Para continuar atención ante afectación por lluvias, Consejo de Gestión del Riesgo recomienda declarar calamidad pública
Con el fin de continuar con las acciones para atender las afectaciones causadas por las lluvias, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de la calamidad pública.
“De acuerdo con los informes del IDEAM y la CVC, entramos a la segunda temporada de lluvias en nuestro país. Es importante recalcar que la primera nos ha traído unas consecuencias bastante complicadas en todos los municipios. Por unanimidad se votó recomendarle a la Gobernadora que declare la calamidad pública en el departamento”, explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete Goez.
Orlando Jiménez, jefe operativo de la Defensa Civil Valle, recordó que en Cartago el desbordamiento del río La Vieja dejó más de 1.500 afectados, “sin contar todas las amenazas en otros municipios como Tuluá, Zarzal (La Paila), Riofrío, Trujillo. Prácticamente, más del 80% del departamento se encuentra en alerta roja por inundaciones y posibles deslizamientos, entonces es importante la declaratoria para así poder realizar un buen plan de acción y tratar de mitigar esos riesgos”.
Copete Goez agregó que, de acuerdo a los pronósticos del IDEAM, se vienen para el suroccidente colombiano tres meses más de lluvias, de los cuales al menos durante 45 días habrá precipitaciones en el departamento, por lo que se reitera el llamado a que la ciudadanía evite actividades recreativas en los ríos o en sus orillas. “Por eso, este llamado que estamos haciendo hoy es de una etapa de prevención, que es lo más importante para el Valle del Cauca”, puntualizó el funcionario.
Tras Francia y Eslovaquia, Ucrania es el país del mundo que más depende de la energía nuclear para cubrir su demanda eléctrica. En 2020, más del 50% de su electricidad provino de sus 15 reactores. A medida que avanza la invasión rusa y los enfrentamientos se aproximan a las instalaciones atómicas crece la preocupación de los organismos internacionales por el riesgo de desencadenar un accidente radiactivo de catastróficas consecuencias. Ucrania tiene experiencia: en abril se cumplirán 36 años del desastre de Chernóbil, el accidente nuclear más grave de la historia.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está realizando un seguimiento estrecho de la situación desde el estallido del conflicto. Y en sus informes advierte: existe un “riesgo muy real de que las instalaciones con material radiactivo sufran daños durante el conflicto, con consecuencias potencialmente graves para la salud humana y el medio ambiente”. “Hago un llamamiento urgente y enérgico a todas las partes para que se abstengan de cualquier acción militar o de otro tipo que pueda amenazar la seguridad de estas instalaciones”, pidió este domingo el director general del OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi. El lunes, ante las informaciones que apuntaban al avance de las tropas rusas cerca de la mayor central nuclear del país, ubicada en Zaporiyia, Grossi insistió en sus advertencias: “Es extremadamente importante que las plantas de energía nuclear no se pongan en riesgo de ninguna forma”.
La Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania (SNRIU) informó el fin de semana del impacto de misiles en las instalaciones de un centro de residuos radiactivos en Kiev, aunque sin daños en el edificio ni indicios de una liberación tóxica. Además, siempre según el OIEA, la sucursal en Kiev de la empresa estatal especializada Radon fue atacada, lo que obligó a su personal a refugiarse durante la noche del sábado al domingo. “Estas instalaciones suelen contener fuentes radiactivas en desuso y otros desechos de baja actividad de hospitales e industrias”, explica el OIEA.
Las preocupaciones no se centran tanto en las instalaciones de desechos radiactivos sino en los 15 reactores en activo (repartidos por cuatro centrales) con los que cuenta Ucrania. El OIEA esté siguiendo con “especial atención” la “seguridad tecnológica y física de sus reactores nucleares” en funcionamiento.
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Los combates en el sur de Ucrania se están acercando a la ciudad de Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear del país y de Europa. Ambas fuerzas se disputan el control de esta central, según Reuters. Mientras que las autoridades rusas afirman haber tomado el sitio, la empresa ucrania que gestiona las instalaciones lo desmiente y afirma que sigue suministrando electricidad a todo el país. La central cuenta con seis reactores y tiene una potencia de 5.700 megavatios —Almaraz, la mayor de España, es de 1.100 megavatios—.
La OIEA afirmó este lunes que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania le había informado de que “las fuerzas rusas estaban operativas cerca de las instalaciones, pero no habían entrado” todavía en la planta. Grossi recalcó que se debe evitar cualquier acción militar o de otro tipo que pueda amenazar la seguridad de la planta.
Ya hubo enfrentamientos en la zona de exclusión de Chernóbil al inicio de la invasión. El Gobierno ucranio informó el jueves de un aumento de los niveles de radiación en la zona, que se atribuyó al paso de vehículos militares pesados que removieron el suelo contaminado. El OIEA aclaró que “las lecturas de radiación permanecieron bajas y no representaron ningún peligro para el público”. Además, las instalaciones seguían operando con normalidad este fin de semana.
El OIEA y el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) mantuvo el domingo una reunión con el regulador ucranio. Tras el encuentro, ENSREG emitió un comunicado de condena a la invasión rusa y pidió “la máxima moderación, para evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo las instalaciones nucleares del país”. Este grupo coordinador, del que forma parte el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España, mostró su “gran preocupación” por los ataques con misiles directamente desde la zona de exclusión de Chernóbil. Y expresó una preocupación similar por el resto de instalaciones nucleares del país. Esta organización pidió que se deje al personal de las centrales “ejercer sus responsabilidades reglamentarias en materia de seguridad nuclear en todos los emplazamientos nucleares del país”.
Un técnico monitoriza un ciberataque en la Agencia de Seguridad en Internet de Corea del Sur.YONHAP
“Ningún servicio o sistema tecnológico está completamente libre de riesgos”. Es la advertencia del Centro de Seguridad Cibernética Nacional de Reino Unido que, al igual que el resto de las entidades homólogas en todos los países, ha lanzado a las empresas e instituciones para que refuercen sus defensas en Internet ante la guerra en Ucrania. Según Manuel Ricardo Torres, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y uno de los 15 asesores internacionales de Europol en el Consejo Asesor sobre Terrorismo y Propaganda (ECTC por sus siglas en inglés), “Rusia ha puesto de manifiesto que está dispuesta a utilizar todos los recursos que tiene a su disposición”. Y la guerra informática es uno de ellos, en especial, como respuesta a las sanciones económicas que sucedan a los ataques. Uno de los entornos amenazados es el universo de Windows 365, según la alerta AA22-047A enviada por la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras (CISA) de Estados Unidos.
La entidad estadounidense señala como objetivos principales a empresas contratistas de Defensa. “Estos actores [atacantes respaldados por el Estado ruso] aprovechan las contraseñas simples, los sistemas sin parches y los empleados desprevenidos para obtener acceso inicial antes de atacar a las redes empresariales y en la nube [servidores remotos conectados a internet]”. Según reconoce la misma entidad, las dianas prioritarias para estas incursiones son los “entornos, ampliamente utilizados, de Microsoft 365, que son vulnerados para acceder a información sensible y no clasificada, así como a la tecnología”. Este conjunto de programas es el más usado por particulares y empresas para las aplicaciones de trabajo y comunicación (Office).
Udi Mokadi, uno de los mayores expertos en seguridad en Israel, comparte esta previsión sobre la vulnerabilidad de las entidades asociadas a una aún mayor: “El mundo está cambiando de forma dramática. Ya no vale proteger a una sola organización, sino que también es necesario el control de los proveedores. Un atacante busca el camino más corto, más rápido y más indefenso. Son profesionales, no van en pijama. La seguridad es una necesidad y hay que ir por delante, pasar a la ofensiva. El coste de un error es realmente alto”.
“La información adquirida”, según la alerta estadounidense, “proporciona información significativa sobre los plazos de desarrollo y despliegue de las plataformas de armas de los Estados Unidos, las especificaciones de los vehículos y los planes para la infraestructura de comunicaciones y la tecnología de la información”.
Ucrania ha sido el laboratorio de pruebas de la capacidad de ciberataques de Rusia y es lógico que en estos días asistamos a la puesta en marcha de este tipo de capacidades
Manuel Ricardo Torres, asesor del Consejo Asesor sobre Terrorismo y Propaganda de Europol
La alerta de las agencias de seguridad se ampara en “el patrón histórico de ataques cibernéticos contra Ucrania con consecuencias internacionales”, según el centro de seguridad británico. El asesor de Europol coincide: “Rusia, de la misma manera ha movilizado una cantidad enorme de fuerza militar convencional, va a utilizar también esa dimensión civil que, de hecho, ya venía empleando hasta ahora en Ucrania desde 2014 hasta ahora. Ha sido el laboratorio de pruebas de la capacidad de ciberataques y es lógico que en estos días asistamos a la puesta en marcha de este tipo de capacidades”.
El riesgo, según Manuel Ricardo Torres, es doble. El primero, por contagio. “Aunque parezca que un ataque es quirúrgico, claramente orientado a un objetivo, la realidad es que siempre está el riesgo de desbordamiento, que al final se pierda el control de los vectores y se termine afectando a otro objetivo que no está relacionado con el ataque”. “El segundo riesgo”, según explica este asesor internacional, “es que Rusia, como respuesta al conjunto de sanciones de carácter económico que va a poner en marcha Europa y Estados Unidos y que afectan directamente a su ámbito empresarial, puede tener la tentación de ejercer algún tipo de represalia contra el ámbito económico y empresarial de esos mismos países”.
El riesgo es generalizado. “Absolutamente”, responde el asesor de Europol. Y explica: “Aunque un ataque esté orientado a una empresa específica, al final se extiende por todo el mundo. No creo que haya ahora mismo ni en Europa ni en EEUU ningún ámbito que se considere fuera de peligro”.
“Viajes imposibles” y otros signos de un intento de ataque
Algunas de las evidencias de un ataque, según la CISA estadounidense, son: intentos frecuentes de autenticación fallidos, accesos de diferentes nombres de usuarios o desde diferentes direcciones de IP (representación numérica del punto de internet donde está conectado un dispositivo), el uso de la misma IP para varias cuentas, “viajes imposibles” (detectables cuando un usuario inicia una sesión desde direcciones que evidencia una distancia geográfica significativa en poco tiempo), restablecimientos anómalos de contraseñas, intentos de control del dominio o actividades de cuentas que estaban inactivas o con uso esporádico.
El problema, según advierte Torres, es que “conseguir ahora un nivel de robustez y de preparación suficiente no se improvisa”. “Muchas empresas e instituciones”, añade, “se encontrarán con la dura realidad de que, si no han hecho los deberes años atrás, ahora es muy difícil adoptar medidas de urgencia”.
Y concluye: “El parcheado de todas las vulnerabilidades de una red y generar un protocolo de cómo organizarse ante una eventualidad que haga caer de un servicio es algo que algunos se han tomado muy en serio desde hace tiempo. Quien no lo haya hecho a tiempo no va a poder hacerlo. Es igual que la debilidad militar convencional: aunque ahora un país tenga toda la determinación de resolver ese problema, no podrá hacerlo hasta dentro de muchos años. Esto también pasa en el ámbito civil. Esperar a que estalle una crisis para empezar a tomar medidas y dedicar los recursos necesarios hace que estas lleguen tarde”.
Chester Wisniewski, investigador principal de Sophos, una empresa especializada en ciberseguridad de última generación, coincide con el análisis del asesor de Europol: “Pueden producirse daños colaterales y repercusiones tanto para las personas como para las organizaciones fuera del escenario principal”.
Wisniewski recomienda “prestar atención a los consejos de Estados Unidos y de otros Gobiernos”. “Deben estar en alerta máxima, tomar medidas para proteger su red y sus sistemas y, dado que la seguridad física es primordial, considerar medidas para asegurar, cerrar o eliminar sus sistemas y redes físicas en Ucrania”.
Y concluye el investigador: “Al final, no importa si te ataca un Estado, un partidario ruso o el estereotipado adolescente desde algún sótano: debes tener los sistemas de seguridad actualizados, configurados por capas para anticiparte a los fallos y monitorizados cuidadosamente para reconocer las señales de un ataque en curso.”
La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.
En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.
Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?
Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.
P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?
R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.
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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?
R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.
P. Parece que el sistema está en su contra.
R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.
P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?
R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.
P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?
R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.
P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?
R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.
P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?
R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.
P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?
R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.
P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?
R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.
P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?
R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.
P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?
R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.
P. Esos ataques continúan en su contra.
R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.
P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?
R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.
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Una protesta en contra del Gobierno de Iván Duque, en Cali, Colombia, el pasado 17 de junio.LUIS ROBAYO (AFP)
América Latina, nuevamente, enfrentará un año muy complejo. Lo dice la segunda edición del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), que hace un exhaustivo análisis de los principales problemas que amenazan a esta región donde, por la pandemia, “se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó a cerca de un tercio”. En un informe presentado este martes en la capital chilena, el estudio detecta 10 riesgos políticos para este 2022, sobre la base de la opinión de 1.144 ciudadanos consultados y 170 expertos de América Latina y el Caribe, entre presidentes, autoridades regionales, líderes de opinión y académicos. En orden de importancia, el informe indica que los riesgos son la erosión democrática, el cambio climático y la escasez hídrica, las protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, la polarización política, la inversión extranjera en caída, la irrelevancia regional, los ciberdelitos y el auge de China.
“Los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización se mantendrán altos. Por su parte, el populismo, el sentimiento anti-élite y el nativismo xenofóbico seguirán presentes y la combinación de todo ello hará la gobernanza crecientemente compleja”, explica Daniel Zovatto, investigador senior del CEIUC y uno de los editores del informe. Para Jorge Sahd, director del CEIUC y otro de los editores del informe, “en América Latina se ha configurado una triple crisis: de gobernabilidad, con las democracias cada vez bajo mayor tensión; de expectativas, con una ciudadanía más exigente e impaciente, sin una economía que acompañe el 2022; y de certezas, con mayores niveles de incertidumbre política, la incógnita de las nuevas variantes de la pandemia y estados con menor margen fiscal”.
La primera versión del Índice de Riesgo Político en América Latina de 2021 estuvo marcada por los devastadores efectos de la pandemia, pero el actual informe enfoca su mirada en el creciente nivel de incertidumbre y volatilidad. Describe, por ejemplo, la forma en que la pandemia ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente los estados de excepción, con la emergencia de nuevos autoritarismos “en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria”. Con una economía regional sanándose, luego de la debacle de 2020, la recuperación resulta insuficiente y con modesta proyección de un 3% de crecimiento para 2022, sobre todo porque todavía la región sigue lidiando con una emergencia sanitaria global. Es el telón de fondo de la triple crisis que menciona Sahd y que se explica en el informe.
En la crisis de gobernabilidad, la democracia está bajo tensión. La mitad de los países de América Latina y el Caribe muestran señales de erosión democrática, según el informe Estado de la Democracia en las Américas 2021 de IDEA Internacional. Mientras, la encuestadora Latinobarómetro advierte que la mitad de los latinoamericanos tolerarían un Gobierno no democrático mientras resuelva sus problemas. “Según el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit 2020 en América Latina, además de tres dictaduras consolidadas —Cuba, Venezuela y Nicaragua—, se califican como regímenes híbridos a Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, indica el informe de CEIUC.
De acuerdo a The Economist Intelligence Unit2020, solo tres países de la región tienen democracias plenas: Uruguay, Chile y Costa Rica. Mientras, los niveles de confianza hacia las instituciones públicas permanecen bajos, el descontento respecto de la calidad de los servicios públicos aumenta y las redes sociales imprimen una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de procesar, asegura el Índice de Riesgo Político de América Latina. “Se necesitan reformas institucionales urgentes para los nuevos tiempos que incorporen criterios de inclusión, eficiencia, transparencia y gobernabilidad”, aconseja el estudio. Además, se apunta a la necesidad de “élites y ciudadanos más comprometidos con los valores democráticos”.
La investigación apunta, además, a que el cambio climático, el estrés hídrico y los desastres naturales provocan un creciente impacto en la naturaleza y en las poblaciones, lo que se agudiza por la falta de gobernanza y previsión de los Estados. Es el segundo riesgo que advierte el estudio en orden de importancia, luego de la erosión democrática. El escenario resulta desalentador: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático pronostica que el aumento del nivel del mar continuará en la región a un promedio de 3,6 milímetros anuales –por sobre el promedio global de 3,3 mm–, lo que impactaría al 27% de la población que vive en zonas costeras. La sequía generalizada decantaría en un empeoramiento del acceso a alimentos en muchas áreas de la región, lo que tiene un impacto directo en las capacidades de reducir la pobreza y la extrema pobreza, principalmente la rural. En una zona del planeta que concentra el 31% de reserva de agua dulce del mundo, países como Chile y México habían consumido en 2019 sobre el 60% de sus reservas de agua, asegura el informe del CEIUC.
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Existe un tercer gran riesgo para la región en este 2022, las protestas sociales y la violencia. Es un contexto complejo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída histórica del 7% del PIB según cifras de octubre de 2021 y la CEPAL cuenta 22 millones de nuevos pobres en la región, equivalentes a un 33,7% de la población de América Latina, un incremento de la desigualdad en 2,9%, y una pérdida de 47 millones de empleos respecto al año 2019. Aunque las ayudas sociales hicieron aumentar la deuda pública en 10 puntos del PIB en menos de dos años, “la paciencia de los jóvenes frustrados y desencantados ante la incapacidad de los gobiernos por revertir la desigualdad estructural se acaba rápidamente y exigen resultados inmediatos”, dice el Índice de Riesgo Político de América Latina. “A pesar de los riesgos de contagio masivo [por la covid-19], las protestas contra los gobiernos se han reactivado, muchas de ellas produciendo violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con saldo trágico para los participantes”, agrega el estudio.
Zovatto lo explica: “El turbulento segundo semestre del 2019 caracterizado por una ola de protestas fue un primer campanazo de alerta del alto nivel de malestar social e irritación ciudadana que aquejaba a muchas democracias fatigadas de la región. En 2020, con la llegada de la pandemia, la mayoría de las protestas fueron enviadas a cuarentena. Ello generó la falsa sensación de que las protestas sociales eran cosa del pasado. Pero en 2021, en varios países, entre ellos Paraguay, Perú y especialmente en Colombia, estas resurgieron con especial virulencia”, dice uno de los editores del informe.
Para el investigador senior del CEIUC, existe el alto riesgo de que las protestas se vuelvan a encender en América Latina este 2022. “En mi opinión, si los gobiernos no logran manejar adecuadamente las expectativas y demandas ciudadanas y dar respuestas oportunas y eficaces a las causas profundas que gatillaron las protestas en 2019 (malestar social, falta de oportunidades sobre todo para los jóvenes, mala calidad de servicios públicos, falta de confianza de la ciudadanía con los políticos y un largo etcétera) existe un alto riesgo de que estas vuelvan a surgir”. Agrega, sin embargo, que “no todo es negativo en relación con las protestas”. Zovatto dice que cuando no vienen acompañadas de violencia constituyen un mecanismo valioso para defender los derechos ciudadanos e impulsar reformas y cambios sociales y políticos.
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