El Congreso de la República necesita renovación, y en eso coincide casi todo el país. Ese desempeño ha estado lleno de escándalos, malas decisiones, y muy pocos resultados. Para no mencionar a esa gran mayoría arrodillada ante un Ejecutivo marcado por su bien ganada impopularidad y desprestigio. Una encuesta reciente de Invamer destaca que el Congreso de la República ha venido perdiendo credibilidad desde el Gobierno de Juan Manuel Santos hasta tener hoy un 85% de imagen negativa.
Sin duda, esta realidad debe enmarcarse en un contexto más amplio: el del deterioro de la institucionalidad del país cuando esta era una de sus fortalezas. No se salva ninguno, desde los órganos legislativos hasta los entes de control; y entre ellos, la Registraduría Nacional del Estado Civil vital para las elecciones y gran responsable de su manejo en el país. No solo pocos creen hoy en su transparencia, sino que la mayoría está convencida de que el fraude electoral es inminente.
Ante el cambio de Gobierno en agosto, la paradoja está en que mientras se demanda un nuevo Congreso que sí cumpla el papel crucial que se requiere, la realidad parece indicar que estas elecciones legislativas tienen más sombras que luces. La Registraduría Nacional informa que son 2.835 candidatos al Congreso, 934 para ocupar 108 puestos en el Senado y 1.901 para 172 curules en la Cámara de Representantes. Entre los senadores 100 serán elegidos por circunscripción nacional, dos por circunscripciones indígenas, cinco del partido Comunes (ex FARC) y el candidato derrotado en la segunda vuelta de la elección presidencial. En la Cámara 161 serán de circunscripción territorial —Bogotá y 32 departamentos—, dos afrocolombianos, un indígena, un colombiano en el exterior, un raizal, cinco del partido Comunes y la formula vicepresidencial del candidato derrotado.
Para ser objetivos empecemos por lo positivo que puede tener el Congreso que se elegirá el 13 de marzo. Sin duda, se caracterizará por su pluralidad étnica que refleja la realidad de Colombia. En esta contienda tanto para Senado como Cámara debe destacarse un número muy significativo de mujeres, 39.6% del total de aspirantes; un aumento del 6% frente a las elecciones de 2018. Pero tal vez lo más novedoso es que como resultado del Acuerdo de Paz de 2016, se crearon 16 Circunscripciones Especiales para la Paz que implican la participación de 16 representantes de las víctimas del conflicto armado provenientes de los territorios más afectados por esta guerra interna.
Pero detrás de lo anterior hay un lado muy negativo. Es innegable el gran número de candidatos cuestionados: o con investigaciones penales y disciplinarias, o herederos de caudales electorales de personas condenadas, o asociados a escándalos de parapolítica, o involucrados con carteles, o parte de episodios de corrupción como Odebrecht, o por nexos con grupos armados. Según la Fundación Pares, son 108 en ese grupo, es decir, el 3.8%. El otro lío es que ante la evidencia de compra masiva de votos, inclusive de grupos políticos con un candidato a la presidencia, Alex Char, la indiferencia de muchos electores crece. Se sabe que hay por lo menos 33 clanes con empresas de compra de votos que apoyan al 53% de los candidatos cuestionados.
Más doloroso aún son los graves problemas que enfrenta la elección de las curules de paz. Frente a candidaturas no precisamente de víctimas, como la de un hijo de un reconocido paramilitar y victimario, el Gobierno ha sido indiferente, y con ello, ha frenado que las verdaderas víctimas tengan voz en el Congreso. “Un fracaso de la democracia colombiana” es como el diario El Espectador califica que el presidente Duque no les haya dado la financiación estatal a la cual tienen derecho por ley y que su Gobierno no haya garantizado su seguridad para que hagan campaña. ¿Cómo pueden entonces competir con el hijo de ‘Jorge 40‘, que sí tiene la financiación asegurada para hacerse elegir? Todo esto ha llevado a la renuncia por falta de garantías de al menos 10 de estos candidatos.
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Pero aún hay más. Si bien sí hay candidatos que representan la renovación y que sí pueden luchar por los colombianos, estos se han enfrentado a la invisibilidad de sus nombres y propuestas por la coincidencia de su elección con las consultas presidenciales que definirán quien representará a los partidos en la gran contienda. Los debates han estado centrados en las llamadas coaliciones —Centro Esperanza, Equipo por Colombia y el Pacto Histórico— llenas de precandidatos y en los otros cinco ya candidatos que han copado la atención pública. Lo anterior puede fácilmente traducirse en lo indeseable: que se reelija ese viejo, ya conocido, y mal Congreso de la República porque muy pocos candidatos de buen perfil han tenido el espacio para que el país los conozca y vote por ellos.
Esta paradoja a la que se enfrenta este país el 13 de marzo es uno de los mayores retos de la sociedad colombiana. La elección de un nuevo Jefe de Estado que responda al clamor de un país que quiere paz, crecimiento, equidad, transparencia, y democracia puede frenarse en seco porque no hay Gobierno que pueda cambiar una nación si no tiene el apoyo de la mayoría del Congreso. El futuro de Colombia es preocupante, pero como este es el país de las mil paradojas, la esperanza está en nuestros jóvenes.
La economista, exsenadora y exministra colombiana Cecilia López Montaño es actualmente la presidenta de la Fundación CiSoe
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