Las docentes María Elena Ocampo de González, de la Institución Educativa Santa Cecilia, y María Dolores Leguizamón, de la Institución Educativa Vicente Borrero Costa, fueron las ganadoras de la convocatoria Intercambio de Saberes para el Fortalecimiento de las Bibliotecas Escolares-Cali-Portugal 2021-2022.
Incentivar a los profesores que proponen iniciativas para mejorar las bibliotecas escolares y que promueven la lectura y escritura en las instituciones educativas oficiales de la ciudad es el propósito de las dos pasantías que la Secretaría de Educación otorga cada año, a diferentes países.
Las licenciadas visitarán las ciudades de Oporto y Lisboa en Portugal, país reconocido internacionalmente por su Red de Bibliotecas Escolares, creada por los Ministerios de Educación y Cultura con la finalidad de que en todos los centros educativos públicos del país hubiese una biblioteca escolar funcionando con apoyo pedagógico y técnico.
María Elena Ocampo de González es docente de la IEO Técnico de Comercio Santa Cecilia, participó en la convocatoria con su proyecto Plan Institucional de lectura escritura y oralidad Santa Cecilia, Pileosace, en el cual evidenció el trabajo que ha venido realizando desde hace 34 años, implementando rincones de lectura y motivando a sus estudiantes a leer.
“Los niños de la ladera de Alto Menga, en República de Brasil, no tienen libros y los papás no tenían con qué comprarlos, entonces tuve vecinos que me regalaban libros y yo los llevaba y formaba rincones de lectura”, anotó la licenciada María Elena.
Por eso, su propósito es seguir fomentando el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores.
Por su parte, María Dolores Leguizamón, docente de grado quinto de la sede Presbítero Eloy Valenzuela adscrita a la IEO Vicente Borrero Costa, tituló su proyecto: La literatura afrocolombiana, una mezcla de sabor a cultura e identidad, con el cual pretende perpetuar esa voz viva presente en todas las comunidades.
“La mayoría de mis niños pertenecen a la etnia afrodescendiente que es una etnia muy oral, el rescate de todas esas tradiciones que manejan los abuelos sabios de la comunidad y los líderes culturales; adicionalmente, pudimos darnos cuenta que en los niños había una falta de comunicación asertiva”, agregó la ‘profe’ María Dolores.
Conocer nuevos proyectos de trabajo para enriquecer su propuesta pedagógica en la Institución educativa
Delegados de la Secretaría de Educación, la Fundación Carvajal y la Fundación Bibliotec fueron los encargados de revisar los siete proyectos inscritos en la convocatoria, además, de realizar visitas a las instituciones educativas para conocer de cerca las experiencias y así seleccionar las iniciativas ganadoras del intercambio.
El rasgo más llamativo del próximo Gobierno de Portugal es la apuesta por el feminismo. El socialista António Costa, que ganó con mayoría absoluta las elecciones anticipadas celebradas el pasado 30 de enero, estará al frente de un Consejo de Ministros que será paritario por primera vez en su historia, con nueve mujeres y ocho hombres. No es el único elemento que refuerza el poder político de las mujeres en este gabinete: Costa también ha entregado la cartera del Ministerio de Defensa, crucial tras la invasión rusa de Ucrania y sus efectos sobre la potenciación de las estrategias militares, a Helena Carreira, una especialista en sociología militar del Instituto Universitario de Lisboa que desde 2019 dirigía el Instituto de Defensa Nacional. La tercera decisión relevante es el refuerzo en el organigrama de su número dos, la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, que amplía las competencias de su cartera con misiones estratégicas como la coordinación de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que supondrá la llegada de 16.600 millones de euros hasta 2026, la fecha en la que también finalizará el mandato del actual ejecutivo.
La difusión del nuevo Gobierno generó un inesperado traspié entre el primer ministro, António Costa, y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tenían previsto una audiencia oficial en el palacio de Belém, sede de la Jefatura del Estado, en la tarde del miércoles. Sin embargo, la filtración de nombres en algunos medios irritó a Rebelo de Sousa, que decidió cancelar la reunión. “Si se confirman las carteras, no hace falta una audiencia. Por lo visto, he de darme por enterado por la prensa”, declaró el presidente de la República. A última hora del martes se anunció la composición del nuevo Gobierno, que tendrá 17 carteras (dos menos que el anterior). La reducción más significativa, sin embargo, se da en el escalón de las secretarías de Estado, que se reducen de 50 a 38. Costa ya había anunciado que optaría por un Gobierno más pequeño que el de la legislatura pasada, interrumpida a medio camino por el desacuerdo de la izquierda para aprobar los Presupuestos de 2022, lo que condujo a la convocatoria electoral.
Con las manos libres gracias a la mayoría absoluta, António Costa ha elegido un equipo con más peso político, donde se sentarán algunos de los socialistas que hasta ahora han sonado como posible recambio del secretario general del PS y primer ministro cuando dé por finalizada su etapa. Nadie le discutirá ahora a Costa, entronizado tras el contundente triunfo de enero, la libertad para elegir cuándo abandona la política doméstica. Su arrolladora victoria ha hecho que el debate sobre una hipotética sucesión que, de cuando en cuando, asomaba a la prensa, haya desaparecido por completo. Aun así, Costa sentará en el Consejo de Ministros a los cuatro que podrían reunir, a día de hoy, perfil para sucederle. Dos de ellos repiten en el Gobierno: Pedro Nunes Santos seguirá al frente de Infraestructuras y Vivienda y Mariana Vieira da Silva se refuerza como una superministra y número dos del gabinete. Además ha dado entrada a otros dos potenciales candidatos: Ana Catarina Mendes, que fue líder parlamentaria en la anterior legislatura, y Fernando Medina, exalcalde de Lisboa que perdió en septiembre pasado frente al candidato de una plataforma de centro derecha, Carlos Moedas (Partido Social Demócrata).
La principal sorpresa del nuevo Gobierno ha sido la incorporación de una brillante científica, Elvira Fortunato, como ministra de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior. Fortunato, que es independiente, llega avalada por una reconocida carrera en la investigación en la electrónica. Desde su laboratorio en la Universidad de Lisboa, creó el llamado “chip de papel” y patentó junto a Samsung una pantalla transparente realizada con materiales ecosostenibles.
La vida política portuguesa lleva casi dos meses paralizada, tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular el recuento del voto de los emigrantes que viven en países europeos y ordenar la repetición de las elecciones legislativas debido a las anomalías registradas en el proceso. El nuevo escrutinio ha dado los dos diputados que estaban en juego al Partido Socialista, que ve así más reforzada aún su mayoría parlamentaria. Paradójicamente, la repetición, decidida tras un recurso del PSD, ha restado un diputado a la oposición para sumarlo a la mayoría del PS, que tendrá 120 escaños frente a los 77 del principal partido de la oposición. La nueva Asamblea de la República se constituirá el próximo martes 29 y el Gobierno tomará posesión al día siguiente.
La última frontera del continente europeo que han cruzado un millar de ucranios desde comienzos de marzo se atraviesa en un automotor diésel de Comboios de Portugal que suele partir de la vía 1 de la estación de Badajoz alrededor de las 16.25. Este domingo aguarda la llegada del retrasado tren de Madrid con 31 refugiados. Cuando se apean en el andén, los voluntarios de Cruz Roja fotocopian a toda prisa sus pasaportes, reparten bolsas de plástico con bocadillos y les proporcionan una pulsera verde que les identifica. El todoincluido de la guerra. Los trenes de Europa al servicio del mayor movimiento demográfico desde la Segunda Guerra Mundial: más de 3,5 millones de desplazados por la contienda en Ucrania se distribuyen por un continente que –esta vez, sí– les ha abierto los brazos de par en par.
Los ucranios sufren la pésima conexión ferroviaria entre España y Portugal, que les obliga a tomar tres trenes y emplear 10 horas y media para recorrer 624 kilómetros. A estas alturas, apenas una menudencia que solo añade cansancio al agotamiento que acumulan refugiados como Violetta Khadasevich y Serguéi Dzemikhov, que habrán recorrido nueve países cuando esta noche lleguen a su destino final tras más de una semana de viaje.
En su vida anterior al 24 de febrero eran sumilleres en Kiev. Tienen 23 y 26 años, están casados y son bielorrusos. Huyen con Elena, la madre de Serguéi, y su mascota Mike, un perro abandonado que adoptaron en un refugio en Bielorrusia hace cuatro años y que no ladrará ni una sola vez durante las cinco horas que dura el trayecto hasta Lisboa. Tampoco los niños hacen ruido, entretenidos en juegos en el móvil, ni se elevan voces de conversaciones entre adultos. Las madres reprenden a los pequeños que corretean por el pasillo, como si no quisieran molestar. Las vidas de quienes huyen caben en pequeñas bolsas que se apiñan en el compartimento superior de los asientos.
Violetta y Serguéi han pasado la noche en un albergue en Badajoz, atendido por Cruz Roja. Los sumilleres están curtidos en huidas. Hace dos años salieron de Bielorrusia, después de que la policía apaleara a Violetta durante toda una noche. Ella muestra la foto de su torso amoratado. Explica que la detuvieron sin motivo camino del metro. Se mudaron a Kiev. “Teníamos una buena vida. Nos ayudó un montón de gente a encontrar trabajo y a tener documentos”, explica Serguéi dentro del tren. Un Kiev que nada se parece al que dejaron atrás, sometido a las reglas de la guerra. Su último techo allí fue una estación de metro para protegerse de bombardeos. Esperan reconstruir su vida por tercera vez en dos años.
A pesar de que los refugiados tienen que recorrer más de 4.000 kilómetros hasta Portugal, el país del continente más alejado de Ucrania, 18.400 han recibido ya el estatuto de protección temporal que concede el Gobierno luso para agilizar su integración: los niños entran en el sistema educativo y los mayores pueden trabajar sin trabas burocráticas. Aunque sorprendentemente no había ningún dispositivo de acogida a su llegada a Lisboa y fueron encaminados a una comisaría de policía cercana para recibir ayuda.
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La solidaridad de la colonia ucrania afincada desde hace años en Portugal (más de 27.000 personas en 2021) incentiva también el largo desplazamiento. La pareja bielorrusa tiene amigos en Nazaré, mientras que Irina, que viaja con su cuñada y su sobrina de seis años, pretende llegar hasta Setúbal, donde residen familiares.
El ucranio Igor Ryzhykov, en el tren que le lleva de Badajoz a Lisboa el pasado domingo 20 de marzo.JOAO HENRIQUES (JOAO HENRIQUES / EL PAIS )
No todos eligen Portugal por disponer de una red de apoyo. Igor Ryzhykov escogió el país por su buena imagen: “Agradable y donde la gente habla bien inglés”. Su familia está a salvo de momento en la zona occidental de Ucrania y confía en poder traer a su hija con él en cuanto logre instalarse. La guerra entró en su vida a las cinco de la mañana con dos explosiones que le despertaron en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y una de las más rusófilas por su cercanía geográfica (a 40 kilómetros de la frontera). “Mi madre tiene hermanos que viven en Rusia. Les llamó para decirles que Putin había invadido el país y no se lo creían, decían que eran los americanos. Ellos creen antes la propaganda de Putin que nuestras palabras”, relata Igor Ryzhykov en el andén de Badajoz, poco antes de la salida del tren. Su viaje hasta aquí ha sido menos extenuante que otros, gracias a un vuelo que le llevó de Rumania a Barcelona.
Preguntar por el fin de la guerra es absurdo, pero Igor responde: “Espero que alguien mate a Putin, pero creo que los rusos son zombis. Tal vez protesten dentro de unos meses, cuando las sanciones hundan su economía. Ellos pueden ganar la guerra con ataques aéreos, pero creo que sobre el terreno nuestro ejército es más fuerte”.
También el nigeriano William Obiana, un programador informático de 29 años que se formó y montó su vida en Kiev, ha escogido Portugal a pesar de no disponer de redes de apoyo. Lo suyo fue más analítico. “Hice una investigación entre diferentes países para ver las ayudas a los refugiados y Portugal me pareció el mejor, junto a Noruega, Francia y España. El peor es Suecia”, afirma. El mito nórdico se resquebraja. Lo percibió también en la práctica tras pasar por nueve países, Suecia incluida, en 14 días.
Deja atrás trabajo, amigos, dinero y apartamento. Sobre todo deja una vida a la que ahora mira con una añoranza dolorosa: “Los ucranios son uno de los pueblos más agradables que he conocido nunca. Fui a Kiev a estudiar porque tienen un buen sistema educativo, ahora trabajaba y tenía la residencia. Ucrania es mi casa y quiero volver cuando la guerra acabe”.
Refugiados de la guerra de Ucrania, en el tren que les llevaba de Badajoz a Lisboa el pasado domingo 20 de marzo. JOAO HENRIQUES (JOAO HENRIQUES / EL PAIS )
Los primeros refugiados que llegaron a Badajoz eran estudiantes asiáticos que huían del conflicto. El flujo constante (reciben grupos diarios de entre 30 y 90 personas) obligó a Comboios de Portugal a reforzar el solitario automotor con un segundo coche. “Comenzaron el pasado 5 de marzo y desde entonces llegan a diario, aunque el perfil ha cambiado y cada vez son más ucranios”, explica Sandra Murillo. Ella y Víctor Domínguez coordinan el dispositivo de emergencia de Cruz Roja en Badajoz, que se encarga de recibir y atender a los refugiados. “Cada historia da mucha pena. Hay gente que trae maletas, otros que han comprado cosas por el camino y otros que no tienen nada”, describe Murillo. Entre el millar de personas que han atendido, había 144 menores y 18 mayores de 65 años. Cuando llegan de Madrid en trenes que no enlazan con la única conexión que parte hacia Lisboa, pernoctan en un albergue. El dispositivo de Cruz Roja incluye actividades para entretener a los niños y asistencia psicológica y jurídica para los adultos.
El tren tarda tres horas en cubrir los 180 kilómetros entre Badajoz y Entroncamento, donde personal de bomberos voluntarios portugueses recibe a los refugiados y les dirige hacia nuevas líneas según su destino. Este domingo pasado había grupos para Fátima, Oporto y Lisboa. Mientras el automotor avanzaba por el Alto Alentejo, Irina respondía a través del traductor de voz de su móvil que usa desde que dejó atrás Mikolaiv, en el sur del país, con su cuñada y su sobrina de seis años. Su marido permanece allí para cuidar de su madre discapacitada y de su padre. Huyó con algo de ropa, documentos y un poco de dinero. Habla con constantes citas a Dios y con determinación, decidida a salir adelante. Tiene la misma solidez para dar las gracias a los voluntarios que para condenar a los rusos: “Para nosotros ese pueblo ya no existe, ni parientes ni amigos ni nadie. Esta no es nuestra guerra, no hicimos daño a nadie ni necesitábamos ser liberados, pero un día terminará y reconstruiremos Ucrania y seremos mucho mejores”. Y, sin que medien más preguntas, coge el teléfono para dejar una frase final: “Quiero decir que ahora maldigo a todos los rusos”.
El multimillonario ruso Roman Abramóvich es también, entre otras muchas cosas, portugués. En abril de 2021, el Gobierno luso le concedió la nacionalidad en virtud de unas raíces sefardíes que nunca fueron bien esclarecidas. En aquel momento, cuando la invasión de Ucrania parecía un argumento distópico, pesaba más el dinero que la transparencia. El procedimiento para otorgar la ciudadanía portuguesa al oligarca ruso duró apenas seis meses y estuvo avalado y gestionado por la Comunidad Israelí de Oporto, cuyo rabino, Daniel Litvak, fue detenido por la policía judicial este jueves, mientras se preparaba para volar a Israel, según el diario Público, que hace unos meses destapó anomalías en la actividad de esta comunidad para lucrarse con la tramitación de ciudadanías lusas.
La Policía Judicial confirmó a última hora del viernes en un comunicado la operación que dirige la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción, que también incluyó registros en domicilios y despachos de abogados. La Fiscalía General del Estado emprendió una investigación en enero para aclarar posibles irregularidades en la tramitación de expedientes para facilitar la nacionalización con el argumento de los antecedentes históricos de judíos ibéricos en los que se podrían haber cometido tráfico de influencias, corrupción activa, falsificación de documento, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal y asociación criminal.
La Ley de la Nacionalidad permite desde 2015 nacionalizar como portugueses a los descendientes de la antigua comunidad judía que residió en el país hasta su expulsión por orden del rey Manuel I en 1496, cuatro años después de que los Reyes Católicos los echasen de los territorios de las coronas de Aragón y Castilla. El Gobierno luso atribuyó en exclusiva a las Comunidades Israelíes de Lisboa y Oporto la potestad para certificar los antecedentes sefardíes de los solicitantes. Desde entonces se han tramitado 86.500 peticiones, de las cuales el Ministerio de Justicia ha concedido más de 32.000. El 90% de las solicitudes se han presentado en la organización judía de Oporto, entre ellas la del oligarca Roman Abramóvich. Aunque su nacionalidad se concedió hace un año, no se conoció este hecho hasta mediados de diciembre, gracias a una noticia de Público. Solo por la tramitación de estos expedientes, la comunidad hebrea ha ingresado más de 19 millones de euros.
El multimillonario ruso, que también tiene las nacionalidades israelí y lituana, fue uno de los principales contribuyentes del Museo del Holocausto de Oporto, que se abrió al público en abril de 2021, apenas un mes antes de que Abramóvich visitase la ciudad para acudir a la final de la UEFA en el estadio del Dragón, que disputaron a finales de mayo el Manchester United y el Chelsea, club que pertenece al oligarca. Uno de los comisarios del Museo del Holocausto es Hugo Miguel Vaz, que se encargó de introducir en la Wikipedia información sobre los antecedentes judíos de Abramóvich al tiempo que se tramitaba ante la administración lusa su expediente. Según el diario Público, editó en 18 ocasiones el perfil del multimillonario en sus versiones inglesa y portuguesa para hacer constar datos sobre sus abuelos judíos.
La modificación de la Ley de la Nacionalidad, que incorporó en 2013 la propuesta para descendientes de sefardíes ibéricos, fue propuesta por la diputada socialista Maria de Belém Roseira, tía del abogado Francisco de Almeida Garret, una de las principales figuras de la Comunidad Judía de Oporto, que ahora está bajo sospecha. En un artículo reciente, Roseira defendió que “se combata el fraude” y “se defienda” la ley “que constituye una reparación histórica de crímenes y acciones ignominiosas”.
Esta semana, el Gobierno de Reino Unido ha impuesto restricciones al dueño del club de fútbol Chelsea y ha congelado sus activos. Este sábado, la liga inglesa, la Premier, ha descalificado al oligarca ruso al frente del club, lo que facilita la venta de la entidad como estaba previsto.
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El domingo 2 de enero en las webs del influyente semanario Expresso y de la cadena de televisión SIC, que pertenecen al grupo portugués Impresa, había un mensaje en lugar de noticias: “Los datos serán vaciados en caso de que no se proceda al pago del dinero”. La intrusión fue reivindicada por un grupo llamado Lapsus$, que unos meses antes accedió al sistema informático del Ministerio de Sanidad en Brasil. Destruyeron millones de ficheros de los dos medios de comunicación. La empresa informó de que no pagó ningún rescate.
La policía judicial aseguró que el ciberataque buscaba más alimentar el ego que la cartera. “La invasión de un gran grupo de medios es para ellos un motivo de orgullo y una forma de vanagloriarse ante sus pares. Estos movimientos tienen el gozo en conseguir entrar y destruir”, explicó una fuente policial al diario Público.
Fue el primero de una oleada de ciberataques producidos entre enero y febrero contra empresas e instituciones estratégicas de Portugal, que alcanzó cotas nunca antes observadas en el país. La web de la Asamblea de la República fue asaltada el mismo día de las elecciones, el domingo 30 de enero, aunque solo estuvo inoperativa pocos minutos. Los piratas, según la institución, no accedieron a datos esenciales. También los medios del grupo Cofina sufrieron un bloqueo en las webs de sus cabeceras, entre otras el diario más vendido en Portugal, Correio da Manhã, o la revista Sábado. Pero fue la operación contra la red de Vodafone Portugal, ocurrida a las 21.00 del lunes 7 de febrero, la que tuvo mayor envergadura y gravedad en la historia de la cibercriminalidad del país.
El apagón que impidió realizar llamadas de voz y enviar SMS fue total durante una hora y afectó a cuatro millones de clientes de la operadora de telecomunicaciones, incluidos organismos estratégicos como el Instituto Nacional de Emergencia Médica, algunos servicios de bomberos, bancos, tribunales y correos. Los servicios comenzaron a restablecerse progresivamente a partir de las 22.00, aunque los efectos se prolongaron durante varias jornadas. El presidente ejecutivo de Vodafone Portugal, Mário Vaz, consideró la agresión como “un acto terrorista y criminal” ejecutado “con el propósito seguramente voluntario e intencional de dejar a nuestros clientes sin servicio alguno”.
Las autoridades lo describieron como “el más destructivo” de todos los ocurridos en Portugal, que ha visto un crecimiento disparado de la cibercriminalidad desde que la pandemia forzó una migración masiva de empresas e instituciones al mundo digital. Los datos del gabinete de cibercrimen de la Fiscalía General del Estado muestran el salto en la cifra de denuncias recibidas en dos años: de las 195 presentadas en 2019 se pasó a 1.160 en 2021.
El Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal, sin embargo, considera que la oleada de ataques es similar a la que registran otros países comunitarios. “Desde 2020 se ha visto una fuerte aceleración con el inicio de la pandemia y con la consecuente migración de la masa laboral para el trabajo en remoto y con el simultáneo incremento de la dependencia de las instituciones públicas y privadas de sus canales digitales”, indicaron en un comunicado.
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En abril de 2007 Estonia se convirtió en el primer país que sufría un ciberataque contra sus pilares estratégicos (bancos, medios de comunicación y empresas estatales), que tuvieron problemas para desarrollar su actividad con normalidad durante semanas. Desde entonces se han multiplicado los delitos y la percepción ciudadana sobre la inseguridad. Según el Eurobarómetro, el 76% de los europeos creen que podrán ser víctimas de algún ciberataque. Además del impacto económico que sufren los organismos afectados, los especialistas señalan que los ciberataques deterioran la confianza de los ciudadanos en sus instituciones cuando afectan a infraestructuras esenciales como las sanitarias.
El lucro, el principal móvil
Los investigadores todavía no han encontrado la motivación del ataque contra Vodafone Portugal, aunque no lo relacionan con los que afectaron a grupos de comunicación, al Parlamento o a la empresa de laboratorios Germano de Sousa, el último de entidad registrado en el país, que impidió la labor de la empresa durante varios días. Sin embargo, el fiscal responsable de cibercrimen, Pedro Verdelho, considera que la ofensiva contra la compañía de telecomunicaciones no puede verse como una operación para alimentar la vanidad de hackers. “Hoy en día los grandes ataques informáticos vienen del crimen organizado puro y duro”, afirmó al diario Público. El lucro se ha convertido en el principal móvil de esta actividad ilegal.
Según publicó el semanario Expresso, el 24 de enero en un foro ruso de transacciones a menudo ilícitas un hacker anunció que vendía el acceso a una compañía de telecomunicaciones portuguesa. El punto de partida de la subasta era 2.100 euros. Esta es una de las pistas que estudia la policía portuguesa para aclarar la operación contra Vodafone.
Un informe del Parlamento Europeo señalaba que ya en 2019 el 86% de las infracciones digitales estaban motivadas por fines económicos frente a un pequeño porcentaje promovido para espionajes. “El número, complejidad y escala de los incidentes en ciberseguridad está creciendo, y también su impacto económico y social”, sostienen.
Portugal ha dejado de ser un territorio libre de populismos. Las últimas elecciones confirmaron el meteórico ascenso del Chega, fundado en 2019 por André Ventura, que había llegado más lejos como comentarista televisivo del Benfica que como militante de la derecha agrupada en torno al Partido Social Demócrata (PSD). Ambos rasgos explican la naturaleza del nuevo partido: Ventura aprovechó su experiencia mediática para obtener un gran eco a fuerza de propuestas incendiarias contra los gitanos y las personas que necesitan subsidios sociales y usó la experiencia política para armar una organización con sus principales banderas: liberalismo económico, conservadurismo moral, nacionalismo y guerra cultural a la izquierda, ya fuese la que entroncaba con la Revolución Francesa o la que nació en la Revolución rusa.
El Chega se convirtió el pasado 30 de enero en la tercera fuerza parlamentaria. Aunque perdió más de 85.000 votos respecto a las presidenciales de 2021, su salto en la Asamblea de la República, al pasar de uno a 12 diputados, le convirtió en uno de los grandes vencedores de la noche junto al Partido Socialista (PS), que logró la mayoría absoluta, y la Iniciativa Liberal, que creció de uno a ocho escaños. Uno de los debates que atraviesa estos días la política y el periodismo en Portugal es la relación que ha de establecer el sistema con una formación fundada para atacarlo: el aislamiento alemán con AfD (Alternativa para Alemania) o la integración italiana con La Liga.
Como otros partidos populistas, el Chega es antisistema en la teoría, pero no en la práctica. André Ventura nunca ocultó en campaña que aspiraba a ser ministro si la derecha moderada del PSD le necesitaba para gobernar; y reclama ahora para su grupo las cuotas institucionales que le corresponden legalmente. La Constitución portuguesa establece que los cuatro partidos más votados tienen derecho a una vicepresidencia en la Mesa de la Asamblea de la República y que las presidencias de las comisiones “se reparten por los grupos parlamentarios en proporción al número de sus diputados”.
Por lo tanto, PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal tienen una vicepresidencia reservada, aunque no garantizada, ya que los aspirantes deben superar una votación sobre su idoneidad ante la Cámara. Es improbable que Diogo Pacheco de Amorim —propuesto por el Chega para ese puesto y que en los años setenta perteneció a un movimiento que promovió atentados y ataques contra organizaciones de izquierdas— se convierta en vicepresidente de la Asamblea. No sería la primera vez que se tumba a un candidato.
Consciente de ello, Ventura ya ha dado pistas sobre su plan alternativo si fracasa Pacheco de Amorim: presentar a Gabriel Mithá Ribeiro, un historiador nacido en Mozambique que se ha convertido en uno de los principales ideólogos de la formación ultra. Mithá no arrastra pesos del pasado y coloca a sus adversarios en la encrucijada de rechazar a un diputado de origen africano.
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“La democracia es el régimen de todos. Incluso de los no demócratas”, escribió en un artículo en Público el sociólogo António Barreto, “esos no pueden ser excluidos, marginalizados o prohibidos a no ser por un crimen o violación de la ley. Pero la demagogia no es crimen. El nacionalismo no es crimen. Por eso, el Chega y afines deben ser derrotados en las elecciones y en el debate, no a través de procedimientos antidemocráticos”.
La línea alemana de Costa
No hay duda de cuál será la estrategia del primer ministro, el socialista António Costa, quien ha escogido la línea dura alemana. Tanto en campaña como en la noche electoral, dejó claro que marginaría al Chega de su diálogo con el resto de formaciones. Es evidente que ha cavado un foso entre él y Ventura. De la ronda preparatoria de la próxima legislatura —que ha llevado al palacio de São Bento a agentes sociales y líderes políticos— ha excluido al fundador del Chega con el argumento de que no existía “convergencia ninguna” con el partido para preparar el nuevo ciclo político y distinguiendo estas audiencias de los encuentros institucionales a los que acude Ventura.
“Es coherente con la promesa que hizo en campaña de que no contaba con el Chega para nada; tiene sentido que Costa tenga la libertad de no invitarles a las reuniones antes de la formación de su Gobierno. Si ahora invitase al Chega, estaría quebrando una promesa electoral”, sostiene por teléfono Marina Costa Lobo, politóloga del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.
“Tengo una perspectiva italiana, me suena extraño este cordón sanitario”, señala Riccardo Marchi, un investigador del Instituto Universitario de Lisboa especializado en el estudio de la extrema derecha. Marchi publicó en 2020 el primer libro sobre Chega en Portugal y desató una polvareda entre especialistas, que consideraban que blanqueaba el partido de Ventura. “Esta distinción que existe en la literatura científica fue incorporada en Alemania en 1945. Diferencia a los partidos que son subversivos y quieren destruir la democracia de aquellos que son de protesta y quieren reformas radicales, pero aceptan las reglas del juego democrático. Chega las acepta y participa de ellas”, responde por teléfono.
“Por encima de todo es un proyecto de poder personal de André Ventura, que se ve a sí mismo como elegido por Dios para liderar una mítica e inverosímil IV República”, señala Miguel Carvalho, periodista del semanario Visão, que ha investigado en profundidad a los círculos de la extrema derecha en Portugal y que destaca la inestabilidad interna de la formación. “Si se queda solo, hablando para sí mismo, sin eco y sin otra opción que mirarse en el espejo, sus debilidades aparecerán a la vista”, reflexiona en un correo electrónico. El periodista considera que el Chega carece de un proyecto ideológico sólido más allá del activismo mediático. “Dentro del universo de la derecha radical populista europea, es uno de los partidos más débiles en ideas y discusión programática”, indica.
Carvalho huye de las etiquetas simplistas: “Llamarlo partido fascista o de extrema derecha puede tener un fondo de verdad, pero está muy lejos de ser toda la verdad. Su electorado, más allá de sus tribus más o menos racistas, xenófobas o fanáticas, tiene características comunes a otras fuerzas: la desilusión con los aparatos partidarios y con cómo se gestiona el Estado y el bien común”.
Una observación que también destaca en su artículo el sociólogo António Barreto: “El éxito, aunque muy relativo, del Chega tiene que ser entendido en el marco de las crisis que atraviesan las democracias. Estas están en el origen de una deriva populista, no democrática o antidemocrática, de izquierda o derecha. En todo el mundo, la democracia es contestada por las aspiraciones insatisfechas, por la desigualdad creciente, por la sociedad digital, por los valores dominantes de lo efímero y por el producto mercantil… Los sistemas democráticos han hecho explotar las aspiraciones y los deseos, que después no consiguen satisfacer”.
Portugal ha sido durante una década un paraíso fiscal para pensionistas extranjeros. Entre 2009 y 2020, los jubilados que decidieron mudar su residencia al país no han pagado ni un euro en impuestos sobre la renta. A partir de 2020 el paraíso empeoró un poquito: comenzó a retener un 10% de sus pensiones. Desde el pasado 1 de enero la fiesta fiscal se acabó del todo para los jubilados suecos, que volverán a tributar por sus ingresos en su país de origen aunque residan en Portugal, tras la decisión de su Gobierno de romper el acuerdo bilateral para evitar la doble tributación, que habían firmado ambos países en 2002.
Suecia es el segundo Estado europeo que da un portazo diplomático a Portugal por su laxitud fiscal, después de Finlandia, que lo hizo en 2018 para obligar a tributar en su país de origen al medio millar de pensionistas finlandeses establecidos en Portugal. La colonia sueca afectada ahora es mayor. “No hay información exacta sobre el número de jubilados suecos que viven en Portugal”, señala Sten Engdahl, un diplomático sueco que ha investigado en su tesis las razones que influyen en la migración de pensionistas de su país hacia España y Portugal. “Según los datos oficiales de las autoridades de inmigración, en 2009 había 746 suecos registrados oficialmente en Portugal, mientras que en 2020 la cifra se había incrementado hasta los 5.181. Lo más probable es que el número real sea mayor”, añade por correo electrónico.
Portugal creó el régimen fiscal de los residentes no habituales (administrativamente RNH) en 2009 con beneficios para pensionistas y determinados profesionales en activo en el ámbito científico, artístico o técnico. El Gobierno del socialista José Sócrates pretendía así captar nuevos residentes de cuentas pujantes para incentivar el consumo y la inversión. En el caso de los trabajadores se establecía un tipo fijo sobre la renta del 20% durante diez años. Las medidas también beneficiaban a los jubilados o profesionales portugueses retornados que hubiesen vivido en el exterior más de cinco años.
“Aquello que los contribuyentes portugueses han aceptado sin protestar, ha provocado protestas entre los contribuyentes suecos”, compara durante una entrevista presencial Susana Tavares, economista especializada en políticas públicas en la Universidad Nova de Lisboa. Portugal fue, de hecho, el primer país comunitario que eximió a los jubilados extranjeros de pagar impuestos, según se recoge en el informe publicado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea en noviembre pasado.
A ojos de un país como Suecia, con un largo apego a las altas tributaciones que financian su Estado del bienestar, la estrategia lusa resultó difícil de aceptar. En una decisión infrecuente en las relaciones diplomáticas entre socios de la Unión Europea, el país nórdico decidió romper la convención bilateral para que las pensiones suecas tributen en el país de origen aunque sus beneficiarios residan en Portugal. Desde enero de este año, los suecos podrán seguir disfrutando del sol del Algarve y de los campos de golf de Cascais, pero no de propinas tributarias. “Es incluso inmoral que no hayan pagado nada durante 11 años“, opina Susana Tavares, que lamenta que la ruptura del acuerdo afecta a la reputación internacional lusa. En un artículo que escribió en el diario Público destacó que nadie conocía la ganancia que obtenía Portugal con estos obsequios fiscales. Dado que los jubilados no crean valor por su trabajo, Tavares se preguntaba “cuánto pueden consumir estas personas para traer tanto valor a la economía” que justifique sus ventajas impositivas. “Yo no lo sé, pero sospecho que el Gobierno tampoco”, añadía.
Lo que sí se sabe es lo que deja de ingresar Portugal al año por las ventajas para los residentes no habituales: 619,8 millones de euros en 2019. Según el informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, es el país comunitario que más pierde por su régimen especial. Solo el Reino Unido, que ya está fuera del club, tiene una factura más alta: 1.371 millones de euros en 2018. Interesante el contraste con Suecia, donde solo se dejan de ingresar 87 millones de euros por incentivos tributarios (datos de 2020). Ese mismo año el coste para España por el régimen de impatriados fue de 502,7 millones de euros.
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Las razones de la ruptura sueca fueron expresadas con claridad por Magdalena Andersson, la titular de Finanzas que se convirtió en primera ministra el pasado diciembre, en una entrevista en Público hace casi un año, cuando anunció el fin de la convención si Portugal no modificaba el régimen: “Un impuesto tiene que ser legítimo y justo. La posibilidad que se da los ciudadanos más ricos de pagar cero o el 10% mientras que los ciudadanos comunes pagan mucho más es una injusticia fiscal que mina la credibilidad del sistema fiscal”. Andersson no escondía su estupefacción por la tolerancia portuguesa hacia esta desigualdad: “Si un paciente sueco y un paciente portugués estuviesen juntos en un hospital portugués, el portugués habrá pagado impuestos por los dos porque los suecos tienen todos los derechos, como la atención sanitaria o los transportes públicos, sin haber pagado impuestos. Es fascinante que esto sea aceptado por los ciudadanos portugueses”.
En 2019 el Gobierno sueco negoció con el portugués una modificación del acuerdo bilateral que permitiría la tributación de los pensionistas en Suecia, pero el Gabinete de António Costa no ratificó esta enmienda desde entonces. “Hemos esperado dos años y nuestra paciencia se acabó”, señaló Andersson. En junio de 2021 el Parlamento sueco aprobó la liquidación de la convención bilateral, que dejó de estar en vigor el pasado 1 de enero.
En una carta enviada a las autoridades portuguesas por representantes de la comunidad sueca se avisaba de que la ruptura del acuerdo tendría consecuencias “desastrosas” e imposibilitaría la permanencia de la mayoría de los suecos en Portugal. “La carga tributaria sobre pensiones y rendimientos aumentará para niveles imposibles de soportar”, señalaban en su escrito.
El estudio publicado en noviembre pasado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un organismo adscrito a la Paris School of Economics y financiado con fondos comunitarios, calcula que la pérdida de ingresos públicos en la Unión Europea debido a los regímenes especiales es de 4.500 millones de euros al año. Más de 200.000 contribuyentes se benefician actualmente de estas estrategias destinadas a captar determinados profesionales o pensionistas de alto poder adquisitivo en una competición fiscal entre países. Los regímenes preferenciales tanto para trabajadores como pensionistas han pasado en Europa de cinco en 1994 a 28 en 2020. En el informe se apunta que los regímenes especiales de Italia, Grecia, Chipre y Portugal se encuentran “entre los más perjudiciales”.
El Observatorio señala que mientras la competencia entre países por la fiscalidad de las empresas ha decrecido en la última década, se ha desatado una carrera por bonificar las rentas individuales de determinados colectivos. “Considerando la proliferación de regímenes fiscales personales cada vez más agresivos dirigidos a residentes extranjeros, parecería adecuado pedir la reforma del Código de Conducta que posibilite la evaluación de la agresividad de estos regímenes”, defienden.
Sol, comida y calidad de vida son cualidades comunes a España y Portugal que aprecian por igual los jubilados suecos que se mudan a la península. Entre ambos países se observan, sin embargo, diferencias que influyen a la hora de elegir residencia para la jubilación. La carga fiscal y el manejo en inglés pesan a favor de Portugal, mientras que el coste de la vida, incluidos vuelos más baratos, resultan más atractivos en España. “Los incentivos fiscales son una de las razones de atracción más importantes de Portugal, pero no de España, y la facilidad para comunicarse en inglés es importante tanto a la hora de atraer como de retenerles en Portugal, pero no en España”, indica Sten Engdahl en su tesis.
El perfil de los pensionistas suecos establecidos en la península también presenta divergencias. Entre los residentes en Portugal abundan los que tienen título universitario (78%), gozan de buena salud (89%) y tienen ingresos holgados (82%). Entre los que viven en España hay un 58% de licenciados, un 76% que declara tener buena salud y un 62% que considera que su renta es buena.
Engdahl, que comenzó sus trabajos para la tesis en 2016 y que contó con las respuestas de 575 jubilados suecos, destaca el interés de la investigación para que “los gobernantes comprendan que atraer jubilados extranjeros puede ser una importante vía para promover el crecimiento económico y el desarrollo en sus países”. El investigador sueco considera que España y Portugal han tenido éxito en este empeño, aunque opina que deberían reforzarse medidas para aumentar la adaptación sociocultural de los extranjeros en las sociedades de acogida. Apenas el 24% de los suecos establecidos en España hablan con fluidez el castellano, aunque esta cifra es aún menor en el caso portugués: el 13%.
El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inició este martes la ronda de audiencias con los ocho partidos que han logrado representación en el Parlamento en las elecciones anticipadas celebradas el domingo. El contagio por coronavirus del primer ministro, António Costa, que se someterá a un aislamiento de siete días, le impedirá acudir a la audiencia del miércoles en el Palacio de Belém. Durante la campaña, el candidato socialista participó en numerosos actos y arruadas (paseos) con simpatizantes.
La expectación que generaba la ronda de consultas de Rebelo de Sousa en un escenario de gobierno minoritario, como vaticinaban las encuestas, ha desaparecido tras la mayoría absoluta del Partido Socialista. El presidente de la República pidió estabilidad política en su discurso de Año Nuevo y las urnas se la han concedido: “Una Asamblea de la República y un Gobierno con legitimidad renovadas para los próximos cuatro años”.
Desaparecida la inestabilidad, a Rebelo de Sousa se le reclamará ahora que ejerza de contrapeso para evitar los excesos que pueda cometer un Gobierno con las manos libres como el que tendrá António Costa tras lograr la segunda mayoría absoluta que alcanza el socialismo portugués desde 1975 [ha habido otras cuatro de la derecha]. Hasta ahora, la convivencia entre ambos, a pesar de que se sitúan en familias políticas antagónicas (Rebelo de Sousa fue líder del conservador Partido Social Demócrata), ha sido tan buena que los socialistas apoyaron la reelección presidencial de Rebelo de Sousa hace un año en detrimento de la candidata socialista, Ana Gómez. Esto no impide que haya habido fricciones entre Belém, sede de la Presidencia de la República, y São Bento, residencia del primer ministro, como ocurrió hace meses a propósito del relevo en la cúpula de la Armada.
En la noche electoral, António Costa tendió la mano al diálogo a los otros partidos, pero también fue claro sobre las líneas que marcarán su mandato: “Seremos fieles al programa socialista, sobre todo aquello que constaba en los Presupuestos del Estado que no fueron aprobados”. El apego de Costa al documento presupuestario frustrado quedó claro en campaña, cuando lo mostró en el plató de televisión al final de su debate con el candidato del PSD, Rui Rio, para señalarlo como el camino que seguiría si ganaba los comicios. Aunque respetaba el equilibrio presupuestario (las famosas “contas certas”, cuentas correctas), había concesiones a los antiguos socios de la geringonça (el acuerdo parlamentario con el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués) en materia social y salarial y que fueron insuficientes para llegar a un acuerdo.
Entre las decisiones más inmediatas que el nuevo Gobierno podría tomar figuran la rebaja fiscal en la tributación de la renta para un millón y medio de hogares, el aumento de las pensiones más bajas o la gratuidad progresiva de las guarderías, así como medidas laborales acordadas con empresarios y sindicatos en la llamada Agenda del trabajo digno. En campaña Costa prometió poner en marcha reformas en materia de justicia y, sobre todo, en la economía para intentar sacar al país del furgón de cola de la UE. Aunque la cifra de paro es baja (6,1%), la tasa de riesgo de pobreza en 2019 era del 16,2%. En diciembre el Gobierno presentó una estrategia nacional para tratar de rebajar ese porcentaje al 10% (algo más de un millón de personas) antes de 2030. La subida de los sueldos es una de las medidas para atajar la pobreza entre trabajadores en activo. El salario mínimo para 2022 es de 705 euros, uno de los más bajos de Europa.
Los fondos de recuperación europeos (16.600 millones de euros) son el oxígeno que el Gobierno luso quiere trasladar a la economía para cambiar su modelo, con el refuerzo de las exportaciones, la apuesta por la energía verde y la transformación digital. “En Portugal conviven dos Portugales: el que se formó antes de 1974 en un sistema deficiente y el que lo hizo después con un modelo educativo bueno. Para cambiar el modelo económico necesitamos hacer una transformación digital y no queremos dejar a nadie sin un mínimo de competencias tecnológicas para evitar la exclusión social y económica”, explicaba días atrás en una entrevista a este diario el secretario de Estado para la Transición Digital, André de Aragão Azevedo. Un 23% de los portugueses nunca había utilizado internet en 2019. El porcentaje es ahora del 16%.
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En el ámbito social, Costa ha asegurado que quiere apuntalar el Sistema Nacional de Salud, exhausto tras la pandemia y renqueante desde los recortes de la troika. Más de un millón de portugueses no tienen médico de familia. En varios hospitales ha habido dimisiones en bloque por la falta de recursos y el agotamiento del personal. En educación, donde los indicadores han mejorado en los últimos años, se perfila como un problema grave la falta de profesores para cubrir las jubilaciones futuras.
António Costa pretende también abordar la reforma territorial, con un nuevo referendo sobre la división de la parte continental del país en cinco regiones. Ha prometido una consulta en 2023. En la anterior, realizada en 1998, la regionalización recibió un rechazo del 63%.
Para acometer los cambios el líder socialista ya avisó en campaña de que haría un Gobierno más reducido. El actual tiene 19 ministerios y 50 secretarías de Estado.
El Partido Socialista (PS) portugués obtuvo ayer una inesperada mayoría absoluta de diputados (117/230, con el 41,8% de los votos; 108 en 2019). En otras palabras, la inmensa mayoría de los sondeos publicados en las dos últimas semanas, en particular los últimos del 28 de enero de 2022, daban una situación de empate técnico entre el PS, en ligero descenso, y el PSD (centro-derecha, liberal), en constante crecimiento, así como un empate técnico entre la izquierda y la derecha. La imagen que ofrecían las encuestas era, por tanto, que todo estaba abierto, pero la mayoría absoluta era un espejismo improbable; podía haber una mayoría de izquierdas en el Parlamento, que requería acuerdos para formar gobierno, o una mayoría de derechas, ídem.
Sin embargo, aunque los votos de las dos circunscripciones de la emigración (con dos escaños cada una, generalmente repartidos entre el PS y el PSD) aún no se han contabilizado, ya sabemos hoy que el PS obtuvo una inesperada mayoría absoluta y gobernará en solitario. Los izquierdistas radicales perdieron muchos votos y escaños: el Bloque de Izquierda (BE) pasó de 19 a 5 diputados; los comunistas y su satélite los verdes (PCP-PEV), de 12 a 6, con el PEV fuera del parlamento y los comunistas, con una larga presencia, también; el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), de cuatro a uno; la excepción fue LIVRE, que mantuvo un escaño). En la derecha, la situación es más compleja. El PSD aumentó ligeramente sus votos: pasó de 79 a 76 escaños. El histórico partido de derecha conservadora, cercano a la democracia cristiana (el CDS-PP) se quedó fuera del Parlamento por primera vez desde 1975. Pero hay dos estrellas en ascenso: la derecha populista radical, Chega, que pasó de uno diputado a doce y ahora es el tercer grupo parlamentario. Y la Iniciativa Liberal, un nuevo partido, fuertemente liberal en las tres grandes dimensiones del liberalismo, que ha pasado de uno a ocho escaños.
Portugal sigue siendo una excepción en el sur de Europa tras la Gran Recesión: a pesar de la fluidez del sistema de partidos, su formato se mantiene cercano al bipartidismo imperfecto (PS y PSD suman el 83,9% de los escaños y el 69% de los votos), lejos de la fragmentación y el gobierno compartido típicos del sur de Europa. Pero, ¿qué explica esta inesperada mayoría absoluta para el PS? ¿Y qué hay de la incapacidad del PSD para liderar una mayoría alternativa de derecha? Aquí solo puedo lanzar algunas hipótesis explicativas que deben explorarse más a fondo con encuestas postelectorales y otros métodos.
La primera hipótesis es que las encuestas se equivocaron y nos engañaron. No lo creo: las encuestas portuguesas suelen tener un buen comportamiento en el tiempo, especialmente las más cercanas a las elecciones. Parece más plausible pensar que la situación de cercanía que dibujan las encuestas, con la posibilidad de que gane el PS o el PSD, con mayoría de izquierdas o de derechas, puede haber llevado a muchos votantes de la izquierda radical a concentrar su voto en el PS en el último momento, para evitar una victoria de la derecha (con privatizaciones, supuesta privatización de la sanidad, bajada de impuestos a las empresas, y después a los trabajadores, etc.).
La segunda hipótesis sería que la campaña electoral del PS habría sido un éxito y la del PSD desastrosa. Este no es el caso en absoluto. La campaña del PS fue un caso de estudio de lo que no se debe hacer: empezó diciendo que podía renegociar con la izquierda, luego que solo una mayoría absoluta daría estabilidad, y finalmente que aceptaría cualquier veredicto popular y negociaría con todos para gobernar, si fuera necesario. El PSD, por el contrario, siempre mantuvo las puertas abiertas para un gobierno de derechas, con acuerdos por escrito, y por tanto con una mayor estabilidad esperada.
La tercera hipótesis es que los partidos de la izquierda radical habrían sido penalizados por haber rechazado el presupuesto, mientras que el PS se habría beneficiado. Esta hipótesis tiene dos problemas fundamentales: por un lado, durante la legislatura 2019-2022, el PS rechazó un acuerdo de legislatura por escrito con el BE, que hubiera dado estabilidad a la legislatura, y se dedicó a hablar de entendimientos de izquierdas, pero votando mayoritariamente con el PSD en el Parlamento (alrededor del 60% de las votaciones; la simetría de lo que había ocurrido en la legislatura 2015-2019 en la que las izquierdas gobernaron unidas); por otro lado, el PAN ayudó a aprobar todos los presupuestos del PS entre 2019 y 2022, pero también tuvo graves pérdidas (3/4 del grupo parlamentario se esfumó). Por todo ello, la primera hipótesis me parece la más plausible, aunque tampoco se puede descartar que una parte de los votantes de la izquierda se haya adherido a la narrativa (propuesta por el PS y los grandes medios de comunicación) asociada a la tercera hipótesis.
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El socialista António Costa ha ganado las elecciones en Portugal con una mayoría absoluta, que se puede considerar histórica en un país poco dado a dar victorias aplastantes a un solo partido. Es la segunda vez que el socialismo logra superar los 116 escaños, la barrera de la mayoría absoluta en una Cámara de 230. La anterior ocurrió en 2005, bajo el liderazgo de José Sócrates, y nadie del actual equipo de Costa tiene interés en recordarla. Sócrates está pendiente de ser juzgado por varios delitos relacionados con la corrupción durante su mandato. “Una mayoría absoluta no es el poder absoluto, no es gobernar solos, es una responsabilidad para gobernar para todos los portugueses”, proclamó Costa en su discurso en el hotel de Lisboa donde celebraron el triunfo este domingo. “Uno de mis objetivos es reconciliar a los portugueses con la mayoría absoluta y con el hecho de que son buenas para la democracia”, dijo casi al final de su intervención. En ese momento, el Partido Socialista (PS) ya daba por seguros los 117 diputados.
Aunque están pendientes de escrutarse parte de los sufragios procedentes del exterior (más de 1,55 millones de portugueses emigrados pueden participar), con el 99% ya computado, el PS había logrado el 41,6% de los votos frente al 27,8% del Partido Social Demócrata (PSD, conservador). Una diferencia entre ambos de 734.000 apoyos, que ninguna de las encuestas de los últimos días pronosticó. Casi todas daban un empate entre sus líderes y alguna llegó a colocar al candidato del PSD, Rui Rio, por delante del socialista. Lo que ninguna vaticinó fue que el respaldo a Costa sería tan contundente que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta que le dará la estabilidad parlamentaria que buscaba. A título personal, el triunfo es un hito que le convertirá en el primer ministro que más tiempo permanezca en el cargo desde la Revolución de los Claveles. Superará así al conservador Aníbal Cavaco Silva, que gobernó 10 años, entre 1985 y 1995.
“Se han juntado a los socialistas muchos portugueses de distintas ideas que entienden que en este momento somos el partido que puede garantizar las condiciones de estabilidad”, señaló en un guiño hacia los votantes que ha podido captar tanto en los caladeros de la izquierda, porque les han decepcionado los dos partidos de la geringonça ―los socios parlamentarios minoritarios del PS, Bloco de Esquerda (BE) y Partido Comunista Portugués (PCP)―, como del centro. Ofreció diálogo a todos los grupos parlamentarios, pero también avisó de que gobernará con fidelidad al programa socialista y a las medidas que figuraban en el proyecto de Presupuestos de 2022, tumbados en la Asamblea por sus aliados, BE y PCP.
La tercera legislatura de Costa, que ha ido creciendo en cada cita en las urnas (como ya le ocurrió en los tres mandatos que se presentó a la Cámara Municipal de Lisboa), será mucho más cómoda que las dos anteriores, aunque enfrente tendrá una Cámara más hostil, con dos formaciones de derechas en ascenso más beligerantes que el PSD, el ultraderechista Chega y la Iniciativa Liberal. Ambas fuerzas han crecido a costa de las fugas del PSD, que ha perdido ocho escaños (de 79 a 71), y de la extinción del Centro Democrático Social (CDS), una formación de largo historial en Portugal y experiencia de gobernación. Por vez primera en 47 años de democracia se quedó fuera del Parlamento, lo que llevó a su líder, Francisco Rodrigues dos Santos, a dimitir y reprochar el escaso apoyo interno: “Nunca tuve tregua de mis opositores”.
El candidato del PSD, Rui Rio, tras el discurso donde reconoció su derrota, en Lisboa. STRINGER (REUTERS)
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También el presidente del PSD, Rui Rio, abrió la puerta a su salida aunque sin ser muy explícito: “Si se confirma que el PS tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, un horizonte de gobierno para cuatro años, no veo cómo puedo ser útil en este marco, pero el partido decidirá”. Rio reconoció al Partido Socialista como el gran vencedor al movilizar el voto útil de la izquierda. “En la derecha no hubo la misma unión, se dispersó. Y nosotros no alcanzamos, ni de lejos ni de cerca, los objetivos que queríamos”, sostuvo.
Las dos fuerzas tradicionales de la derecha, PSD y CDS, pierden peso empujadas por dos partidos nuevos, que entraron por vez primera a la Asamblea en 2019 con un solo escaño y un discurso más radical. El Chega logró convertirse en la tercera fuerza, con el 7,15% de los votos, que le dieron 12 parlamentarios. El salto le permitió desbancar al Bloco de Esquerda, que era uno de los principales objetivos de su líder, André Ventura. Del otro, sobrepasar el listón del 10%, se quedó lejos. En una noche de euforia, Ventura criticó al PSD, su partido hasta 2018, y avisó a los socialistas: “La derecha no ha sabido estar a la altura de sus responsabilidades. Pasó todo el tiempo diciendo que no haría acuerdos con el Chega y el resultado está ahí. ¡António Costa, ahora voy a por ti!”. La consolidación de Ventura acaba con la excepcionalidad portuguesa en Europa, ya que ha sido uno de los últimos países en asistir al crecimiento de un partido de extrema derecha.
Iniciativa Liberal, que ha pasado de uno a ocho diputados, se convierte en la cuarta fuerza y da un gran espaldarazo a su líder, João Cotrim de Figueiredo, que defiende un liberalismo a ultranza en la economía (propone eliminar la progresividad fiscal en favor de una tasa única del 15%, entre otras medidas). La diferencia con Chega reside más en la posición ante nuevas reivindicaciones sociales, como la eutanasia o la gestación de vientres de alquiler, que los ultras rechazan.
Los votantes han castigado duramente a los socios minoritarios del Partido Socialista que habían formado en 2015 la geringonça, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués. Ambas formaciones votaron en contra del Presupuesto de 2022 por discrepancias con el PS en materias como la subida del salario mínimo o el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, y parecen haber sido responsabilizados por los electores. El Bloco, que se mantenía como tercera fuerza desde 2015, con 19 diputados, ha sufrido un varapalo mayúsculo y solo ha logrado retener cinco escaños, su peor resultado desde 2002. Tras una sangría de 252.000 votos, pasa a ser la sexta fuerza, por detrás de la coalición formada por comunistas y Los Verdes (CDU), que pierde la mitad de los representantes (de 12 a 6), aunque su fuga de votos es más contenida que la del Bloco. Al retroceso comunista también ha podido contribuir que su candidato, Jerónimo de Sousa, se tuvo que retirar de la campaña para someterse a una intervención de urgencia y solo se reincorporó en los últimos días.
Lo cierto es que a los comunistas les ha ido mal en las urnas cuando han apoyado a los socialistas, como en la primera legislatura de la geringonça, y cuando los han dejado en la estacada, como ahora. El electorado del Bloco, sin embargo, se ha comportado de forma distinta. En 2019 le concedió el mismo apoyo que en 2015, cuando sumaron fuerzas al Partido Socialista y al Partido Comunista Portugués para presentar una moción de censura contra Pedro Passos Coelho (PSD), que había ganado las elecciones con un margen estrecho. Esa primera legislatura, Costa contó con la complicidad permanente de sus socios para dar estabilidad institucional y presupuestaria al país.
El entendimiento se torció a partir de la segunda legislatura, en 2019, hasta llegar a la ruptura final del pasado noviembre, cuando el Gobierno no pudo aprobar los Presupuestos. La incertidumbre política decidió al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas. A partir del martes, Rebelo de Sousa comenzará a recibir a los líderes políticos en el palacio de Belém antes de encargar la formación de Gobierno.
El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vota esta mañana en Celorico de Basto.HUGO DELGADO (EFE)
Nueva victoria del socialista António Costa y nuevo fracaso de las encuestas en Portugal. Con el 90% del voto escrutado, el candidato socialista ha ganado las elecciones con el 42% de los votos, que le colocaría cerca de la mayoría absoluta. A gran distancia se quedaría el Partido Social Demócrata (PSD, conservador), con el 29%. La igualdad descrita por las encuestas en los últimos días entre ambos candidatos se ha diluido el día de la votación. La distancia que les separa, 400.000 votos de diferencia a favor del PS, hace inviable que pudiera formarse una geringonça a la derecha si finalmente los socialistas no suman mayoría absoluta.
El cambio ya se intuyó con el sondeo a pie de urna de la Universidad Católica para la Radio Televisión de Portugal (RTP), que daba la victoria en las elecciones legislativas de Portugal al Partido Socialista, muy cerca de la mayoría absoluta, situada en los 116 diputados. Con la confirmación de estas estimaciones en el recuento oficial, el socialista António Costa (Lisboa, 60 años) afrontará su tercera legislatura con una situación mucho más cómoda en cuanto a sus propias fuerzas, aunque en un escenario más adverso a la derecha debido al avance de los ultras del Chega, la tercera fuerza con más del 7% de los votos con el escrutinio al 90%. A título personal, el triunfo es un hito para Costa, que podrá convertirse en el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo desde la Revolución de los Claveles.
Los votantes han castigado duramente a los socios minoritarios que habían formado en 2015 la geringonça, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP). Ambas formaciones votaron en contra del Presupuesto de 2022 por discrepancias con el PS en materias como la subida del salario mínimo o el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, y parecen haber sido responsabilizados por los electores. De confirmarse, el gran batacazo de la noche fue protagonizado por el Bloco, que se mantenía como tercera fuerza desde 2015, con 19 diputados. El partido ha sido superado por los ultras de André Ventura, que había presentado la superación del BE como uno de sus grandes objetivos en estas elecciones, y se quedó en el 4% de los votos, muy lejos del 9% que había conseguido hace dos años. En cuanto a la coalición formada por comunistas y Los Verdes (CDU) no había llegado al 4%. Al retroceso comunista también ha podido contribuir que su candidato, Jerónimo de Sousa, se tuvo que retirar de la campaña para someterse a una intervención de urgencia y solo se reincorporó en los últimos días.
Las encuestas apostaban por un gran empate entre Rio y Costa que las urnas han desdeñado. Con este resultado el escenario de Rio al frente del partido no es del todo tranquilizador, ya que es un avance en votos respecto a 2019 pero no porcentajes. En cualquier caso Rio dispondrá de un grupo parlamentario menos díscolo, ya que está formado mayoritariamente por afines, tras la marginación de muchos de los que apoyaron a su rival en las primarias, Paulo Rangel.
El bloque de la derecha ha experimentado grandes avances en su ala más radical. El partido de André Ventura, el Chega, está lejos de los porcentajes que el líder de extrema derecha había previsto, pero en cualquier caso es un avance notable para una formación creada en 2019. Su consolidación política acaba con la excepcionalidad portuguesa en Europa, donde ha sido uno de los últimos países en asistir al crecimiento de un partido de extrema derecha. También sube notablemente Iniciativa Liberal, que tenía ahora un solo escaño y que defiende posiciones ultraliberales en economía y liberales en derechos sociales. El único partido castigado en el bloque de la derecha ha sido el Centro Democrático Social (CDS), que de ser un partido de gobierno (ha participado en coaliciones con el PSD) podría quedar fuera del Parlamento.
La Cámara que saldrá de las urnas muestra tanto una profunda polarización como un gran pluralismo. El ala derecha se ha radicalizado más con el avance de Chega e Iniciativa Liberal, mientras que a la izquierda se ha moderado, con el retroceso de BE y PCP. António Costa salió a por la mayoría absoluta y cambió el discurso cuando vio que las encuestas le eran desfavorables. Sin embargo, parece que conectó con la voluntad de la mayoría de los portugueses, que han culpado de la crisis política a sus antiguos socios y le han concedido al PS una victoria más clara.
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El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, dará 24 horas de respiro a los líderes políticos, a los que comenzará a recibir en el Palacio de Belém a partir del martes antes de anunciar a quien encargará la formación de Gobierno. La solución más frecuente es que se señale al candidato del partido más votado.
La fragmentación que han consolidado las urnas frustra en principio los deseos de Rebelo de Sousa para lograr un gobierno que no dependiese de bandazos parlamentarios. Esta fue una de las razones que le llevó a disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones a mitad de legislatura. Después de votar en Celorico de Basto, un pequeño pueblo de 2.500 habitantes en el norte de Portugal, aseguró que no se arrepentía y que había disuelto la Asamblea con el apoyo mayoritario del Consejo de Estado. “Lo que está hecho, está hecho. Yo confío en los electores. Nadie tiene que tener miedo de los votos de los portugueses ni de la democracia”, señaló.
