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La jueza Ketanji Brown Jackson, ante el comité judicial del Senado de Estados Unidos.
La jueza Ketanji Brown Jackson, ante el comité judicial del Senado de Estados Unidos.Jacquelyn Martin (AP)

La declaración de intenciones de la jueza Ketanji Brown Jackson, aspirante al Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha llegado al final de un día intenso en el Capitolio. Tras escuchar, pacientemente y en silencio, a 24 personas valorar sus logros y exponer sin temor a la reiteración lo que esperan de su trabajo en el alto tribunal, Jackson ha sentenciado: “He sido jueza durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de independencia. Tomo decisiones sobre mis casos desde la neutralidad. Evalúo los hechos, e interpreto y aplico la ley en función de esos hechos, sin miedo ni predisposición, y siempre consecuentemente con mi juramento”.

Jackson respondía al final de una intervención emocionada, en la que ha recordado que su pasión por el derecho nació al ver a su padre estudiar leyes en la cocina del modesto hogar familiar de Miami, a una pregunta que ha sobrevolado desde el lado republicano la primera de las cuatro jornadas de audiencias para examinar su idoneidad para uno de los nueve puestos vitalicios del Tribunal Supremo. ¿Qué define filosóficamente su desempeño como jueza?

Los 11 miembros conservadores del Comité Judicial del Senado han exigido una y otra vez que se pronuncie sobre ese asunto, mientras lamentaban que el Supremo se haya politizado en demasía en los últimos tiempos. Con los demócratas, al menos, han estado de acuerdo en dos cosas: en la preparación profesional de la aspirante (que viene de servir nueve años como jueza federal en Washington y es la primera candidata con un pasado como abogada de oficio) y en el empleo del adjetivo “histórico”, tan gastado. Ha sido el más escuchado este lunes en el Senado.

La ocasión lo aconsejaba por una vez: Jackson, de 51 años, será, si prospera la designación del presidente Joe Biden, la primera mujer afroamericana en sentarse en el alto tribunal en 232 años. Contará también como la sexta jueza y como la tercera persona de raza negra entre las 115 elegidas para el cargo en la historia.

El proceso ha comenzado en uno de los comités de mayor relieve mediático de la Cámara; varios senadores de alto perfil, y, por qué no, ciertas aspiraciones presidenciales, están entre sus miembros, y este proceso, que los estadounidenses informados siguen con pasión, es un buen escaparate para mostrar su visión del mundo ante las cámaras. La nominación ha despertado estos días gran interés en Washington, pese a la prioridad informativa de la guerra en Ucrania (Biden había acariciado la idea de asistir al debate, pero una llamada con líderes europeos se lo ha impedido) y pese a que, aunque salga elegida (y todo indica que así será, pues en principio cuenta con el apoyo demócrata en bloque), Jackson no cambiará la dinámica del Supremo. El tribunal está compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas, después de que Donald Trump exprimiera su tiempo en la Casa Blanca logrando colar a tres magistrados de su cuerda en una sola legislatura. Eso ha dejado una supermayoría conservadora inédita en las últimas ocho décadas.

La nueva jueza sustituirá a Stephen G. Breyer, miembro de la terna progresista, que decidió jubilarse a los 81 años en enero pasado para permitir al Partido Demócrata buscarle sustituta antes de que sea demasiado tarde; es muy probable que en las elecciones legislativas pierdan el control de una o de las dos cámaras. De Breyer se ha acordado Jackson especialmente en su discurso. Ha sido en ese momento cuando ha podido contener el llanto. Trabajó en su equipo a finales de los años noventa y ahora está a punto de sucederlo. Jackson también se ha acordado de sus padres, dos profesores de la escuela pública que le dieron “un nombre africano que significa ‘la adorable” y la convencieron de que sería capaz de lograr lo que se propusiera. También, de su hermano, que se enroló en el Ejército tras el 11-S, de su tío policía, de su marido, que peleaba con el decoro para contener las lágrimas, y de sus hijas, a las que ha pedido perdón si a veces no ha sabido “conjugar su carrera” con sus “obligaciones como madre”.

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Cinco horas antes de que tomara la palabra, la expectación se sentía a eso de las 11:00 en los pasillos del Capitolio. Jackson, de 51 años, apareció puntual, con una sonrisa amplia que no la ha abandonado en todo el día y flanqueada por el presidente del comité, el senador demócrata Dick Durbin (Illinois), y por el más veterano de los republicanos, Chuck Grassley (Iowa). El comité está formado por 22 miembros, la mitad de cada partido, que hablaron alternamente, antes de escuchar la laudatio de dos personas escogidas por Jackson.

No una “activista”

Los demócratas, que defendieron que no se trata de una “activista”, ni de “una marioneta de la izquierda radical”, la felicitaron por su expediente y por lo que su nombramiento implica para este país. “No ha habido nunca en el Supremo una mujer afroamericana. Usted podría ser la primera. No es fácil ser la primera. A menudo eso implica tener que ser la mejor y, de alguna forma, la más valiente. Muchos no están preparados para enfrentarse a esa presión, a ese escrutinio a la vista de todos”, ha afirmado Durbin en su intervención introductoria.

Los republicanos, por su parte, han expuesto los argumentos que guiarán su estrategia y sus preguntas de las sesiones del martes y el miércoles, y que han ido adelantando en los últimos días. Buscarán evidencias de que se ha comportado con “suavidad con el crimen”; de que viene avalada por “grupos de extrema izquierda de financiación dudosa”, como ha dicho Grassley en referencia a la organización Demand Justice (Exige jutsticia); de que cuando era abogada de oficio defendió a terroristas en Guantánamo con una “sospechosa” dedicación; y de que ha demostrado benevolencia a la hora de juzgar casos de pornografía infantil. En ese último punto se ha fajado Josh Hawley, republicano de Misuri, que ha prometido un “interrogatorio franco” y ha detallado una serie de expedientes en los que Jackson impuso una pena por esos delitos menor a la propuesta por la fiscalía y a la recomendada por las pautas de actuación del sistema federal. Los ataques de Hawley han sido desacreditados como “demagogia” por la Casa Blanca y hasta por medios conservadores como la revista National Review.

Simpatizantes de la jueza Ketanji Brown Jackson se manifiestan este lunes a las puertas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington.
Simpatizantes de la jueza Ketanji Brown Jackson se manifiestan este lunes a las puertas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington.Samuel Corum (AFP)

Hawley es uno de esos senadores con aspiraciones presidenciales para 2024. Otro es Ted Cruz (Texas), que fue el más expeditivo al exponer uno de los argumentos más repetidos este lunes por los republicanos: no piensan convertir este proceso en un “circo político”. Paradójicamente, gran parte de la audiencia de esta mañana se ha ido en recordar cómo se desarrolló la designación en 2018 de otro juez, el conservador Brett Kavannaugh. Durante el proceso, una psicóloga llamada Christine Blassey Ford lo acusó de una agresión sexual sucedida décadas atrás, cuando ambos eran estudiantes del mismo instituto de las afueras de Washington. “Nosotros no le vamos a preguntar sobre con quién salía en el colegio”, le ha dicho Cruz a Jackson. Lindsey Graham (representante de Carolina del Norte) ha ido más allá al decir, con desafiante campechanía: “Lo quisieron pintar básicamente como a una especie de Bill Cosby”, en referencia al popular actor, caído en desgracia y condenado por delitos sexuales.

El proceso se prolongará hasta el jueves. Los demócratas, que tienen 50 escaños en el Senado, suficientes para una votación que no requiere mayoría cualificada, esperan que el nombramiento quede resuelto en el pleno de la Cámara antes del 8 de abril, día en que comienza el receso primaveral en las sesiones. También confían en que recibirá apoyo bipartidista. Jackson ha pasado ya por este trance en tres ocasiones: cuando fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos (una agencia independiente que vela por unificar los criterios de los tribunales federales) y al ser elegida jueza del Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington) y de su corte de apelaciones (fue el año pasado, cuando obtuvo el respaldo de tres republicanos, incluido Graham).

Pero esta vez podría ser distinto. El Supremo es uno de los lugares más controvertidos y disputados del sistema estadounidense, por lo que influyen sus decisiones en asuntos como el aborto, la tenencia de armas o la discriminación positiva en las universidades (tres temas en cuestión ahora mismo), así como por la filosofía que las rige (sea originalista, fidelísima a la letra de la Constitución, o más libre en su interpretación). Quién lo compone afecta aquí a la vida de las personas. Personas como el centenar de ciudadanos (mujeres afroamericanas en su mayoría) que esta mañana se han citado frente al edificio del alto tribunal para manifestarse a favor de KBJ (Jackson ya ha recibido su acrónimo, como Ruth Bader Ginsburg tuvo el suyo: RBG) o, ciertamente menos, en contra. En los carteles podía leerse: “A Justice For All”, una jueza para todos, un deseo que jugaba con el doble sentido de la palabra justice, y con uno de los eslóganes más idealistas de la república estadounidense, que promete justicia para todos.

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La nueva presidenta de la Constituyente María Elisa Quinteros (izquierda) celebra su elección con la presidenta saliente Elisa Loncon y Jaime Bassa este miércoles en Santiago.
La nueva presidenta de la Constituyente María Elisa Quinteros (izquierda) celebra su elección con la presidenta saliente Elisa Loncon y Jaime Bassa este miércoles en Santiago.JAVIER TORRES (AFP)

A seis meses del plazo final para presentar al país un proyecto de nueva Constitución, la Convención Constituyente chilena se ha tomado dos jornadas y 20 horas de álgido debate para intentar llegar a un consenso sobre la presidencia y la mesa directiva que liderará el órgano en la segunda mitad de su funcionamiento. Luego de una discusión que se prolongó por todo el martes hasta la madrugada de este miércoles, los 154 constituyentes han elegido como reemplazante de Elisa Loncon a la doctora en salud pública y ambientalista de 40 años María Elisa Quinteros, representante de los movimientos sociales que se encuentran en la punta izquierda de la convención y que no son mayoría. Ha sido una dinámica que ha dejado al descubierto lo impredecible y fragmentado de la convención, pero, sobre todo, la incapacidad de los colectivos grandes –como el Frente Amplio de Gabriel Boric y el socialista– de llegar a acuerdos amplios para una etapa crucial, donde arrancará el debate de las normas constitucionales.

“Los colectivos grandes no articularon nada y están quebrados con el Partido Comunista. El triunfo de los movimientos sociales responde a la incapacidad política de los liderazgos del Frente Amplio, los socialistas o No Neutrales [independientes de centroizquierda] que deberían haber gestionado una mayoría”, asegura el constitucionalista Tomás Jordán. El abogado explica que “los movimientos sociales representan la izquierda-izquierda de la convención y generar acuerdos desde ahí, será muy difícil”, comenta el académico de la Universidad Alberto Hurtado, que considera que lo que ha pasado en la convención no es una buena noticia, entre otras razones, porque la nueva presidenta no es una persona “fogueada” en la gestión política. “El papel del presidente debe articular acuerdos y, por lo tanto, las demandas de los movimientos sociales serán preeminentes en esta segunda etapa”, dice Jordán, que lidera en paralelo el Observatorio Nueva Constitución.

El papel del presidente de la convención está marcado por la búsqueda de acuerdos, lo que resulta fundamental en el segundo tiempo del órgano, donde en febrero se comenzarán a votar las normas constitucionales en el pleno de la convención. “Esperamos que este proceso se pueda conducir con sabiduría, entendimiento, fortaleza, donde podamos unirnos todos los sectores en pro de lo que necesitamos para el país, para todos los pueblos de Chile”, indicó Quinteros tras ser electa presidenta. La odontóloga llegó a la convención en un cupo de la Asamblea Popular por la Dignidad, que integran movimientos ligados a la izquierda.

La presidencia era un cargo que buscaba el Frente Amplio, del presidente electo Boric, a través de la que fue candidata presidencial en 2017 de la formación, la periodista Beatriz Sánchez. Su postulación a liderar el órgano, que se conoció la semana pasada, fue interpretada como un evidente interés del próximo mandatario en tener cerca a la convención en sus seis meses finales de funcionamiento y una señal de que no quiere correr el riesgo de que el órgano gire en una órbita separada y hasta en contra del Ejecutivo que debuta en marzo de 2022. La fórmula con que el Frente Amplio y los socialistas llegaron a la sesión de este martes, sin embargo, fue empujar la candidatura de la socialista Ramona Reyes a la presidencia, con Sánchez a la vicepresidencia.

Pero lo ocurrido este martes dejó en evidencia la inexperiencia política de buena parte de los miembros de la convención, la influencia que ejercen las redes sociales en su actuación y que se trata de un órgano fuertemente fragmentado, donde los partidos políticos se encuentran en un papel menos protagónico que en otras instituciones representativas, como el Congreso. Aunque la votación por la presidencia debía aprobarse por mayoría simple (78 votos), la discusión se prolongó ayer por 18 horas, hasta las cuatro de la madrugada. Fueron ocho votaciones consecutivas donde las alianzas y opciones de los 154 convencionales fueron cambiando en medio de vaivenes y fuertes tensiones internas, sobre todo entre el Frente Amplio y el Partido Comunista ­–las fuerzas que darán sustento al Gobierno de Boric– que no lograron ponerse de acuerdo para impulsar una candidatura conjunta. Lo de este martes y hoy, en cualquier caso, muestra lo que ha sucedido desde julio: en la convención, el Frente Amplio y el colectivo socialista han sido los principales articuladores, en una fórmula donde no están participando los comunistas.

La convencional Bárbara Sepúlveda, que en la última semana había sido la carta del Partido Comunista para presidir la convención, bajó su postulación con un análisis que da cuenta de las tensiones internas del bloque que será Gobierno a partir de marzo. “Nos parece que va en línea con generar un contrapeso al centrismo que se ha instalado en la convención. Hay un riesgo alto de que se instalen sectores que hoy quieren una Constitución gatopardista”, describió la abogada.

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La incapacidad de la convención para llegar a acuerdos fue criticada incluso desde dentro del órgano por voces importantes, como el académico y Premio Nacional de Humanidades 2009, Agustín Squella. “Pareciera aquí que estamos cada cual preocupados de nosotros mismos o del colectivo al que pertenecemos, y no estamos preocupados de respondernos las preguntas dónde estamos y para qué estamos”, aseguró Squella, que considera que “prevalecieron los egos y el narcisismo” y que la convención “dio una mala imagen”. En la misma línea, el escritor Patricio Fernández, que fue impulsado en algún momento para la presidencia por el colectivo socialista, aseguró: “Lo que vamos a necesitar poner ahí es una güagüa [bebé] recién nacida”. Se trata de una crítica a una constante: el interés de buena parte de la convención por figuras que se consideran inmaculadas.

Una de las principales incógnitas de este proceso de elección de la presidencia apunta a la forma en que este episodio impactará en el respaldo a la convención. De acuerdo a la encuestadora Cadem, un 58% tiene mucha o bastante confianza en el órgano y un 41% poco o nada de confianza, en cifras que han mejorado desde la elección de Boric el 19 de diciembre pasado. Un segundo asunto tiene relación a los problemas que se observan por delante: de existir este nivel de dificultad para buscar presidente, que solo necesitaba 78 votos, se vislumbra compleja la aprobación de normas, que deben ser respaldadas por sobre 100 votos (dos tercios). En este escenario, existe el serio riesgo de que el texto que se le presente a la ciudadanía y que se someterá a plebiscito en el segundo semestre de 2022 termine siendo una suma de intereses distintos y no un texto único donde se han llegado a consensos previos.

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