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Alexéi Navalni, a las puertas de una comisaría de policía de Khimki, a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021.
Alexéi Navalni, a las puertas de una comisaría de policía de Khimki, a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021.SERGEI ILNITSKY (EFE)

El opositor ruso Alexéi Navalni, de 45 años, condenado a dos años y ocho meses de prisión, podría pasar hasta 10 años y medio más en la cárcel por una nueva acusación de fraude. “Seguiré luchando contra el poder. No temo ni al FSB, ni a las armas químicas, ni a Putin. No tengo miedo”, exclamó ante el tribunal que lo juzgaba en una prisión de alta seguridad a un centenar de kilómetros de Moscú. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, afirmó el activista, cuya situación ha vuelto a ser noticia en Rusia tras haber quedado relegado a un discreto segundo plano en los últimos meses por la escalada militar en la frontera con Ucrania y el vertiginoso encarecimiento de los bienes básicos.

Con un deterioro físico visible, pero enérgico al arremeter contra sus acusadores, el opositor pudo abrazar por primera vez en mucho tiempo a su mujer, Yulia Naválnaya, quien le acompañó durante toda la sesión.

El opositor, su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y el exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, fueron acusados por el Comité de Investigación ruso de haber desviado 356 millones de rublos (4,14 millones de euros) “para fines personales” del dinero recaudado para la campaña electoral de 2018 y otras de sus iniciativas. Sin embargo, en este juicio se acotó la demanda a apenas 2,7 millones de rublos entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes, quienes han causado unas sospechas enormes en la defensa: según el informe de la acusación, tres de ellos transfirieron entre 665.583 y 1,2 millones de rublos cada uno, cifras muy elevadas teniendo en cuenta que según el equipo de Navalni uno de ellos era un mecánico y otros dos empresarios que tenían pendientes procesos penales.

“No recibimos dinero público y estoy muy orgulloso de ello. Existimos porque tenemos apoyo”, dijo Navalni en otro momento de su intervención, que ha sido publicada en las redes sociales. “Hemos visto cómo se han divulgado por primera vez todos los gastos de un político durante cinco años. En total gasté ocho millones, lo que supone una media de 130.000 rublos al mes (algo más de 1.500 euros), menos que mis ingresos oficiales”, explicó Navalni.

Además de los dos cargos por el supuesto fraude, al activista se le imputan otras dos acusaciones más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021.

Un día antes del juicio, Yulia Naválnaya escribió una publicación en Instagram en homenaje a su marido. “La gente del Kremlin le teme tanto que él es la primera persona en Rusia a la que juzgan directamente desde la cárcel”, decía en un texto acompañado por la foto de su último encuentro juntos en prisión. Naválnaya lamentó que hubieran fijado la sesión justo un día antes de una de las cuatro jornadas al año a las que tienen derecho los reclusos para tener encuentros largos con familiares, “el día más importante del año para la persona encarcelada”, como recalcó en su mensaje. “Le quieren alejar de toda la gente, de los ayudantes, de los periodistas”, denunció su mujer en la red social, donde afirmó que este proceso “es tan terrible que el tribunal no tiene valor a hacerlo en Moscú” porque “Alexéi se mostrará orgulloso ante la acusación y se reirá de todo”.

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La abogada de Navalni Olga Mijaílova denunció a través de un comunicado que su defendido es víctima “de una persecución penal arbitraria, irrazonable e ilegal” dirigida “a su desprestigio y su alejamiento de la actividad política”, lo que viola el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Navalni se encuentra en prisión desde hace más de un año. El activista fue arrestado el 17 de enero de 2021 nada más aterrizar en Moscú por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional, impuesta en 2014 por el caso Yves Rocher, cuya condena fue declarada “injusta y arbitraria” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 al considerar que ni él ni su hermano recibieron un juicio justo. Sin embargo, en vez de acatar esta decisión, la justicia rusa decidió sustituir la pena por la libertad condicional.

El opositor fue detenido cuando regresaba de su convalecencia en un hospital de Berlín tras ser envenenado con Novichok, según confirmó la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Una pesquisa del proyecto de periodismo de investigación Bellingcat y varios medios digitales como The Insider reveló antes de su regreso que el opositor había sido seguido por un grupo del Servicio Federal de Seguridad (FSB) hasta el día que entró en coma, algo que reconoció el propio presidente ruso, Vladímir Putin, el 17 de diciembre de 2020.

Desde que fue condenado a prisión en febrero de 2021, todas las organizaciones de Navalni han sido liquidadas una tras otra bajo la etiqueta de “organizaciones extremistas”, y muchos de sus aliados se han visto obligados a abandonar el país por temor a ingresar en la cárcel.

Uno de ellos, Leonid Volkov, quiso destacar en Twitter el lado “simbólico” de este proceso. “En el tribunal no está la ‘jaula’ habitual para prisioneros porque toda la corte es una jaula. El juez está en una jaula. El fiscal está en una jaula. Solo Alexéi Navalni es un hombre libre”.

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La noticia del acuerdo opositor esta semana para prorrogar por un año más la presidencia interina a Juan Guaidó durante 2022 ha pasado desapercibida en la sociedad venezolana. El labrado consenso logrado entre los partidos democráticos, la decisión de reducir su aparato burocrático y el empeño por hacer una interpretación constitucional de sus confines, no han mitigado la sensación de intrascendencia.

Para parte importante de la opinión pública nacional, la presidencia interina es una abstracción sin contenido que ya no va a poder impulsar ninguna transición a la democracia: una entelequia que sólo se justifica para mantener los empleos y garantizar los salarios del personal que la ocupa, salpicado de acusaciones de irregularidades administrativas. Pero, a pesar del pesimismo, el desinterés y el distanciamiento emocional que se vive también en parte de los partidos opositores, el acuerdo anunciado parece indicar que, de momento, no existe un planteamiento estratégico con el cual sustituirla. Todos, incluyendo sus críticos, terminaron aprobando esta prórroga el lunes.

Pero pese a renovar su mandato un año más como presidente interino, Juan Guaidó afronta hoy su momento político más comprometido. Se ha enfriado el entusiasmo de la ciudadanía; aumentan los críticos dentro de sus propias filas; carece de instrumentos para hacerle frente al chavismo y enfrenta acusaciones por malos manejos de los recursos que administra el gobierno interino. Luce, además, particularmente expuesto frente al aparato judicial oficialista.

La extensión del mandato a Juan Guaidó, expresado en la reforma del Estatuto de Transición aprobado en 2019, fue posible gracias a que Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó) y Primero Justicia (el de Julio Borges y Henrique Capriles) se vieron forzados por las circunstancias a buscar un acuerdo para llegar a un punto de equilibrio que los obligara a deponer en sus aspiraciones mutuamente excluyentes.

El acercamiento es producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por los aliados internacionales de la oposición, en particular por Estados Unidos, con la activa intermediación del resto de los partidos aliados del G-4, como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.

Luego de agotar varias rondas de consultas a juristas y especialistas en derecho constitucional, Primero Justicia desistió de su intención de subordinar la gestión de Guaidó al Parlamento, controlado por la oposición en las elecciones de 2015, que hoy funciona en condiciones de semiclandestinidad.

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Voluntad Popular tuvo que transigir en que la presidencia interina siga regulada por los lapsos que contempla el Estatuto, abandonando la aspiración de mantener el cargo indefinidamente. Las delegaciones diplomáticas del Gobierno interino quedaron reducidas, de las 60 iniciales, a 10, que son las naciones actuales que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El diagrama construido dejó satisfechos a los diputados opositores. Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, quien manifestó su inconformidad con los primeros borradores, después pasó al beneplácito y declaró: “La Asamblea Nacional electa en 2015 es la única institución legítima que le queda al país, reconocida por el mundo democrático. No podemos dejar a Venezuela sin instituciones. Venezuela no puede desaparecer, no podemos entregar la República. Sabemos que esto es muy arriesgado y nada sencillo, pero primero son los intereses del país”, dijo.

Pero pese a los esfuerzos en la búsqueda de consensos, que contaron con la asesoría de varios abogados reconocidos, no impidieron que le lluevan las críticas. Eglée Gonzalez Lobato, politóloga y doctora en derecho de la Universidad Central de Venezuela, considera que la reforma del estatuto “amalgama escandalosamente funciones ejecutivas y legislativas en una sola persona”. “Se ha tomado una medida extrema para garantizar la continuidad de Guaidó, que está plagada de irregularidades. Con el argumento de que están defendiendo la democracia, han confiscado el Estatuto para garantizarse su permanencia en el poder, bajo el argumento de que este es un problema más político que legal. Cuando se desprecian los mecanismos legales y se pervierten los procedimientos, corremos el peligro de que los partidos democráticos asuman que están en una zona supraconstitucional”, opina.

González Lobato prevé que este paso “va a aumentar la hostilidad de Maduro. Es una circunstancia que dificultará el entendimiento. Minará las vías pacíficas que debemos buscar para salir sin traumas adicionales de esta tragedia nacional”.

El laberinto opositor

La extensión de un nuevo mandato a Guaidó no puede ocultar las claras grietas anímicas e interpretativas que en este momento surcan el panorama de la oposición venezolana, inmersa hoy en un nuevo extravío. En particular, en sectores de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática crecen las voces disidentes que cuestionan la obsolescencia del interinato y el agotamiento de la ruta trazada en 2019 para hacer posible el regreso de la democracia plena a Venezuela.

Argelia Ríos, analista política, considera que “el gobierno interino como proyecto ha colapsado. El único objetivo que lo fundamenta es la protección de los activos venezolanos en el exterior, salvarlos de las manos de Maduro, protegerlos para fundamentar una eventual transición a la democracia en el país”.

Ríos, que también es periodista y escritora, considera que el esfuerzo hecho por Guaidó ha sido titánico y debe ser reconocido: “El debilitamiento de Guaidó tiene mucho que ver con la falta de apoyos internos. Ha sido difícil concretar en torno a él un movimiento de unidad nacional. Mucha gente lo ve con recelo, como un enemigo que se transforma en un obstáculo para el sueño de llegar a la Presidencia en unas elecciones en 2024. Hay muchas personas con aspiraciones presidenciales que están decididas a sacárselo de encima”.

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