Imprudencias de los mismos ciclistas, conductores de carros y motos son las principales razones de estos siniestros viales.
Noticias Pasto.
A lo largo de los últimos 5 años han sido al menos 8 los ciclistas que han perdido la vida en medio de accidentes de tránsito en la ciudad de Pasto. La mayoría de los casos se han presentado por imprudencia de conductores.
En lo corrido de este 2021 revelaron desde la Administración Municipal que la siniestralidad de los ciclistas corresponde al 8% total de los accidentes en la ciudad.
Así mismo, informaron el 55% de los casos de accidentes en los que están involucrados biciusuarios se presentan por choques o colisiones.
Teniendo las caídas y atropellamiento como las otras causas frecuentes por las que las personas que se movilizan de esta forma han perdido la vida.
Sin embargo llama la atención que en el estudio realizado por las autoridades, ciclistas hombres de la tercera edad son quienes más pierden la vida.
Al menos tres ciclistas fueron atropellados «por conductores que no respetaron la distancia de vida».
Lugares en donde ocurren los accidentes
Villa Adriana – Comuna 12
Chapal – Comuna 6
Daza – Morasurco
Arenal – Catambuco
Parque Bolívar -Comuna 2
Granada – Comuna 6
Torobajo – Comuna 9
Avenida Panamericana – Comuna 9
Principales causas de lesiones
En este apartado se llevan los primeros lugares los ciclistas que se movilizan en la ciudad en contravía. «Es la principal causa de lesiones de gravedad y muerte».
De igual forma, el 66% de las muertes de este tipo de conductores está directamente relacionada con el no respeto de «los sentidos viales».
El 42% de los accidentados han presentado traumas en tórax, abdomen y columna.
«Trauma craneoencefálico es el tipo de lesión más común común reportado por los organismos de salud como causante de muerte in situ».
La mansión del oligarca Roman Abramóvich en Antibes, en la Costa Azul francesa.Albert Garcia
Iba a ser su gran retorno. Después de dos años de pandemia que han mantenido a la mayoría de oligarcas rusos alejados de su lugar favorito de recreo estival, la Costa Azul se preparaba para su regreso. Y con ello, la vuelta a la normalidad de esta región del sureste de Francia de celestes aguas, la de los yates sobredimensionados desde Saint-Tropez a Mónaco y el trasiego de coches de lujo entre fastuosas mansiones,adquiridas no siempre en condiciones claras por los magnates enriquecidos a la sombra del Kremlin. Sin embargo, ya no vendrán. Las fuertes sanciones impuestas a Rusia por su invasión unilateral a Ucrania, que incluyen una lista negra de dirigentes y oligarcas cercanos al presidente Vladímir Putin —cuyos bienes en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos están siendo investigados y congelados—, se han asegurado de que la Riviera francesa sea, a día de hoy, el paraíso perdido de los millonarios rusos.
Como cada invierno, muchas de las persianas permanecen cerradas en Saint-Jean-Cap-Ferrat, un coqueto pueblo al norte de Niza. Se calcula que al menos medio centenar de poderosas familias rusas poseen una mansión en esta localidad a tiro de piedra de Mónaco. “Aquí no hay nadie ahora, los rusos solo vienen en verano”, confirma el dueño de un taller próximo a Villa Shosana, la mansión de Arkadi Rotenberg, cerrada a cal y canto. Este oligarca y su hermano Boris —que también posee varias casas de lujo y hasta un hotel en la Costa Azul francesa— están sancionados por Estados Unidos por su proximidad a Putin.
En Cap-Ferrat se encuentra también la inmensa propiedad de Aleksander Ponomarenko, uno de los 511 nombres de la lista negra europea, al igual que Gennadi Timchenko, considerado por la UE como uno de los “confidentes” de Putin y dueño de una mansión al sur de Cannes. “De todos modos, ni en verano vemos” a los oligarcas, cuenta una vecina, porque permanecen en sus mansiones rodeadas de altos muros y cámaras de vigilancia que impiden cualquier mirada curiosa. Stephan Slazansky, que lleva 20 de sus 60 años asentado en Cap-Ferrat, ha colgado una gran bandera ucrania en su balcón “en apoyo a los ucranios” y “para que se vayan los rusos” del pueblo. “Hay demasiados aquí, desde hace 10 años lo compran todo” en la zona, lamenta este hombre de origen checo al que la invasión trae muy malos recuerdos.
Francia no dice a qué oligarcas rusos tiene en su mira. Pero no permitirá que se le cuele “ni uno”, promete el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Esta semana, anunció la incautación del yate Amore Vero, del principal accionista de Rosneft, Igor Sechin, otro sancionado de la UE. También la policía italiana ha congelado ya villas y yates por al menos 140 millones de euros de oligarcas en la lista negra europea, informa la agencia Reuters.
Aunque sus principales intereses e inversiones estén en Londres o Suiza que, como Mónaco, se ha unido de forma inédita a las sanciones, el corazón de muchos oligarcas rusos —y otros ciudadanos menos poderosos y nada vinculados a Putin— está en una Costa Azul en la que durante décadas desembolsaron cientos de millones de euros para construirse sus mansiones a su capricho o hacerse con las más icónicas, como el Château de la Croëde Roman Abramóvich en Antibes, donde se alojaron Eduardo VIII y su esposa, Wallis Simpson, entre 1938 y 1949.
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Yates de lujo en el puerto de Antibes, en la Costa Azul francesa. Albert Garcia
Un vínculo que viene de largo: en 1856 desembarcó por primera vez en Villefranche-sur-Mer, al lado de Niza, Alejandra Fiódorovna, la viuda del zar Nicolás I. Alegando motivos de salud, su viaje escondía una misión estratégica que resuena hasta hoy: tras la derrota de su marido en la Guerra de Crimea, su hijo y nuevo zar, Alejandro II, buscaba un acceso mediterráneo para su flota y había puesto el ojo en ese puerto en el que Rusia acabaría teniendo en usufructo una base naval hasta 1870. La zarina arrastró a la francófila y aristocracia rusa y muchos nobles eligieron la Riviera gala para pasar los inviernos. Muestra de su huella es la catedral de San Nicolás, la iglesia ortodoxa rusa más grande de Europa occidental, en Niza, construida en el lugar donde murió, en 1865, el hijo mayor de Alejandro II, el zarévich Nicolás Aleksándrovich, enviado a Francia por su mala salud. Ahí se instalaron también muchos rusos blancos que huían de la revolución bolchevique. Hasta hoy, sigue siendo el punto de encuentro de los alrededor de 15.000 miembros de la comunidad rusa en la Costa Azul.
Uno de los primeros oligarcas en retomar la tradición iniciada por los zares fue Borís Berezovski, el aliado de Borís Yeltsin que en 1996 se hizo con el Château de la Garoupe, también en Antibes.
Hasta Putin tiene vínculos con el sur de Francia. En Biarritz, en el País Vasco francés, su exmujer Liudmila tiene una mansión que, dos días después de la invasión ucrania, amaneció con pintadas contra Putin y en apoyo de Ucrania. Una de las dos hijas de la pareja también tiene residencia en Biarritz. Mientras, en la Costa Azul la prensa sitúa sendas viviendas de lujo de al menos dos de sus presuntas antiguas novias, la excampeona olímpica de gimnasia artística Alina Kabáyeva y Svetlana Krivonogikh, adquiridas con una fortuna que nadie parece saber cómo forjaron. Según revelaron los Papeles de Pandora [una investigación periodística sobre la creación de sociedades en países como Panamá], Krivonogikh posee un apartamento de cuatro millones de euros en Mónaco donde, dicen los lugareños, se concentran más rusos por metro cuadrado de toda la Costa Azul y cuyo club de fútbol, el AS Monaco, está también en manos de un ruso, Dmitri Ribolovlev, por el momento no investigado.
Los primeros golpes no han despejado la duda de si las sanciones lograrán su objetivo: provocar una ruptura entre los oligarcas y Putin. Aunque este llegó al poder gracias al apoyo de los millonarios que temían el regreso de los comunistas tras la caída de Yeltsin, el nuevo presidente se encargó de “atacar a todo oligarca con pretensiones políticas”, recuerda la historiadora Françoise Thom. El resultado, dice esta especialista en Rusia, es que “a partir de 2003, Putin consigue dominar a los oligarcas, les hizo comprender que podían seguir haciendo dinero a condición de que fueran instrumentos dóciles del Kremlin”. Por eso, aunque las sanciones atacan uno de los tabúes de los oligarcas, el de “la pasta no me la toques”, como dice el experto en defensa francés Pierre Servent, no está nada claro que los afectados vayan a volverse contra Putin.
Algunos han comenzado a distanciarse de la guerra. “Pero son declaraciones muy flojas y no es una acción organizada”, advierte la historiadora que, aunque piensa que una “revolución de palacio” sería una de las pocas cosas capaces de frenar a Putin, no cree que los oligarcas sean capaces de liderarla. “No están contentos (…), pero son fuerzas solitarias incapaces de una acción concertada porque no tienen un pensamiento político, son depredadores que quieren enriquecerse, me cuesta creer que tengan una responsabilidad política o cívica”, afirma Thom.
Por el momento, su prioridad parece ser salvar lo que puedan. Abramóvich no ha querido esperar a entrar en alguna de las listas negras internacionales: el mismo día en que Putin ordenó atacar Ucrania, hizo que su avión privado despegara de Niza rumbo a Rusia, según el diario Nice-Matin. La barcelonesa Mireia González, que lleva 10 años trabajando en yates de lujo y vive en Antibes, donde muchos de estos “hoteles flotantes”, como los llama, suelen atracar, confirma este intento de evasión. “Se comenta que muchos de los grandes barcos se están yendo para Maldivas o Seychelles“, cuenta antes de dirigirse a su propio barco que, “por suerte, no es de un ruso”, dice aliviada.
Las sanciones, una oportunidad para acabar con los paraísos fiscales
La sección francesa de la ONG Transparencia Internacional espera que las sanciones contra los oligarcas rusos sean un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. “Tenemos la oportunidad de lograr un giro de 180 grados. Hay que aprovecharlo, porque si no, sea Rusia u otro país, en unos años tendremos el mismo problema”, advierte la especialista de la organización Sara Brimbeuf. “La corrupción es un arma estratégica para muchas dictaduras y regímenes cleptócratas y las democracias tienen ahora la ocasión de contrarrestarla”, insiste por teléfono desde París. Pero para ello, alerta, se debe acabar también con los paraísos fiscales y sociedades pantalla tras los que se ocultan muchas fortunas. “Si nos limitamos a emitir una lista que solo contenga una tercera parte de los bienes, porque el resto está escondido tras marañas jurídicas y judiciales, entonces las sanciones no serán eficaces. Se necesita voluntad política”.
Fotografía de archivo fechada el 13 de mayo de 2020 que muestra a dos migrantes venezolanos mientras caminan con sus maletas, en Cali (Colombia).ERNESTO GUZMÁN JR (EFE)
A Yessica Godoy todavía se le quiebra la voz cuando recuerda los dos días en un calabozo tras ser detenida en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. La tarde del 24 de enero todo ocurrió muy rápido. “Habíamos ahorrado mucho para un viaje a Barcelona. Todo estaba chévere, perfecto. De repente la empleada de la aerolínea dice su ‘cédula está cancelada’. No entendía nada, me mandan a Migración verifican que sí son mis huellas, mi nombre, mi firma, insisto que claro, es que soy yo. Pero minutos después me dicen: ‘Señora usted va a ser judicializada’”.
Godoy nació en Venezuela y en 2016, después de migrar al país andino que ha recibido a casi dos millones de migrantes venezolanos, presentó los papeles para nacionalizarse por ser hija de madre colombiana. Obtuvo su cédula de ciudadanía, hizo una carrera de enfermería, abrió un negocio de comidas y ahora esperaba cumplir el sueño de hacer un viaje familiar. Todo con el mismo documento que el pasado enero le dijeron que estaba cancelado por “falsificación de identidad”.
La Registraduría Nacional de Colombia ha cancelado 43.000 cédulas a migrantes hijos de colombianos que se nacionalizaron desde 2014. El registrador Alexander Vega argumentó que se anularon al hacer una depuración para el censo electoral y que hallaron aparentes irregularidades, como falsedades, adulteraciones o falsos testigos. “Se revisaron un poco más de 300.000 registros civiles, con su respectiva cédula, de venezolanos que ingresaron desde el 2014 a la fecha a Colombia aduciendo que tenían padres colombianos para la nacionalidad”, explicó a medios locales.
Gabriela Arenas, directora de la fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y el pensamiento (TAAP) y venezolana a la que también le cancelaron la cédula, dice que ha reunido 5.000 casos en los que se trata de “errores procedimentales y administrativos”. “Hay casos como el de una familia de cinco hermanos que presentaron los mismos testigos y le cancelaron la cédula solo a uno de ellos, gente a la que le anularon el documento por errores cometidos en las registradurías, números de seriales incorrectos o falta de número de folio, temas así”, explica.
El problema es que ante la ausencia de la cédula muchos venezolanos han sido detenidos en la calle, hay pacientes oncológicos que no han podido recibir tratamiento médico y empresarios que tienen bloqueados sus negocios, señala Arenas, que se ha reunido con funcionarios de la Registraduría y ya ha vuelto a presentar todos sus documentos.
Rodrigo Pérez, director nacional de registro civil de la Registraduría dijo a este diario que después de un análisis de seis meses con un grupo de 450 personas, encontraron que 43.000 casos tenían diferentes problemas, como apostillas con vacías o inválidas. “La única posibilidad que tienen es una nueva inscripción que cumpla con los requisitos legales”, ha respondido a este diario
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Algunos de los venezolanos están volviendo a hacer la documentación, pero se quejan de que apostillar documentos en su país es imposible y se encuentran en un callejón sin salida. “La inmensa mayoría de las personas no puede volver a Venezuela, muchos fueron expulsados por persecuciones del régimen de Nicolás Maduro; otros no tienen la posibilidad económica de volver y aunque volvieran no podrían hacer el trámite de apostilla”, añade Gabriela Arenas, que recuerda que había un decreto que eximía a los migrantes de apostillar esos documentos.
El caso ha generado un total desconcierto. El Gobierno de Iván Duque ha apostado durante su mandato por la regularización de 1,7 millones de venezolanos en Colombia, con la creación de un estatuto temporal de protección, que tendrá una vigencia de diez años. Un gesto que fue aplaudido internacionalmente para acoger a la creciente migración venezolana.
“Seguramente hay casos de mafias que han vendido identidades y es lógico que se las cancelen, pero no son la inmensa mayoría”, asegura Arenas, que organiza la defensa de varios de estos migrantes. Mientras se resuelve, los afectados siguen con temor de salir a la calle. “Ahora no puedo trabajar, no tengo identidad y después de todo lo que pasé allá adentro [detenida] vivo asustada. Y no soy la única”, denuncia Yessica Godoy que pasó su arresto junto a otros tres venezolanos en el aeropuerto El Dorado.
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Así mismo, informaron el 55% de los casos de accidentes en los que están involucrados biciusuarios se presentan por choques o colisiones.
