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María Keznutsova tiene 24 años y ya vive como exiliada. Desde Tiflis, capital de Georgia, esta activista rusa trabaja como portavoz de OVD Info, una organización de derechos humanos que se ha convertido en el altavoz contra la represión del Kremlin y que ha adquirido especial relevancia tras denunciar los atropellos cometidos contra los ciudadanos rusos desde que se inició la invasión en Ucrania. El portal nació del trabajo de varios activistas, que decidieron denunciar los actos de brutalidad policial durante las protestas por un presunto fraude electoral a finales de 2011. Keznutsova explica que la organización se constituye como un proyecto mediático independiente, que además brinda asistencia legal a los detenidos. OVD Info opera con ayuda de donantes independientes y recibe apoyo de la Comisión Europea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

La activista expone a diario la situación de los más de 15.100 ciudadanos que han sido detenidos por manifestarse en contra de la guerra en las calles de su país. Reconoce que solo desde fuera puede hablarse de lo que ha supuesto en Rusia la guerra en Ucrania y de los abusos del régimen de Vladímir Putin. Mientras narra los pormenores de las detenciones y la labor de OVD Info, María lidia con un diagnóstico de depresión, producto de su salida de Rusia hace cerca de un año y del impacto que le ha generado la guerra. El miedo a ser apresada por las autoridades de su país al ejercer su trabajo la alejan todos los días de la posibilidad de regresar a su natal Novokuznetsk (ciudad ubicada en el distrito de Siberia), pero está convencida de que ahora no hay que callarse.

Pregunta. ¿Por qué hay tal persecución de las Fuerzas del Estado contra quienes se manifiestan?

Respuesta. Básicamente, estamos en una dictadura. Todo lo que digas puede resultar un problema, todo está prohibido. Incluso la palabra “guerra” está criminalizada. Si se dan cuenta de que la dices una vez ya es una falta administrativa, y si lo repites se convierte en un caso criminal que podría acarrear hasta cinco años de prisión. Las referencias al ejército ruso pueden terminar en penas de 15 años. Ya conocemos unos siete casos de este tipo. Uno de ellos es el periodista ucranio Dimitriv Gordon.

P. ¿Cuáles han sido los peores casos de brutalidad policial en Rusia?

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R. Hay muchos casos en los que la policía abusa del poder y golpea a los ciudadanos. Hace poco me sorprendió uno en Vladivostok. Una joven contó que la metieron a un autobús de la policía y luego entró un oficial a agredirla. La llamó “perra”, golpeó su cabeza y comenzó a asfixiarla. Luego, otros policías entraron al autobús y su atacante se fue. La mujer entró al hospital con una posible conmoción cerebral. En la organización hicimos un pronunciamiento sobre el caso, el nombre de la víctima es Anastasia Kotlyar. Además, tuvimos un caso con uno de los abogados que trabaja con nosotros. A él lo esposaron en San Petersburgo y lo amenazaron con un proceso penal por hacer su trabajo. Empezaron a acusarlo de “defender a los nazis”.

P. La información que ofrecen sobre estas arbitrariedades circula sobre todo a través de las redes sociales. ¿Cómo combaten el bloqueo que hay en Rusia con estas plataformas? Instagram y Facebook ya están prohibidos.

R. Ahora estamos muy activos por Telegram y Twitter, y desde ahí compartimos información todo el tiempo. Hemos recibido apoyo de las plataformas y ya contamos con el sello de verificación en nuestras redes. Somos una fuente de información de lo que pasa en el país para el mundo. De todas maneras, dentro de Rusia muchas personas usan las plataformas sociales a través de distintas VPN (redes privadas virtuales) que les permiten acceder. En cuanto crecen los bloqueos, la gente empieza a crear más VPN para poder seguir navegando. También tenemos una red social rusa que se llama VKontakte (VK). A pesar de que esa plataforma apoya a Putin, ya ha habido publicaciones en contra de la guerra de muchas personas allí. La gente lucha contra la censura como puede.

P. Gran parte de su equipo trabaja desde la distancia ¿Cómo operan para obtener la información de las detenciones y brindar asistencia legal a los ciudadanos afectados?

R. Tenemos una línea abierta las 24 horas para que las personas que lo necesiten reporten su caso. Luego, nuestro equipo en el terreno verifica la información suministrada por la persona. Es muy complicado dar seguimiento a todos los casos por la cantidad de detenciones que ha habido, pero intentamos que dentro de lo posible nuestros abogados puedan acudir a los centros de detención rápidamente para brindar la asistencia legal a los afectados.

P. ¿Desde cuándo ha tenido que exiliarse?

R. Desde hace mucho estaba involucrada con organizaciones que se oponían al régimen. En 2017 participé en la campaña [presidencial] de Alexéi Navalni y luego trabajé en organizaciones de derechos humanos opositoras como Rusia Abierta, que es considerado un movimiento indeseable. El año pasado mi jefe en esa organización acabo en prisión por liderar el movimiento. Yo estaba en Georgia cuando lo detuvieron y supe que no podría volver. Podía ser procesada como testigo del caso o simplemente terminar arrestada por trabajar en la organización. La policía se comunicó conmigo aquí para que volviera a Rusia a testificar, y yo decidí no hacerlo. Sé que tan pronto ponga el pie en un aeropuerto ruso puedo terminar en prisión. Ya me he hecho a la idea de que quizá nunca pueda regresar.

P. ¿Qué le cuentan su familia y amigos de la vida en Rusia ahora?

R. Muchos de mis amigos se han ido. Los que quedan me dicen que no hay suficientes productos en los supermercados. He visto videos de gente agolpada peleando para poder comprarse un paquete de azúcar. Tampoco quedan medicamentos. Tengo una amiga que tiene un padre con diabetes y me dijo que estuvo buscando insulina por una semana en Moscú y no encontró. También es muy difícil encontrar compresas. Me han dicho que un paquete está costando unos 30 euros, y eso que estoy hablando de Moscú. Parece una broma, pero no lo es. Mis amigas han tenido que usar otro tipo de cosas durante su periodo.

P. ¿Qué piensa su familia de lo que hace?

R. Mi familia es un tanto apolítica y no hablan mucho del tema. Los rusos no son ricos y gastan gran parte del tiempo tratando de sobrevivir. Mi abuela es mayor y mi madre tiene que cuidarla. Ellos saben que algo está mal, pero tienen que continuar con su vida. De todas formas, están muy preocupados por mí. Mi mamá siempre me dice que no debería mostrar mi rostro, ni compartir mi nombre públicamente, pero a mí no me importa. Sé que hay gente que me ayudará y dirá lo que paso si algo me sucede.

P. ¿Qué cree que viene para su futuro y el de su país?

R. Mi vida está estancada en esta guerra. Trabajo más de 15 horas al día para que se sepa lo que está pasando en Rusia. Lo hago para imaginar que es posible un cambio, pero no sé qué pasará después. Incluso si se acaba la guerra no hay garantías de que Putin no ataque a otro país. Él vive en su propia realidad, una que no tiene que ver nada con la nuestra. Así que es muy difícil hacer pronósticos. La guerra nos tomó por sorpresa a todos.

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Dependencias policiales y militares, pero también escuelas, fábricas y garajes, entre otros, fueron convertidos en centros clandestinos de detención, torturas y exterminio de personas durante la última dictadura argentina (1976-1983). Con el regreso de la democracia, algunos se transformaron en espacios de memoria y permiten que sus visitantes recuerden los crímenes perpetrados allí por el terrorismo de Estado; otros fueron señalizados con alguna placa conmemorativa, pero no es fácil recorrerlos porque siguen en edificios vinculados a alguna fuerza de seguridad. Ahora podrá accederse a ellos de forma virtual a través de Google Maps. Una quincena han sido señalizados como sitios de interés en la plataforma cartográfica de la compañía junto a imágenes de los lugares e información de los horrores que albergaron en esos años.

“Esta colaboración marca un hito porque nos va a permitir que más gente pueda conocer los Sitios y Espacios de Memoria de nuestro país, y el trabajo de construcción de la memoria y de promoción de derechos que llevamos adelante”, señaló el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el proyecto. “Estamos muy orgullosos de ser el primer país en implementar esta nueva categoría, honrando la tradición de Argentina como referente en materia de derechos humanos a nivel mundial”, agregó.

El más emblemático es a la vez el que contiene la historia más terrible: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Por ese lugar, situado frente a una de las grandes avenidas de Buenos Aires, pasaron cerca de 5.000 secuestrados y sólo un puñado sobrevivió. Allí fue visto por última vez el cuerpo del periodista y escritor Rodolfo Walsh, asesinado en la calle un día después de haber enviado una carta abierta a la Junta Militar.

“Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional”, advertía Walsh sobre los centros clandestinos de detención un año después del golpe militar del 24 de marzo de 1976. La carta de Walsh puede leerse en la instalación realizada en su homenaje en el predio de la ex ESMA.

805 sitios de memoria

El Estado argentino tiene enumerados 805 sitios de memoria, de los que hay señalizados más de 200. El objetivo es que todos sean accesibles a través de Google Maps, cuenta Lorena Battistiol, directora nacional de sitios y espacios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos. Detalla que para la primera selección se tuvo en cuenta que los lugares elegidos mostrasen las diferentes fuerzas de seguridad que fueron partícipes del terrorismo de Estado y, a su vez, dejar claro que el plan sistemático de la dictadura para secuestrar y desaparecer personas no se limitó a un par de provincias sino que se llevó a cabo en todo el país.

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Uno de los sitios de memoria señalizados en el mapa es la Escuelita de Famaillá, en Tucumán. Fue el primer centro clandestino de detención, en 1975, antes incluso de la dictadura. En esa provincia del norte de Argentina se implementó el Operativo Independencia, con el que se inauguró el terrorismo de Estado que, una vez derrocado el gobierno de Isabel Perón, se extendió al resto del territorio. Cerca de mil personas estuvieron secuestradas y fueron torturadas en la Escuelita de Famaillá entre 1975 y 1976. En un intento por borrar las huellas, en 1977 el lugar abrió sus puertas a estudiantes de primaria. Funcionó como escuela durante más de tres décadas, hasta que los organismos de derechos humanos lograron cerrarla y se convirtiese en espacio de memoria.

Entre los ex centros clandestinos de detención visibles en el mapa están también el sitio de memoria Fábrica Ford, el de Campo de Mayo, el Batallón de Inteligencia 601 y el Olimpo. La información de cada lugar es exclusiva de la Secretaría de Derechos Humanos pero las personas podrán escribir reseñas, agregar fotos o sumar su testimonio sobre lo ocurrido y participar así de la construcción digital y colectiva de la memoria.

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La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.
La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.

La Justicia argentina ha condenado a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero aún queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a pagar hasta cinco millones de pesos (unos 43.300 dólares) a quien dé alguna pista que facilite su captura, según el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

Con el paso de los años, la búsqueda se vuelve cada vez más compleja y es necesario envejecer las escasas fotografías que se disponen de los prófugos. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.

Vildoza escapó del país por la frontera de Paraguay en 1986 junto a su esposa y a su menor apropiado en un automóvil de Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovechó el beneficio de la excarcelación que le había sido concedido y se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.

Entre los más buscados figura también el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esta fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.

La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay también civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.

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Una treintena de capturas

La unidad especial de búsqueda de prófugos en casos de lesa humanidad se creó en 2008 y se articuló un fondo de recompensas para quienes brinden información que permita localizar su paradero. Desde entonces se han capturado una treintena de represores.

Uno de los más recientes fue el exteniente coronel Roberto Brunello, de 72 años, que se encontraba prófugo desde el 22 de noviembre del 2013. Brunello, imputado por los delitos de secuestro, aplicación de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada de persona, fue capturado el pasado noviembre en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos presionan para que el Estado argentino intensifique la búsqueda de estos prófugos y también para que acelere los juicios en curso o en fase de instrucción, dada la edad cada vez más avanzada de víctimas y victimarios. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

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Agricultura, el político calificó la decisión de «dictadura sanitaria», dado que supone un duro golpe para el sector del comercio.

«Llegó la hora de terminar con esta verdadera ‘dictadura sanitaria’ que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes y estancando el país», indicó.

Asimismo, agregó que «Chile es uno de los países con más población vacunada y a la vez, con más restricciones. Hay pocos países en el mundo que apliquen tantas limitaciones a la libertad y que lo hagan por tanto tiempo«.

Por otra parte, cuestionó las elecciones de gobernadores regionales que se llevarán a cabo este domingo, al tiempo que arremetió contra la gira que realizará el Presidente Sebastián Piñera en Europa.

«No es aceptable que los chilenos puedan votar o que algunos, como el Presidente, pretendan viajar fuera del país, y que 19 millones de chilenos están obligados a estar encerrados en sus casas», dijo.

En ese sentido, manifestó que «esto no resiste más, no más cuarentenas, no más toque de queda y no más estado de excepción. Exigimos libertad y responsabilidad ahora«.



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«Muchos peruanos, incluyéndome, decidimos apoyar a Fujimori porque ella ha hecho reiterados compromisos de respeto a la democracia, sobre la independencia de poderes, el marco constitucional, respetar los límites de su mandato en caso de ganar y nos ha dado pruebas reiteradas a lo largo de esta segunda vuelta de que su palabra es creíble«, sostuvo.

En relación a Pedro Castillo, Vargas Llosa aseguró que el maestro rural socialista ha planteado la idea de sustituir al parlamento actual por una asamblea constituyente, lo que fue calificado como «inconstitucional».

«Hay un programa de gobierno que sustituiría las instituciones republicanas por una dictadura muy típicamente Chavista, es decir, sustituyendo al parlamento como una asamblea constituyente, en la que él concentraría todo el poder. La asamblea constituyente no está prevista en la Constitución peruana, por lo que para lograrla, tendría que violar la carta magna», indicó.

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Asimismo, agregó que «la propuesta de Keiko no incluye ninguna violación de la legalidad ni sustituir al parlamento actual por una asamblea constituyente inconstitucional y tampoco incluye la estatización y nacionalización de empresas».

Revisa las declaraciones de Vargas Llosa:


 



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