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Boris Johnson ha encontrado dos aliados inesperados en su lucha por sobrevivir un día más en el puesto: la burocracia administrativa y policial, y el hartazgo de algunos diputados conservadores que, como en el conocido chiste de los familiares del moribundo, comienzan a quejarse de que “ni se muere ni cenamos”. En la semana en que debía conocerse finalmente el informe de Sue Gray sobre las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento, la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de abrir su propia investigación sobre al menos ocho de esos eventos —después de detectar “serios indicios de infracciones penales”— ha alterado la agenda política de un país en combustión y desinflado en parte la tensión acumulada. New Scotland Yard ha pedido a la alta funcionaria que se limite a publicar “referencias mínimas” sobre aquellas partes del informe que podrían afectar a las investigaciones en curso.

La Policía se descarga a sí misma de toda responsabilidad, al asegurar a la vez que ni ha pedido que se retrase la publicación, como habían sugerido algunas informaciones, ni tiene inconveniente en que se den a conocer los detalles de otros encuentros y reuniones en Downing Street que no supusieron un presunto quebranto de la ley. Gray está desesperada por quitarse de las manos un informe que tenía finalizado el pasado miércoles, pero su prestigio profesional depende en gran medida de que no cunda la sospecha de un resultado final aguado y edulcorado, que no cuente toda la verdad a la ciudadanía.

En la actual situación de impasse, con abogados de una y otra parte peinando los detalles del texto, el consenso general es que su publicación se retrasará al menos hasta el próximo lunes, o incluso más tarde. “El informe debe ser publicado en su totalidad. Cualquier intento de esconder o suprimir detalles clave será un error”, advertía este jueves en Twitter el diputado conservador Mark Harper, uno de los más críticos con Johnson. Lo respaldaba, con un un retuiteo, Steve Baker, el parlamentario euroscéptico que orquestó la moción de censura interna contra la ex primera ministra, Theresa May; aupó a Johnson hasta Downing Street, y en los últimos días ha dado por amortizada la carrera del primer ministro.

Gray depende directamente de Johnson, como vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete. Es imparcial, pero no independiente. Debe entregar su informe directamente al primer ministro, y por eso ha filtrado sus temores a que el Gobierno decidiera editar el texto y suprimir las partes más embarazosas. Sería la versión más aséptica posible antes de que el propio Johnson acudiera a la Cámara de los Comunes, volviera a pedir perdón a los ciudadanos, aunciara una drástica remodelación de su equipo en Downing Street, e intentara pasar página. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ya ha anticipado que su partido está dispuesto a usar todo los procedmientos parlamentarios a su alcance para asegurarse de que el texto sea publicado y dado a conocer a los diputados de manera íntegra. Starmer ha pedido ya en reiteradas ocasiones a Johnson que dimita “por decencia”, y lleva tres semanas explotando el escándalo de las fiestas en las sesiones de control de la Cámara de los Comunes. En cada una de ellas, Johnson se ha mostrado más desafiante y combativo. Este miércoles ya dejó claro que no pensaba dimitir, fuera cual fuera el resultado del informe sobre las fiestas, y reprochó a la oposición estar perdiendo el tiempo mientras había cosas más urgentes que atender, como la crisis entre Ucrania y Rusia.

Pero la presión ha sido tan intensa, por parte de los medios, la oposición y sus compañeros de filas más críticos, que el primer ministro se ha comprometido ya al menos tres veces ante las cámaras a publicar el texto en su integridad. Conclusión: Gray quiere evitar tanto una interferencia en la investigación policial como airear detalles privados de muchos funcionarios de bajo rango, que pudieron participar en las fiestas, pero apenas se verían obligados a pagar una multa; la policía no quiere que se contaminen sus pesquisas y se vea arrastrada al debate político, porque el público y los medios sacarían rápidamente sus propias conclusiones; la oposición y los conservadores más irritados con Johnson no quieren que el debate se cierre en falso con un informe precipitado y descafeinado; y el equipo de Johnson aprovecha la incertidumbre para seguir ganando adeptos a su causa, y convencer a los parlamentarios de sus filas más dudosos para que concedan una nueva oportunidad a su primer ministro. Muchos han reclamado ya que se ponga fin a un asunto que mantiene paralizadas decisiones económicas y políticas importantes. Si Downing Street consigue desinflar el suflé, quizá Johnson, de nuevo, vuelva a demostrar por qué muchos le llaman el Houdini de la política inglesa.

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La Comisión de Salud Pública recomienda a los adultos vacunados que se hayan infectado de coronavirus esperar cinco meses desde que superan la covid para ponerse la tercera dosis, mientras que a los niños que aún no hayan recibido ningún pinchazo se les administrará una única inyección a las ocho semanas del contagio y no cuatro

Sanidad recomienda retrasar la tercera dosis a los cinco meses de pasar la covid


Un grupo de personas esperan por si tuvieran alguna reacción tras recibir su dosis de vacuna en València. EFE/Ana Escobar

Es la nueva recomendación de la Comisión de Salud Pública, que el pasado 5 de enero redujo a cuatro semanas el plazo de tiempo que tenía que pasar entre la infección y el pinchazo de recuerdo para los adultos con la pauta completa, decisión que, desde entonces, ha sido ampliamente cuestionada por los expertos, especialmente inmunólogos, que lo encuentran un «absurdo inmunológico».

Ahora, el consejo de los directores generales del Ministerio de Sanidad y de las comunidades es que transcurran cinco meses entre infección y refuerzo, aunque se podrá recibir antes: el mínimo que habrá que esperar es de 4 semanas.

«La evidencia actual muestra que el hecho de tener una infección por SARS-CoV-2 tras tener la pauta completa de primovacunación hace que se desarrolle una respuesta inmune más potente y más amplia en términos de neutralizar otras variantes del virus, en comparación con la respuesta inmune observada en personas que solo padecieron infección o que solo recibieron dos dosis», ha explicado el Ministerio de Sanidad al informar de la decisión.

Además, los contagios por ómicron «aumentan la respuesta de células de memoria a antígenos víricos diferentes a la proteína S en comparación con las infecciones tras vacunación causadas por la variante delta, lo que implica una ampliación de la inmunidad».

Por ello, en las personas con pauta completa que pasan la infección sintomática o asintomática, el tiempo que tiene que pasar desde el diagnóstico positivo hasta el recuerdo «será de un mínimo de 4 semanas», si bien «se recomienda su administración a los 5 meses tras el diagnóstico de la infección».

No será posible recibir el certificado europeo de recuperación para aquellos que no se hayan realizado una prueba PCR, es decir, que todos aquellos que han notificado la infección con un autotest de antígenos seguirán sin tener acceso a ese documento, según han explicado a EFE desde el Ministerio de Sanidad.

No obstante, las mismas fuentes explican que la mayoría de los infectados no tiene a día de hoy el certificado covid caducado, puesto que la validez es de 9 meses tras haberse recibido la segunda dosis.

En el caso de que alguno de los infectados necesite tener la tercera dosis puesta para poder viajar, se podrá vacunar desde cuatro semanas después de la infección.

Además, el Ministerio explica que España está promoviendo una modificación de esa normativa europea del certificado covid para que no se dé lugar a este tipo de problemas.

De momento, para los que no se han contagiado, la planificación de la tercera dosis queda igual: a los cinco meses de la segunda dosis para aquellos que fueron vacunados con ARNm y tres para los que recibieron AstraZeneca o Janssen.

Los niños contagiados, solo una dosis a las ocho semanas

En el caso de los niños de 5 a 11 años, lo aconsejable ahora es que aquellos que aún no han recibido ninguna dosis se pongan solo una a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección.

año vacunas
Inicio de la vacunación de niños con edades entre 9 y 11 años. EFE/Sergio G. Cañizares POOL

Si la infección se diagnostica después de la primera dosis, se administrará la segunda a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección, manteniendo siempre el intervalo de 8 semanas que se ha establecido entre pinchazos para ellos a diferencia de los 21 días marcados para los adultos.

Es decir, tendrán que haber pasado no solo 8 semanas desde la primera inyección, sino también desde el diagnóstico: los primeros niños que empezaron a vacunarse el 15 de diciembre tienen que recibir la segunda la primera semana de febrero, pero si se contagian ahora deberán esperar los dos meses desde que se infectan.

De esta forma, también para los pequeños se ha cambiado el intervalo: la actualización número 10, del 27 de diciembre, fijó que la población infantil entre 5 y 11 años con antecedente de infección, independientemente de la fecha de confirmación, se pusiera una sola dosis a partir de las 4 semanas después del diagnóstico o fecha de inicio de síntomas.

Si el contagio venía tras haber recibido la primera dosis, debían completar la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido 4 semanas de la infección, manteniendo también el intervalo de 8 semanas respecto a la primera dosis.

Pero con este cambio, ese intervalo se retrasa a las ocho semanas del contagio en ambos casos.

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