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En la madrugada del 10 de marzo Visa dará al botón rojo y denegará todas las autorizaciones a los bancos rusos para que los titulares de tarjetas con su logotipo puedan pagar con ellas en el extranjero. Mastercard y American Express harán algo similar, y los extranjeros tampoco podrán utilizar sus tarjetas en la Federación Rusa. Hasta ahí llega la presión al Gobierno de Vladímir Putin de los operadores de dinero de plástico globales, cuyos sistemas serán sustituidos gradualmente por el ruso MIR —que irónicamente se puede traducir por la palabra paz—.

El MIR, creado por el Banco de Rusia en 2017, tres años después de las primeras sanciones por la anexión de Crimea, deberá relevar a las plataformas estadounidenses a medida que caduquen las tarjetas, pero sea como sea, los rusos no tendrán problemas dentro de su país, y podrán seguir pagando con Visa o Mastercard sus compras en el supermercado o en un comercio electrónico —siempre que no salgan de Rusia— hasta la fecha de su vencimiento. Puede que, al afectar a todos los bancos, el aislamiento del sistema financiero ruso sea ahora mayor que el impulsado con la desconexión del sistema SWIFT de las entidades sancionadas exclusivamente por EE UU y sus aliados. Pero en cualquier caso, es un grano más en la montaña de medidas corporativas para levantar un muro frente a las decisiones del Kremlin.

Unas medidas que día a día están afectando a los ciudadanos. Tras los ataques, la ola de sanciones ha llevado a los rusos a sacar parte de sus ahorros porque la crisis del rublo de 1998 está presente en la memoria de muchos. En las redes sociales se pueden encontrar algunas imágenes puntuales de colas en cajeros automáticos, aunque los españoles que tienen negocios allí confirman que en otros es posible conseguir efectivo y todavía funcionan sistemas de pago como Revolut, aunque no las tarjetas de débito europeas.

La decisión de Visa y Mastercard extiende los problemas de los clientes de los grandes bancos ya sancionados, como Sberbank, Alfa-Bank y VTB, a otras entidades que habían salido indemnes de la exclusión del sistema SWIFT y se veían como intermediarias en las operaciones con el extranjero, como Tinkoff, cuyo dueño protestó recientemente contra la guerra.

Los pagos no son los únicos problemas. La población teme un posible desabastecimiento de medicamentos que el Gobierno se ha apresurado a desmentir. El Ejecutivo se planteó crear una licencia especial para empresas que colaboren con el sector, y el ministro de Salud, Mijaíl Murashko, quiso tranquilizar la semana pasada a los ciudadanos al asegurar que hay grandes reservas de fármacos y no se han detectado problemas en el suministro.

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Las presiones también se dejan sentir en las comunicaciones. Algunos españoles que se están planteando abandonar el territorio cuentan que las oficinas de la aerolínea de bandera rusa Aeroflot están desbordadas. La compañía ha suspendido todas sus rutas internacionales a partir del 8 de marzo, salvo a la aliada Bielorrusia, después de que la agencia del transporte aéreo Rosaviátsiya advirtiese del riesgo de que fueran confiscados en otros países sus aviones en régimen de leasing. Antes había tomado la misma decisión S7, compañía socia de Iberia. Además, la Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos y hoy la única alternativa es hacer escala a través de Turquía o cruzar la frontera por tierra con los países bálticos o Finlandia.

Problemas dentro y fuera

Las nuevas sanciones suponen bastante más que un dolor de cabeza. Entre otros problemas, para los rusos que viven en el exterior y los europeos que tienen familia allí resulta muy difícil mandar dinero o recibirlo, por ejemplo para los que viajan o están estudiando en otros países. La prensa rusa informa de que las entidades no dejan que los ciudadanos dispongan de sus ahorros en otras divisas; y el banco central ha limitado a 5.000 dólares al mes las transferencias a familiares hechas desde Rusia al extranjero. Además, las autoridades han publicado un decreto que permite a empresas y organismos convertir a rublos la deuda contraída con países hostiles en otras monedas, como dólares o euros.

De este modo, el cerco económico aterriza poco a poco en las calles desde los despachos de los banqueros centrales y las grandes corporaciones. El goteo de marcas que dan la espalda al país no cesa, aunque otras, como reflejaba este domingo el New York Times, se resisten. Las cadenas de comida rápida como McDonald´s o Yum Brands y fabricantes de alimentos como PepsiCo y Coca-Cola trabajan y callan sobre el conflicto al tiempo que se enfrentan a una creciente presión en las redes sociales para que detengan sus operaciones en el país como han hecho muchas otras multinacionales.

Algunas cadenas de supermercados como Auchan han introducido restricciones a la compra de ciertos productos “para evitar la especulación”. Por ejemplo, se ha establecido un tope de cinco latas de alimentos en conserva, cinco litros de aceite vegetal, cinco kilos de cereales y 10 de azúcar, según informa la agencia de noticias Ria Novosti.

En algunos casos el éxito de las medidas que se anuncian no es completo. Nike, por ejemplo, ha dejado de vender a través de la web, pero sus tiendas siguen abiertas, y distribuidores como LaModa venden artículos de esta y otras marcas que han anunciado su marcha temporal, como Mango. Otras, como Apple, Ikea o Inditex han paralizado hasta nuevo aviso la venta de sus productos en todas las tiendas, oficiales y de intermediarios.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado este jueves un mensaje contundente a Rusia: Europa no aceptará una vuelta atrás a la lógica de las esferas de influencia desplegada durante la Guerra Fría y, pese al compromiso europeo con el diálogo para resolver las actuales tensiones, la Unión Europea impondrá sanciones “enormes” contra Moscú si ataca a Ucrania. “Que quede claro, apostamos por el diálogo, queremos que los conflictos se resuelvan en los grupos que se han formado con este fin. Pero si la situación se deteriora, si hay nuevos ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras a gran escala. La comunidad transatlántica tiene un compromiso firme en este punto”, subrayó.

La mandataria europea recordó que la UE es el mayor socio comercial de Rusia y de largo su mayor inversor extranjero y, aunque “es cierto que esta relación comercial también es importante” para la UE, “lo es mucho más para Rusia”, advirtió.

Fuentes diplomáticas en Bruselas aseguran que la UE mantiene abierta la oferta de diálogo con Rusia y que en los próximos días y semanas se redoblarán los contactos para intentar evitar un desenlace militar del conflicto. Pero añaden que tanto el club europeo como EE UU y el Reino Unido adoptarán represalias sin precedentes si el presidente ruso, Vladímir Putin, lanza un ataque contra territorio ucranio.

Desde que Rusia procedió a la anexión de Crimea, en marzo de 2014, tanto la UE como Estados Unidos han aprobado varias rondas de sanciones comerciales y financieras que, sin embargo, apenas han tenido impacto en la política rusa, ya que Moscú, como principal proveedor de energía de Europa, confía en que las medidas nunca serán lo suficientemente serias como para interferir en las exportaciones de gas. En las últimas semanas, no obstante, tanto funcionarios europeos como estadounidenses han insistido en la posibilidad de aprobar nuevas sanciones de una magnitud desconocida hasta ahora. Alemania, por su parte, ha advertido de que en caso de ataque a Ucrania podría poner en cuestión la puesta en marcha del gaseoducto Nord Stream 2 que transportaría directamente gas ruso desde Siberia a Alemania a través del mar Báltico.

Durante su intervención por videoconferencia ante el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que este año celebra su reunión anual de forma virtual y reducida por la pandemia, Von der Leyen rechazó lo que considera “los intentos de Rusia de dividir a Europa en esferas de influencia” porque, además, “Ucrania es libre de decidir como Estado soberano”.

Las negociaciones para una respuesta occidental a cualquier agresión rusa se han acelerado en las últimas semanas, tanto dentro de la UE como en la relación transatlántica. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, se encuentra en gira europea para intentar afianzar un frente común. Blinken ha visitado Kiev y Berlín, antes de trasladarse este viernes a Ginebra para un encuentro con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. Y el estadounidense tiene previsto intervenir el lunes por videoconferencia en el consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que se celebra en Bruselas.

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Los ministros, bajo presidencia del alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, analizarán el lunes el estado de preparación de las potenciales sanciones contra Moscú. La preparación de ese castigo se lleva a cabo rodeada de un enorme hermetismo para no desvelar a Putin las represalias a que podría verse sometido.

Von der Leyen ha subrayado en Davos: “Nuestras dificultades no son ni con Rusia ni con el pueblo ruso; nuestras dificultades son con las peligrosas políticas del Kremlin, en una reedición de modelos de comportamiento autocrático que esconden una vieja verdad: donde falta confianza, la fuerza no puede reemplazarla”.

La presidenta de la Comisión aprovechó su comparecencia virtual para reivindicar la fortaleza de las democracias que, según la política alemana, se han visto reforzadas durante la covid-19. “La pandemia ha demostrado la capacidad de actuación de nuestras democracias y que las democracias son la forma de gobierno más poderosa, resistente y sostenible”, ha señalado la dirigente alemana. “Lo que temen los autócratas es el atractivo de nuestras democracias liberales, nuestro éxito económico, nuestras libertades civiles y la libertad de expresión y de ideas”, ha descrito Von der Leyen un panorama que contrasta claramente con la situación de una Rusia muy golpeada por el virus, con una economía alicaída y con un sistema político basado en la represión y persecución de las fuerzas opositoras.

No fue el único mensaje institucional que lanzó Von der Leyen en el Foro de Davos. La dirigente europea anunció que para principios de febrero presentará una propuesta para una ley europea de semiconductores, con la que pretende reducir la dependencia de la UE de esta tecnología mediante la producción propia de chips. Para ello, Bruselas autorizará que se destinen ayudas públicas a la fabricación de microchips con el objetivo de lograr fabricar el 20% de la producción mundial para 2030.

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Un operario, el 15 de diciembre, en una fábrica de equipamiento para cohetes en Ekaterimburgo (Rusia).
Un operario, el 15 de diciembre, en una fábrica de equipamiento para cohetes en Ekaterimburgo (Rusia).Donat Sorokin (Donat Sorokin/TASS)

Empujado por las sanciones, el Kremlin emprendió en 2014 un ambicioso plan económico para sustituir las importaciones por productos nacionales. El castigo de la Unión Europea y Estados Unidos contra las personas y firmas que participaron en la anexión de Crimea, en 2014, y la guerra del Donbás fue respondido por el Kremlin con un veto general a la compra de alimentos a Occidente. En los años sucesivos, y bajo más acusaciones de represión e injerencia en elecciones extranjeras, la lista de sanciones creció mientras que Moscú redobló su apuesta, con mayor o menor éxito, por el “fabricado en Rusia”.

Las ordenes para sustituir las importaciones por productos rusos abarcan todos los sectores imaginables. El Ministerio de Industria creó un portal en el que aparecen todos los planes de sustitución, desde la industria pesada a los medicamentos y el comercio minorista. Por ejemplo, la importación de ropa para niños debía ser reducida del 85% del total en 2016 al 65% en 2021; y los discos de freno de los automóviles del 60% al 20%, respectivamente.

En algunos casos se han logrado avances notables. Las compañías de gas y petróleo, muy castigadas por las sanciones, habrían reducido las importaciones de su equipamiento del 60% al 43% entre 2015 y 2020, según el Ministerio de Industria. Este sector ha sido uno de los objetivos de las medidas punitivas de Washington “para ejercer una presión económica a largo plazo sobre el país”, según reconoció el Congreso de Estados Unidos en un informe de enero del 2020.

En otros casos nada ha cambiado en el mercado. Según un estudio de la Escuela Superior de Economía, al terminar 2020, las importaciones del comercio minorista superaban el 75% del total, con ropa y juguetes por encima del 90%.

“La sustitución de ciertas importaciones no es, per se, proteccionismo. En los años setenta, Japón y Corea del Sur compraron licencias y medios a los extranjeros para empezar a producir ellos mismos y tuvieron éxito”, afirma Alekséi Portanski, profesor de la Escuela Superior de Economía y exjefe de la Oficina para la Adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que se incorporó Moscú en 2012. “Sin embargo, esto debe ser estrictamente planificado: qué sectores concretos queremos cambiar y en qué plazo de tiempo”, subraya Portanski.

Siete años después de lanzarse este plan, las empresas rusas todavía se topan con enormes problemas para equiparse con diseños nacionales. “El principal obstáculo fue, y sigue siendo, la ausencia de alternativas rusas de cualquier calidad”, cuenta Serguéi Tsujlo, jefe del departamento de Encuestas Empresariales del Instituto de Política Económica Gaidar. Según los sondeos del organismo, un 80% de las firmas del país se encontraban con ese obstáculo el pasado septiembre, el porcentaje más alto desde que se comenzó a realizar esa encuesta, en enero de 2015.

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“Este factor está muy asociado con la ampliación de las restricciones impuestas tanto por nuestros ‘socios occidentales’ como por las autoridades rusas”, señala Tsujlo. “Con los problemas logísticos globales, y a medida que crece el desgaste de los equipos, los fabricantes rusos no encuentran lo que necesitan en el mercado interior”, agrega. El segundo problema, según el sondeo, es “la baja calidad de los productos rusos” que manifiestan más de la mitad de las empresas, frente al 25% que decía lo mismo en 2016.

Uno de los problemas para incentivar la producción nacional es que su desarrollo exige importantes inversiones de tiempo y de dinero, especialmente si se quiere ser competitivo para exportar, porque el mercado interno del sector no es suficientemente grande para compensar el gasto. Y a ello se suma el coste de importar materiales para la producción: la moneda rusa se ha devaluado de 45 rublos por euro en enero de 2014 a 85 rublos por euro actualmente.

“La sustitución de importaciones no ha dado resultados. Dicen que ha triunfado, pero no es verdad, manipulan las cifras”, asevera Portanksi. “Los alimentos rusos han aumentado su cuota en los mercados, sí, pero mirémoslo desde el punto de vista del consumidor, que es el que nos interesa. Han aparecido productos rusos, pero son más caros y la calidad no muy buena, ¿Por qué? Antes los supermercados tenían más oferta, ahora nuestros productores son monopolistas”, afirma el experto.

Portanski hace referencia a un estudio de 2019 de la Escuela Rusa de Economía que analizó cómo había funcionado la sustitución en el sector alimentario en su primer lustro. Salvo las categorías de aves, cerdo y tomates, cuyos precios reales bajaron, el resto se encarecieron para el consumidor. Según sus cálculos, los ciudadanos rusos pagaban un sobrecoste de 5.100 millones de euros al año frente a los precios de 2013. Y esto antes del coronavirus. Con la pandemia y la interrupción global en los suministros, la situación es aún peor, pues según Rosstat (la agencia rusa de estadísticas) solo el año pasado se encarecieron los alimentos un 10,6%.

“La Unión Europea es nuestro principal socio comercial, y nos interesa continuar con esta colaboración, con sus inversiones nos llega el know-how (los conocimientos prácticos) que nos hace falta”, recalca Portanski.

En pleno conflicto por las sanciones, Bruselas acusa al Kremlin de priorizar a las empresas rusas frente a las comunitarias en sus licitaciones y por ello anunció en noviembre que recurrirá ante la OMC, cuyo principio básico es que sus miembros no discriminen por procedencia. La Comisión Europea recalca que el impacto económico para sus empresas “es muy significativo”, puesto que las licitaciones rusas mueven miles de millones de euros cada año.

Bruselas denuncia en concreto tres normas del Kremlin. Primera, las corporaciones estatales rusas valoran el precio ofertado por las empresas nacionales como si tuviera una deducción de hasta el 30%. Segunda, las compañías rusas deben pedir autorización cuando van a importar ciertos productos de ingeniería. Y tercera, hay cuotas que garantizan el origen ruso en las licitaciones para numerosos artículos, como vehículos, equipos médicos y productos tecnológicos.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso comentó las demandas de Bruselas a través de su canal de Telegram. “Es una estupidez porque la sustitución de importaciones fue una respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Bruselas dijo durante mucho tiempo que nuestro país había sido ‘duramente castigado’. Lo que es ‘duro’ es el ‘sadomasoquismo”, afirmó María Zajarova.

Un indicio de que no avanza el plan según lo previsto es que el pasado 24 de diciembre se enmendó el decreto de 2014 sobre las cuotas para las compras estatales de productos rusos. De los 100 artículos listados según la clasificación rusa, 41 han quedado exentos por no haber aún fabricantes suficientes. Entre ellos, lámparas médicas, ordenadores portátiles, tarjetas inteligentes, circuitos integrados y otros componentes electrónicos.

Por ley, los programas de los sistemas informáticos clave del sector público deberán ser sustituidos a partir del próximo 1 de enero, mientras que el resto tendrá que cambiarse por software ruso al acabarse su vida útil. Sin embargo, la resistencia mostrada por las empresas ha llevado al presidente ruso, Vladímir Putin, a apoyar la propuesta del ministro de Industria Digital para hacer legalmente responsables a los ejecutivos que no cumplan con este objetivo. El departamento que dirige Maksut Shadáyev llegó incluso a vetar a la petrolera Transneft una compra a Microsoft de siete millones de euros, aunque al final cedió ante la realidad: el pasado 29 de diciembre aprobó que la agencia nuclear Rosatom adquiera software de gestión empresarial de la alemana SAP por nueve millones.

Y en la sanidad, lo mismo. En 2015 se lanzó un programa a cinco años para que el 40% de los equipos médicos fueran nacionales, pero apenas ha avanzado, especialmente tras estallar la pandemia, y a finales de 2020 su cuota rondaba el 29%, según la Cámara de Cuentas. Los alicientes son pocos: largos plazos para registrar los productos y la depreciación del rublo, que encarece aún más la compra de materiales fuera, especialmente de China.

En enero de 2014, justo antes de las sanciones, el economista Víktor Ivánter (fallecido en 2019) abogaba en un artículo publicado en el diario oficial Rossískaya Gazeta por invertir en la industria nacional y poner fin también a la “dependencia crítica” en los alimentos. “Tras 20 años reformando, hemos logrado algo a lo que no queremos renunciar: la elección del consumidor, pero esto aún depende de las importaciones”, decía Ivánter. Ocho años después, la elección es menor y más cara en la cesta de la compra.

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