La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
La jueza Erika Aifán ha renunciado a su cargo como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala debido a las amenazas que ha sufrido de parte de “redes políticas y criminales”, ha denunciado este lunes la magistrada en un video publicado en Twitter. Aifán se ha exiliado en Washington tras afirmar que no cuenta con garantías suficientes de protección a su vida e integridad física. La jueza ha estado en el ojo del huracán porque ha llevado algunos de los casos más sonados de corrupción, que la convirtieron en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Con Aifán, son ya 14 jueces y fiscales los que han tenido que huir de su país hacia Estados Unidos debido a la persecución que enfrentan.
Aifán, que lleva 19 años trabajando en el sistema de justicia de Guatemala —seis de ellos a cargo del Juzgado D de Mayor Riesgo—, ha denunciado que recibió “amenazas y presiones” por su trabajo, al que, ha afirmado, le ha dado “una dedicación casi absoluta”. La jueza ha recordado que desde su despacho ha llevado casos de crimen organizado y estructuras de corrupción “en todos los niveles del Estado”, lo que la ha convertido en el objeto de serias amenazas. “He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, ha informado Aifán. “Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, ha advertido.
Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor. pic.twitter.com/eyyJcFQRsD
La renuncia y exilio de la jueza Aifán es la última muestra de la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Varios exjueces y exfiscales han señalado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, por obstaculizar su trabajo. A finales de febrero, el exfiscal especial contra la impunidad, Carlos Antonio Videz, dejó Guatemala y acusó directamente en un comunicado a la fiscal general Porras como responsable de su salida. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato, complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, señaló Videz. Una denuncia similar hizo el exfiscal general Juan Francisco Sandoval, quien fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”.
En una entrevista concedida a este diario a finales de enero, Aifán denunció que Porras ha permitido que se desarrolle una especie de cacería dentro del sistema de justicia contra jueces y fiscales que llevan importantes casos de corrupción. “Le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta”, dijo Aifán.
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En Washington también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, entre otros, quienes han convertido a la capital de Estados Unidos en el refugio de exoperadores de justicia perseguidos por sus empeño en combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en el país centroamericano.
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La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.
En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.
Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?
Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.
P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?
R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.
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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?
R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.
P. Parece que el sistema está en su contra.
R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.
P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?
R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.
P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?
R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.
P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?
R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.
P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?
R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.
P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?
R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.
P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?
R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.
P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?
R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.
P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?
R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.
P. Esos ataques continúan en su contra.
R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.
P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?
R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.
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