedan “introducir una enfermedad transmisible a los Estados Unidos”. Esta ley sanitaria anula la posibilidad de solicitar asilo y protección humanitaria y se ha aplicado durante la pandemia, bajo el Gobierno de Trump, y ahora se amplía con los venezolanos. En México, las activistas Rodríguez y Guerrero están viendo más casos de inadmisiones de asilo y expulsiones casi inmediatas desde la frontera con Estados Unidos.
Un grupo de migrantes venezolanos cruzando la frontera entre Chile y Bolivia en la comuna de Colchane al norte de Chile.Adriana Thomasa (EFE)
La medida produjo un cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Colombia. Washington argumentó que los ciudadanos fueron enviados a Colombia porque con anterioridad habían obtenido algún tipo de estatus migratorio en el país. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que esperaban que los vuelos a Colombia con venezolanos deportados se realizaran de “forma regular”, insinuando un acuerdo con el Gobierno de Iván Duque, que su canciller ha negado.
Las deportaciones también levantaron rechazo entre defensores de derechos humanos. Más de 100 organizaciones emitieron esta semana un comunicado en el que exigen detenerlas. “Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro”, señalan el texto que suscriben Amnistía Internacional, Oxfam y WOLA, entre otros.
Otros países, como Chile, batieron récords en deportaciones en 2021, siendo los venezolanos y haitianos los más numerosos. En diciembre, dos días antes de la Navidad, el presidente de Perú, Pedro Castillo, asistió a la base militar aérea de Lima a presenciar la expulsión de 41 venezolanos, que al final no pudo concretarse porque no hubo comunicación con la Cancillería venezolana.
Para la especialista en temas migratorios Claudia Vargas Ribas la respuesta de los Estados ha sido la usual cuando ocurren estas oleadas. “Lo que está cambiando son la cantidad y las condiciones en que están saliendo los venezolanos y la diversificación de las rutas ante estos muros jurídicos que imponen los países, además del empeoramiento de la crisis en los países latinoamericanos por la pandemia”, señala la socióloga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. “En 2018 no imaginábamos que íbamos a ver personas irse del país caminando, ya lo vimos. Tampoco venezolanos aguantando altas temperaturas como las de Atacama en Chile, cruzando la peligrosa selva del Darién o el río Grande para llegar a Estados Unidos. Ojalá no los veamos en masa subidos a La Bestia (el tren de carga que recorre México de norte a sur)”, advierte.
Migrantes venezolanos esperan a las afueras de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Para obtener un código QR y registrar su situación migratoria en México. JOSE TORRES (REUTERS)
El 20% de la población venezolana —más de seis millones de personas, según ACNUR— ha salido en los últimos seis años y encabezan las peticiones de asilo en todo el mundo, aunque el porcentaje de aprobación es bajo. En este momento, señala Vargas, los venezolanos comienzan a encarnar mucho mejor el concepto de diáspora, pues no se están produciendo migraciones a un destino, sino que “los migrantes ya han estado en dos o tres países antes”.
En 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados pidió protección para los venezolanos y exhortó a la comunidad internacional a tratarlos como tal, aunque desde 2021 los cataloga como “venezolanos desplazados en el exterior”, una categoría especial que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos. “Sigue habiendo una migración mixta entre profesionales de clase media y personas de pocos recursos, pero ahora están saliendo los que viven con las más grandes carencias en Venezuela, con mucha urgencia de dinero, muchas mujeres, jefas de familia, que antes no eran el grupo predominante, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos”. La perspectiva, añade, es que sigan saliendo pues la crisis venezolana no tiene todavía un horizonte de mejora.
La socióloga señala que América Latina tiene una deuda histórica con una política regional para la migración, pues nunca antes había vivido un movimiento de personas tan grande en tan poco tiempo. “Cada país tiene sus leyes, que terminan siendo incompatibles con los derechos migratorios”, señala Vargas. Agrega que mientras no se den pasos hacia la regularización e integración, como ha hecho Colombia, donde hay 1,7 millones de venezolanos, se van a seguir incrementando las rutas informales, las redes de trata de personas y la xenofobia, “que en muchos casos se alimenta desde el discurso oficial”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
El contraste entre la realidad áspera y precaria de las principales urbes venezolanas y la exuberancia natural del territorio al sur del río Orinoco (la Guayana mítica de Walter Raleigh, José Gumilla y Alejandro de Humboldt) es enorme. Pero algo tienen en común: durante los últimos años, el crimen organizado ha tomado el control de zonas cada vez más amplias tanto de unas como del otro; solo que, hasta ahora, la atención pública y la acción de los cuerpos de seguridad han estado más concentradas en las ciudades.
La región selvática de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana, ya sea con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos. La minería está prohibida en el Estado de Amazonas desde 1989 por el decreto 269, emitido por el Gobierno que presidía entonces Carlos Andrés Pérez. Pero dos décadas después, en 2009, Hugo Chávez tuvo que llegar a militarizar el Estado para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa de Chávez, la creación del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales al menos ordenada por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado.
El resultado, en cualquier caso, ha sido otro: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” o “sistemas” financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas. La cofradía delictiva se reparte —a veces con tensiones internas— una superficie de 418.000 kilómetros cuadrados, donde caben los territorios de Alemania, Costa Rica y Chipre sumados.
Una base de datos construida para esta investigación a partir de reportes militares y de prensa emitidos entre enero de 2018 y septiembre de 2021, permitió identificar siete grupos armados que ejercen en la zona su actividad, que se traduce en al menos 21 tipos de delitos.
En el Estado de Bolívar, por ejemplo, predominan megabandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos —Toto, Fabio, Juancho, El Viejo y Run, entre otros—, que se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.
En el Estado de Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. Allí impera la ley del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado después del proceso de paz, pero del que una facción decidió volver a las armas.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Puntilleros Liberadores del Vichada (PLV, Colombia)
Autodefensas Gaitistas de Colombia (AGC)
El Ciego
El Sapito
El Parcero
El Pelón
Ronny Matón-Tren de Guayana
Banda de Nacupay
Banda de El Toto y Zacarías
El Manteco
El Run o 3R
Sindicato de Fabio
Sindicato de Juancho
Sindicato de Humbertito
Sindicato de El Viejo Darwin-Las Cristinas
Fuente: elaboración propia.
Presencia de grupos armados
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Puntilleros Liberadores del Vichada (PLV, Colombia)
Autodefensas Gaitistas de Colombia (AGC)
El Ciego
El Sapito
El Parcero
El Pelón
Ronny Matón-Tren de Guayana
Banda de Nacupay
Banda de El Toto y Zacarías
El Manteco
El Run o 3R
Sindicato de Fabio
Sindicato de Juancho
Sindicato de Humbertito
Sindicato de El Viejo Darwin-Las Cristinas
Fuente: elaboración propia.
Huéspedes indeseables en la mansión verde
La penúltima vez que G.T. (su nombre se omite por cuestiones de seguridad), un indígena de la etnia baniva —una comunidad de poco más de mil personas distribuidas entre Venezuela y Brasil—, pisó su campamento de pesca deportiva en el municipio Río Negro, en el suroeste del Estado de Amazonas, algo había cambiado radicalmente. La zona está a más de cinco días de navegación fluvial desde la capital del estado, en un territorio casi virgen. G.T. mantenía el puesto como un campamento de servicios y meca para pescadores, que acudían desde muy lejos para cobrar ejemplares del pavón o tucunaré (Cichla ocellaris), una especie muy apreciada como trofeo de la pesca deportiva en aguas de la Orinoquía.
Esa vez, en 2011, un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC, vestidos de civil, se acercó a conversar. G.T., hoy de 47 años de edad, cuenta que el trato que le dieron fue “respetuoso”, pero él y su familia decidieron no volver al campamento. A fin de cuentas, los clientes tampoco iban a regresar en esas condiciones.
Atures, Autana, Atabapo, Maroa y Río Negro conforman una hilera de municipios fronterizos del Estado de Amazonas, en Venezuela, que está frente a los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia. Estos territorios del oriente colombiano eran baluartes tradicionales de las FARC. Los ríos principales de la zona —Inírida, Guaviare, Vichada, Meta, Orinoco, Atabapo, Guainía y Negro—, así como sus múltiples brazos y afluentes, donde el indígena baniva solía pescar pavón, ofrecieron condiciones favorables para que la guerrilla colombiana migrara paulatinamente a Venezuela. El debilitamiento de los liderazgos locales y la baja presencia institucional del lado venezolano hicieron otro tanto. Los corredores fluviales fueron claves, en un primer momento, para la provisión de suministros y logística que requerían las campañas guerrilleras; luego ayudaron a crear en Venezuela una suerte de aliviadero; y, finalmente, les dieron la oportunidad de apoderarse de actividades ilícitas que aportan financiamiento.
Una diversidad de finos caños le han permitido a la guerrilla el medio para el suministro de provisiones inicialmente y, luego, el desarrollo de economías ilegales.Sergio González
Las denuncias públicas de la presencia de las FARC en el Amazonas venezolano datan de, al menos, comienzos del siglo XXI. Pero con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016, se produjo un vacío que el ELN —que hasta entonces no había tenido mayor presencia en Guainía y Vichada—, se apresuró a llenar. El ELN, tradicionalmente más activo en la zona de Los Llanos, dio sus primeros pasos en el sur de Amazonas con el Frente José Daniel Pérez Carrero, según coinciden las fuentes consultadas. Más tarde, ya no las FARC sino sus disidencias se establecieron en Venezuela bajo la franquicia del Frente Acacio Medina, creado en 2012, y la dirección de Géner García Molina o Jhon 40.
Claramente, la expansión de la guerrilla colombiana en el extremo sur de Venezuela empezó por la zona más despoblada. Pero hoy se despliega por los siete municipios del Estado de Amazonas.
Se trata de una zona que prácticamente no tiene medios locales y su cobertura por parte de la prensa nacional es muy limitada. Por tanto, los reportes periodísticos procedentes de Amazonas son escasos en la base de datos. Aún así, muestran un aumento de las denuncias contra el auge de la minería, los abusos militares y la incursión de grupos armados a partir de 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz.
La expansión del ELN y las disidencias de las FARC no se relaciona solo con el interés en la extracción de minerales, sino también con el control de rutas para el tráfico de drogas proveniente de los departamentos colombianos Meta, Guaviare y del municipio de Cumaribo, en el Vichada, hacia territorio venezolano. Se lucran brindando servicios de seguridad o permitiendo el tránsito y presencia en la zona, de acuerdo con un informe de marzo de 2021 de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
En enero de 2021, por ejemplo, una embarcación sumergida más de la cuenta mientras se movía por el río Inírida alertó a la Armada colombiana. Después de revisar víveres que tapaban el fondo, los militares encontraron una caleta con 600 kilos de marihuana que, presumen, tenía como destino Venezuela. En época lluviosa, aprovechan la crecida de los ríos pequeños para movilizarse y evitar los controles militares, indican los reportes de la base de datos.
La droga fue incautada en un bote con doble fondo que navegaba por el río Inírida.El Morichal
Las tensiones políticas entre Caracas y Bogotá, que desembocaron en la ruptura diplomática de 2019, crearon un “escenario propicio” para el “posicionamiento táctico” de los guerrilleros colombianos en la frontera a fin de aprovechar “las condiciones geográficas y medioambientales del territorio en la explotación de economías ilegales y el uso de esta zona como refugio y retaguardia”, de acuerdo con el mismo informe.
El ELN y las disidencias buscan en el Amazonas venezolano coordinar sus acciones; entre ellas, un acercamiento a las comunidades indígenas que suele ser pacífico. Ello no ha evitado, sin embargo, que la invasión de territorios, la construcción de ciertas infraestructuras —como campamentos o pistas aéreas— y el reclutamiento forzoso les enajene la amistad de los locales y haya obligado a los aborígenes a migrar a Colombia y Brasil.
Aunque la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela mantiene su presencia en la zona, no hay razones para pensar que sea para expulsar o siquiera contener a las guerrillas. Por el contrario, abundan los testimonios sobre su dedicación a prácticas irregulares o ilícitas. Funcionarios militares han sido denunciados por despojar de sus pertenencias a quienes transitan a bordo de embarcaciones en aguas colombianas. A mediados de 2019, por ejemplo, siete uniformados venezolanos dispararon contra una embarcación colombiana que luego interceptaron para robar a sus tripulantes.
En el norte del Estado de Amazonas, en donde convergen las fronteras de los Estados venezolanos de Apure y Bolívar con las del departamento colombiano de Vichada, la guerrilla ha ganado el control estratégico de una importante encrucijada fluvial. En el municipio Atures —nombre de los célebres rápidos del río Orinoco—, el ELN comparte terreno con el Frente Décimo de las disidencias de las FARC y se reparten tareas desde Puerto Carreño —ciudad que domina el cruce del Meta con el Orinoco— con otros dos grupos armados, sucesores del paramilitarismo: Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En la vertiente venezolana de la frontera ya se presentan las represalias violentas, aunque no sean todavía comunes. Dos hechos investigados por las autoridades colombianas lo sugieren: En junio de 2019 fueron encontrados dos cadáveres de sexo masculino en Puerto Carreño. Ambos eran jóvenes venezolanos. Diez meses después, fueron encontrados los cuerpos de otros dos hombres, un colombiano y un venezolano, con un letrero adosado que decía: “Por traidores y sapos [delatores, en el castellano coloquial de Colombia y Venezuela]”. Ambos casos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC.
Mineros contra indígenas
Al sur de Amazonas, otro invasor va a cumplir 40 años de ocupación. Son los garimpeiros, término del portugués brasileño que denomina a los mineros ilegales. Suelen venir de Brasil y operan, sobre todo, en el territorio de los pueblos yanomami, que es binacional.
Han llegado por la fiebre del oro y se establecen a sangre y fuego cada vez que es necesario. Todavía se recuerda la masacre de Haximú, una comunidad yanomami cercana a las fuentes del río Orinoco, en Venezuela: en 1993, 16 indígenas fueron asesinados de forma brutal por garimpeiros. La comunidad fue incendiada. Y, como si nada, los garimpeiros siguieron operando allí, entre otras razones, por la laxitud de la justicia brasileña, que fue la encargada de examinar el caso teniendo en cuenta la nacionalidad de los acusados y su competencia para procesar delitos extraterritoriales: solo cinco de los 22 autores de la matanza fueron condenados.
De hecho, en la base de datos preparada para este reportaje se verifica que las denuncias de prensa y de las organizaciones indígenas siguen ubicando el grueso de la actividad actual de los garimpeiros no lejos de Haximú, sobre el curso del río Ocamo.
El corredor de entrada a Venezuela para los mineros pasa por el cerro Delgado Chalbaud, en la Sierra de Parima, a pesar de que allí se encuentra un puesto avanzado de militares venezolanos. Desde ese punto, los expedicionarios están a solo dos días de caminata, o menos, de Haximú, según relataba un comunicado que una representación yanomami envió en 2020 a Provea, la principal organización de Derechos Humanos en Venezuela: “Las autoridades les permitieron instalar unas cuatro máquinas para sacar oro y minerales (…) están en los mismos terrenos que circulaban cuando la masacre”.
Como los guerrilleros, los garimpeiros dijeron a los indígenas que querían hacer por las buenas un convenio con ellos. El temor tenía todas las de ganar, al igual que sucede con los guerrilleros. “No nos queda más remedio que estar callados porque están armados y tenemos miedo”, indicaron en el comunicado.
Pero los garimpeiros se encuentran también mucho más al norte. Es el caso del municipio Manapiare, que limita con el Estado de Bolívar. Las organizaciones indígenas Kuyunu del Alto y Medio río Ventuari, Kuyujani del río Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, denunciaron en agosto de 2021 la presencia de 400 garimpeiros con 30 máquinas. “Los pueblos indígenas están siendo sometidos a situación de esclavitud en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare”, denunció públicamente el Defensor del Pueblo del Estado de Amazonas, Gumersindo Castro, sin encontrar eco.
Aún así, la actividad de los mineros ilegales en el Estado de Amazonas todavía se ve modesta frente al frenesí del lado brasileño. El reconocido líder yanomami brasileño Dário Vitório Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, denunció —vía telefónica— la presencia de 20.000 mineros en las tierras ancestrales del lado de Brasil. También asegura que entre los mineros están infiltrados miembros del temible Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas y temibles de la región, que controla el tráfico de drogas dentro del mercado nacional y hacia el internacional, así como de otros grupos armados. Como el trasvase ocurre en ambos sentidos a través de la porosa membrana fronteriza, las autoridades brasileñas comprueban que decenas de venezolanos con antecedentes penales, llegados al país en medio del flujo imparable de refugiados, se han sumado a las filas del PCC.
“Los invasores están creciendo y los empresarios están apoyando al garimpo ilegal con transporte aéreo, aviones, helicópteros, barcos”, dijo Kopenawa.
El pliego delictivo de los ‘sindicatos’
Los indígenas del oeste del Estado de Bolívar, cerca de los linderos de Amazonas, también sufren los desmanes de invasores armados. Entre ellos hay guerrilleros y también otros actores nuevos: los sindicatos.
Al menos desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, se reportaron siete eventos que ratifican la presencia tanto de grupos armados locales como de grupos guerrilleros foráneos en el municipio Sucre del Estado de Bolívar, corazón del Parque Nacional Caura, creado por decreto del gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2017. El área protegida, que corresponde a las márgenes y cuenca del río Caura, abarca 7,5 millones de hectáreas.
A mediados de julio de 2020, un pelotón de 70 hombres con uniformes verde oliva tomó un campamento turístico a las orillas del río Caura. Estaban armados. Testigos de la incursión relataron que colgaron sus hamacas y permanecieron en la zona por al menos tres semanas. Se identificaron como disidencias de las FARC. Ese mismo mes, la comunidad indígena de El Playón, en el Bajo Caura, denunció la llegada de “grupos colombianos armados” y, tres meses después, en la comunidad Las Pavas, se repitió el relato: un “grupo irregular de Colombia” llegó al territorio indígena y se instaló. Líderes comunitarios de las etnias ye’kwana y sanemá, que viven a orillas del Caura, denunciaron al Observatorio Indígena Kapé-Kapé que estos grupos armados intimidaron a la comunidad para tomar el control de las zonas mineras. Impusieron restricciones para la movilización. Los nativos ya no podían ni pescar ni cazar libremente.
Durante cinco meses hubo relativa paz, pero en marzo de 2021 otros grupos irregulares realizaron un ataque en la mina El Kino del Bajo Caura. Una maestra y su esposo fueron asesinados. Las primeras versiones de los voceros indígenas indicaron que el grupo armado, que no se identificó, les pidió desalojar los terrenos aledaños al yacimiento ilegal. Como la respuesta fue negativa, se desató la violencia.
Apenas un mes después, otro ataque en la mina El Silencio terminó en el asesinato de cuatro personas, entre ellas el capitán indígena —jefe o cacique— de la comunidad La Felicidad, Nelson Pérez, de 30 años. Tres años antes, un predecesor en la capitanía, Misael Ramírez, fue asesinado junto a su hijo de 18 años en el mismo sitio. La ejecución fue atribuida a un grupo armado que se alió con indígenas sanemá para tomar el área. Tanto Pérez como Ramírez eran de la etnia jivi, que con individuos ye’kwana conforman la población de La Felicidad.
Se trata de acciones de los llamados sindicatos: en realidad, pandillas o bandas de desclasados que se congregan en torno a pranes o líderes delictivos. La suma de numerosos testimonios permite afirmar que esos grupos dominaron los yacimientos en el Caura hasta julio de 2020. Pero después de esa fecha las cosas cambiaron. La toma del campamento turístico en Las Trincheras, así como las incursiones en las comunidades de El Playón y Las Pavas, eran en realidad avanzadillas de las disidencias de las FARC, que consiguieron desalojarlos. Las cuatro minas más grandes del Caura —Yuruani, La Bullita, Fijiriña y San Pablo— están ahora en manos de las disidencias de las FARC y del ELN que, aseguran los líderes consultados, se benefician del pago en oro que deben entregar los dueños de máquinas usadas en la extracción de oro. “Garantizan la seguridad de los mineros y los que circulan en la zona y cobran una vacuna a cada dueño de máquina”, explicó un dirigente indígena.
Cuando el gobierno de Nicolás Maduro decretó la creación del Parque Nacional Caura, el objetivo era ampliar la protección del reservorio de biodiversidad y refugio de pueblos indígenas. No obstante, el parque está al costado del llamado bloque 2 del Arco Minero del Orinoco, lo que exacerba las presiones en un área ya afectada por la minería.
“Estos grupos mantienen a la población de la cuenca bajo amenazas sistemáticas y terror en toda el área. Hay una situación estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los ríos Caura y Ventuari. Si continúa el deterioro de los derechos, se profundizarán las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas”, alertó la ONG Wataniba en el pico de la violencia.
La ley de la jungla
Que los sindicatos sufrieran una derrota en la cuenca del Caura no quiere decir que se hayan extinguido. En otras zonas del Estado de Bolívar gozan de excelente salud.
Eso puede comprobarse, por ejemplo, en las calles polvorientas del pueblo de El Callao, capital del municipio homónimo. Fundado a mediados del siglo XIX a orillas del río Yuruani, es la veta de oro con más tradición en Venezuela. En algún momento atrajo capitales extranjeros y una riada de trabajadores del Caribe angloparlante, que traían consigo todo su bagaje cultural. No en balde ha sido lugar de adaptación y desarrollo para versiones locales de la lengua patois y del calipso, así como de sabores reminiscentes de las Antillas que se reconocen en platillos como el calalú (una sopa con hojas y jamón), el domplín (una especie de pan frito) y el yinyabié (una bebida que lleva cerveza de jengibre y ginebra). En 2016, sus fiestas de Carnaval fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
La violencia se ha sumado ahora a sus tradiciones.
Oriannys Yánez lo comprobó en la madrugada del 11 de noviembre, vio llegar a su bebé de un año, cubierto de sangre, a la emergencia del hospital Juan Germán Roscio en El Callao.
Minutos antes, un tiroteo había levantado a los vecinos del centro del poblado. En ese sector la madre de Oriannys vivía con el bebé, su nieto, luego de que Oriannys decidiera sacarlo del cercano sector El Perú, en las afueras de El Callao, por la violencia.
Cuando el tiroteo se silenció, la abuela abrió la puerta del cuarto donde duermen el bebé y su hermano de nueve años. Encontró al mayorcito con el bebé en brazos: “¡Se va a morir mi hermano, se va a morir!”, gritaba. Una bala perdida perforó parte de su abdomen y salió sin causar daños severos en los órganos.
No fue un incidente aislado. Desde hace más de una década, la triada integrada por los municipios Roscio, El Callao y Sifontes, al sureste del Estado de Bolívar, cerca de la frontera con Guyana, es un tramo peligroso y bajo control de grupos armados. En 2016, 17 mineros fueron encontrados en una fosa común, luego de que familiares reportaran su desaparición, en la que se conoció como la masacre de Tumeremo. En 2018, otros siete mineros fueron asesinados y dejados a los lados de una vía polvorienta que conduce a yacimientos auríferos. En los últimos tres años han sido encontrados cuerpos desmembrados. El caso más reciente ocurrió en septiembre de 2021, cuando transeúntes de El Callao encontraron dos cabezas humanas dentro de un bolso en el centro del pueblo.
El balance de 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia encontró que la profundización de la crisis socioeconómica en el país tuvo un efecto paradójicamente positivo: el crimen violento descendió. “Un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo (…) redujeron notablemente las oportunidades del crimen”. Pero, al enfocar el diagnóstico en esa zona del Estado de Bolívar, la tendencia es la opuesta. Los asesinatos y desapariciones aumentaron.
El Callao despunta con una tasa de 511 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es el municipio más violento del país y registra una tasa 11 veces superior al promedio de muertes violentas de toda Venezuela.
A pesar de las cifras pavorosas de la violencia, esta no es siempre la herramienta preferida de los sindicatos, que derivan su nombre de la estructura propia de los trabajadores de la industria de la construcción, de donde muchos de sus líderes provenían al principio, así como de la cadena de mando informal que reina al interior de las cárceles venezolanas.
En los municipios de Bolívar donde actúan, los sindicatos imponen reglas claras de seguir y hasta se han vuelto benefactores a través de fundaciones. En situaciones específicas en las que la persuasión no surte efecto, recurren al atropello, el amedrentamiento y el castigo.
La llegada de estos grupos a los yacimientos auríferos a partir de 2006 fue consecuencia directa de la estrategia de militarización implementada durante la llamada “reconversión minera” del presidente Hugo Chávez, que intentaba reemplazar la minería artesanal ilícita por el Estado. Pero esa política naufragó en septiembre de 2006 con la muerte a tiros de seis mineros a manos de militares en el sector de La Paragua, en el oeste del Estado de Bolívar. Cuatro de las víctimas mostraban disparos en la espalda. La masacre ocasionó una reacción fuerte y organizada de los mineros y un escándalo en la prensa internacional. La fuerza militar se replegó, pero los poderes fácticos alentaron la instalación de grupos armados que mantuvieran el control por la fuerza de zonas mineras estratégicas.
En un extremo de El Callao, en el sector conocido como El Perú, los vecinos coinciden en que hasta hace ocho años vivían con relativa tranquilidad. Todo cambió cuando un hombre de la comunidad, apodado Toto, se alió con otros para delinquir. Su familia se había mudado a El Callao durante una de las tantas explosiones de fiebre del oro. Empezaron con robos a mano armada y cobros extorsivos de vacunas a mineros. En 2013, sus acciones escalaron de nivel.
Hoy su grupo domina todas las minas de El Perú, una zona extensa y rica en oro. Algunos de los yacimientos bajo su autoridad son Cuatro Esquinas, La Laguna, Panamá y La 45. Viven en las montañas y bajan a las zonas mineras solo a cobrar sus diezmos: en realidad, 30% de lo producido por mineros, por molineros y por la compra de arenas auríferas procesadas por empresas formales.
Alejandro Rafael Ochoa Sequea, Toto, es uno de los diez delincuentes más buscados por la Policía Judicial en el Estado de Bolívar. Otros dos de la misma cartelera son miembros de su banda: Picoro, detenido en 2020 mientras se escondía en un búnker; y Zacarías, uno de los tantos migrantes procedentes del otrora centro de la industria pesada venezolana, Ciudad Guayana, al norte del Estado, que se han reconvertido como delincuentes en las zonas mineras.
De acuerdo a lo que se verifica en los registros de la base de datos, entre junio de 2020 y junio de 2021 los cuerpos de seguridad estatales detuvieron a 72 supuestos miembros de la banda de Toto, mataron a otros 26 y retuvieron 28 armas y más de 800 municiones de la banda, a la que también incautaron drogas, oro, uniformes militares y hasta un cuaderno con el inventario de su arsenal y la “contabilidad” de las extorsiones a mineros.
Llevar registro de sus armas debe ser fundamental para esta pandilla con pretensiones de milicia: por ejemplo, se le ha incautado un lanzacohetes AT4, de fabricación sueca, una de las armas antitanque más usadas en el mundo. En 2009, su fabricante, Saab Bofors Dynamics, pidió explicaciones al gobierno venezolano, su cliente, por la confiscación de tres armas de este tipo en poder de las FARC colombianas.
Con este arsenal, no ha habido incentivo alguno para la tregua. Con frecuencia, los delincuentes se sienten y están mejor equipados que las fuerzas de seguridad. En el balance de muertes atribuidas a la banda de Toto se incluyen el asesinato de la exconcejala Mara Valdez, del cultor Carlos Clark y de uniformados de la policía, de la inteligencia militar y de la Guardia Nacional. La violencia que emplean Toto y otras bandas locales, como las de El Chingo y Nacupay, ha ocasionado que muchos lugareños prefieran vender sus casas y migrar.
“Acá lo normal es anormal, la gente ha perdido el respeto a la vida”, dice un hombre de 61 años, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
La influencia delictiva de Toto se extiende hasta el vecino municipio Roscio, en donde también operan el Tren de Guayana y la banda de Ronny Colomé Cruz, alias Ronny Matón, un heredero de yacimientos controlados antes por dos delincuentes que fueron asesinados: Capitán y Gordo Bayón. Este último fue baleado en 2014 a su salida del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, sede del gobierno de Nicolás Maduro, tras participar en una discusión del contrato colectivo de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
La casa de papel
En Sifontes, uno de los 11 municipios del Estado de Bolívar, se reporta desde 2018 la aparición de otra banda delictiva. Es conocida como Run por su líder, Eduardo José Natera, alias El Run o El Pelón. Su área de dominio incluye a la capital municipal, Tumeremo, a la que tomó bajo su control luego de avanzar desde zonas más rurales o selváticas de la periferia. A su cuartel general le llaman La casa de papel, en alusión a la serie española de Netflix.
Se distingue por su arrojo y violencia. Se le atribuye el asesinato en abril de 2020 del comandante del cuartel del Ejército en Tumeremo, el teniente coronel León Ernesto Solís Mares. Pero su nivel de control sobre la zona le ha llevado a actuar también a través de una organización filantrópica —RRR o 3R—, con la que adelanta actividades comunitarias que van desde la reparación de vías e instalaciones eléctricas hasta la donación de alimentos y medicinas. Los nombres RRR o 3R también eran dados a la banda, pero ahora se acostumbra llamarla también OR, para diferenciarla de la fundación social que nació bajo su cobijo.
En el área de acción de la organización criminal, muy cerca de la frontera con el Territorio Esequibo, también se ha denunciado la presencia de la guerrilla desde 2018. Ese año, un enfrentamiento entre la banda de Josué Zurita —El Coporo—, y supuestos guerrilleros del ELN, pareció confirmar no solo esa versión, sino que había nuevas disputas por el dominio territorial.
La vía que conecta con Brasil es un colador de huecos que kilómetros adentro deja ver parches deforestados en los que mes a mes hay más campamentos improvisados, construidos con columnas de árboles talados y techos de plástico negro.María Ramírez Cabello
Más al sur, los apodos de los líderes criminales se siguen sumando, como si fueran una reproducción caricaturesca de divisiones políticas e instancias de gobierno, que en los hechos es lo que representan: en las localidades de Las Claritas y Kilómetro 88, a la entrada de la Gran Sabana y en ruta a Brasil, domina el clan de Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como Juancho, quien opera junto a Humbertico, hijo del pran Humberto Martes (alias El Viejo), y Darwin Guevara, a quien se vincula con Johan Petrica, uno de los líderes del llamado Tren de Aragua, probablemente el gang más poderoso de Venezuela, con conexiones internacionales. En la cercana población de El Dorado es el sindicato de Fabio Enrique González Isaza, Negro Fabio, el que manda.
Los criminales han pactado una suerte de gobernanza informal en la zona, que se financia con lo que recauda mediante extorsiones a mineros y a todo aquel que adelante alguna actividad productiva en los alrededores. “Ejercen un rol de fuerza más alto que las autoridades policiales y militares”, dice una habitante de Las Claritas, que considera que el poblado “es como una cárcel abierta”.
En Las Claritas, tanto el mando como el negocio le quedan claros a quien busque prosperar o solo sobrevivir. Debajo del suelo está la mayor reserva aurífera del país. Allí es precisamente donde el gobierno de Nicolás Maduro se ha empeñado en impulsar un proyecto de industrialización de la producción de oro, cobre y plata, junto con la canadiense Gold Reserve. Pero la fuerza del caos y del régimen subyacente de los sindicatos ha impedido hasta ahora la construcción de las dos plantas proyectadas.
En la propia Gran Sabana, la minería lleva un ritmo agitado en el Parque Nacional Canaima y en la comunidad de Ikabarú. En esta última, el gobierno legalizó un bloque de explotación aurífera en el que participan comunidades indígenas. Ello debería funcionar como un disuasor para los sindicatos.
No obstante, en diciembre de 2019, la matanza de seis personas en Ikabarú encendió las alarmas. Sujetos vestidos de negro entraron al pueblo y dispararon contra un grupo de hombres en el centro de la comunidad. Entre las víctimas se contaba un indígena. Desde entonces, corren versiones cada vez más insistentes sobre la incursión del sindicato de El Ciego, quien controla, junto a El Sapito, los yacimientos de La Paragua, mucho más al oeste, en el municipio Angostura.
Criminales aprovechan la deteriorada vía terrestre desde Amazonas hasta los municipios al norte y sur de Bolívar para el tráfico de drogas.Sergio González
Otros tráficos
Cuesta creer que en la carretera tortuosa, en su mayor parte de tierra, que conecta a Amazonas con Bolívar, pueda prosperar algún negocio. No hay servicios y el Estado está ausente. Las casas en el trayecto son cascarones vacíos y, en medio del calor, no hay ni un punto para refrescarse. Solo las enormes rocas, como puestas en la tierra por un gigante, distraen la vista.
Pero sí, un negocio consigue prosperar en ese tramo yermo, aunque sea ilegal: la base de datos muestra un claro corredor de tráfico de drogas por esta vía terrestre. Más de la mitad de los procedimientos militares realizados en el municipio Cedeño, adyacente al estado Amazonas, están vinculados con decomisos de drogas.
En abril de 2019, Elvin Bolívar y Marlon Yeison fueron detenidos en una alcabala militar de la Guardia Nacional, a cinco horas de la capital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Viajaban en una furgoneta en la que ocultaban 19 kilogramos de marihuana del tipo crispy —cultivada en invernaderos y más potente—, en el interior de las puertas, en el tablero y en el techo, según el parte militar. Uno de los hombres tenía documento de identidad colombiano. Las autoridades informaron que la droga provenía de Colombia.
En otros cuatro reportes militares de la base de datos, cuyas incautaciones suman 78 kilogramos de drogas, los detenidos viajaban desde Puerto Ayacucho hasta Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz, ambas ciudades del estado Bolívar, a orillas del Orinoco. Escondían marihuana o cocaína en distintos compartimentos. La ruta sigue luego a Tumeremo, Las Claritas y Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil.
Elis Lugo usurpaba funciones militares para trasladar 376 kilogramos de marihuana. GNB CZ N°62 Bolívar
La movilización de grandes cantidades de dinero en efectivo es otro de los hallazgos que arroja la información y que muestra cómo se sigue sacando provecho del botín de oro en el sur venezolano. En 2021, aún con el encierro por la pandemia, fueron incautados tres cuartos de millón de dólares en efectivo.
El decomiso de mayor cuantía ocurrió en junio. José Alberto Reyes Chueco fue detenido en San Félix, sección oriental de Ciudad Guayana, con 650.000 dólares en efectivo. La Guardia Nacional informó que Reyes Chueco formaba parte de la organización criminal El Dorado, dedicada a “la comercialización de armas de guerra en zonas mineras del estado”. De su teléfono se extrajeron capturas de conversaciones en WhatsApp con intercambio de imágenes de armas y municiones.
El segundo mayor decomiso, por 74.550 dólares, también se conecta con El Dorado: la población de ese nombre, en el municipio Sifontes, es una de las zonas mineras controladas por grupos armados. El botín iba en manos de Yolbill José Gámez, oficial de la Policía del Estado de Bolívar.
Oro, drogas, equipos y suministros mineros, armas, otros minerales, mercancía de contrabando: la zona de Guayana, antaño promesa de progreso y descubrimientos silvestres, es una autopista de los negocios ilícitos del crimen organizado.
(*) Esta es la segunda entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
