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Joe Biden aseguró este jueves que Rusia pagará por una invasión de Ucrania que Estados Unidos llevaba meses anticipando y que, pese a ello y a las 1.000 amenazas de sanciones, Vladímir Putin ha acabado perpetrando este jueves. “Putin es el agresor. Putin ha decidido comenzar esta guerra. Ahora él y su país pagarán las consecuencias”, recalcó el líder estadounidense. En coordinación con los aliados, anunció una nueva oleada de sanciones, que incluyen limitaciones a la importación de productos tecnológicos, el bloqueo a la financiación de empresas públicas y grandes grupos bancarios, castigos a individuos de la oligarquía rusa y nuevas restricciones para la deuda soberana del país.

El presidente compareció ante los medios en la Casa Blanca poco después de reunirse con los líderes del G-7, tras una noche aciaga, de sangre derramada, en la que Putin había anunciado la guerra a Ucrania bajo el eufemismo de una “acción militar especial”. Que lo hiciera en plena reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, para más inri, preside ahora Rusia, da medida del desafío y del mensaje que estaba dispuesto a lanzar a Occidente.

“Putin quiere restablecer la antigua Unión Soviética. Y esa ambición es completamente contraria al lugar en el que está hoy el mundo”, señaló Biden. “Nunca se trató de una preocupación sincera por la seguridad, esto ha sido una agresión pura y simple. Putin tiene una visión siniestra del mundo”, añadió.

El arsenal de sanciones, aunque de calado, excluye sin embargo algunas acciones más trascendentales que estaban sobre la mesa, como las penalizaciones contra el propio Putin o la desconexión del sistema internacional de pagos SWIFT, que habría tenido implicaciones globales. Tampoco golpea el estratégico sector energético.

El presidente de Estados Unidos explicó que las medidas buscan “causar el máximo daño a Rusia y el mínimo en EE UU y en los países aliados”. Admitió, sin embargo, que el paquete de sanciones podría tener consecuencias en el mercado del gas y del petróleo —Rusia es uno de los grandes suministradores mundiales― y se dirigió a los ciudadanos estadounidenses, que en noviembre acuden a las urnas por las elecciones legislativas, con este mensaje: “Esta agresión no puede quedar sin respuesta. Si la dejamos sin respuesta, las consecuencias serán peores”. Para tratar de contrarrestar el golpe, avanzó que EE UU liberará más reservas de crudo.

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Ha sido un viejo conocido el que ha puesto al presidente estadounidense ante el mayor conflicto exterior desde que llegó a la Casa Blanca, el que ha provocado la crisis más grave con Rusia desde el fin de la Guerra Fría. Biden vivió en primera línea, como vicepresidente de Barack Obama, tanto la revolución europeísta del Maidán (2014) como la reacción furiosa de Putin, que desembocó en la anexión ilegal de Crimea y el apoyo a las regiones separatistas del este de Ucrania.

Esta vez, a diferencia de entonces, la unidad de EE UU y los aliados es más sólida, más allá de diferencia de tonos o estilos; y esta vez, Washington ha expuesto ante el mundo por adelantado cada uno de los pasos que creía que el Kremlin pensaba dar, a base de compartir las alertas procedentes de su información de inteligencia, con el fin de cortar su capacidad de sorpresa. Washington anticipó que los más de 100.000 soldados apostados en las fronteras con Ucrania aumentarían exponencialmente para preparar la invasión, advirtió de que Moscú fabricaría pretextos para justificar la invasión —Rusia ha alegado una escalada violencia en las regiones separatistas que Ucrania y los aliados desmienten―. Biden afirmó el pasado viernes que creía que Putin ya había tomado la decisión de atacar y que sucedería al cabo de unos días. Washington advirtió a Naciones Unidas, además, de que el jefe del Kremlin tenía ya una lista de individuos a los que represaliar. Y el propio Putin lo advirtió en su discurso del lunes contra los miembros del Gobierno ucranio.

El presidente ruso no ha tenido complejos en cumplir paso a paso lo que EE UU ha ido avanzando. Ni eso, ni el arsenal de sanciones que prometieron los aliados ha servido para disuadir al dirigente ruso. Biden advirtió de que Putin “quiere poner a prueba a Occidente, ver si estamos juntos en esto”. También anunció el envío de nuevas tropas a Alemania, desde donde el Ejército estadounidense supervisa sus operaciones en la Europa del Este.

La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU alcanzó momentos dramáticos la noche del miércoles en Nueva York. El embajador ruso, como presidente mensual del Consejo, dio la palabra a su homólogo ucranio, Sergiy Kyslytsya. Este, en un tono tan desafiante como sereno, apartó los folios que llevaba preparados —”Ya no sirven de nada”, dijo—, leyó un artículo de la Carta de la ONU e instó al embajador ruso a pronunciarse después de espetarle: “No hay purgatorio para los criminales de guerra. Se van directo al infierno, embajador”. “Rusia ha declarado la guerra a Ucrania”, dijo el representante ucranio. “No es una guerra, es una acción militar especial”, replicó el ruso, informa María Antonia Sánchez-Vallejo.

Error de Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, asumió su error de percepción. “Estaba convencido de que no pasaría nada grave, me equivoqué”, dijo, e instó a Putin a la contención. “Solo tengo una cosa que decir desde lo más profundo de mi corazón: presidente Putin, no permita que sus tropas ataquen Ucrania. Dele una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya”, pidió en vano.

Con las sanciones anunciadas hasta este miércoles, EE UU había golpeado a dos grandes instituciones financieras públicas, a cinco miembros de las élites cercanas a Putin, las vías de financiación de deuda pública y el consorcio responsable del nuevo gasoducto Nord Stream 2, que se construyó para transportar gas entre Rusia y Alemania por el Báltico, pero cuya entrada en funcionamiento ha quedado en suspenso por el conflicto.

La duda es cómo toda esta artillería afectará a Rusia, si el Kremlin ya ha hecho los cálculos y está dispuesto a aguantar el tirón. La Bolsa rusa se derrumbó este jueves, el rublo tocó un suelo histórico. Todo se podía dar por descontado, pero el grueso de las sanciones tardará en tener efecto y las dentelladas del Ejército ruso van muy rápidas. EE UU y los aliados de la OTAN han recalcado desde el principio que no desplegarán tropas dentro de Ucrania, ya que el país no forma parte de la alianza de defensa. Una futura entrada de esta antigua república soviética en la OTAN es, de hecho, unos de los elementos que han activado la agresión de Putin, que reclama garantías de que esa incorporación no tendrá lugar nunca. Los aliados sí han contribuido con armamento y ayuda financiera. Ese respaldo, con todo, no parece suficiente para resistir la presión militar del Kremlin.

Una fuente del Pentágono citada por The New York Times señaló este jueves que, según su información, Moscú persigue “descabezar al Gobierno e instalar un presidente afín a sus intereses”. Biden quiso lanzar también un mensaje de esperanza. “No se equivoquen, la libertad triunfará”, insistió al final de su declaración.

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Victoria Cárdenas, este lunes en un hotel de Madrid.
Victoria Cárdenas, este lunes en un hotel de Madrid.KIKE PARA

Mientras que, en Managua, capital de Nicaragua, Daniel Ortega se preparaba este lunes para jurar un cuarto mandato consecutivo como presidente, en Madrid, Victoria Cárdenas, esposa de uno de los 170 presos políticos en Nicaragua en la actualidad —según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, alzaba la voz ante la comunidad internacional para lograr la libertad de su marido. Juan Sebastián Chamorro fue encarcelado hace siete meses durante su participación como precandidato en las elecciones presidenciales. Desde entonces, su esposa y su hija han tenido que vivir en el exilio en EE UU, no pueden visitarlo y apenas reciben noticias de él. “Mi familia solo lo ha podido verlo cuatro veces. Como él, estoy acusada de traidora a la patria y si vuelvo a Nicaragua correría el mismo riesgo y caería presa”, cuenta Cárdenas a EL PAÍS.

Con la voz desencajada, la mujer recuerda las condiciones en las que fue retenido su esposo en la madrugada del 8 de junio de 2021. “Ocho patrullas y más de 40 policías armados llegaron a medianoche a mi casa y se lo llevaron. Allanaron mi vivienda por más de cuatro horas y desde ese momento no he podido volver a verle”. Le atormentan su estado de salud y las condiciones de su reclusión en la cárcel de Chipote, en la que se han registrado sistemáticos actos de tortura en contra de los prisioneros, de acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU presentado en septiembre pasado. “Él ha perdido tanto peso, que me ha dicho mi cuñado que si entra por la puerta no lo reconocería”. Aunque Chamorro solo ha podido reunirse con su abogado en una ocasión, su proceso está suspendido y su detención es indefinida, su esposa cree en su resiliencia. “Está resistiendo con la moral y el espíritu fuertes porque sabe que es inocente, pero está en condiciones muy frágiles”.

La mujer ha volcado su vida en la causa de su esposo y los presos del Gobierno de Ortega. “En mi futuro solo está liberar a mi marido. Esa es mi cruzada”. Desde un hotel en la Gran Vía, se prepara para un día más de reuniones con diplomáticos, entrevistas y conferencias en las que expone su situación y aboga por la cooperación internacional ante la represión en su país. El Gobierno de Nicaragua ha cerrado cerca de 20 medios de comunicación en la última década, según un informe presentado el año pasado por la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

A pesar de que Cárdenas llegó a España este domingo, ya se ha reunido con el ministro de relaciones Exteriores, José Manuel Albares, y varios representantes de diferentes ONG en busca de apoyo. “El mensaje del ministro es que España está comprometida con la democracia y la ayuda al pueblo nicaragüense”, cuenta. En su agenda semanal no queda mucho tiempo para el descanso. Cárdenas se ha acostumbrado a hablar con elocuencia y concreción, aunque la caracterice un suave tono de voz. Este lunes por la tarde expuso también su caso a los medios locales y algunos representantes de organizaciones civiles en la Casa de América. Además, estará en Bruselas y Ginebra esta semana para hablar con altos cargos europeos. Antes de la tragedia de su familia se consideraba una mujer discreta y alejada de los asuntos políticos. Sin embargo, el drama que la acompaña la ha obligado a exponerse públicamente. “Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para ejercer presión sobre el régimen de Ortega”, destaca sin pausas.

Cárdenas no está sola. Su caso la ha unido a Berta Valle, esposa del opositor preso Félix Madariaga, quien también era candidato de la oposición. “Fue muy fácil encontrar apoyo la una en la otra en medio del sufrimiento, ante las injusticias con nuestros esposos.” Las dos mujeres llevan meses en una campaña común y casi siempre están juntas, aunque Valle no ha podido acompañarla en esta última gira de reuniones por problemas de salud. Sus maridos fueron detenidos con apenas unas horas de diferencia. Ambos están acusados de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, de acuerdo con una nota la Policía de Nicaragua, que desde mayo de 2021 ha arrestado a más de 40 opositores y activistas. Pese a la encarcelación de Chamorro y Madariaga y de otros cinco candidatos en las elecciones del país, los comicios se celebraron el pasado 7 de noviembre, dejando como ganador a Daniel Ortega, con apenas el 18,5% de participación ciudadana, según la organización Urnas Abiertas. “Yo no llamaría el día de hoy [por ayer] una toma de posesión, ya que no fue una elección, sino una farsa electoral”, denuncia Cárdenas, quien ha pasado hasta tres meses sin noticias de su marido.

“Todo nicaragüense que está en la oposición o tiene un familiar en ella es amenazado y silenciado”. Ante el afán de que su hija vuelva a reunirse con su padre, la mujer se antepone al miedo de las represalias en Nicaragua. Ha pasado de rehuir el lente público, a convertirse en una cara conocida por la lucha de los presos del régimen de Ortega, que completó 13 años seguidos en el poder en octubre del año pasado. “Yo no he escogido una carrera política, pero sí soy esposa y madre y tengo que defender lo que es correcto”, afirma convencida, pero con ojos cansados. No tiene fecha de regreso a casa, pero anhela volver a un país distinto y seguir trabajando por los derechos humanos luego de la liberación de su esposo. “Soy optimista. Tengo esperanza de que los presos políticos van a salir más temprano que tarde”. Para no recurrir al llanto, concluye con una frase para darse aliento. “Mi esposo está detenido por querer una Nicaragua con dignidad, justicia y libertad. Yo aún espero que lo logremos”.

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