El hurto quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. Víctima ofrece hasta $700.000 mil de recompensa por información que ayude a encontrarla.
Noticias Pasto.
El robo de la motocicleta de un domiciliario, registrado este miércoles en la capital nariñense fue captado por una cámara de seguridad de San Felipe.
El hecho ha despertado indignación entre la ciudadanía luego de que las imágenes se publicarán en redes sociales.
En el vídeo se observa cómo un sujeto pasa varios minutos con actitud sospechosa acechando el lugar donde se encontraba estacionada la motocicleta.
Delincuente acechando el lugar, previamente de cometer el hurto.
En ese instante el domiciliario estaba alistando un pedido dentro de un establecimiento comercial del sector, para salir a repartirlo.
Dicho sujeto aprovecha ese instante, se sube en la motocicleta color negra y se va del lugar.
De inmediato, el domiciliario y ciudadanía alertaron a la Policía del CAI de El Obrero, sin embargo, a pesar de la respuesta de las autoridades, no lograron dar con el paradero del vehículo.
La siguen buscando
«La moto es modelo 2019 y se la usaba para trabajar en domicilios» dijo la dueña del vehículo hurtado durante la noche de este miércoles 30 de marzo.
La denuncia del robo dela motocicleta Apache, fue interpuesta en la SIJIN.
«Ofrecemos de recompensa $700.000 mil pesos por información del paradero de la motocicleta de marca Apache, 180 color negra de placas ATL55F» añadió propietaria del vehículo.
Las personas que tengan información del paradero de la motocicleta pueden comunicarse al número de celular 323 593 3762. Este hurto se suma a otros perpetrados durante la semana, donde varios hechos delincuenciales se han registrado en Pasto.
La ciudadanía se siente preocupada por el alto número de robos que se han incrementado en las calles de la ciudad.
Vídeo donde quedó registrado el robo de la motocicleta.
Los operativos se realizaron en la plaza de mercado El Potrerillo, Estadio Libertad y calles 17, 18 y 20, donde se identificaron casos de vulneración de los derechos en niños.
Noticias Pasto.
Para erradicar el trabajo infantil en las calles de Pasto, autoridades realizaron una serie de operativos que permitan contrarrestar este flagelo en los niños de la capital.
Ante este hecho, La secretaria de Bienestar Social, Alexandra Jaramillo, mencionó que durante el mes de marzo se desarrollaron 8 intervenciones en la ciudad.
Enfatizaron en que estos operativos se adelantaron en los sectores de plaza de mercado El Potrerillo, Estadio Libertad y calles 17, 18 y 20.
Explicó que se identificaron 8 presuntos casos de vulneración de los derechos de los menores, que fueron puestos a disposición de Bienestar Familiar.
“Los niños son como una esponja, absorben todo lo que se les enseña. Aquí, desde muy pequeños, ya aprenden a coger el cuchillo y a darse puntazos; entonces es excelente que se les brinde espacios para que ellos salgan de la rutina”, comentó la líder comunitaria de la plaza de mercado, Yolanda Fuenmayor.
Identifican zonas
Por su parte, la subsecretaria de Gestión y Proyectos, Nelvy Chamorro , explicó que estas acciones se han desarrollado en respuesta a las caracterizaciones que se han hecho junto al CIETI.
“Se han identificado las zonas de mayor presencia de niños y niñas en riesgo de trabajo infantil. Con estas jornadas también socializaron que se dispuso de los cursos de danza y artes marciales que están a cargo de Pasto Deporte”, dijo.
Esta labor se desarrolla de manera articulada con Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Metropolitana de Pasto; Secretaría de Gobierno e ICBF, con el fin de realizar un llamado a la comunidad hacia la ‘Cero Tolerancia’ en casos de mendicidad y trabajo infantil.
El llamado lo hizo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, durante el ‘Primer encuentro de la Policía Nacional con alcaldes de municipios con población afrocolombiana’, que tuvo como sede a la capital vallecaucana el pasado viernes.
“Me parece que es esencial que todos los municipios del Pacífico colombiano vayan diseñando una agenda común, para presentársela a quien sea el nuevo presidente o presidenta de los colombianos, de tal forma que pueda tener argumentos y conocer de nuestra problemática en relación con la pobreza, la exclusión, la inequidad, la falta de cobertura universitaria”, aseguró el mandatario.
El encuentro, liderado por la Policía Nacional, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, tuvo como objetivo generar estrategias que garanticen el respeto por los Derechos Humanos y mejoren las condiciones de seguridad de las comunidades afrodescendientes, enmarcados en el proceso de trasformación policial.
“El punto es cómo reorientar la Policía, cómo rediseñar la política, cómo intervenir problemas tan difíciles como el narcotráfico, el desplazamiento, las tensiones que se viven en nuestros pueblos. Queremos sacar de acá toda una plataforma que rediseñe el quehacer de la fuerza pública en municipios con mayoría de población afrodescendiente”, enfatizó Ospina. A su vez, Óscar Gamboa, ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington, destacó la reunión como ‘histórica’. “Y precisamente en Cali, que es la capital afro de Colombia y la segunda en América Latina; histórico porque era necesario y oportuno que la Policía dialogara con nuestros alcaldes; porque lamentablemente hay unos desafíos que imponen un trabajo más articulado, más creativo y con mayores expectativas de impactar, para que la gente vuelva a sonreír en muchos de nuestros pueblos”.
Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, manifestó que estos espacios son de gran importancia para dar a conocer los procesos de transformación que adelanta la institución al servicio de los colombianos.
“Vamos a lanzar la propuesta Policía Somos Afro, que se enmarca en ocho grandes aspectos, que tienen que ver con Derechos Humanos, atención al ciudadano, quejas, protección, género; una cantidad de cosas que creo que nos van a dar la oportunidad de estar muchísimo más cercanos a la comunidad”, expresó el General.
Yadira Amú, alcaldesa de Timbiquí, considera que se deben crear estrategias al interior de los territorios, “que permitan que la Policía no solamente sea percibida desde la fuerza pública, sino desde el enfoque social”.
Asimismo, la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, resaltó la importancia del trabajo articulado entre la institucionalidad y la comunidad. “Lo que hemos hecho en Tumaco es articular esas dos fuerzas, la presencia de la Policía, pero llega también la institucionalidad a ofrecer servicios a las comunidades. De esta manera, hemos logrado avanzar en un piloto en tres barrios donde era imposible ingresar; teníamos fronteras invisibles y hemos construido escuelas y parques, hemos llevado internet y convocado a los jóvenes para que participen de procesos educativos”, puntualizó.
La mañana de este jueves 24 de marzo, se llevó a cabo la feria de la empleabilidad, a la cual acudieron alrededor de 400 personas, que esperan ser parte de una de las ofertas laborales ofrecidas.
La invasión rusa de Ucrania ha provocado el mayor flujo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 3 millones de personas han escapado del país desde el pasado 24 de febrero, pero la Unión Europea calcula que el número podría llegar a superar los 6,5 millones. Estos son los planes de los países europeos para gestionar la llegada de refugiados a partir de la aprobación de una directiva comunitaria de acogida ilimitada de los que huyen de las bombas.
Polonia, un permiso de 18 meses
Polonia, el país que más refugiados ucranios ha recibido desde el inicio de la guerra (dos millones de un total de 3,3 millones), ha aprobado una ley por la que podrán permanecer legalmente durante 18 meses, prorrogables a tres años. El Senado, con mayoría opositora, propuso otorgarles el derecho indefinidamente, pero lo rechazó la otra Cámara, el Sejm, dominada por el gobernante partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS).
Los refugiados ucranios están obteniendo un número de identificación nacional conocido como Pesel y podrán trabajar y acceder a los servicios sanitarios y educativos. Decenas de miles de niños ucranios ya están matriculados en las escuelas del país. Cada uno recibirá, además, 300 eslotis (unos 64 euros), y las personas e instituciones que los alojan, 40 eslotis (ocho euros) al día con retroactividad.
Polonia —cuya población, ONG y administraciones locales se han volcado en la ayuda a los refugiados— es en bastantes casos un país de paso hacia otros más ricos de la UE, como Alemania o Italia, pero se calcula que la mitad de huidos, en torno a un millón, sigue en el país, principalmente en las grandes ciudades. La población de Varsovia ha aumentado un 17% por la presencia de 300.000 refugiados, informó su Ayuntamiento la semana pasada. Tiene que ver en parte con la tupida red de acogida que conforma la presencia, previa a la guerra, de otro millón de ucranios, principalmente migrantes económicos atraídos en los últimos años por salarios más altos, facilidades con el visado y una lengua similar. Sus visados y permisos de residencia serán prorrogados hasta final de año si expiraron durante la guerra. Polonia necesita mano de obra en aquellos empleos que sus emigrantes cubren, por ejemplo, en Francia o España.
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Pabellón deportivo de Hrubieszow (Polonia), reconvertido en centro de acogida de refugiados. Massimiliano Minocri
Italia: un presupuesto de 400 millones
En Italia se concentra la comunidad de ucranios expatriados más grande de la Unión Europea, con unos 236.000 inmigrantes. Desde el inicio de la ofensiva rusa y hasta este sábado, han llegado a Italia casi 56.000 personas procedentes de Ucrania, de las cuales cerca de 29.000 son mujeres, 22.000 menores y unos 5.000 hombres, según el Ministerio de Interior.
El Ejecutivo, que se está preparando para recibir a unos 83.000 refugiados ucranios, declaró a inicios de mes el estado de emergencia humanitaria hasta el 31 de diciembre, una fórmula que le permite movilizar recursos con mayor rapidez y facilidad.
El plan para acoger a los refugiados que ha preparado el Gobierno de Mario Draghi prevé destinar en total 400 millones de euros a su acogida. La semana pasada aprobó un decreto para crear 75.000 nuevas plazas en la red nacional de centros de acogida, que se suman a las 8.000 ya disponibles. Las asociaciones, comunidades de acogida de ONG y otras organizaciones voluntarias, así como las familias que alojen a refugiados, recibirán una contribución diaria de unos 35 euros por cada refugiado hasta el 31 de octubre. Los refugiados que soliciten protección internacional y se encarguen de su propio alojamiento recibirán también una asignación, variable en función de su situación familiar, durante 90 días. Además, los titulares de protección internacional y los médicos y personal sanitario ucranios tendrán permiso inmediato de trabajo.
Una mujer ucrania se acerca al punto fronterizo de Dolhobyczowm, el pasado 10 de marzo, para cruzar la frontera hacia Polonia.MASSIMILIANO MINOCRI
Francia: subsidios de 426 euros
Aunque Francia tiene una comunidad ucrania menor que países como España —unos 18.000 permisos de residencia concedidos—, el flujo de ucranios que huyen de la ofensiva rusa en su país no para de crecer y más de 30.000 refugiados, sobre todo mujeres y niños, han llegado ya a Francia, que está dispuesta a acoger hasta a 100.000. Los refugiados ucranios podrán acceder a cuidados médicos, recibir el subsidio para demandantes de asilo (alrededor de 426 euros mensuales, aunque la cifra varía según la composición familiar) durante el tiempo que estén bajo la protección oficial y también tendrán derecho a solicitar ayudas personalizadas para el alojamiento como muchos ciudadanos franceses. Las autoridades trabajan, además, para escolarizar rápidamente a los menores y ya 650 acuden a una escuela en sus lugares de acogida, según el Ministerio del Interior. La compañía nacional ferroviaria, la SNCF, les permite viajar gratis en sus trenes regionales y de alta velocidad.
España: papeles en 24 horas
España ha sido uno de los primeros países en adoptar la directiva de protección temporal para los desplazados de Ucrania. También es uno de los pocos que la ha interpretado de forma más generosa y ha incluido, por ejemplo, a los ucranios en situación irregular. España, a diferencia de otros países como Alemania, Italia o Grecia, no tiene “datos fiables” sobre el número de desplazados que ya han llegado al país y mantiene un sistema “flexible” de acogida que permita adaptarse a la afluencia de refugiados.
El plan de recepción en España se sustenta en dos pilares: la obtención de la documentación, en un procedimiento exclusivo de apenas 24 horas, y la ampliación de la red de acogida con más de 21.000 camas, gracias, en buena parte, a la colaboración de las comunidades autónomas. El Ejecutivo ha abierto cuatro centros de recepción y derivación en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante. Las comisarías provinciales de toda España también están tramitando los papeles necesarios.
La primera acogida de los desplazados se ha delegado en tres ONG (ACCEM, CEAR y Cruz Roja) que gestionan los recursos estatales. Se estudia también la creación de un programa nacional de acogimiento familiar. La gran comunidad ucrania, de 112.000 personas, está de momento absorbiendo a la mayor parte de los recién llegados, pero ya son al menos un millar los que han solicitado acogida en diversas partes del país.
Una mujer y un niño, sentados en un tren que parte de la Estación Central de Lviv (Ucrania) con destino a Polonia, el pasado 2 de marzo.Jaime Villanueva Sánchez
Reino Unido: más voluntarismo que realidad
La presión de la opinión pública ha empujado desde el primer momento al Gobierno de Boris Johnson para que tuviera con los refugiados de Ucrania mucha más generosidad que la que mostró en un principio. Mientras la UE abría sus puertas, sin reclamar visado, a los cientos de miles de personas que huían de la guerra, el Reino Unido ofrecía un plan cicatero de acogida al que prácticamente solo podían acogerse los ucranios que tuvieran familiares en territorio británico. Y aun así, debían someterse a los trámites burocráticos de inmigración y a los controles de seguridad pertinentes. La ministra del Interior, Priti Patel, llegó a estimar en 200.000 las personas que se beneficiarían del plan de reagrupación familiar. Hasta la fecha, apenas han sido 6.000.
Las duras críticas de las organizaciones de ayuda a los refugiados de la oposición política forzaron a Johnson a cambiar de estrategia. Puso la gestión de la crisis en manos de su ministro para todo, Michael Gove —hoy al frente del departamento de Reequilibrio Económico Territorial del Reino Unido—, quien enseguida lanzó una campaña con una mezcla de populismo, solidaridad y falta de previsión. El Gobierno ofreció 350 libras mensuales (unos 415 euros) a los ciudadanos que acogieran en su hogar un refugiado ucranio o una familia entera (la cifra no variaba, al margen del número de huéspedes). La estancia mínima debían ser seis meses. La máxima, 12. Pero el proceso de llegada no se simplificó en absoluto. El primer día en que se lanzó la página web de Homes for Ukraine (Hogares para Ucrania), cerca de 90.000 personas registraron su interés en participar. La página se colapsó durante horas. El Gobierno remitía a las ONG para el proceso de selección de las personas, y era incapaz de solucionar las miles de dudas que surgían sobre la marcha. Ya son más de 120.000 las solicitudes de los ciudadanos, pero de momento, el proceso de acogida es más voluntarista que real.
Rumania y Moldavia: alojamiento, permiso de trabajo, sanidad y educación
En Rumania, por donde han huido de la guerra medio millón de ucranios, se calcula que hay alrededor de 100.000 refugiados. El lazo familiar constituye el principal motivo de su marcha hacia otros países, pero quienes permanezcan en Rumania —hasta ahora solo han pedido la acogida poco más de 4.000— se beneficiarán de comida, ropa, alojamiento, permiso de trabajo, acceso a la sanidad pública y a la educación, transporte gratis y ayuda psicológica y jurídica, además de un apoyo financiero de unos 120 euros al mes, según el Gobierno. Las familias que acojan a ucranios también recibirán esa misma suma de dinero por persona, según el Consejo Nacional Rumano para Refugiados. También se les proporcionará traductores para agilizar su proceso de integración en la sociedad.
En la vecina Moldavia hay 99.475 ciudadanos ucranios, casi la mitad de ellos menores, y las autoridades aseguran que dispondrán de todos los derechos de los ciudadanos del país, con la sola excepción de que no podrán participar en la vida política. Más de 700 niños ucranios ya están inscritos en centros educativos moldavos.
Con información de Antonio Pita (Lublin, Polonia), Lorena Pacho (Roma), Silvia Ayuso (París), María Martín (Madrid), Rafa de Miguel (Londres) y Raúl Sánchez Costa (Bucarest).
Ingrid Albornoz (izquierda), Marta Gatica y Arety Alvarado, integrantes del Sindicato Revolucionario Textil, muestran la banda que han confeccionado para el presidente Gabriel Boric, el 9 de marzo de 2022 en Santiago de Chile.Pablo Aharonian
A media hora en coche del centro de Santiago está la comuna La Reina. Hay allí una humilde casa de familia a la que se entra por un portón de rejas. En el primer piso de esa casa, en una habitación minúscula, hay una máquina de coser industrial, retazos de tela, un maniquí desnudo, tijeras y restos de cintas de colores. De ese espacio poco pretencioso salió algo de un enorme poder simbólico: la banda presidencial que este viernes lucirá el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Trabajaron en ella las 16 mujeres del Sindicato Revolucionario Textil, reunidas en principio para visibilizar la precariedad de las costureras y que sin quererlo se han encontrado ante el trabajo de sus vidas.
Las mujeres del sindicato se conocieron por redes sociales y en octubre de 2019 se sumaron a las revueltas contra el Gobierno de Sebastián Piñera. Dos años después, hicieron campaña por Gabriel Boric y conocieron a gente de su entorno. En enero recibieron un llamado: Boric quería lucir una banda presidencial que saliese de su taller. “No lo creíamos”, cuenta Marta Gatica, dueña de la casa de La Reina y vocera del sindicato. “Caímos cuando fuimos a La Moneda chica [donde Boric preparó la transición] a tomar las medidas de Gabriel. Empezamos a medirlo de inmediato, porque él estaba atrasado. Y nos dice: ‘Disculpen, qué pasa’. ‘Nosotros somos las que vamos a hacer la banda”. “Ah, superbién”, nos respondió. Siempre fue muy amoroso con nosotras”. Arety Alvarado, a su lado, dice que el presidente electo fue “un modelo agradable y muy humano”.
En Chile, la banda no se pasa de mano en mano, sino que es propiedad de cada presidente. Cada uno la encarga a quien quiera, siempre que respete los colores azul, blanco y rojo de la bandera y sirva para portar la piocha, una estrella esmaltada de cinco puntas que perteneció al libertador Bernardo O’Higgins y representa el poder presidencial. Sebastián Piñera encargó su banda a un taller en Francia. Boric quiso que su elección fuese también un guiño al perfil que dará a su Gobierno. “Somos gente común y corriente que trabajamos en conjunto, desde un local pequeño. Aquí no hay grandes sastres ni diseñadores. Eso es una muestra de lo que Boric quiere proyectar”, dice Gatica.
La banda ha sido el resultado de un trabajo en equipo. Ingrid Albornoz, socia fundadora del sindicato, explica que se generó “una fraternidad” entre las socias. “Nos organizamos todas con lo que podíamos aportar. En cuatro días hicimos la confección, otros hicieron las compras, otras se ocuparon de la alimentación de las compañeras”, explica. El trabajo más duro se concentró en dos sábados “que arrancaron a las ocho de la mañana y terminaron a la medianoche”, explica Albornoz. La sala de Gatica se vació esos dos días de muebles y allí se juntaron todas las mujeres. Mientras unas cosían, otras cortaban y un tercer grupo se encargaba de la logística. El marido de Gatica sirvió de modelo. Luego hubo que sumar horas fuera de casa: las borlas de hilo de oro que luce la banda demandaron 24 horas cada una, en un trabajo manual agotador. Boric recibirá su banda en una caja de roble, realizada a mano por otra familia que pidió sumarse a la iniciativa.
Las costureras del sindicato no cobraron por su trabajo y compraron los materiales de su bolsillo. Junto con la banda que Boric lucirá el viernes entregaron otra de regalo, no oficial y fuera del plan original, bordada con los símbolos del Chile que imaginan: los motivos indígenas se mezclan con los campos fértiles del centro del país, el homenaje a un perro que fue símbolo de las revueltas populares y las tijeras que las representa. El conjunto fue, finalmente, un mensaje político.
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La banda presidencial no oficial que el Sindicato Revolucionario Textil regaló a Gabriel Boric.Pablo Aharonian
“Este va a ser un Gobierno de transición que abrirá las puertas hacia un cambio; tenemos que sentirnos parte de esto”, dice Gatica. Y destaca que ella, con 40 años, se crió en dictadura, y por eso arrastra “el miedo al cambio” de toda su generación y la de sus padres. Boric, dice, es distinto, porque nació en democracia. “Gente como yo, que pasábamos tranquilos, decimos ahora que no hay que perder más tiempo. Por eso debemos empoderar a las mujeres, porque las cosas hay que hacerlas hoy”, dice. Albornoz coincide: “No venir con el arraigo de la dictadura le permite a Boric tener otra visión. Eso le permitirá reflexionar sobre los cambios”, sostiene. Las mujeres del sindicato verán el viernes la asunción de Boric con sus familias, a las que de una forma u otra sumaron al proyecto. Habrá muchas lagrimas frente al televisor.
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Los ciclistas «no respetan», los motorizados se meten «por cualquier lado», los conductores de carros; camiones y busetas «se creen los dueños de las vías»: Son las quejas que se escuchan a diario.
Noticias Cali.
Las quejas son a diario, el tropel por el irrespeto en medio de las vías en Cali parece crecer con el paso de los días.
En todas las calles o carreras se ha convertido en algo normal conocer ver infracciones cometidas por ciclistas, motorizados, conductores de camiones o camiones.
Pareciera que en la capital vallecaucana nadie está exento, o como aseguran algunos, «todos hacen lo que les da la gana en una ciudad sin ley ni orden».
Ya se volvió costumbre ver en los andenes a motorizados, taxistas, carros particulares o buses que también se movilizan sobre los bicicarriles o por el carril del solo bus.
Desde la Secretaría de Movilidad realizan operativos e imparten comparendos, pareciera una historia de nunca acabar.
Y es que en medio de los requerimientos por invasión a bicicarriles los infractores no solo exponen la vida de los biciusuarios, sino también pueden recibir una multa de 15 salarios mínimos diarios por no acatar las normas de tránsito.
Pero todo parece importar poco.
¡Los ciclistas que a diario transitan por la Cl. 44 recuperan su espacio! 🙌
Este es el panorama #AEstaHora de la vía en este sector.👇
La actriz Angelina Jolie, habla a la prensa sobre la ley de la violencia contra las mujeres.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
En un gesto casi desaparecido de la actual política que se practica cada día en el Capitolio de Estados Unidos, senadores demócratas y republicanos han logrado aprobar de manera bipartidista este jueves un proyecto de ley para garantizar que las víctimas de acoso o agresión sexual en el lugar de trabajo tengan la libertad de presentar demandas ante los tribunales. Hasta ahora, y según los legisladores, unos 60 millones de estadounidenses están sujetos, a veces sin siquiera saberlo, a una cláusula que obliga a los trabajadores a presentar denuncias de mala conducta sexual a través de arbitraje y al margen de los tribunales del poder judicial.
La norma ya había tenido el visto bueno de la Cámara de Representantes el pasado día 7 y ahora avanza hacia la mesa del presidente Joe Biden en el Despacho Oval. El mandatario ya ha declarado que apoya la medida porque “hace avanzar los esfuerzos para prevenir y abordar el acoso y la agresión sexual, reforzar los derechos, proteger a las víctimas y promover el acceso a la justicia”.
“Nunca más se les podrá decir a las víctimas de agresión o acoso sexual que legalmente tienen prohibido demandar a su empleador porque en algún lugar oculto en su contrato está enterrada una cláusula de arbitraje forzoso”, celebró la senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand, que junto al senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham redactaron el texto. “Esos días se han acabado”, remarcó Gillibrand.
La norma es una importante victoria para el movimiento que se inició bajo el eslogan del #MeToo, que sacó a la luz acuerdos de arbitraje obligatorios que favorecían al empleador y mantenían en la oscuridad a las víctimas de acoso. Para el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, la medida es “uno de los cambios más significativos en la legislación laboral en años”.
Ha sido esta una semana de buenas nuevas en la política respecto al abuso y el maltrato, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. El pasado miércoles, Biden pedía al Congreso que actuase sin más miramientos ni más retrasos y devolviera vigencia a una ley que él mismo impulsó cuando era senador en 1994 y que los republicanos dejaron caducar y no la renovaron en 2019, bajo mandato de Donald Trump, porque se negaron a incluir amparos para las personas transgénero.
A través de un comunicado, el presidente de EE UU celebraba poco después que un grupo de senadores demócratas y republicanos hubieran llegado a un acuerdo para que volviera a entrar en vigor la norma conocida como ley Contra la Violencia Contra las Mujeres (VAWA, Violence Against Women Act, en inglés).
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“Combatir la violencia doméstica, el asalto sexual, la violencia entre personas que están en una relación y el acoso no debería ser un tema de demócratas o republicanos. Es un asunto de justicia y compasión”, dijo Biden. Los senadores de ambos partidos se comprometieron en un acto a impulsar una versión “modernizada” de esa ley. El acto contó con la presencia de la actriz Angelina Jolie, a quien en varias ocasiones se le quebró la voz al recordar el calvario que viven las víctimas de violencia de género, a las que el Congreso ha vuelto la espalda.
“Estando aquí, de pie, en el centro del poder de la nación, solo puedo pensar en todos aquellos a los que se les hizo sentir que no tenían poder”, afirmó Jolie frente a una sala del Capitolio abarrotada de prensa, según informa la agencia Efe. La actriz hizo alusión al hecho de que los republicanos dejaran sin efecto VAWA, que durante décadas sirvió para financiar programas de ayuda para las víctimas de maltrato y abuso sexual.
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Para poner la denuncia, fue difícil colocar la denuncia ante las autoridades.
“De Malambo nos mandaron para Soledad y viceversa, y terminamos colocándola en Barranquilla», denunció la familia de Deivison.
Deivison iba para una entrevista en Puerto Colombia el miércoles pasado, desde entonces sus familiares no saben nada de él.
Noticias Atlántico.
Deivison Guillermo Chávez Pardo es el joven de 24 años de edad, que desde el miércoles está desaparecido y su familia está desesperada por encontrarlo.
Sus seres queridos le contaron a TuBarco Noticias Caribe, que su pariente salió de casa en el barrio Vereda del Carmen en Malambo el pasado miércoles en horas de la mañana.
Fue a una entrevista de trabajo a un lavadero de vehículo, que está ubicado en el municipio de Puerto Colombia en el Atlántico.
“Él le dijo a la mujer que luego de que lo entrevistaran la llamaba a ver si se quedaba trabajando y le llevara ropa”, dijo Carolina, tía del joven.
Sin embargo, manifiesta la pariente de Deivison que, él no llamó a la pareja y desde ese día no saben absolutamente nada. No se ha comunicado con alguien más de la familia tampoco.
“El padrastro fue hasta el lavadero y allá le dijeron que él nunca llegó a la entrevista”, aseguró la familiar.
Por otra parte, Carolina indicó que le fue difícil colocar la denuncia ante las autoridades.
“De Malambo nos mandaron para Soledad y viceversa, y terminamos colocándola en Barranquilla”, precisó Carolina.
También, aseguró la tía del desaparecido aseguró que su sobrino nunca ha tenido problemas con nadie y es muy extraño que este perdido de esa manera. «Nos preocupa que pueda pasarle, si ya comió, dónde ha pasado las noches y los días desde el miércoles que salió de su casa donde vive con la mujer».
Deivison Guillermo Chávez Pardo de 24 años está desaparecido desde el miércoles
Para comunicarse
Los familiares de Deivinson autorizaron publicar números telefónicos para que se puedan comunicar con ellos para quien tenga información.
La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.
En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.
Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?
Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.
P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?
R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.
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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?
R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.
P. Parece que el sistema está en su contra.
R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.
P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?
R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.
P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?
R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.
P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?
R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.
P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?
R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.
P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?
R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.
P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?
R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.
P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?
R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.
P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?
R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.
P. Esos ataques continúan en su contra.
R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.
P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?
R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.
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Estos son los negocios de la ‘youtuber’ novia del cantante caleño Pipe Bueno.
Noticias Colombia.
Luisa Fernanda W es una de las generadoras de contenido que más impacto causa en redes sociales por cuenta de los más de 16 millones de seguidores con los que cuenta en plataformas digitales como Instagram.
Por esta razón, sus fans siempre quieren saber más sobre su vida cotidiana y conocer datos curiosos relacionados con ella.
A través de sus historias, Luisa Fernanda W le sugirió a sus seguidores que le hicieran preguntas. Una de estas fue: «¿Con cuántos empleados cuentas en tu hogar? Saludos».
Ella respondió hablando de los empleos que genera no solo en su hogar sino en sus empresas:
«Más que en mi hogar, les voy a contar esto que me llena de orgullo. Digamos que en todos mis proyectos, gracias a Dios, estamos generando más de 400 empleos, eso para mi es una bendición muy grande», expresó.
A continuación la respuesta de Luisa FW:
Los negocios de Luisa Fernanda W
El principal activo que tiene la pereirana son sus redes sociales. A través de ellas, promociona sus negocios y también realiza publicidades a otras marcas.
Tan solo en suenta de Instagram posee más de 16 millones de seguidores, eso sin contar los fans que tiene en plataformas como Youtube y Facebook.
Cuenta de Instagram de Luisa Fernanda W.
Otra inversión que hizo Luisa Fernanda W en sociedad con su pareja, el cantante caleño Pipe Bueno, es un restaurante de cocina mexicana ubicado a las afueras de Bogotá.
Su nombre es Rancho MX, un lugar que ha tenido una fuerte acogida por la calidad de los platos, el ambiente musical y el impulso que le han dado otros famosos.
En estos momentos el negocio atraviesa por una calamidad y es el hecho de que inescrupulosos han hackeado la cuenta oficial de Instagram pretendiendo sabotear a la pareja. Sin embargo, ellos han ideado otros planes para poder seguir mostrando su negocio y promocionando el lugar en redes.
La cuenta aparece inactiva.
Otro de los negocios en los que tiene invertido su dinero la ‘youtuber’ es en una marca de maquillajes llamada ‘Divva’, impulsada en sus redes sociales recientemente.
Posee sitio web y desde el sus clientes pueden realizr compras de los productos que van desde pestañinas hasta labiales. Todo para embellecer a la mujer.
Tienda de maquillajes de Luisa Fernanda W.
Seguidores de Luisa Fernanda W se mostraron muy agradecidos y orgullosos por el éxito que ha tenido y esto se ve reflejado en los ingresos que también obtienen muchas familias a las que ella les da trabajo.
Hasta ahora en Cali no se ha decretado nada más allá de la alerta roja hospitalaria por incremento de casos Covid-19, y no se ha establecido toques de queda, cuarentenas, ni cierre de la ciudad. Foto: Calle 5 en Cali /de @tubarconews
Piden desde la Secretaría de Salud distrital a empresarios y trabajadores, «priorizar el tele trabajo». Hay gripa, afecciones respiratorias y Covid-19, lo que podría complicar el sistema de salud tanto público como privado.
Noticias Cali.
Hasta ahora en Cali no se ha decretado nada más allá de la alerta roja hospitalaria por incremento de casos Covid-19, y no se ha establecido toques de queda, cuarentenas, ni cierre de la ciudad ni otras medidas que prohiban a la población salir a las calles, aún así, la recomendación es aumentar el tele trabajo.
«Hacemos un llamado a todos los empresarios y trabajadores a priorizar el tele trabajo de ser posible y evitar así un mayor contagio», indicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Distrital.
«En el momento no hay un decreto que exija la prueba #COVID19 como requisito para laborar. Es importante el aislamiento responsable y autocuidado», sostuvo.
La variante ómicron registra menos severidad en los vacunados, pero el nivel de contagio es mucho mayor, según la información oficial.
«El personal médico ha detectado incremento de los infectados y mayor hospitalización en pacientes sin vacunación», indican.
Recuerde que los síntomas respiratorios de alarma y por los que debe autoaislarse son:
Tos, fiebre, malestar general.
Hay que recordar que por está época del año nuevo, cada año, hay un aumento de casos de gripes, virosis respiratorias y por ende pueden confundirse con Covid-19, el aislamiento puede frenar el contagio en caso de que sea este virus del Coronavirus.
Insisten en la vacunación.
#Cali cuenta con más de 200mil vacunas para completar esquemas de vacunación para todas las edades. No hay excusa para esperar.
🔴 Los estudios realizados a nivel mundial y local han demostrado que después de los 6 meses se disminuye en un 50% la efectividad de la vacuna. pic.twitter.com/vZMHxU5VMS
También, desde la Secretaría de Educación Distrital de Cali informaron que se presenta un cambio en el calendario escolar para las Instituciones Educativas Oficiales, IEO, para el año lectivo 2022.
Lo anterior como resultado de la necesidad de alistamiento en la que se encuentran las 338 sedes educativas de la ciudad.
Por está época del año nuevo, cada año, hay un aumento de casos de gripes, virosis respiratorias y por ende pueden confundirse con Covid-19.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, lo que buscan es la «presencialidad plena con un aforo del 100% de los estudiantes matriculados» por eso debe pasar esta ‘crisis’ del cuarto pico que además, se vería más fuerte pasado el 15 de enero.
Las Últimas Noticias, la vietnamita expresó que «estoy muy, muy feliz. Muchas gracias a toda la gente buena de Chile. Después de tanto tiempo, hay justicia».
El medio citado reportó que, desde la bahía de Ha-Long, Thin Tinh se trasladó a Cabildo luego de que un amigo chino de su prima le comentara que unos conocidos necesitaban en aquella localidad una empleada para que atendiera un negocio. La paga sería de 1.000 dólares mensuales.
Tras aceptar, pidió un préstamo para el pasaje y en noviembre de 2017 llegó a Chile, luego de dejar a sus padres y a su hijo de 13 años.
Posteriormente, Thin Tinh relató que los dueños chinos de «Importadora y exportadora Mahel» cambiaron todo lo acordado y que vivió más de dos años en una bodega del local, que no tenía sueldo y que le tenían su pasaporte retenido.
Los sujetos la obligaban a limpiar y trasladar mercadería, además de hacerse cargo de labores domésticas de los dueños. En aquel período, Tinh tuvo un hijo.
Su abogado, Manuel Contreras, señaló que «al pequeño lo tenía que andar trayendo en brazos para todos lados. Le pusieron una cuna en el mismo local, a vista de toda la gente que entraba. Hasta ahora, el niño tiene enfermedades respiratorias producto de haberse expuesto al frío y humedad de la bodega».
En mayo de 2020 se conoció el caso de la mujer luego de que los empleadores la echaran del local. Una compañera de trabajo, de nacionalidad chilena, le ayudó a realizar la denuncia en Carabineros.
Asociación de las AFP, Alejandra Cox, se mostró partidaria de extender la edad de jubilación en las personas, todo ello en medio de los retiros del 10% aprobados para subsanar las consecuencias de la pandemia.
Según dijo la directiva a Chilevisión y CNN, la edad «debería ser más que 65 años» como rige actualmente para los hombres, argumentando que son las propias personas las que están retrasando el retiro de la vida laboral.
«Son las propias personas las que están retrasando la edad para pensionarse. Creo que se debe anunciar que esto irá aumentando lentamente en el tiempo», dijo.
Asimismo, remarcó que los cambios en la sociedad hacen que «una persona que hoy tiene 25 años, sepa que la probabilidad de pensionarse a los 65 es cero».
Cox enfatizó en que «tenemos que potenciarnos como activos en la medida que la salud lo permita», poniendo como ejemplos a reconocidos personajes de las letras y política nacional.
«Hablamos de un Nicanor Parra que trabajó hasta los 103 años, Michelle Bachelet (69) lo sigue haciendo. Ricardo Lagos (83) y Humberto Maturana (92), a quien acabamos de perder», manifestó.
La presidenta destacó que «hoy podemos recibir una pensión, pero si seguimos trabajando aumentamos nuestros ingresos en la medida de lo posible».
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil conversó con Matías del Río en Medianoche sobre la reunión que mantuvo la CPC con el ministro del Trabajo para instar al trabajo conjunto para la generación de más empleo para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.
Juan Sutil señaló que la reciente encuesta realizada por la Universidad Católica sobre la recuperación de empleos «es una buena noticia, porque se han recuperado 1.100 mil», de los 2,4 millones de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la pandemia, aunque también «confirma la precariedad en empleos femeninos y otros sectores postergados».
El presidente de la CPC explicó que esta reunión con el encargado de la cartera de trabajo, se realizó para ver «cómo implementar mayores y mejores medidas para mejorar el empleo».
Sutil también comentó que «los empleos formales son los que permiten de alguna forma tener protección, seguridad social y todo lo que nos pueda conducir a tener mejores índices de desarrollo. Los países que tienen informalidad van perdiendo índices que permiten transitar a una mejor actividad laboral».
Polémicas frases de Rodrigo Ariztía por incentivos sociales:
Por la polémica frase de Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), donde señaló que «gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno», y el rechazó que se generó en el sector, Juan Sutil aseguró que «hay que aclarar las motivaciones por las que la gente no va al trabajo», porque «hay gente que tiene miedo o quiere tener protección para ellos o su familia si hay personas de riesgo», y agregó que «también hay personas que no concurren a la fuerza laboral por sentirse protegidos», y sobre esto explicó que es un tema complejo, porque «se está buscando proteger a la familia para detener la movilidad social y se quede en su casa, y por otro lado va dejando un problema porque hay menos dotaciones para poder concurrir y hacer los trabajos que especialmente requieren algunas empresas que son esenciales».
🌃#MedianocheTVN | Juan Sutil por ayudas sociales en pandemia: «También hay personas que no concurren a la fuerza laboral por sentirse protegidos»
Sobre la frase en sí, Juan Sutil cree que se «le puso connotaciones que iban más allá de lo que quiso decir, que es que quienes han recibido beneficios no concurren a empleos formales y concurren a empleos informales». «Lo importante es que los bonos y beneficios no interfieran en el trabajo formal», agregó.
🌃#MedianocheTVN | Juan Sutil por polémica frase de Ariztía: se «le puso connotaciones que iban más allá de lo que quiso decir (…) Lo importante es que los bonos y beneficios no interfieran en el trabajo formal»
En el mismo tema de las ayudas sociales, explicó que «hay otros grupos, especialmente mujeres, que no tienen corresponsabilidad (en la crianza de los hijos) y no pueden ir a trabajar porque no hay colegios ni guarderías y están solas, y eso explica la caída en el empleo femenino. Y ahí el punto es que ante la situación en que estamos, si queremos proteger a la economía y a la familia se produce esta disyuntiva».
Elecciones del 15 y 16 de mayo:
Sobre las elecciones municipales, de gobernadores regionales y para Convencionales constituyentes, que se realizarán este fin de semana del 15 y 16 de mayo, Sutil señaló que «la sociedad civil debiera de alguna forma, rodear esta convención constituyente con buenas vibras y buenas propuestas para llegar a acuerdos amplios para que el país pase esta crisis», y agregó que «todos en cierta forma estamos poniendo nuestra esperanza en aquello y la Constitución es fundamental para construir el Chile del futuro».
Juan Sutil explicó que cree que el futuro político de esta convención constituyente depende de quien sea elegido, «yo creo que es muy importante que todos los chilenos que somos realmente razonables, elijan buenas personas que nos puedan representar».
🌃#MedianocheTVN | Juan Sutil por elecciones de mayo: «yo creo que es muy importante que todos los chilenos que somos realmente razonables, elijan buenas personas que nos puedan representar»
En el tema de aumento de impuestos para ayudas sociales señaló que «es necesario que la Convención Constituyente refuerce los contenidos de democracia, para consagrar la libertad de emprender, educarse, de prensa, la propiedad privada, y eso son decisiones importantes para el chile del futuro, yo sueño con un chile que vaya al desarrollo» y agregó que la sociedad tiene que organizarse, porque «lo que pasó el 18 de octubre es que una amplia mayoría dijo que quería ciertos cambios, y para eso se requiere confianza, estabilidad y reglas para que la economía se pueda seguir desarrollando.»
Sobre lo mismo, señaló que el denominado «royalty minero» es «casi destruir esa industria y la solución no va en un impuesto puntual». Sutil agregó que hay que revisar este nuevo pacto social, y eso implica la carga tributaria, pero primero hay que revisar ciertas cosas, porque el Estado tiene capturado ciertos sectores y también malgasta a través de malos programas y de mal uso de los recursos».
En opinión de Juan Sutil, es necesario ser prudente y «mirar esto en términos sistémicos, no tenemos que hacernos cargo de problemas inmediatos, Chile tiene los recursos y hay acuerdos para poderlo hacer», y finalizó comentando que «tenemos que mirar el desarrollo, el futuro de forma sistemática y con cambios progresivos en el tiempo».
