Cerca de cuatro millones de árboles se han sembrado en el Valle del Cauca durante los últimos dos años, cumpliendo así con el 50% de la meta que tiene el departamento dentro del Plan Nacional de Reforestación.
“En el marco de la Política Pública de Conservación Hídrica, la Gobernadora ha sido reiterativa en el compromiso con la meta nacional de sembrar 18 millones de árboles, de los cuales al Valle del Cauca le corresponden 8 millones. Ya entre todos los actores estamos cerca de los 4 millones de árboles”, dijo Nasly Fernanda Vidales González, secretaria departamental de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este ha sido un trabajo en conjunto con la comunidad e instituciones públicas y privadas, bajo el liderazgo de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, con su programa ‘Valle Más Verde’, con el cual se ha logrado contribuir al cumplimiento de la meta del Gobierno nacional.
“Con la nueva expedición de la Ley que salió el 30 de diciembre de 2021, se incentiva a las empresas medianas y grandes a comprometerse a que cada uno de sus empleados siembre dos árboles, como mínimo, y se creen los bosques de vida. Vamos a trabajar de la mano de la CVC. Con las empresas privadas, actualmente, estamos trabajando en esta normatividad con la Cámara de Comercio”, añadió la funcionaria.
El llamado del Gobierno del Valle a los actores públicos y privados, la comunidad y las instituciones educativas, es a trabajar de la mano para dar cumplimiento a esta meta y superar el objetivo de sembrar dos millones de árboles durante el 2022 y 2023.
El Departamento Administrativo de Hacienda Distrital adelanta el proceso de reconocimiento catastral en Santiago de Cali, con el fin de identificar las características de los predios que hacen parte del censo, a petición de los propietarios de los mismos o debido a algún operativo de rutina.
Edwin Alberto Perea Serrano, subdirector de esta dependencia, explicó que este proceso se realiza por medio de un equipo de reconocedores prediales, quienes se encargan de inspeccionar de manera técnica los predios; adicionalmente, señaló que “estas visitas obedecen a las solicitudes de los ciudadanos, sea por alguna inconformidad o actualización, ya que son ellos quienes deben presentar sus modificaciones a nuestra oficina para que sean registradas en la base catastral y, de esa manera, tener la información para liquidar correctamente, los diferentes tributos con los que deben cumplir”.
Cabe aclarar que este procedimiento también hace parte del proyecto movilizador que lidera el Departamento de Hacienda, Catastro con Enfoque Multipropósito, el cual busca las variables que presentan los inmuebles para utilizar esa información en pro de mejorar el desarrollo, la planeación y la toma de decisiones de política pública de Cali.
Por otra parte, el reconocedor predial, John Stiven Grueso Mosquera, afirmó que “todo contribuyente cuando se siente inconforme y desea generar una solicitud ante la Subdirección, la puede radicar; el paso siguiente de nuestra parte será enviar a alguien del grupo de visitas de terreno para que haga una revisión técnica con el fin de darle solución a la petición”.
Entre los procesos a los que este equipo se dedica están la incorporación de construcción, englobe, desenglobe, segregación, englobe de terreno y mejora, incorporación de propiedad horizontal, revisión de avalúo, verificación de poseedor de mejora, inscripción de mejora de lote ajeno, entre otros. “Así que la invitación a la ciudadanía es a que esté muy atenta y tranquila con estas visitas porque lo que buscamos es dar solución a sus trámites y, finalmente, ganar terreno con una base de datos catastral actualizada”, enfatizó Perea Serrano.
Fuente: Daniela Macías Portillo / Alcaldía de Cali
El Gobierno departamental celebró la reactivación de la conexión aérea Cali-Madrid de la aerolínea Avianca que conectará con cuatro frecuencias semanales al Valle del Cauca con España y Europa desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.
Julián Franco Restrepo, secretario de Turismo del Valle, indicó que esto corrobora el buen clima que rodea la dinamización del sector turístico en la región. “El mes de diciembre en particular fue un mes histórico en el flujo de pasajeros, con más de 600.000 pasajeros en el mes de diciembre, y estos meses que llevamos del año vienen con cifras muy importantes, ya hemos superado el millón de pasajeros en estos más de dos meses”, manifestó.
El funcionario puntualizó que la conexión aérea con España es necesaria para que sigan llegando más turistas, no solo de ese país sino de destinos como Francia, Alemania e Inglaterra, atraídos por actividades como el aviturismo, el turismo cultural o el ecoturismo.
“La realidad es que, si hacemos un comparativo con lo que pasaba antes de la pandemia, hoy tenemos más rutas y más frecuencias. Estamos conectados con más partes en destinos nacionales y también en destinos internacionales. No solo con la ruta a Madrid, sino con Ciudad de México, que es un destino que nos interesa muchísimo porque en su área metropolitana son más de 22 millones de personas”, agregó Franco Restrepo.
El Secretario de Turismo departamental concluyó que, de la mano de Aerocali como operador del terminal aéreo internacional de la región, se trabaja para reactivar también rutas aéreas desde Cali hacia Lima, Quito y Guayaquil.
Fuente: Heinar Ortiz Cortés / Gobernación del Valle
Ante la resistencia ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, ahonda en su estrategia de atacar el corazón de las ciudades clave de Ucrania y con armas cada vez más poderosas. Arrecian los bombardeos y el asedio sobre Kiev, la capital, y sobre Járkov, la segunda ciudad en población y una estratégica localidad del Este de mayoría de habla rusa, donde esta madrugada Putin ha lanzado grupos de paracaidistas que han atacado un hospital militar. Aunque no hay una cifra oficial del total de personas que han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva, Naciones Unidas contabiliza 136. Solo en las últimas 24 horas, los ataques en Járkov han dejado 21 muertos, mientras el flujo de desplazados internos y refugiados que huye de la violencia de Putin no cesa.
Sobre todo desde Kiev, después de que ayer el Ejército ruso advirtiese a la población que abandonase la capital porque iba a lanzar una serie de ataques. Mientras, las fuerzas invasoras del Kremlin avanzan por el flanco sur y han logrado ya progresos relevantes. El séptimo día de invasión, el Ejército ruso, que ya se había hecho con el control de la ciudad de Berdiansk, en el mar de Azov, ha entrado con fuerza en Jersón, una importante ciudad en el mar Negro, y continúa el duro asedio a la gran localidad de Mariúpol.
Esta madrugada Putin ha lanzado tropas de paracaidistas sobre Járkov, donde han atacado un hospital militar, el Centro Clínico Médico Militar de la Región Norte, según ha señalado el centro operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram, que también han alertado del estallido de una batalla entre los invasores y los defensores ucranianos, ha publicado la BBC.
El martes, las fuerzas rusas reforzaron el asedio a Jersón, de unos 280.000 habitantes y una ciudad con una estratégica industria naval. El Ejército de Putin, que había lanzado ataques a la localidad desde hace varios días, ha entrado ya en Jersón y se ha hecho con el control del puerto y de la estación de tren, según el alcalde, Igor Kolykhayev. Durante todo el martes, las fuerzas del Kremlin habían rodeado la ciudad sureña y plantado puestos de control en todas sus salidas. La toma de Jersón facilitaría el asalto a Odesa, la otra gran ciudad del mar Negro y, por tanto, el control de la salida al mar de Ucrania. A unas aguas, además, donde tres países de la otra tienen costas: Turquía, Rumania y Bulgaria.
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La gran ciudad sureña de Mariúpol está casi rodeada por completo por las fuerzas de Putin. Allí, la mayoría de los vecindarios llevan días sin calefacción, gas o electricidad; algunos también sin agua. Rusia ha bombardeado las subestaciones eléctricas de la ciudad y cortado así los suministros para facilitar el asedio. Además, las fuerzas rusas bombardearon el martes varios rascacielos en zonas residenciales de la ciudad, según el alcalde, Vadym Boychenko. “Las fuerzas enemigas están llegando a Mariúpol desde todas las direcciones, destruyendo nuestra infraestructura, matando a nuestras mujeres, niños y ancianos, y llamándolo una guerra para liberarnos”, clamó Boychenko en un vídeo difundido este martes.
Los analistas miliares temen que Putin endurezca aún sus ataques para desmoralizar a la resistencia. Mientras, el avance de la gran columna —unos 60 kilómetros— de vehículos militares rusos que avanza desde hace un par de días hacia Kiev ha ralentizado su avance por la escasez de combustible y alimentos, según fuentes de la inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos.
Uno de los objetivos prioritarios del Kremlin, además de lograr el control del estratégico sur del país y el Donbás, es Kiev, el corazón de Ucrania. El martes, un ataque aéreo sobre la torre de la televisión de la ciudad mató a cinco personas que estaban en la zona e hirió a otras cinco. La torre de televisión se encuentra en el área de Babi Yar, donde entre 100.000 y 150.000 personas fueron ejecutadas durante la ocupación nazi de Kiev, durante la Segunda Guerra Mundial.
El ataque, durante la guerra con la que Putin dice tener como objetivo “desnazificar” Ucrania, un país gobernado por un presidente judío, Volodímir Zelenski, causó la repulsa inmediata del Centro Conmemorativo del Holocausto de Babi Yar. “Putin que busca distorsionar y manipular el Holocausto para justificar una invasión ilegal de un país democrático soberano es absolutamente abominable”, dijo en un comunicado Nathan Sharanski, presidente del centro ex viceprimer ministro israelí. “Es simbólico que comience a atacar Kiev bombardeando el sitio de Babin Yar, la mayor de las masacres nazis”, señaló Sharanski, que nació en Donetsk.
Y a medida que las víctimas civiles aumentan, el presidente Zelenski eleva el tono hacia la comunidad internacional. Este martes, el líder ucranio reclamó a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea sobre el país para frenar los brutales bombardeos. “Un misil dirigido a la plaza central de una ciudad es terrorismo abierto y no disimulado”, dijo el presidente ucranio ayer, tras el bombardeo contra el edificio de la Administración regional de Járkov, en la icónica plaza de la independencia. “Es el terrorismo que pretende quebrarnos, quebrar nuestra resistencia”, aseguró Zelenski que en la noche del martes al miércoles mantuvo una conversación de 30 minutos con el presidente estadounidense, Joe Biden.
Y a medida que incrementa los ataques contra Ucrania se endurece el aislamiento de la Rusia de Putin. La marea de sanciones han afectado a la línea de flotación de su economía. El mercado de valores ruso, con el rublo desplomado, permanecerá cerrado también este miércoles mientras empiezan a verse los primeros síntomas de corralito en el país euroasiático, el más grande del mundo, con 144 millones de habitantes. Putin ha prohibido a las personas sacar más de 10.000 dólares en moneda extranjera a partir de este miércoles, según la agencia oficial de noticias Tass, mientras el país lucha por contener el impacto financiero generalizado de las sanciones por la invasión de Ucrania.
El presidente ruso, Vladímir Putin, intensifica su ofensiva contra Ucrania. A medida que las tropas de Moscú enfrentan resistencia del Ejército y de las milicias civiles, el Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos y contra infraestructuras civiles. En un intento por aislar la región del Donbás y hacerse con el control de todo el este de Ucrania, Putin ha iniciado esta mañana otro intenso ataque contra la ciudad de Járkov, la segunda más grande en población del país (1,4 millones de habitantes) y de mayoría de habla rusa. La enorme explosión ha golpeado el centro de la localidad —sitiada desde hace tres días y con las fuerzas ucranias reprimiendo la ofensiva—, alcanzando el edificio de la Administración Regional, según ha informado el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Ucrania.
La zona afectada por la explosión en Járkov (Ucrania) contra el Edificio de la Administración Regional, el 1 de marzo de 2022.Foto: REUTERS/ Vyacheslav Madiyevskyy | Vídeo: EPV
El vídeo de una cámara de seguridad frente al inmueble muestra las consecuencias del ataque, que ha tenido lugar alrededor de las ocho de la mañana, poco después de que se levantase el toque de queda en la ciudad. Tras el impacto del misil, una gran bola de fuego ha engullido los coches aparcados frente al edificio, junto a la simbólica plaza de la Libertad. El asesor del Ministerio del Interior Anton Geraschenko asegura que la intención del bombardeo era acabar con la vida del gobernador y de la cúpula política de la ciudad.
Aún no hay información sobre muertos o heridos de este nuevo bombardeo sobre Járkov, pero este lunes, en otro ataque contra infraestructuras civiles, diez personas murieron durante un bombardeo a un barrio residencial de la ciudad, según el alcalde, Igor Terejov. La explosión acabó con la vida de una familia entera —los dos padres y sus tres hijos— que viajaba en un coche por la zona atacada. Además, el castigo aéreo provocó decenas de heridos, con lo que las víctimas mortales podrían aumentar en las próximas horas.
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El ataque del lunes contra Járkov, el más destructivo hasta el momento en la guerra de Putin contra Ucrania, visibiliza el cambio de estrategia de Rusia en este conflicto, el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. “Hoy se ha demostrado que esto no es solo una guerra, es un asesinato de nuestro pueblo, el pueblo ucranio”, dijo el lunes Terejov en un vídeo mensaje publicado en las redes sociales.
Casi 90 edificios de apartamentos de Járkov, capital de Ucrania en las décadas de 1920 y 1930 y un importante centro educativo, han sufrido daños por los sucesivos bombardeos. Muchas partes de la ciudad están sin electricidad, agua o calefacción en pleno invierno y un buen número de personas pasan las noches acurrucadas en los refugios antiaéreos.
”Esto no es un ataque equivocado al azar, sino un exterminio consciente de personas. Los rusos sabían a lo que estaban disparando”, denunció el presidente ucranio, Volodímir Zelenski el lunes por la noche. “Esto es, sin duda alguna, un crimen militar. Una ciudad pacífica. Barrios residenciales tranquilos. Ni un solo objeto militar a la vista”, remarcó el líder ucranio, que ha llevado a Rusia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra. En concreto, Kiev denuncia que 16 niños han muerto en el país como consecuencia de distintos ataques y que hospitales y otras estructuras civiles han sido bombardeadas o han sufrido daños por ataques en zonas residenciales en los cinco días de ofensiva rusa.
Zelenski ha exigido la paralización “de inmediato” de los ataques, la expulsión de Rusia de la ONU y que ningún país adquiera recursos al régimen de Vladímir Putin. Por su parte, Moscú ha justificado la invasión del Estado vecino por un supuesto peligro de que obtenga armamento nuclear. Mientras se intensifica la ofensiva, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha afirmado en una intervención por videoconferencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra: “Ucrania tiene aún tecnología nuclear soviética. No podemos no actuar ante ese peligro”.
En Járkov, Maria Avdeeva, una analista ucrania que vive en esa ciudad, cuenta que los bombardeos están siendo muy intensos. Avdeeva estaba en la calle este lunes, con un grupo de medios, cuando uno de los bombardeos alcanzó un área residencial de la ciudad. “Fue terrible”, explica por teléfono. “Estábamos en espacio abierto sin ningún sitio para esconderse. Los ataques han seguido durante 15 minutos. Esa área residencial, con apartamentos y tiendas, sin objetos millares que pudieran ser objetivo de esos ataques”, comenta Avdeeva, por teléfono. La experta cree que el ataque contra Járkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa, es la demostración de Putin de que puede atacar a civiles y no le temblará el pulso en hacerlo, como en las guerras de Chechenia, donde aplicó una política de tierra quemada.
El bombardeo de este lunes en Járkov se produjo, además, al tiempo que una delegación ucrania y una rusa se sentaban por primera vez a negociar en Bielorrusia, junto a la frontera de Ucrania, para tratar de alcanzar un alto el fuego. La mesa de diálogo no tuvo logros concretos, aunque los equipos de ambos países se han emplazado a volver a conversar “en los próximos días”. La reunión podría ser esta vez en la frontera entre Ucrania y Polonia, según fuentes del Gobierno de Zelenski.
Un militar ucranio se acerca a un vehículo en Járkov.VYACHESLAV MADIYEVSKYY (REUTERS)
Mientras, muy cerca de Kiev, una inmensa caravana de vehículos militares rusos que se extiende a lo largo de 60 kilómetros al noroeste de la ciudad, según informa AFP, amenaza con incrementar las hostilidades en la capital de Ucrania, según las imágenes satelitales captadas por la empresa estadounidense Maxar. El ministro de Defensa de Reino Unido ha advertido de que Rusia tiene preparadas “largas columnas de blindados y vehículos con logística” a pocos kilómetros de la frontera y listas para sumarse a la ofensiva y apoyar a sus tropas sobre el terreno. Putin tiene la mayor parte de sus fuerzas terrestres a más de 30 kilómetros al norte de Kiev, que sigue estando en la mira del presidente ruso, que quiere extremar la ofensiva contra la capital, de 2,8 millones de habitantes, para forzar a Zelenski a capitular.
Con los intensos ataques a la sitiada Járkov y el avance de las tropas rusas por el sur, donde han logrado hacerse con el control de Berdiansk, en el mar de Azov, y la dura ofensiva contra la ciudad portuaria de Mariupol, donde la resistencia está plantando cara a las fuerzas de Putin, el Kremlin trata de hacer una pinza para envolver el Donbás. En Mariupol, la mayoría de los vecindarios están sin electricidad ni calefacción, después de que varios ataques alcanzaran puntos de suministro y subestaciones eléctricas, denunciaron las autoridades locales.
Con esos mimbres, también avanza la perspectiva de construir un corredor desde la península ucrania de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014 con un referéndum ilegal, hasta las regiones de Donetsk y Lugansk. Ese corredor permitiría una conexión con la estratégica península, que ha estado teniendo problemas de suministro de agua desde la anexión. Además, Putin intensifica su ataque contra la ciudad de Jersón, en el flanco izquierdo de Crimea, un punto clave que permitiría lanzar una dura ofensiva contra Odesa y hacerse con el control de todo el acceso al mar Negro, donde tienen salida tres países de la OTAN: Turquía, Rumania y Bulgaria. Las fuerzas rusas rodearon durante la pasada noche Jersón y desplegaron puestos de control a su alrededor, según las autoridades locales.
La ofensiva de Vladímir Putin para “desnazificar” Ucrania y “proteger” a la ciudadanía ha causado ya cientos de muertos y medio millón de refugiados. El Ejército ucranio está logrando contener por ahora el ataque en las ciudades más importantes del país. Pero los bombardeos han continuado este martes y las fuerzas rusas avanzan.
“Para el enemigo, Kiev es el objetivo clave. Quieren destruir nuestro Estado, y por eso la capital está bajo constante amenaza”, ha advertido el presidente Zelenski, que ha asegurado que Putin está intentando volar la principal central eléctrica de la ciudad para dejar a la capital, donde ya hay problemas de suministro, sin electricidad. Las fuerzas de seguridad ucranias han elevado además sus advertencias sobre infiltrados paramilitares a sueldo de Rusia. El Ejército asegura que tratan de penetrar en Kiev y que visten uniformes de policía o de las fuerzas armadas ucranias.
Al Kremlin no ha parecido importarle la marea de sanciones internacionales a sus empresas, personas y bancos rusos. Este lunes, Moscú ha respondido a las represalias que han cerrado el espacio aéreo europeo a las aerolíneas rusas y a los aviones privados que suelen utilizar los empresarios de la órbita del Kremlin, con el cierre de su propio espacio aéreo a 36 aerolíneas, incluidas las de los 27 países miembros de la UE. Rusia además, ha amenazado a la UE con más represalias. “Habrá una dura respuesta a las acciones de la UE. Rusia continuará asegurando el logro de los intereses nacionales vitales, independientemente de las sanciones o su amenaza”, ha dicho el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado en el que ha amenazado también con duras represalias a los ciudadanos de la UE y a las entidades involucradas en la entrega de armas, combustible y suministros de defensa a Ucrania.
Ebonni Chrispin de AIDS Healthcare Foundation sostiene un cartel en contra de la ley durante una conferencia de prensa, el 15 de febrero de 2022.Rick Wilson (AP)
Florida ha dado este jueves un paso más hacia adelante en su objetivo de sacar adelante la polémica ley conocida como “No digas gay”. La Cámara de Representantes del Estado sureño, de mayoría conservadora, ha aprobado el texto que restringe la discusión de los profesores y alumnos sobre la orientación sexual e identidad de género en las salas de clase. El proyecto de ley también permite que los padres puedan adoptar acciones legales contra los establecimientos en caso de que algún maestro infrinja la normativa, que ahora pasa a votación en el Senado local.
El proyecto de ley establece que “las enseñanzas del personal de la escuela o de terceros sobre orientación sexual o identidad de género no pueden ocurrir desde la guardería hasta el tercer grado [cuando los niños tienen entre ocho y nueve años] o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales”. El alud de críticas de las organizaciones a favor de los derechos LGBTQ+ recae en que el texto no especifica qué se entiende por “apropiada para la edad” o el “desarrollo de los estudiantes”.
Los demócratas también rechazan que los padres puedan demandar a un distrito escolar si un profesor viola la ley, porque eso, postulan, provocará que los maestros tengan miedo de hablar con sus alumnos. Además, al no especificar qué se entiende por “apropiada”, los padres pueden de manera subjetiva definir cuáles son los marcos de enseñanza que deben recibir sus hijos respecto a la orientación sexual e identidad de género.
El Proyecto de Ley de los Derechos de los Padres en la Educación ha sido aprobado por 69 votos a favor y 46 en contra. Todos los legisladores demócratas rechazaron la propuesta, y siete republicanos se unieron a ellos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ha especificado si, en caso de que ambas Cámaras aprueben el proyecto, lo firmará para convertirlo oficialmente en ley. La propuesta ha atraído un intenso debate y se ha transformado en un campos de batalla entre la Casa Blanca y DeSantis, quien se postula para la reelección.
El gobernador de Florida, una de las figuras más fuertes del Partido Republicano, considera que es “totalmente inapropiado” que los profesores conversen con sus alumnos sobre estas temáticas. Según el gobernador, los maestros están diciéndole a los niños: “no se preocupen, no elijan su género todavía”. El presidente Joe Biden respondió al republicano con un comunicado en Twitter. “Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por este odioso proyecto de ley, sepan que son amados y aceptados tal como son”, escribió el mandatario. “Les protegeré las espaldas”, agregó.
El proyecto presentado por el congresista republicano Joe Harding ha sido el más sonado de los otros 15 textos similares presentados en congresos estatales. Todos ellos intentan limitar los libros de texto y las materias que aborden temas de la comunidad LGBTQ+.
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Protesta a favor de la movilización sindical de los trabajadores de Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks, en noviembre pasado en Nueva York.YUKI IWAMURA (AFP)
Los obstáculos que una conocida cadena de cafeterías está poniendo al intento de sindicarse del personal de uno de sus locales, en Memphis, pueden tener las horas contadas. La empresa ha despedido a los implicados en la movilización, alegando violación de normas corporativas. Los afectados acusan a la compañía de represalias. El conflicto no es el primero, ni será el último, solo una gota de agua más en la caldera en ebullición del mercado laboral en Estados Unidos. La pandemia ha puesto las cartas boca arriba: los trabajadores han tomado conciencia de su fuerza —de lo valiosos que resultan en un mercado con más oferta de empleo que demanda—, y el sindicalismo resurge de sus cenizas.
Nadie más decisivo que Joe Biden, presidente de EE UU, para respaldar el creciente movimiento sindical, que estaba de capa caída desde los años ochenta: la tasa de afiliación, del 10,3% en 2021, supone la mitad que entonces, unos cuatro millones de miembros menos. Este lunes, el mandatario demócrata, el más afín a los trabajadores desde Franklin Delano Roosevelt si no el más sindicalista de la historia, recibió las conclusiones de un grupo de trabajo de alto nivel, creado por orden ejecutiva suya en abril pasado, con 70 recomendaciones para impulsar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva.
Bajo la dirección de la vicepresidenta, Kamala Harris, y del titular del Departamento de Trabajo, Martin Walsh, el grupo de expertos, entre los que figuran 13 miembros del Gabinete, ha estudiado junto con agencias del Gobierno y los principales sindicatos del país los pasos a dar para fortalecer el músculo sindical. La idea básica es hacer del Gobierno federal “un empresario modelo”, algo revolucionario en un país con una desconfianza tan palpable hacia el papel del Estado y, a la vez, con tantos niveles de Administración (local, estatal y federal). Biden firmó la semana pasada una orden ejecutiva que exige acuerdos salariales entre sindicatos y empresas adjudicatarias de contratos de construcción federales por valor de más de 35 millones de dólares (algo más de 30 millones de euros).
El demócrata no iba de farol cuando en la campaña electoral dirigió repetidos guiños a los que califica de “espina dorsal de la clase media”. Lo repite cada vez que tiene ocasión, como este martes, cuando reiteró su apoyo a “los trabajadores estadounidenses: esos que construyeron la clase media, con buenos salarios y beneficios y el derecho a organizarse”. Una de sus principales apuestas, la PRO Act (siglas en inglés de Ley que protege el derecho a organizarse), está atascada desde la primavera pasada en el Congreso. La norma actualizará la legislación vigente, que permite a las empresas, entre otras cosas, “reemplazar permanentemente” —nótese el eufemismo— a los trabajadores huelguistas para zanjar cualquier protesta.
Apoyo de los sindicatos
Los principales sindicatos del país han saludado con entusiasmo las conclusiones del grupo de trabajo, a las que seguirá, en un plazo de seis meses, un informe sobre la implementación de las medidas. Por parte de Biden, no es un brindis al sol. En puertas de unas elecciones decisivas, las de medio mandato, en noviembre, Biden necesita granjearse todo apoyo posible, y los trabajadores —especialmente los obreros más afectados por la Gran Recesión de 2008 y, ahora, por la pandemia— son un vivero de votos clave. Lo fueron en la victoria de Donald Trump en 2016.
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Los sindicatos están decididamente de parte de Biden. “Este informe sin precedentes reconoce el papel fundamental que desempeñan los sindicatos en la forja de una economía más justa. Al tomar medidas para dar a más trabajadores el derecho a organizarse y negociar colectivamente, la Administración está demostrando una vez más que está comprometida a usar su poder para apoyar a los sindicatos”, valora en un comunicado Liz Shuler, presidenta de AFL-CIO, la mayor central de Estados Unidos y Canadá, que agrupa a 57 sindicatos sectoriales y representa a 12,5 millones de trabajadores. “Estamos comprometidos a trabajar con la Administración para implementar estas recomendaciones, y esperamos el próximo informe del grupo de trabajo en seis meses”. Un periodo de descuento hacia la importante cita electoral de noviembre.
“Esto podría cambiar las reglas del juego, tener en cuenta el poder del Gobierno federal y cómo se pueden utilizar sus prácticas para promover la organización de los trabajadores”, abunda Shuler. Esa es precisamente la intención de la Casa Blanca: que el ejemplo cale en el sector privado, mucho más reticente a la actividad sindical. Entre las recomendaciones del grupo de expertos, figura facilitar la sindicación de los trabajadores federales, pero también de los empleados de empresas contratistas de la Administración, o facilitar el acceso de los organizadores sindicales a los empleados dentro de instalaciones gubernamentales, lo que no siempre sucede en la actualidad.
Empresas con normas laborales respetuosas con los derechos de los trabajadores puntuarán más a la hora de conseguir adjudicaciones. Una especie de discriminación positiva que actualmente existe justo al revés: según la legislación vigente, el Gobierno no puede negar contratos a empresas hostiles a los sindicatos. Solo si considera que esa animadversión, y las consecuencias laborales derivadas de ello —conflictos, huelgas o protestas—, puede retrasar sustancialmente la provisión de bienes o servicios importantes, podría descartar a dicha firma en el concurso de adjudicación. La idea es que el dinero que el Gobierno paga a empresas por bienes y servicios no acabe usándose en prácticas antisindicales.
“Propuestas de sentido común como estas, como aprovechar el poder de las oficinas federales para ayudar a los trabajadores a conocer mejor sus derechos y la coordinación entre agencias para hacer cumplir las leyes laborales existentes, ayudarán a restablecer el equilibrio de poder y allanarán el camino para que los trabajadores obtengan mejores salarios y condiciones de trabajo y jubilaciones más seguras”, sostiene en un comunicado Tom Conway, presidente de United Steelworkers, con 1,2 millones de afiliados.
Una premisa clave del grupo de expertos fue que la Ley Nacional de Relaciones Laborales, de 1935 y que protege los derechos laborales federales, fomenta explícitamente la negociación colectiva y, sin embargo, según la Casa Blanca de Biden, ninguna Administración anterior ha explorado formas de hacerlo sistemáticamente. Los ecos del New Deal de Roosevelt, la serie de programas y acciones para superar los estragos de la Gran Depresión, vuelven a resonar con fuerza en la cruzada sindical de Joe Biden.
De obreros a universitarios
Mientras en un almacén de Amazon en Bessemer (Alabama) se recuentan los votos de la segunda votación para formar un sindicato –la primera, que en abril rechazó la propuesta de los trabajadores, fue declarada nula por la Junta de Relaciones Laborales por “injerencia de la empresa en el proceso”-, la movilización laboral en distintos sectores adquiere velocidad: no son solo los trabajadores de cuello azul (los obreros), también profesionales liberales y titulados universitarios, quienes demandan más derechos y mejores condiciones.
El personal laboral del Congreso presentó la semana pasada su iniciativa, que pese a contar con el apoyo explícito de Biden debe ser aprobada por una resolución de la Cámara de Representantes, previsiblemente esta misma semana. La fiebre sindical llega también a las redacciones de conocidos diarios, con una quincena de iniciativas en 2021 entre las que se cuentan las del New York Times y la delegación en EE UU del británico Financial Times. También los profesores ayudantes en numerosas universidades, como Columbia, Harvard, Boston, Cornell o Illinois, reclaman derechos y mejores contraprestaciones.
La cadena de cafeterías con presencia internacional que este martes despidió a varios empleados en Memphis, apenas puede contener el empuje del resto. De sus 9.000 locales en el país, ya han presentado solicitud de sindicalizarse trabajadores en 50 localidades de 19 Estados del país; los pioneros fueron los baristas de una cafetería de Buffalo, en diciembre. En Nueva York, los repartidores de comida a domicilio -los deliveristas, en espanglish– disfrutan desde enero de los primeros derechos laborales, entre ellos poder usar el baño de los restaurantes a los que sirven, gracias al respaldo formal del Ayuntamiento a su movilización. Un ejemplo del decisivo papel que la Administración puede desempeñar en la primavera sindical de EE UU.
La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.
En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.
Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?
Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.
P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?
R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.
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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?
R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.
P. Parece que el sistema está en su contra.
R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.
P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?
R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.
P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?
R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.
P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?
R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.
P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?
R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.
P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?
R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.
P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?
R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.
P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?
R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.
P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?
R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.
P. Esos ataques continúan en su contra.
R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.
P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?
R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.
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