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El sueño de muchas adolescentes afganas de retomar su educación se ha frustrado de nuevo este miércoles, solo unas horas después de que las alumnas de más de 12 años pudieran volver a las clases de sus institutos, que desde el pasado agosto permanecían cerrados tras la toma del poder por parte de los talibanes. Después de anunciar la reapertura de los colegios de secundaria y las universidades para las alumnas, el régimen fundamentalista afgano decidió de forma repentina su cierre. Decepcionadas, muchas jóvenes abandonaron las clases entre lágrimas.

“¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué las mujeres y las niñas tenemos que afrontar esta situación?”, se preguntaba la joven afgana Wajiha Amimi, que confesó a la Agencia France Presse (AFP) haber pasado “toda la noche haciendo y rehaciendo su mochila” escolar, emocionada ante la idea de retornar a su instituto. Una profesora de otra escuela femenina de Kabul, el colegio Omara Khan, confirmó que sus alumnas se pusieron a llorar cuando se les conminó a volver a casa después de haberse hecho a la idea de que podrían retomar su educación. En otro instituto de la capital afgana, la escuela Zarghona, las chicas, abatidas, cerraron sus libros y recogieron sus mochilas, también entre lágrimas, según el relato de la misma agencia de prensa.

Algunas estudiantes de un instituto de Kabul protestaron brevemente en la calle tras ser obligadas a abandonar su escuela, según testigos y activistas feministas citadas por AFP. “Se fueron cuando los talibanes llegaron y les dijeron que se marcharan a casa. Fue una manifestación pacífica”, aseguró un comerciante.

El Gobierno afgano no ha dado ninguna explicación clara de su cambio repentino de postura. Antes del anuncio de que las alumnas debían volver a casa, las autoridades habían organizado una ceremonia en la capital para celebrar el inicio del nuevo año escolar para estas adolescentes. El Ministerio de Educación había anunciado la semana pasada que las escuelas secundarias para todos los estudiantes, incluidas las niñas, abrirían este miércoles en todo el país después de meses de restricciones a la educación de las menores en edad escolar. El martes por la noche, un portavoz del Ministerio de Educación incluso publicó un vídeo felicitando a todos los estudiantes por su regreso a las clases.

Sin embargo, este miércoles, los colegios recibieron una nota del Departamento de Educación en el que se ordenaba el cierre de las escuelas para niñas hasta que se elabore un plan de acuerdo con la ley islámica y la cultura afgana, según Bakhtar News, una agencia de noticias del Gobierno afgano. “Informamos a todas las escuelas secundarias de niñas y a las que tienen estudiantes femeninas por encima de sexto curso [12 años] que no tendrán clases hasta próxima orden”, rezaba la nota. En septiembre, algo más de un mes después del derrocamiento del anterior Gobierno afgano y de la toma del poder por parte de los talibanes, los niños de todas las edades y las niñas menores de esa edad empezaron el curso escolar con relativa normalidad.

La única explicación adicional a este anuncio repentino la ofreció el portavoz talibán Aziz Ahmad Rayan, que usó el mismo argumento utilizado hasta ahora para justificar el cierre de los institutos de secundaria y las universidades femeninas, es decir, la necesidad de garantizar que la escolarización de las niñas respete las normas de la religión islámica según la interpretación rigorista de los talibanes, especialmente la separación de sexos. Los activistas por los derechos de las mujeres y de las niñas afganas han argüido estos meses que se trata de un mero pretexto, toda vez que los estudiantes afganos ya estaban segregados por sexos en la mayor parte de los centros educativos incluso antes de la toma del poder por parte de los talibanes.

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“En Afganistán, especialmente en las aldeas, la mentalidad no está preparada”, aseveró Aziz Ahmad Rayan, que aludió luego a “las restricciones culturales” y precisó que los principales portavoces del Emirato Islámico —como se autodenomina el régimen de los talibanes— ofrecerán “mejores explicaciones”. Una fuente de los talibanes entrevistada por France Presse en Kandahar, en el sur del país, cuna del movimiento fundamentalista, recalcó que las autoridades tenían la “responsabilidad de proporcionar educación e instalaciones educativas” apropiadas a los estudiantes.

El Ministerio de Educación afgano ha reconocido también que su administración afronta una escasez de profesores, después de que muchos docentes huyeran del país cuando la guerrilla fundamentalista derrocó al presidente Ashraf Ghani, respaldado por Occidente. “Necesitamos miles de profesores y para resolver este problema estamos intentando contratar nuevos docentes de forma temporal”, dijo el portavoz de los talibanes a la cadena Al Jazeera.

La representante especial de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, ha condenado la decisión de cerrar las escuelas secundarias para niñas y ha aseverado que esta medida “debilita la confianza en el compromiso de los talibanes”. Esta resolución de los fundamentalistas “socava aún más las esperanzas de las familias de un futuro mejor para sus hijas”, ha recalcado en un tuit.

Cuando los talibanes tomaron el poder, la comunidad internacional temió que las niñas se vieran excluidas totalmente de la educación, como ya sucedió durante su anterior periodo en el poder, entre 1996 y 2001. Desde agosto, si bien han permitido la escolarización de las menores en la educación primaria, los talibanes han pospuesto la reapertura de los institutos de secundaria y las universidades para mujeres. La comunidad internacional ha hecho del derecho a la educación para todos los niños afganos, sin distinción de sexo, una de las demandas clave en las negociaciones sobre la ayuda y el reconocimiento del régimen islamista.

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Al calor de la pandemia, el Sahel ha experimentado una cascada de golpes que han acabado con los Gobiernos de Sudán, Chad, Guinea-Conakry, Malí (en dos ocasiones) y recientemente, Burkina Faso. Uno de esos escenarios de los que cualquier país sensato se mantendría alejado si no fuese porque la cercanía geográfica le alcanza, el terrorismo le salpica, y la larga sombra del Kremlin le acecha, como es el caso de la Unión Europea. A esta espiral autoritaria hay que añadir el fracaso de Francia, cuyo Ejército lidera las operaciones militares antiterroristas de la zona, en una guerra de desgaste prolongada en tablas. La expulsión del embajador de Francia en Malí, a raíz de las declaraciones del ministro de Exteriores francés acusando a la Junta Militar de estar en connivencia con los mercenarios rusos del grupo Wagner, representa el último episodio en el deterioro de relaciones que apunta a una posible retirada de las fuerzas armadas francesas.

La situación tiene no pocas resonancias con el Afganistán de ayer y de hoy. Nos encontramos ante países que comparten la receta infalible de la inestabilidad estructural: enfrentamientos interétnicos, millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, un enjambre de grupos insurgentes en colaboración con el Estado Islámico o Al-Qaeda y, como pétreo telón de fondo, gobiernos corruptos y Estados disfuncionales con instituciones incapaces de controlar y cumplir con la sociedad. El triunfo de los talibanes en Afganistán los ha convertido en referente a seguir, y las milicias yihadistas que operan en el Sahel se hacen eco en sus exigencias: expulsar a las tropas internacionales, acabar con los gobiernos seculares, imponer la sharía en todo su rigor bajo la tutela de la hisba (la policía moral islámica) y, de nuevo, el sometimiento de la mujer como seña de identidad innegociable. En el centro de Malí, informa International Crisis Group, el Grupo por el Apoyo del Islam y de los Musulmanes azota en público a aquellas que no se cubren con el hiyab o el niqab.

El ingrediente final lo aporta la presencia expansiva de Rusia a través de la compañía de fuerzas paramilitares Wagner, activa en países vulnerables como Mozambique, probablemente ahora en Malí, o la República Centroafricana, donde el ruso Valery Zakharov ha sido elegido asesor de seguridad nacional. Una presencia nominalmente justificada para combatir el yihadismo y, de paso, proteger los regímenes autocráticos.

Todo ello, unido a la creciente simpatía de la población local hacia sus dictadores y mercenarios rusos, debería llamar nuestra atención, actualmente centrada en Ucrania, pues como afirma el general Didier Castres en una tribuna de Le Monde, “con la irrupción de Wagner en Malí, asistimos a la aparición de una especie de far west de las relaciones internacionales”. Como ocurrió en su momento en Afganistán. @evabor3

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Francia, la antigua potencia colonial en África, afronta uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas en este continente. La ruptura entre París y la junta militar que gobierna Malí han llevado al presidente Emmanuel Macron a intensificar los preparativos para una retirada total de las tropas francesas e internacionales.

Nada está decidido, pero los equipos de Macron consultan con sus socios europeos e internacionales ante una posible salida del país donde hace nueve años empezó la misión antiterrorista en la región del Sahel. La retirada de Malí, en medio de un creciente sentimiento antifrancés en la región y un contexto de pulso en África con la pujante China y con Rusia, reaviva el espectro de la retirada el pasado verano de Estados Unidos de Afganistán tras una guerra de 20 años.

Las diferencias entre el Sahel y Afganistán son significativas: desde la densidad de la presencia y el número de bajas occidentales hasta el hecho de que la intervención en el Sahel empezó a petición de Malí para frenar el avance yihadista. Pero Francia, en plena campaña electoral y al frente del Consejo de la UE durante este semestre, afronta el riesgo de una humillación en un continente en el que, incluso décadas después de la descolonización, preservó poderosas redes de influencia económica, política y militar.

“No tiene sentido mantener la presencia [en Malí] cuando no podemos actuar de manera eficaz sobre la amenaza”, dice una fuente diplomática francesa que requiere anonimato. “Seguir en un lugar no es un fin en sí. Hay que seguir, pero solo donde podamos tener las palancas para actuar. Y donde no se reúnen las condiciones para una acción eficaz sobre los grupos terroristas no hay que buscar seguir a toda costa”.

La retirada de Malí, si acaba concretándose, no implica la retirada de toda la zona. “Luchar contra estas dos organizaciones [Al Qaeda y Estado Islámico] no se resume a estar en Malí”, dice la citada fuente. Y añade: “Hay que pensar en un dispositivo más ágil que puede afrontar la amenaza terrorista a escala de los países de la región”.

El detonante de la crisis actual fue la expulsión, el martes, de Joël Meyer, embajador francés en Bamako. La expulsión llegó después de que el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, calificase de “junta ilegítima” a los gobernantes malienses. La junta ocupa el poder como resultado de un doble golpe de Estado y es objeto de sanciones por parte de la UE y la Comunidad de Estados del África Occidental.

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El régimen de Bamako también ha ordenado la retirada del contingente danés que debía unirse a Takuba, la operación de fuerzas especiales que actúa en el Sahel que debe sustituir, con menos tropas y más eficientes, a la más robusta Operación Barkhane. A esta operación marcadamente antiterrorista se suma la misión de formación de la UE y la de estabilización de la ONU.

Francia denuncia la presencia en Malí de mercenarios de la empresa rusa Wagner, supuestamente amparados por el Kremlin. “Es inconcebible que el ejército francés esté ligado directa o indirectamente a Wagner”, dice la citada fuente diplomática francesa. “Es un grupo con un comportamiento de milicia y que trabaja con reglas de actuación que no tienen nada que ver con las nuestras”.

El profundo deterioro de las relaciones entre Bamako y París se nutre de un creciente sentimiento antifrancés que cala en toda la región. Las protestas previas a los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso y las manifestaciones de celebración posteriores estaban llenas de eslóganes contra la presencia militar gala en el Sahel. El bloqueo del convoy de Barkhane en Burkina Faso y Níger el pasado mes de noviembre refleja este rechazo.

“La situación en materia de seguridad no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado gravemente. Por eso, mucha gente se cuestiona la sinceridad de la intervención militar francesa, de sus intenciones”, asegura Gilles Yabi, analista político responsable del think tank Wathi. “No es solo el fracaso de Barkhane”, prosigue este experto, “también hay viejos resentimientos, formas inadecuadas a la hora de expresarse por parte de algunos ministros que confirman el prejuicio de una tradicional arrogancia o poderosos vínculos con las élites africanas que trasladan la sensación de que es París quien dirige la política”.

En Senegal, un país por ahora alejado de la violencia yihadista, el líder opositor Ousmane Sonko, cuyos buenos resultados en las recientes elecciones locales le convierten en un serio aspirante a la presidencia en 2024, ha integrado el rechazo a Francia como uno de los ejes de su discurso. En el estallido de cólera popular de hace un año en Dakar y otras ciudades del país los saqueos no fueron generalizados: afectaron solo a gasolineras y supermercados de empresas francesas.

En este contexto, de confirmarse la salida de las tropas francesas de Malí y con la debilitada Burkina Faso en plena recomposición tras el golpe de Estado del 24 de enero las miradas se dirigen a Níger como nuevo bastión francés en el Sahel central, pues allí ya se concentra buena parte de los medios aéreos de Barkhane y de Estados Unidos.

Los desafíos son enormes. El rechazo a la presencia militar extranjera está extendido también en este país y su Gobierno teme que este sentimiento se acreciente si se intensifica el ir y venir de fuerzas occidentales. “Níger tiene una larga tradición de fuerte influencia del Ejército en la política y sus autoridades saben que no están exentas de un riesgo de golpe, como en Malí o Burkina Faso”, explica Yabi.

Una parte del rechazo a Francia y por extensión a la presencia occidental en el Sahel está espoleada por activistas prorrusia. Este país se ha propuesto recuperar el terreno perdido desde la época de la Unión Soviética con intervenciones militares trufadas con la presencia de mercenarios de compañías privadas.

El ocaso de la ‘Françafrique’

Emmanuel Macron llegó al poder en 2017 con la voluntad de renovar la política africana de Francia. La vieja estrategia venía marcada por el colonialismo y, a partir de los años sesenta, por la descolonización y los lazos estrechos que el general Charles De Gaulle y sus sucesores establecieron con los regímenes africanos. Fue en aquellos años cuando se consolidó la imagen de la llamada Françafrique, la tupida red de intereses económicos, militares y políticos —intereses no siempre confesables— entre París y las capitales del África francófona.

África fue un pilar de la influencia global francesa, según Antoine Glaser, coautor junto a Pascal Airault del libro Le piège africain de Macron (La trampa africana de Macron, 2021). “Cuando uno es presidente de la República francesa”, dice Glaser, “¿a qué debe su diplomacia de influencia? Al sillón permanente en el Consejo de seguridad de la ONU, a la potencia nuclear y al hecho de ser una potencia africana”.

Pero en una África globalizada y con una potencia como China ganando terreno, la Françafrique es cosa del pasado.

«La Françafrique no me obsesiona. Es algo que pasará. Es generacional”, declaró Macron en una entrevista publicada en el libro de Glaser y Airault. “En mi opinión”, dice ahora Glaser por teléfono, “se está pasando una página histórica”. Y añade: “Es como si Francia fuese un gran barco: siguió siendo influyente en determinados países como si aún estuviésemos en la época pos-colonial, pero ahora estamos en algo del todo distinto”. 

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Los próximos meses se presentan para Afganistán bajo el signo de la tragedia. Al colapso de la economía propiciado por la victoria talibán, se suma la hambruna causada por una excepcional sequía y todo ello envuelto en el desentendimiento internacional. El ministro del Interior, todavía reclamado por el FBI, promete acabar con el terrorismo si el Emirato talibán es reconocido. Y en espera de ello, el ‘número dos’ del régimen, el mulá Baradar, lanza una llamada a las “obligaciones humanitarias” del mundo, exentas de “prejuicios políticos”. Lástima que ese humanismo no incluya a las mujeres. La restricción de sus libertades aumenta semana tras semana, con medidas que van del cierre de las escuelas secundarias para niñas a una obligación en ascenso de cubrirse en la senda del burka. En esta deriva lo anecdótico deviene símbolo y las tiendas prohíben las figuras integrales de maniquíes cuyas cabezas son cortadas. Para las que se atrevan a protestar: redadas, palizas y desapariciones. Proliferan los casos de activistas identificadas, buscadas y sacadas de sus casas. Un círculo vicioso de penuria y persecución.

Por su parte, el vecino Pakistán comienza a acusar los efectos indeseados del prolongado apoyo a los talibanes y de una estrategia visiblemente fallida que distingue entre “buenos y malos” talibanes, entre grupos yihadistas útiles en las guerras externas por delegación (Afganistán, Cachemira) y abominables por atentar en territorio nacional. En las actuales circunstancias, los “buenos” y los “malos” se apoyan y operan desde Afganistán. Ni siquiera ha servido la valla fronteriza levantada por las autoridades paquistaníes, provocando de un lado un desvío migratorio hacia Turquía, con Europa como destino, y por otro la ira de los pastunes afganos que no reconocen la legalidad de la frontera y siguen anhelando una nación que acoja a los 50 millones de pastunes que viven entre ambos países. La reacción no se ha hecho esperar y por las redes circulan videos en los que se puede ver a oficiales talibanes retirando tramos de la verja e imprecando a los militares paquistaníes.

El episodio ilustra una mutua desconfianza que trasciende al pragmatismo de la antigua alianza, y se suma a la preocupante talibanización de Pakistán, cuyo primer ministro, Imran Khan, se ha plegado ante las movilizaciones callejeras. Las protagoniza Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un grupo que tiene en la lucha a muerte contra la blasfemia su leitmotiv y que a pesar de su reciente creación en las elecciones del 2018 pasó a ser la quinta fuerza política. Pekín mientras tanto reconoce la necesidad de colaborar con la comunidad internacional, mantiene prudentemente un perfil bajo, y confía en la amistad con Irán, Rusia y Pakistán. Por el momento las únicas certezas son la inminente crisis humanitaria y el olvido de Afganistán. @evabor3

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Las mentiras comenzaron pronto. Dos semanas después del 11-S, un periodista preguntó a Donald Rumsfeld en el Pentágono si contemplaba difundir falsedades en los medios sobre las operaciones militares de la recién iniciada campaña de Afganistán con el propósito de confundir al enemigo. El viejo halcón, secretario de Defensa con Gerald Ford y con Bush hijo, citó a Churchill (“En la guerra, la verdad es tan preciosa, que siempre hay que protegerla con un cortejo de mentiras”), desenfundó una de sus irónicas sonrisas y disparó: “La respuesta es no. No puedo imaginar que eso suceda”.

Pero sucedió. Y no solo esa vez. Aquella fue la primera piedra de un edificio de embustes construido durante casi 20 años. Un edificio que alcanzó una de sus cotas más altas a finales de 2014, cuando Barack Obama, sabiendo que no era verdad, declaró: “Nuestra misión de combate en Afganistán está terminando, y la guerra más larga de la historia estadounidense se acerca a un final responsable”. Ese final se hizo esperar en realidad seis años y ocho meses. Y muy pocos calificarían de “responsable” la caótica retirada en agosto pasado ordenada por Joe Biden, una decisión de devastadoras consecuencias para el país centroasiático. Controlado por los talibanes, que han cercenado los derechos de las mujeres, Afganistán se asoma este invierno al vértigo de la hambruna.

El 31 de agosto de 2021, fecha límite para la retirada, Craig Whitlock publicó Los papeles de Afganistán. Historia secreta de la guerra (que ahora edita Crítica en español), un libro que desenmascara esas dos décadas de falacias. El grueso de sus revelaciones había aparecido en 2019 en The Washington Post, el diario para el que este reportero de 53 años trabaja como periodista de investigación. Whitlock accedió a más de dos mil páginas de entrevistas llevadas a cabo bajo el radar con 428 personas que desempeñaron un papel directo en la guerra y que hablaban abiertamente a su regreso del frente. Las transcripciones, documentos públicos no accesibles al público, demostraban lo que muchos, él también, ya sospechaban: que presidentes y altos funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono de tres administraciones se dedicaron a tergiversar, dar falsas esperanzas y disimular los reveses militares. Que coroneles y embajadores se conjuraron para encubrir las malas noticias. Y que pronto la mentira se hizo tan grande que nadie se atrevió a desandar su camino. También, que para entonces, la opinión pública estadounidense, que había apoyado casi unánimemente la decisión de ir a la guerra entre los restos aún humeantes de las Torres Gemelas, ya no estaba prestando atención, harta de conflictos en lugares que ni siquiera sabía situar en el mapa.

El reportero Craig Whitlock retratado en Washington.
El reportero Craig Whitlock retratado en Washington.Marvin Joseph (The Washington Post)

“El pecado original fue entrar en Afganistán sin un plan claro sobre cómo salir”, explicó Whitlock el viernes en un café de Silver Spring, en el Estado de Maryland, en la práctica, un suburbio residencial de la ciudad de Washington. “Siempre se mostraron vagos sobre lo que pretendían. Si se trataba de acabar con Al Qaeda, bastaron seis meses para que Estados Unidos asesinara o echara a sus líderes del país, incluido Bin Laden, que huyó a Pakistán. En aquel momento el enemigo ya había cambiado: eran los talibanes y otros insurgentes, esa gente a la que no sabíamos muy bien cómo nombrar pero que disparaba a nuestros soldados. ¿Se trataba entonces de acabar con los talibanes? ¿O de fortalecer el Gobierno afgano y de fomentar la democracia? Decían que nos quedaríamos hasta estar seguros de que nunca habría otro ataque como el del 11-S. Así que Bush, Obama y Trump (que llegó convencido de sacar a las tropas) vivían en el temor a equivocarse: ¿Y si ordenaban la retirada y después se producía un ataque?”. Así se cocinó la receta para una guerra sin fin.

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Las entrevistas de los Papeles de Afganistán pertenecían al Proyecto Lessons Learned (Lecciones aprendidas), iniciativa de una opaca agencia federal para tratar de entender en qué momento se torció todo. Whitlock, que llevaba en el Post la cartera de defensa, recibió en 2016 de una fuente la pista de que un organismo llamado Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán había interrogado in extenso a Michael Flynn, que comandó la inteligencia militar de Estados Unidos y la OTAN en el país centroasiático. Dado que Flynn sonaba como uno de los hombres fuertes del nuevo gabinete de Donald Trump (fue su primer y efímero consejero de Seguridad Nacional), el periodista pensó que sería interesante conocer sus opiniones sin filtros sobre un conflicto que, 15 años después, había batido ya las marcas de un país belicoso. Pidió acceso a esa entrevista. Y se lo prometieron, porque, después de todo, no era material clasificado. Luego se echaron atrás. Ese cambio de idea hizo que Whitlock sospechara que bajo la punta de Flynn se escondía un iceberg de información sensible. Ahí comenzó una cruzada legal, que incluyó dos demandas amparadas en la Ley de Libertad de Información, para acceder a esos papeles.

Una de los documentos de los Papeles de Afganistán, correspondiente a una entrevista con el embajador Richard Boucher.
Una de los documentos de los Papeles de Afganistán, correspondiente a una entrevista con el embajador Richard Boucher.

Cuando finalmente pudo bucear en ellos, comparó lo que aquellos con responsabilidad habían dicho en público, muchas veces en presencia de reporteros como él, en Washington o sobre el terreno, con cómo lo contaron a la grabadora de Lessons Learned. Descubrió a generales de tres estrellas confesando que “al principio no había ningún plan de campaña” o a las autoridades negando que el vicepresidente Dick Cheney fuera objeto en 2007 de un fallido ataque suicida en la base aérea de Bagram, pese a que contaban con evidencias de lo contrario. Había voces que pusieron pronto en duda la viabilidad de crear un Gobierno democrático en Afganistán y hasta un diplomático, Robert Finn, embajador en Kabul entre 2002 y 2003, que advirtió sobre lo imposible del plan de resolver aquella misión “en uno o dos años”. “Yo les dije que tendríamos suerte si salíamos en veinte”.

Para Whitlock, el valor de esos documentos está “en que los protagonistas hablaban sin cortapisas, porque sus superiores les habían pedido exactamente eso”. “El programa empezó en 2014, cuando querían pensar que el final de la guerra estaba cerca, así que trataban de ser sinceros sobre lo que pasó, para extraer enseñanzas. Cuando sacamos esos papeles a la luz, la opinión pública supo que los generales a cargo de la guerra no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y que además les habían mentido sin escrúpulos”, cuenta el periodista, que completó su investigación con entrevistas de historia oral encargadas por estamentos militares, diplomáticos y docentes, así como de cientos de memorandos de la época de Rumsfeld (2001-2006), breves y contundentes documentos que en el Departamento de Defensa conocían con el sobrenombre de “copos de nieve”, por su forma, lenta pero inexorable, de caer sobre las mesas de sus subordinados.

Memorando de Donald Rumsfeld enviado el 8 de septiembre de 2003.
Memorando de Donald Rumsfeld enviado el 8 de septiembre de 2003.

El libro se puede leer también como un compendio de la desfachatez política y militar que no entendió de bandos. “En las primeras semanas de la guerra”, recuerda Whitlock, “Bush dijo: ‘Hemos aprendido nuestras lecciones en Vietnam. No nos vamos a quedar atascados como entonces’. También aseguró que habían estudiado lo que británicos y soviéticos hicieron mal en Afganistán, y que la idea nunca sería ocupar el país con 100.000 soldados”. Esa fue exactamente la cantidad de tropas que acabaría desplegando Obama.

A la pregunta de cuál de los presidentes lo hizo peor, el reportero no supo escoger: “Todos cometieron errores fundamentales. Bush se equivocó al excluir a los talibanes de la conferencia de Bonn [por el futuro de Afganistán, celebrada en noviembre de 2001] y al dar en 2003 la contienda por ganada demasiado pronto. Pecó de exceso de confianza y después fue difícil desdecirse. Pero embarcarse al mismo tiempo en la guerra de Irak fue seguramente la peor de sus ideas”, opina. “La Administración de Obama, que heredó el desaguisado de su antecesor, erró en su estrategia de alimentar la contrainsurgencia. No quiso ver que a muchos afganos, contrarios a los talibanes, tampoco les gustaba su propio Gobierno, apoyado por los americanos, que consideraban corrupto. Mandó demasiados soldados y gastó muchísimo dinero”. ¿Y Trump? “El quería retirar las tropas, pero pronto se dio cuenta de que no era fácil y de que no quería ser el presidente que perdiera la guerra, así que dejó un contingente mucho menor. Murieron menos estadounidenses, pero la cosa empeoró para los afganos, porque aumentaron los bombardeos sobre la población”.

Whitlock también ofrece jugosos detalles sobre el asesinato de Bin Laden en 2011, el presidente Hamid Karzai (“lo pusieron porque les gustaba su inglés y su aire sofisticado, pero pronto se convirtió en un problema que no supieron cómo resolver”), las tiranteces, a veces rayanas en el absurdo, en el seno de la coalición aliada, el compadreo con los señores de la guerra y los mecanismos de la corrupción en el país, que alimentó la política estadounidense de gasto sin control. “Nuestro mayor proyecto, desgraciadamente y sin quererlo, por supuesto, puede que haya sido el desarrollo de la corrupción masiva”, se lamenta un diplomático en una confesión a Lessons Learned. “Nos estaban robando a manos llenas”, dice por su parte Flynn en otra entrevista. Los papeles de Afganistán contiene además sendas antologías del eufemismo (“No estamos perdiendo, pero en algunas zonas estamos ganando más lentamente que en otras”, dijo David McKiernan, el primer general en admitir que la guerra no iba bien, poco antes de ser destituido en 2009) y del disparate, mezcla de imprudencia e ignorancia y fruto de la incomprensión de un país en el que Estados Unidos no contaba con Embajada desde 1989.

Sirvan dos anécdotas para ilustrarlo. En 2006, alguien creyó que era buena idea regalar con fines propagandísticos miles de balones de fútbol con versículos del Corán impresos, lo que desató airadas protestas: andar a patadas con las palabras sagradas no suele ser buena idea en un país musulmán, escribe Whitlock. En otra ocasión, se diseñó una campaña destinada a mejorar la higiene de los afganos. “Fue un insulto para la gente. Aquí se lavan las manos cinco veces al día para rezar”, explicó a Lessons Learned Tooryalai Wesa, que fue gobernador de la provincia de Kandahar entre 2008 y 2015. “En su entrevista”, añadió Whitlock durante la charla con EL PAÍS, “el general Flynn se tiraba de los pelos recordando el caso de aquel alto mando que aprendió pastún para conseguir que lo destinaran a Afganistán, y, cuatro meses después de lograrlo, lo mandaron a Japón. Es un inmejorable ejemplo de la tiranía de la burocracia, que alentaba la rotación por encima de la especialización sobre el terreno. También ilustra el escaso interés que tenían muchos esos militares en entender el país, no digamos ya en hablar alguna de sus lenguas”.

Evacuación de civiles en el aeropuerto internacional Hamid Karzai, en Kabul, el 22 de agosto de 2021.
Evacuación de civiles en el aeropuerto internacional Hamid Karzai, en Kabul, el 22 de agosto de 2021.US MARINES (via REUTERS)

Para el reportero, ese desconocimiento aún persiste. Él mismo se pone de ejemplo: no le sorprendió que los talibanes tomaran de nuevo Afganistán cuando Biden, que fue vicepresidente en los años en los que las bajas fueron más onerosas para Estados Unidos, anunció la retirada. Pero nunca pensó que eso sucedería tan rápido, “teniendo en cuenta todo el dinero que Estados Unidos había gastado en formar un ejército afgano [83.000 millones de dólares, más de 70.000 millones de euros, invertidos en la formación de los 300.000 efectivos]”. “La ironía es que Biden coincidía con Trump en su deseo de acabar la guerra”, continúa. “Creo que sabía que no había modo de ganarla. Y acabó creando un terrible caos. Él y sus generales pensaron que los talibanes tardarían unos meses o un año en volver al poder. Que tal vez pactarían con [el presidente Ashraf] Ghani, y que habría tiempo para evacuar a los estadounidenses y sus aliados. Podían haber empezado antes, pero Biden temía que el pánico se adueñara de los afganos. Lo que acabó pasando fue casi peor. ¿Había una manera sencilla de acabar con esa aventura? No, pero seguramente tampoco había una manera más desastrosa”.

El periodista no duda de que “los talibanes, con toda su brutalidad, controlarán el país durante una temporada, y que Washington debe asumirlo y trabajar a partir de ahí”. “Será un tiempo terrible, sobre todo para las mujeres y las minorías religiosas. Espero que al menos haya una cierta estabilidad. Los afganos están cansados de la guerra; llevan 40 años metidos en ella. Hay conversaciones en marcha sobre cómo evitar una horrible hambruna, y la gran cuestión es cómo sortear el colapso económico. El país lleva demasiado tiempo dependiendo de la ayuda exterior”.

Whitlock puso punto final a su libro en marzo de 2021. Para la edición en bolsillo piensa añadir un capítulo con lo sucedido desde entonces. Entre tanto, trata con los abogados de The Washington Post de conseguir más papeles de Afganistán, las entrevistas de Lessons Learned posteriores a 2018, aún a sabiendas de que gracias a su empeño los militares estarán respondiendo ahora con mucha mayor cautela.

El precedente de los ‘Papeles del Pentágono’

Daniel Ellsberg, el filtrador de los papeles del Pentágono en 1971.
Daniel Ellsberg, el filtrador de los papeles del Pentágono en 1971. BETTMAN ARCHIVE

Craig Whitlock abre su libro con una cita del juez del Supremo Hugo L. Black, pronunciada en 1971, durante el juicio por los Papeles del Pentágono, en el que el alto tribunal falló que el Gobierno no podía impedir a The New York Times o The Washington Post publicar los secretos del Departamento de Defensa sobre la guerra de Vietnam, filtrados por Daniel Ellsberg. «Hay fuertes similitudes y obvias diferencias entre los dos casos», opina Whitlock. «Los Papeles del Pentágono también eran la historia secreta de una guerra estadounidense en el extranjero, pero aquellos estaban clasificados. Los documentos que yo obtuve son públicos, aunque no estuvieran accesibles. Antes o después los iban a poner en conocimiento de los ciudadanos. Los Papeles del Pentágono nunca se pensó que dejaran de ser alto secreto».

Aquel material se filtró, insiste el reportero. «Tampoco eran entrevistas, sino cables y memorandos, la historia escrita de un número reducido de miembros del Pentágono sobre cómo Estados Unidos se enredó en Vietnam». En ambos casos, añade, la historia se puede reducir a un mismo enunciado: «un Gobierno que miente a sus ciudadanos para ocultar la realidad de una aventura militar». «Para un presidente admitir que está perdiendo la guerra es sencillamente demasiado, así que se enredan en los embustes. Y cuando al final son descubiertos es diez veces peor, porque al pecado de la derrota, la opinión pública le sumará el de la traición». 

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A.N. se ha ido a vivir a casa de un hermano de su marido. Considera que es lo más seguro después de la desaparición de dos mujeres que, como ella, participaron el pasado domingo en una protesta en Kabul contra las restricciones que les imponen los talibanes. No hay noticias de Tamana Zaryab Paryani y Parvaneh Ibrahimkhel desde que el miércoles por la noche unos hombres armados las sacaran por la fuerza de sus domicilios. A.N. y otras activistas afganas alertan de que la represión se está extendiendo.

“Las mujeres que protestamos estamos acostumbradas a las amenazas y los problemas”, confía A. N. a EL PAÍS. Pero lo ocurrido a Ibrahimkhel y Paryani resulta más grave. Nadie sabe dónde están. Los talibanes han negado haberlas detenido. Sin embargo, los hombres que se las llevaron se identificaron como miembros del “departamento de inteligencia” de la milicia. La interlocutora teme por sus vidas.

Antes de su detención, Paryani logró grabar un vídeo en su móvil en el que pedía auxilio y que difundió la agencia Aamaj News. “Ayuda, por favor, los talibanes se han presentado en nuestra casa… Solo mis hermanas están en casa”, se la oye decir muy nerviosa. De acuerdo con algunos testigos citados por los medios locales, también detuvieron a las dos hermanas de Tamana que no participaron en las protestas.

El portavoz de la policía de Kabul, el general talibán Mobin Khan, se ha burlado en Twitter del vídeo que tacha de “montaje”. Por su parte, Khalil Hamraz, vocero de la Dirección General de Inteligencia, ha acusado a las activistas de “difamar a los nuevos gobernantes de Afganistán y sus fuerzas de seguridad para obtener asilo en Occidente”.

Hamraz ha advertido que “ya no se van a tolerar los insultos a los valores nacionales y religiosos de los afganos”. Sus palabras se interpretan como una referencia a la manifestación del domingo, en la que al parecer Paryani prendió fuego a un burka, el sayón que cubre el cuerpo de las mujeres de la cabeza a los pies con apenas una rejilla a la altura de los ojos.

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Aunque oficialmente los talibanes no han impuesto el burka, cada vez hay más carteles y recomendaciones en ese sentido. En la última protesta, además de reclamar “igualdad de derechos” y “justicia”, las mujeres también se quejaron de la imposición de “velos y túnicas”, antes de que los milicianos las dispersaran utilizando espray de pimienta. Al menos una de las manifestantes acabó en el hospital.

Los talibanes se hicieron con el poder el pasado agosto. En sus primeras medidas sólo pidieron que las mujeres respetaran el hiyab, es decir que se cubran el cabello y las formas del cuerpo, pero no impusieron un modelo preciso ni restringieron su libertad de movimientos. Incluso prometieron que, a diferencia de su anterior dictadura (1996-2001) iban a poder estudiar y trabajar. Sin embargo, la realidad les desmiente cada día.

“Dictan lo que las mujeres deben vestir, cómo deben viajar, la segregación por sexo en el trabajo e incluso el tipo de teléfono que deben usar”, denuncia la organización de derechos Human Rights Watch en un informe referido a la provincia de Ghazni pero que es aplicable al resto del país.

Las afganas no se resignan al oprobio a que les condena el régimen talibán. A pesar de la prohibición de las manifestaciones, han seguido protestando. Cada día es más peligroso. A. N. recibe continuas amenazas en su Facebook.

“Hace poco mi hijo estaba comprando en una tienda cerca de casa, [los talibanes] le dijeron que me habían visto en televisión y que me transmitiera que dejara de hacerlo”, cuenta en un intercambio de mensajes. “Es cierto que son terribles y monstruos, pero este es mi país, no tengo miedo y sigo protestando. Aprendí de mi madre que se enfrentó a los talibanes hace 20 años, a pesar de que la golpearon y azotaron varias veces”, concluye.

Reunión en Oslo

EFE, Copenhague

Miembros del Gobierno talibán de Afganistán van a reunirse con representantes de la comunidad internacional y con grupos civiles afganos en Oslo del domingo al martes próximo, informa este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego. Entre los grupos afganos figuran líderes femeninas, periodistas y personas involucradas en cuestiones de derechos humanos, ayuda humanitaria y temas económicos, sociales y políticos, según el comunicado.

«Estamos muy preocupados por la grave situación en Afganistán. Es una catástrofe humanitaria a gran escala para millones de personas. Para ayudar a los civiles en Afganistán, la comunidad internacional y afganos de distintos grupos sociales deben dialogar con los talibanes», afirma la ministra noruega de Exteriores, Anniken Huitfeldt.

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La ONU ha pedido este martes 5.000 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) para evitar la catástrofe humana en Afganistán. Se trata del mayor llamamiento humanitario para un país en la historia de la organización. Su objetivo es brindar ayuda vital a 23 millones de personas dentro de Afganistán, y apoyar a los 6 millones de afganos desplazados en los países vecinos y a las comunidades que los acogen. El reto es doble: los donantes no solo tienen que mostrar su generosidad, sino lograr un entendimiento con el régimen talibán que permita hacer efectiva la ayuda.

Durante la presentación del Plan de Respuesta Humanitaria para Afganistán (que puede consultarse aquí) los representantes de las diferentes agencias de Naciones Unidas han reiterado las escandalosas cifras del desastre que afronta el país asiático. Al menos 23 millones de sus casi 40 millones de habitantes pasan hambre, con cerca de 9 millones a un paso de la hambruna. Un millón de niños de menos de cinco años corren el riesgo de morir de malnutrición. Las condiciones son especialmente graves para los 3,5 millones de desplazados internos que están pasando el invierno en tiendas o asentamientos informales sin suficiente abrigo.

Esa situación, explica la ONU, es “el resultado de décadas de conflicto, desastres naturales recurrentes (incluida la peor sequía en tres décadas), una economía en caída libre, la falta de recuperación de crisis pasadas y la incertidumbre añadida de los últimos acontecimientos políticos”. La fragilidad del país, el 75% de su gasto público dependía de la asistencia internacional, se hizo evidente cuando los Gobiernos occidentales decidieron interrumpir su ayuda y congelar los haberes afganos en respuesta a la toma del poder por los talibanes. El Plan de Respuesta Humanitaria intenta evitar el colapso de las infraestructuras básicas en salud, educación o electricidad.

Ya antes de la llegada de los fundamentalistas, la mitad de la población vivía bajo la línea de pobreza. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas ha advertido de que el 97% de los afganos estará en esa situación para mediados de este año.

El conflicto armado ha remitido desde entonces. Sin embargo, los afganos siguen huyendo tanto por las carencias como por el miedo a las represalias de los talibanes y su forma de gobierno, un autoritarismo de inspiración religiosa sin marco legal estable. Su crueldad resulta especialmente evidente en el trato a las mujeres. Desde que se hicieron con el poder, han restringido su acceso al trabajo y a la educación, puesto trabas a su movilidad y cerrado las instituciones que prestaban ayuda a viudas, divorciadas o maltratadas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene registrados como tales a 2,2 millones de afganos y estima que otros 4 millones se encuentran alojados con diferentes condiciones en países vecinos, la mayoría en Irán y Pakistán. De ahí que el llamamiento de la ONU incluya 623 millones de dólares para apoyar a las comunidades de acogida.

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Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, una ONG con 1.400 empleados sobre el terreno), ha recordado en un comunicado que la “ayuda humanitaria es un salvavidas para Afganistán y una responsabilidad conjunta de todos”. No obstante, también ha precisado que el “llamamiento carecerá de sentido si el mundo exterior y el Gobierno talibán no trabajan con rapidez para asegurar el acceso al dinero en efectivo dentro del país”.

Los talibanes han desplegado todos sus esfuerzos diplomáticos para lograr el reconocimiento internacional y tener acceso tanto a las reservas afganas como a la asistencia exterior que frene la caída libre de su economía. Sin embargo, la distancia entre sus declaraciones y sus hechos no han logrado romper el bloqueo. A pesar de haber decretado una amnistía general, raro es el día sin noticias de ejecuciones extrajudiciales (sobre todo de miembros de las antiguas fuerzas de seguridad) o detenciones de personas críticas. En la última semana, han encarcelado a un respetado profesor, Faizullah Jalal, a un periodista, Faisal Modarres, y a varias mujeres sin identificar que protestaron en la provincia de Kapisa.

Tampoco en el terreno político han cumplido con su promesa de formar un Gobierno inclusivo. El 98% de los nombramientos son miembros de la etnia pastún (la minoría más numerosa y de la que se nutren los talibanes), en detrimento del resto de las minorías. Su último gesto, una reunión del ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, con el líder del Frente Nacional de Resistencia (FNR), Ahmad Masud, en Teherán, ha chocado con la misma piedra. Mientras un portavoz talibán anunciaba que el hijo del legendario Ahmad Shah Masud (que se opuso a la invasión soviética) podía volver sin problemas a Afganistán, un portavoz del FNR explicaba que los fundamentalistas “rechazaron sus peticiones de un Gobierno descentralizado con presencia de mujeres, que respete los derechos civiles y la libertad de expresión”.

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