En muchas regiones de Colombia todavía arde la guerra que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC buscaba extinguir. Cinco años después de la firma de ese histórico pacto, los desafíos humanitarios persisten, la violencia se ha recrudecido y ha aumentado el número de conflictos armados internos, señaló este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar su balance anual. Uno de esos seis conflictos que persisten, de acuerdo con el análisis de la organización humanitaria, es el enfrentamiento entre las dos principales facciones disidentes que se apartaron de los acuerdos, que por primera ocasión entra en esa categoría. El escenario puede ser peor en este 2022.
“En 2021, la población afectada por el confinamiento, el desplazamiento masivo y los artefactos explosivos aumentó considerablemente, llegándose a registrar el nivel más alto de los últimos cinco años”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR, que lleva más de 50 años operando sobre el terreno en el país. “Nos preocupa la tendencia al alza que observamos frente al número de víctimas y a la profundización de distintos fenómenos, particularmente porque en los primeros meses de este año la situación humanitaria en Colombia ha seguido empeorando. En 2022, el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado”, agregó.
A pesar del desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy convertidas en un partido político con representación en el Congreso–, todavía sigue activo un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas. “Las comunidades son las que sufren más. Cuando había un número más limitado de actores armados, a nivel territorial para las comunidades era más fácil manejar la situación”, ha dicho Caraffi. “En Colombia tradicionalmente se habla del conflicto, en singular. Pero los conflictos [en plural] tienen partes, y las partes tienen la obligación de respetar el DIH [Derecho Internacional Humanitario] en sus enfrentamientos y hacia la población civil”, explicó.
En varias regiones de Colombia, donde existen todo tipo de economías ilegales, la salida de las extintas FARC dejó un vacío que han venido copando otros actores armados, ante la falta de respuesta estatal. El principal fenómeno en el balance del año pasado ha sido la reestructuración de los grupos armados y la lucha por el control territorial, con un marcado aumento de la conflictividad, ha señalado la organización humanitaria.
De acuerdo con el análisis del CICR, persisten al menos seis conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Tres de ellos son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –más conocidas como el Clan del Golfo, golpeadas por la captura de alias ‘Otoniel’– y las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.
Los otros tres, que se incluyeron en el estudio de lo ocurrido en 2021, son el enfrentamiento entre el ELN y las AGC, además de los que ocurren entre esas estructuras que se apartaron de las negociaciones, bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, con otras dos facciones que se consideran herederas de las FARC. Por un lado, la llamada Segunda Marquetalia, el grupo de disidentes que retomaron las armas bajo el mando de Iván Márquez, el jefe negociador de los rebeldes en los diálogos de La Habana. Y por otro, los Comandos de la Frontera, en un conflicto que ha sacudido el selvático departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú.
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De acuerdo con los datos de la Misión de Verificación de la ONU y del mismo Gobierno, más del 90 por ciento de los firmantes del acuerdo de paz, unos 13.000 exguerrilleros, han cumplido sus compromisos, se mantienen en la legalidad y avanzan en su proceso de reincorporación. Aunque nunca hubo una desbandada, el fuego de las distintas disidencias ha estado alimentado por nuevas dinámicas de reclutamiento forzado, a menudo de menores de edad.
El año pasado la violencia contra la población civil se agudizó en varias regiones del país, lo que generó un “sufrimiento indescriptible”, ha señalado el CICR. Ese deterioro se evidenció, entre otras, con el aumento de las víctimas de artefactos explosivos, así como con el desplazamiento y el confinamiento de poblaciones. Los problemas humanitarios se sobreponen con mucha frecuencia, ha detallado Caraffi, el jefe de la delegación.
Muchas de las cifras consignadas en el informe encienden las alarmas. Casi 53.000 personas se desplazaron de manera masiva en 11 departamentos, lo que representa un incremento del 148% respecto a 2020. En Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, los departamentos que se ubican sobre el corredor del Pacífico, se presentó el 71% de esos eventos de desplazamiento masivo. Además, cerca de 80.000 personas se desplazaron individualmente, que tiende a convertirse en un movimiento más permanente. Por otra parte, los confinamientos afectaron a más de 45.000 personas, un 60 % más con respecto al año pasado.
A pesar de que los esfuerzos de desminado están contemplados en los acuerdos de paz, las 486 víctimas de minas antipersonal y otros tipos de artefactos explosivos en 2021 son el número más alto de los últimos cinco años, la mayoría en Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca.
En un país donde el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 80.000 desaparecidos y el Instituto de Medicina Legal ha calculado hasta 200.000 cuerpos por exhumar, “el fenómeno de la desaparición no es cosa del pasado”, ha recordado también el CICR, que ha apoyado históricamente la búsqueda de los familiares y documentó 168 casos el año pasado, lo que equivale a una desaparición cada dos días.
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