Artistas e intelectuales cubanos rechazan las condenas a los manifestantes del 11-J por “injustas” y “desmedidas” | Internacional

Una manifestación de ciudadanos cubanos en Nueva Jersey, EE UU, en apoyo a los presos en Cuba, el pasado 18 de julio.KENA BETANCUR (AFP)

Si las inéditas y masivas protestas contra el Gobierno de julio del año pasado conmocionaron Cuba como nunca antes, el impacto de las elevadas sentencias contra 128 manifestantes en La Habana encausados por sedición ha sido también estremecedor. Las severas sanciones –que en el caso de 56 procesados fueron de entre 15 y 30 años de cárcel- han provocado un aluvión de críticas y reacciones en las redes sociales, donde diversos intelectuales, artistas y familiares de los presos han pedido su excarcelación y una amnistía, rechazando unas condenas que consideran “injustas”, “desmedidas” y “ejemplarizantes”. Incluso figuras cercanas al Gobierno han solicitado a las autoridades rectificar. “Que yo sepa no mataron a nadie, ¿condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo”, dijo el cantautor Silvio Rodríguez.

El Tribunal Supremo de Cuba dio a conocer el miércoles los fallos de seis juicios celebrados contra los participantes en las marchas del 11 y 12 de julio pasados en dos barriadas de La Habana, que derivaron en hechos violentos y dejaron un muerto por disparos de la policía. Las acusaciones fueron mayoritariamente por sedición, y las penas impuestas de entre seis y 30 años de cárcel. Según diversas ONG, entre ellos hay siete jóvenes de 16 y 17 años, que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión.

Tras conocerse el fallo, comenzaron las muestras de rechazo en las redes y el cuestionamiento a las autoridades, algo cada vez más habitual. El reconocido actor Luís Alberto García resumió así el sentir de numerosos internautas: “¿El propósito de esas condenas tan largas a un grupo de jóvenes a lo largo y ancho del país es infundir pavor? ¿Que ‘el escarmiento’ evite en el futuro cualquier disentimiento? ¿Que nunca más una persona nacida y residente en esta tierra se atreva a gritar ‘no soy feliz’, ‘no estoy contento’, ‘no me gusta su gestión de Gobierno’, ‘no me siento libre’? Las multas existen, las prisiones domiciliarias existen, la obligación de resarcir los daños económicos causados, también. Pero ¿10 años de prisión, 15, 23, 30?…. Son desproporcionadas. Muy desproporcionadas”.

Este lunes, los medios digitales independientes La Joven Cuba y El Toque publicaron un llamado Manifiesto contra el silencio, por la justicia, firmado por más 40 intelectuales y artistas cubanos, mayoritariamente residentes en la isla pero también en el exterior. Aseguran que lo sucedido en Cuba en julio fue un “estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación sociopolíticos en Cuba”, y que tuvo “como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado”.

Con los juicios y las elevadas sentencias, el Gobierno actúa ahora con “una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos”, asegura el documento, que tiene, entre otras, las firmas del prestigioso cineasta Fernando Pérez, el escritor y traductor Alex Fleites, el periodista Jorge Fernández Era, los historiadores Alina Bárbara López Hernández y Leonardo Fernández Otaño, además de reputados economistas como Omar Everleny, Pedro Monreal, Mauricio de Miranda y Carmelo Mesa-Lago.

El manifiesto exige la excarcelación de los presos e indica que “la forma concreta de iniciar tal proceder —por una amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no”. También considera que “hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional”, concluyendo que “las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país”.

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Los firmantes, entre los que se halla el escritor Rafael Rojas y la artista y activista Tania Bruguera -premio Velázquez de artes plásticas 2021-, llaman a sus “colegas” a acompañarlos en la denuncia. “Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik”. El lunes se conoció también que un grupo de 35 madres y familiares de los presos por los sucesos de julio constituyeron una asociación para solicitar la amnistía de los condenados.

Aunque diversas fuentes y familiares de los encausados informaron antes de que numerosas personas habían sido condenadas en diversas localidades del país a elevadas sanciones por las protestas de julio, los primeros datos oficiales del Tribunal Supremo sobre las condenas por sedición contra 128 personas tuvieron gran repercusión, y no solo en la redes. Diversos medios anticastristas han publicado estos días fotos y datos personales de los jueces y fiscales que han participado en los procesos, ante lo cual el domingo instituciones oficiales cubanas cerraron filas y salieron a defender la legalidad de los juicios y las sentencias.

“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021″, dijo el presidente de la junta directiva de La Habana de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Osmín Álvarez Bencomo. La UNJC mostró su “indignación” por “las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”.

El Gobierno no reconoce que lo sucedido en julio fuera un “estallido social”, sino que lo considera un intento de “subvertir el orden constitucional de forma violenta” obedeciendo “instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior”, tras lo cual, dice, está la mano de Estados Unidos.

Realmente, las consecuencias de las sentencias y la reacción de la opinión pública han calentado el ambiente como pocas veces antes. Según el medio oficial Cubadebate, la declaración emitida por la UNJC subraya : “los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley”. Y agrega: “Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.

También en las redes sociales la cosa esta caliente; entre los comentarios más reproducidos estos días está el del trovador Silvio Rodríguez, que el 17 de marzo dijo: “Si cometieron los actos de violencia de que se les acusa, de acuerdo en que sean juzgados y que se les apliquen las penas correspondientes. Pero que yo sepa no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo. Tampoco se aclaran las edades de los condenados. Con esto los enemigos de Cuba están haciendo zafra. No lo permitamos, siendo transparentes y rectificando lo que haya que rectificar”.

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Cuba: Los tribunales cubanos condenan por sedición a 128 personas que participaron en las protestas de julio | Internacional

El Tribunal Supremo de Cuba (TSC) dio a conocer el miércoles los fallos de seis juicios celebrados contra 129 cubanos participantes en dos grandes manifestaciones de protesta contra el Gobierno realizadas el 11 y 12 de julio pasados en La Habana, que derivaron en hechos violentos y enfrentamientos con la policía. Las acusaciones fueron por hurto y sedición, y las penas impuestas por los tribunales muy elevadas: 31 personas fueron condenadas a privación de libertad de entre 20 y 30 años, 25 a condenas de entre 15 y 19 años de cárcel y 48 personas más a penas de entre 10 y 14 años de prisión. Solo uno de los acusados fue absuelto, y otro recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”. Varias ONG y numerosos académicos en las redes sociales han criticado el fallo de los tribunales por considerar las “sanciones desmedidas” y con un “evidente objetivo ejemplarizante”, para desestimular posibles futuras protestas.

Aunque diversas fuentes y familiares de los encausados habían informado antes de que numerosas personas ya habían sido condenadas en diversas localidades del país a elevadas sanciones por las inéditas protestas que sacudieron el país el 11 y 12 de julio, es la primera vez que las autoridades ofrecen datos oficiales de las sentencias de estos macroprocesos. Según la Fiscalía General de Cuba, en el país han sido procesadas por las protestas de julio a 790 personas, de las que 55 tienen 16 y 17 años de edad.

Los juicios contra las 129 personas se realizaron entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, e involucraron a los participantes en las manifestaciones ocurridas en dos barriadas de La Habana, la esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto obrero de La Güinera, donde se produjo un muerto por disparos de la policía. Lo sucedido en Toyo y La Güinera tuvo amplia repercusión y conmovió al país, pues a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades y pueblos, donde las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aquí derivaron en una verdadera batalla campal, con patrullas de la policía volcadas y duros enfrentamientos entre agentes del orden y efectivos antidisturbios contra los manifestantes, algo que nunca antes había ocurrido en Cuba.

EL TSC considera “probado y demostrado” que los condenados —de los que no se dice edad, pero que al parecer son mayoritariamente jóvenes— “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta” obedeciendo “instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior”. En el caso de los sucesos de la esquina de Toyo, se afirma que los manifestantes “lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios” e “instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales”. En La Güinera, el TSC dice que “lanzaron piedras, palos, botellas y cócteles molotov contra agentes” y “otros trabajadores de instituciones estatales (…) a quienes causaron lesiones”, además de asediar “por varias horas” una “unidad de la Policía Nacional Revolucionaria”.

El alto tribunal destaca que en los juicios se tuvo en cuenta “la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos”, así como que los “sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la covid-19, en particular en la provincia de La Habana, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación de movimiento y el aislamiento social”.

La información del Supremo no hace referencia a las edades de los condenados, pero según la ONG Prisoners Defenders, entre ellos hay siete jóvenes de 16 y 17 años, que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión, y otro más, que recibió la pena de trabajo correccional. En Cuba, la mayoría de edad es a los 18 años, pero la responsabilidad penal es a los 16 años —el Código Penal contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas a los menores—.

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Muy criticada ha sido la utilización de la figura delictiva de “sedición” para encausar a los participantes en las protestas de julio, las mayores ocurridas en 62 años de revolución. El artículo 100 del Código Penal vigente en Cuba plantea que incurren en este delito, penado con sanciones de 10 a 20 años de cárcel, o pena de muerte, a quienes “tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes”.

En 1994, tras producirse los incidentes del ‘Maleconazo’, las mayores protestas contra el gobierno hasta ese momento, que fueron de mucha menor proporción y focalizadas solo en La Habana, los tribunales cubanos condenaron a cientos de personas por desorden público, pero a sanciones de un año de cárcel en la mayoría de los casos. Por eso, las elevadas condenas de ahora y el uso del delito de sedición han levantado gran polvareda.

El Gobierno cubano niega que las protestas del 11 y 12 de julio fueran un estallido espontáneo y responsabilizan a Washington de alentar la “desestabilización” del país y generar una “situación de ingobernabilidad”. Académicos, sociólogos, historiadores y artistas cubanos han expresado públicamente su rechazo a las condenas desmedidas y ejemplarizantes, solicitando a las autoridades magnanimidad y juzgar sólo a los que participaron en hechos violentos, e incluso hay quienes han pedido una amnistía. EL TSC aseguró que los condenados fueron sometidos a juicio respetando todas las garantías procesales y que tiene derecho a interponer recurso de casación ante el Supremo.

Ayer se conoció también que un tribunal de la provincia cubana de Matanzas comenzó a enjuiciar a 17 detenidos durante las inéditas protestas del 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, con peticiones fiscales de hasta nueve años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.

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Grecia expulsa a Turquía a decenas de cubanos que buscaban refugio en la UE | Internacional

Lino Rojas y Yudith Pérez ante la estatua de Alejandro Magno, en octubre en Salónica, en una fotografía cedida por ellos.Cedida

José y Reinaldo jamás tuvieron entre sus planes llegar a Estambul. Y, sin embargo, aquí están: sin pasaportes, sin dinero, sin su ropa, y con las esperanzas de reconstruir su vida fuera de Cuba truncadas a medio camino. “Durante el camino tuvimos miedo al atravesar Serbia y Macedonia [del Norte]. Al llegar a Grecia pensamos, ya está, la Unión Europea, defensores de los derechos humanos y la democracia. Y no es así. Cuando te crees ya a salvo en Grecia, es cuando peor la pasas, cuando tu vida ya no vale nada”. Aún, tres meses después de lo sucedido, les es difícil encontrar un sentido a lo que les ha pasado, a cómo han sido forzados a vivir indocumentados en Turquía tras ser expulsados ilegalmente por Grecia. Aún les cuesta digerir el trauma, las palizas sufridas y la indefensión a la que se les ha sometido.

Debido al desplome de la economía cubana durante la pandemia y, especialmente, después de la represión de las protestas sociales del pasado verano, miles de cubanos han abandonado la isla. Con numerosas rutas aéreas canceladas por la covid-19 y ante la imposibilidad para los cubanos de lograr visados para la mayoría de países, muchos han decidido tratar de alcanzar Europa vía Moscú. Fue lo que hicieron José y Reinaldo después de vender sus respectivos apartamentos en La Habana. No solo buscaban una vida mejor, sino que también temían la persecución por haber participado en las protestas que comenzaron el 11 de julio: Reinaldo asegura que perdió su último trabajo por no inscribirse en una lista de voluntarios para reprimir a los manifestantes (los nombres de ambos han sido modificados porque temen que sus familias en Cuba sufran represalias).

Tras un mes en Rusia buscando diferentes vías, el 28 de octubre volaron a Serbia, de allí atravesaron caminando la frontera con Macedonia del Norte y, en un taxi, llegaron hasta la frontera griega, que también cruzaron irregularmente a través de las montañas. En Polikastro (Grecia) tomaron un autobús a Salónica y, de allí, otro a Atenas. Sin embargo, siete minutos después de partir, la policía ordenó detener el vehículo y arrestó a Reinaldo, José y un tercer conciudadano que viajaba con ellos, además de a otra familia cubana de cuatro miembros que también iba en el autobús y a un paquistaní. “Nos pidieron los teléfonos y los pasaportes. Les dijimos que estábamos en Grecia para solicitar asilo político y un policía nos aseguró que era un mero trámite y que al día siguiente quedaríamos libres. Nunca más volvimos a ver nuestros teléfonos ni nuestros documentos”, explica José.

Entonces estaban demasiado cansados —llevaban 48 horas de viaje ininterrumpido sin dormir, casi 700 kilómetros, más de 50 kilómetros a pie— para darse cuenta de que habían entrado en un complejo mecanismo de deportaciones masivas puesto en marcha por las autoridades griegas, que incumple todos los parámetros de la legislación nacional, europea e internacional. Un sistema que, según los testimonios recabados por este diario, por organizaciones de derechos humanos y por investigaciones independientes, se compone de numerosos sitios de detención oficiales e irregulares gestionados por agentes de policía y militares a lo largo de más de 400 kilómetros en el norte de Grecia, donde los migrantes sufren palizas y robos por parte de las propias fuerzas del orden y se les despoja de documentos y teléfonos móviles para evitar que quede rastro de estas prácticas.

Los detenidos fueron transportados durante algo más de media hora hasta un calabozo donde pasaron la noche. En las siguientes horas llegó una veintena más de detenidos, la mayoría sirios y afganos, aunque también otra familia cubana con un niño de tres años. “Pedimos telefonear a un abogado, pero nos lo negaron. Tampoco nos hicieron firmar un documento conforme a que estábamos detenidos. Lo tienen todo bien pensado para que, a partir de ahí, dejes de existir”, apunta Reinaldo.

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Al día siguiente, sin dejarles recoger sus mochilas —tampoco los medicamentos que Reinaldo necesita para tratarse una enfermedad crónica—, cargaron a todos los detenidos en una furgoneta blanca sin ventanas ni distintivo (similares a las que este periodista ha visto en la zona fronteriza entre Grecia y Turquía y que son utilizadas para llevar a cabo las devoluciones ilegales de migrantes). “Íbamos muy apretados y conducían muy rápido, nos dábamos golpes contra los lados y no se podía apenas respirar”, asegura José. Al cabo de dos horas de recorrido, se detuvieron, cambiaron de furgonetas y separaron a los cubanos del resto. Siguieron otros 45 minutos de trayecto y llegaron a lo que identifican como un campamento militar cercano a Alejandrópolis, según pudo ver José en los carteles de la autopista a través de una rendija en la furgoneta: “Era un lugar con un gran portón, con un muro alto de hormigón que impedía ver hacia afuera. Los militares llevaban pulóver verde olivo y pantalones de camuflaje. Se pusieron pasamontañas y no les pudimos ver la cara”, añade.

Según el relato de ambos cubanos —que coincide con otros testimonios del grupo recabados por la ONG Josoor—, los agentes griegos apartaron en una sala a las mujeres y el niño de tres años con su padre, e hicieron desnudarse al resto, dejando las ropas en un montón. Cuando se desnudaron comenzaron a golpearles entre varios agentes con bastones de plástico y varas de madera. “Me quitaron el reloj, los aretes, las cadenas, las manillas (pulseras) y un anillo. Tengo un piercing en la tetilla, pero no podía desenroscarlo y entonces me acercaron una especie de taser eléctrico (arma de electrochoque). Uno me preguntó: ¿Eres cristiano o musulmán? Cuando les dije cristiano no lo prendieron”, narra Reinaldo, y José añade: “A los que respondían ‘musulmán’, era como si mentasen al diablo. Era increíble cómo les pegaban, una escena muy desagradable, algo que yo únicamente había visto en películas”.

Otro grupo de cuatro cubanos que fue expulsado de Grecia en una fecha anterior denunció un trato similar y publicó en las redes un vídeo en el que se percibe la espalda y la cabeza de uno de ellos con numerosos hematomas, incluidos varios de ellos con heridas abiertas y una mano completamente hinchada, todo ello supuestamente resultado de los golpes de los agentes griegos.

Tras la paliza, los agentes obligaron a José, Reinaldo y al resto a vestirse rápidamente con lo primero que encontrasen en el montón de ropa, pero ni siquiera les permitieron enfundarse los abrigos o calzarse, tampoco recuperar su dinero: 7.680 euros que, según su testimonio, llevaban para continuar su ruta hasta España. Los volvieron a meter en furgonetas y siguieron rumbo al Este. Un joven sirio que se introdujo en la furgoneta de los cubanos, trató de calmarles diciendo que iban a ser devueltos a Turquía, que él ya sabía el procedimiento, porque era la cuarta vez que lo sufría. “Yo no le creía. ¿Qué tiene que ver Grecia con Turquía? No entendía nada. Siempre pensamos que nos iban a llevar a un aeropuerto para deportarnos a Cuba o a Macedonia del Norte, que era por donde habíamos entrado”, dice José.

Ya era de noche cuando los desembarcaron en una zona boscosa junto al río Evros. “Íbamos en fila, por grupos de a 10, descalzos, con un agente con uniforme azul [el de la policía griega] custodiándonos delante y otro detrás. Había un chico sirio, muy joven, al que no dejaron vestirse, ni siquiera los calzoncillos. Iba con sus manos tapándose. Esa imagen no se me va a olvidar. No solo el frío que pasaba, sino todo lo que le hicieron. Le metían la cara contra una alambrada de púas, le metieron la cabeza al río varios minutos, le daban golpes, sobre todo un policía en particular. Sin necesidad. Por gusto. ¿Por qué tuvieron que hacerle eso?”, rememora José, y se estremece al recordarlo: “Los policías iban con la mano en la pistola, y yo pensé que nos llevaban ahí para matarnos. Después de todo lo ocurrido, pensé que nos mataban. Así que le dije a mi amigo: ‘Si sacan la pistola, echamos a correr por el bosque”. Pero no, lo único que querían los agentes griegos era deshacerse de ellos enviándolos a Turquía: los montaron en botes hinchables, por turnos y en absoluto silencio para burlar la vigilancia de los turcos, y los trasladaron a la orilla oriental del río. Desde allí estuvieron vagando varias horas hasta que los militares turcos los descubrieron y les indicaron cómo llegar a Estambul, donde llevan tres meses viviendo de manera absolutamente irregular.

“Un negocio bien montado”

No son los únicos, en los últimos meses, la ONG Josoor ha documentado la deportación ilegal de 35 cubanos de Grecia a Turquía. Y cada semana siguen siendo expulsados más: hombres y mujeres de todas las edades e incluso familias con niños menores de edad, pese a las frías temperaturas que, esta semana, provocaron que 19 personas murieran de hipotermia durante la travesía del río Evros.

La modelo Tsunami Valiente, residente desde hace 14 años en Turquía y que ha organizado a la comunidad cubana de Estambul para ayudar a sus compatriotas indocumentados, afirma que hay más de 50 de los que ella tiene noticias: “Están aterrorizados, llegan psicológicamente traumatizados porque los agreden, los encierran y aparecen en un lugar que no conocen sin saber lo que les ha pasado. Yo entiendo que han entrado ilegalmente a Grecia, porque escapan de la dictadura cubana, pero para deportar a alguien hay que seguir unas normas, y Grecia está violando las leyes europeas y los derechos humanos”.

Entre los últimos en ser deportados están Yudith Pérez Álvarez y Lino Antonio Rojas Morell, que llegaron a Grecia irregularmente, por la misma vía que José y Reinaldo. Después de tres meses residiendo en Salónica, con ayuda de una amiga de nacionalidad griega decidieron entregarse a las autoridades helenas para iniciar el proceso de solicitud de asilo en Grecia. El jefe de policía de la Unidad de Extranjería de Salónica, Dimitrios Savvidis, dio instrucciones de que se desplazaran hasta el centro de internamiento de migrantes de Fylakio, en la provincia de Evros (fronteriza con Turquía). Explicaron su caso a los oficiales a cargo del centro, pero inmediatamente fueron detenidos y despojados de sus teléfonos, sus zapatos, sus medicinas e incluso de la compresa de higiene íntima que llevaba puesta Yudith, para alojarlos en una celda en la que pasaron la noche. Al día siguiente, fueron trasladados en barcas a través del río Evros.

“Un oficial me tomó la billetera con 375 euros y únicamente me devolvió los documentos, dos estampitas y una foto de mi nieto. El resto se lo metió en el bolsillo”, dice Lino: “A mí esto me parece un negocio bien montado por ellos. Porque a mi amiga de Salónica le dijo la policía que podíamos llevar dinero, que en ese campo se vendían cosas, que había quioscos de alimentos. Y nosotros pedimos a parientes que nos girasen dinero. Es un negocio preparado para robarte, porque las personas cuando llegan ahí desaparecen, no quedan registrados”. Sin embargo, en el caso de Lino y Yudith ambos tienen documentación que prueba su paso por Grecia: fotografías en Salónica, la compra de tarjetas SIM con su número de pasaporte, y una inscripción en la oficina de Médicos Sin Fronteras para recibir la vacuna contra la covid-19 a través de un organismo oficial griego.

Grecia niega de plano la existencia de estas prácticas, pese a que incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Consejo de Europa se han quejado de ellas (en este caso, el Ministerio de Migración no respondió a las preguntas planteadas por EL PAÍS). Al quedarse los migrantes sin teléfonos móviles y sin documentos resulta muy difícil probar su paso por Grecia. “Pero, ¿cómo puede ser que yo, sin papeles, termine en Turquía, un país que exige visado a los cubanos?”, pregunta José de forma retórica.

Desde 2020, la Red de Monitorización de la Violencia Fronteriza (BVMN en sus siglas inglesas), en la que participan una docena de ONG y asociaciones europeas, ha documentado más de un centenar de casos en los que unas 8.000 personas fueron devueltas ilegalmente de Grecia a Turquía, la mayoría a través del río Evros. Natalie Gruber, portavoz de Josoor, asegura que en el 98 % de las deportaciones que documentaron en 2021 desde Grecia “hubo violencia”.

Una fuente del Gobierno turco, que contabilizó 16.000 devoluciones de refugiados y migrantes el pasado año, asegura que se ha empezado a detectar también el envío a territorio turco de personas que entraron a Grecia por un tercer país, como es el caso de los cubanos: “Grecia debe cumplir sus responsabilidades internacionales y poner fin a los pushback y expulsiones colectivas, y tratar a los solicitantes de asilo como seres humanos con derechos. Repetimos constantemente nuestras quejas en los foros internacionales. Por desgracia, ni Grecia ni la Unión Europea nos han hecho caso”.

Ruta de los Balcanes para llegar a España

Los grupos de Facebook de cubanos en Rusia, están repletos de mensajes de personas que ofrecen rutas aparentemente fáciles para llegar desde Moscú a Grecia y España: «Manden privado y les explico». Y otros tantos, de personas denunciando haber sido estafados tratando de hacer esas rutas. “Hay algunos a los que les ofrecen pasaje en un supuesto tren de Moscú a Madrid que no existe por 4.000 dólares (3.500 euros)”, explica José. 

Hay quienes intentan llegar a la UE a través de la frontera rusa con los países bálticos o a través de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, pero la mayoría se inclina por la llamada “ruta de los Balcanes” (de Turquía y Grecia a Europa Central), si bien en sentido contrario al utilizado desde la crisis de los refugiados de 2015. Aquel año, cerca de un millón de refugiados y migrantes llegaron a la UE a través de esa ruta, pero el control fronterizo se ha reforzado desde entonces y los cruces irregulares se han reducido drásticamente.

Desde Moscú, los cubanos vuelan a Serbia, otro de los países que no les exige visado. Luego, cruzando las fronteras de manera irregular atraviesan Macedonia del Norte —donde en los últimos tres meses han sido detenidos unos 200 cubanos sin papeles— o Kosovo y Albania, para llegar a Grecia en extenuantes caminatas a través de las montañas. Desde ahí intentan llegar a Italia en ferri o en avión, o directamente a España usando documentos falsos y aprovechando la menor vigilancia dentro del espacio Schengen. En octubre, un centenar de cubanos fueron detenidos cuando trataban de tomar un vuelo hacia Milán en la isla griega de Zante (las embajadas de Cuba en Grecia y Turquía no han respondido a las preguntas de EL PAÍS).

«En Atenas deben haber llegado unos 1.000», explica un cubano que pasó por Grecia y ahora se halla en España; una cifra que confirma otro migrante cubano que logró montarse en un avión hacia España tras 20 intentos infructuosos: “Yo tuve suerte, pero cada vez está más difícil salir de Grecia”. Según confirman varias fuentes, la vigilancia ha aumentado y las policías griega y española han iniciado investigaciones sobre las redes de tráfico de personas que, en su opinión, manejan este nuevo flujo migratorio. Los cubanos entrevistados, sin embargo, aseguran haber empleado la ayuda de los traficantes solo en algunos tramos de la ruta y que la mayor parte del camino la hacen siguiendo los consejos de otros compatriotas y guiándose por Google Maps.

Pese a las dificultades de la ruta y a que muchos pierden sus ahorros a manos de traficantes sin escrúpulos o policías con aún menos criterios éticos, las imágenes de aquellos que lo consiguen, posando orgullosos en España en sus publicaciones de Facebook, seguirán animando a otros a intentarlo. 

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Los tribunales cubanos juzgan a 790 personas por las protestas del 11-J | Internacional

Las protestas contra el Gobierno de Cuba del pasado 11 de julio, las mayores ocurridas en la isla en 62 años de la revolución, han llevado a encausar a 790 personas. Son datos oficiales que ofrecen por primera vez las autoridades cubanas sobre el número de detenidos y los procesos en curso. Según la Fiscalía General, hay abiertos 117 expedientes contra 790 personas (el 69% de ellas en prisión provisional desde julio). De ellos, 55 son adolescentes de entre 16 y 18 años y otros 60 jóvenes de entre 19 y 20 años. Las acusaciones son diversas, y van desde desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y daños, en los casos más leves, hasta delitos como robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje e incluso sedición, sancionados con penas de hasta 30 años de privación de libertad, algo que ha sido muy criticado por diversas ONG y los familiares de los procesados.

Según la versión de la Fiscalía, los manifestantes del 11-J “atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista (…) en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos” en un intento de “destruir la Revolución”.

Sobre el delito de sedición, el que contempla penas más duras, que ha sido incluso cuestionado por figuras cercanas al Gobierno, las autoridades defienden que se “corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.

Hasta el martes se habían celebrado en la isla 84 juicios, en 44 de los cuales los tribunales ya dictaron sentencia, resultando sancionadas 172 personas. La Fiscalía no ha informado de las penas impuestas. Organizaciones anticastristas y la ONG Cubalex aseguran que al menos medio centenar de personas han sido condenadas a penas superiores a los 20 años de cárcel por sedición, y elevan el número de detenidos durante las protestas a más de un millar. En el caso de los menores de edad, las autoridades confirmaron que durante las protestas fueron detenidos 27 menores de 16 años, 10 de los cuales fueron ingresados en reformatorios. En Cuba la mayoría de edad es a los 18 años, pero desde los 16 se tiene responsabilidad penal (si bien con sanciones más atenuadas).

Las autoridades salieron al paso a las crecientes críticas por el procesamiento de adolescentes y acusaron a EE UU de fomentar una campaña contra Cuba por violar los derechos humanos. “Informe de ChildDefender señala que en 2019 cerca de 700.000 niños fueron arrestados y 3.371 asesinados con armas de fuego en EE UU. Por su parte, la aplicación de políticas antiinmigrantes provocó, entre abril y junio de 2018, la separación de 4.500 niños de sus padres”, contraatacó el Canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Petición fiscal en uno de los casos abiertos contra manifestantes por las protestas del 11 de julio.

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Este miércoles, en el tribunal provincial de San José, provincia de Mayabeque, se desarrollaba un nuevo juicio contra siete vecinos del pueblo de Bejucal. En esa localidad, situada a 30 kilómetros de La Habana, el 11 de julio una multitud salió a las calles y se manifestó frente a diversas sedes oficiales gritando consignas contra el Gobierno y el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, produciéndose en algunos momentos incidentes y rotura de vidrieras. Hay siete procesados, a los que se piden penas de entre 5 y 12 años de cárcel. Entre ellos está el estudiante de música Abel Lescay, que ha tenido notable repercusión mediática y a quien la Fiscalía pide una sanción de siete años de privación de libertad. Está acusado de desorden público y desacato continuado. Él asegura que no cometió ningún hecho violento. La única prueba que se ha conocido en su contra un vídeo en el que se ve que insulta a la policía. “La fiscalía me pide 7 años por llamarle a un policía maricón”, aseguró Lescay.

En el acta de la petición fiscal, suministrada por los familiares de los procesados, se describe así lo sucedido ese día en Bejucal: aproximadamente a las 2 de la tarde del 11-J, “aprovechando la compleja situación existente en el país relacionada con la pandemia”, los acusados se sumaron “a un numeroso grupo de personas que habían sido convocadas por las redes sociales para manifestarse en contra del orden constitucional establecido en el país, junto a las cuales recorrieron diversas calles del poblado, por las que obstruyeron el tránsito vehicular de algunas vías mientras vociferaban consignas y frases, entre las que se encontraba una que rezaba ‘Diaz-Canel, singao’, dirigida a ofender a la figura del Presidente de la República”. Prosigue el informe fiscal describiendo el recorrido que hicieron por el pueblo hasta llegar a una tienda de moneda en divisas y una farmacia, que fue apedreada, “causando una afectación económica de 1.400 CUP [pesos cubanos, equivalentes a 50 euros o 56 dólares al cambio oficial]”. De Lescay se dice que “además de vociferar su desacuerdo con el régimen social cubano, se enfrentó al Jefe de la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, Daniel Vázquez, al que llamó ‘maricón y mama pinga”.

El caso de Lescay, que ha recibido el respaldo de su Universidad, es considerado por un destacado académico cubano “un ejemplo de las sanciones desmedidas y ejemplarizantes con las que el Gobierno quiere lanzar un mensaje claro de que no serán toleradas más protestas”. No obstante, señala, “EE UU manipula todo lo que ocurre en Cuba, y eso no ayuda”, y pone como ejemplo la nota publicada por la embajada de EE UU en Cuba el 22 de enero: “Los padres de los jóvenes manifestantes del 11-J temían por sus hijos que se unieron a las protestas pidiendo un futuro mejor. Ahora el régimen acosa vergonzosamente a familias preocupadas y procesa a sus hijos”, acusa Washington. La respuesta cubana, a través del canciller Bruno Rodríguez, no se hizo esperar: “EE UU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados. Miente para empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales”.

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Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés: El Salvador admite a dos periodistas cubanos críticos con el régimen que fueron obligados a salir de la isla | Internacional

Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodriquez , miembros del Movimiento San Isidro y periodistas independientes de ADN Cuba .Héctor Luis Valdés

Dos periodistas cubanos que permanecieron por más de 30 horas varados en el Aeropuerto Internacional de San Salvador han sido admitidos al país centroamericano por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, después de que el régimen de Daniel Ortega, aliado de La Habana, rechazara su ingreso a Nicaragua.

Los reporteros independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés dejaron Cuba “presionados” por el régimen debido a su trabajo crítico en la isla caribeña. Relataron a medios locales que abandonaron el país gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos y tenían como destino final Managua, pero mientras hacían escala en El Salvador se les comunicó que no se les permitiría la entrada al vecino país. “No sabemos qué estatus legal tenemos, pero hemos solicitado ayuda y la hemos recibido”, ha afirmado Valdés a los periodistas reunidos en el aeropuerto salvadoreño.

Las autoridades salvadoreñas han afirmado que trasladaron a los reporteros a un hotel de la capital, mientras les entregan ayuda humanitaria y resuelven su situación migratoria. Rodríguez y Valdés fueron recibidos en la estación aeroportuaria por Ricardo Cucalón, director del Departamento de Migración y Extranjería, y Apolonio Tobar, procurador de derechos humanos salvadoreño. Ambos han relatado a las autoridades que fueron obligados a dejar Cuba debido a su trabajo. Rodríguez ha afirmado que estuvo encarcelado en una prisión de la isla durante ocho meses, donde ha sido torturado y estuvo bajo amenazas de muerte. “Me han obligado a abandonar el país por pensar diferente, por querer ejercer el periodismo independiente”, ha dicho el reportero.

El régimen cubano mantiene una fuerte represión contra las voces críticas, incluyendo activistas, intelectuales, artistas y reporteros. “En las últimas semanas hemos recibido reportes constantes de activistas y periodistas que, al igual que Héctor y Esteban, han sido obligados a salir de Cuba debido a las amenazas del régimen. [Miguel] Díaz-Canel parece decidido a construir un país con cero disenso. Es fundamental que los países democráticos de la región presionen a Cuba para frenar estos abusos y acojan a quienes se ven forzados al exilio”, ha dicho Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch. Sobre la negativa de Managua de admitir a los periodistas, Pappier ha agregado: “Tratándose de una dictadura brutal como la de Daniel Ortega, no sorprende que el Gobierno de Nicaragua use de forma arbitraria los permisos de ingreso para admitir a periodistas y activistas independientes cubanos”.

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha criticado la decisión del régimen cubano de expulsar a los reporteros. “Estamos hablando de denuncias de tortura. Esto reviste el más alto nivel de preocupación, porque son personas que estaban bajo custodia estatal. Esas denuncias deben ser investigadas rigurosamente y ojalá que con el acompañamiento de la comunidad internacional”, ha dicho Vaca en entrevista por teléfono. El relator ha calificado la situación de ambos periodistas como “ostracismo” y ha afirmado que su “expulsión es una sin salida muy difícil, que apunta a la vulneración de sus derechos”.

Esta nueva embestida del Gobierno cubano se da seis meses después de que estallarán una serie de protestas en el país caribeño desatadas por el descontento causado por el manejo de la pandemia y la escasez de alimentos y medicinas. Las manifestaciones fueron reprimidas por el régimen y los principales rostros de las protestas han sido perseguidos, encarcelados o asediados. “Estamos hablando que este hecho muestra que los efectos de represión y silenciamiento se han sostenido en el tiempo y que claramente no ha habido un acompañamiento de la misma intensidad de parte de la comunidad internacional. La sociedad cubana genera un alto nivel de autocensura frente a sus reclamos legítimos”, ha criticado Vaca.

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