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Era cuestión de tiempo que revivieran los negocios de Hunter Biden en Ucrania. Ha sido gracias a una información del diario The New York Times, que revelaba que el hijo del presidente de Estados Unidos, el único vivo de los tres de su primer matrimonio, saldó a finales de 2020 las deudas fiscales de, se calcula, más de un millón de dólares por las que aún tiene una causa pendiente, como parte de una investigación de mayor calado sobre sus negocios en Asia y en Europa, pero sobre todo, en Ucrania, mientras su padre era vicepresidente. Haber limpiado su expediente con el fisco no implica necesariamente que logre sortear la persecución por esas irregularidades, pero sí que ese gesto inclina la balanza de la simpatía de los jueces del lado de la absolución, según el rotativo neoyorquino.

Los impuestos son, con todo, el menor de los problemas de Hunter Biden, abogado de 52 años formado en la exclusiva universidad de Yale, cuya vida, según relató en sus memorias, publicadas en 2021, se despeñó por los barrancos del alcoholismo y la drogadicción tras la muerte en 2015 de su hermano mayor, Beau, de un tumor cerebral. Hunter, que perdió a su madre y a su hermana en un accidente de coche en el que él también viajaba en 1972, protagonizó uno de los escándalos de la campaña que llevó a su padre a la Casa Blanca, por su vinculación laboral con una empresa energética ucrania, de nombre Burisma, que llegó a pagarle 50.000 dólares mensuales. Formó parte de su junta directiva durante cinco años, y aceptó el puesto en 2014, cuando su padre era el número dos de Barack Obama.

Fue con la Administración de Obama cuando comenzó una investigación fiscal que en 2018 se convirtió en penal para dilucidar si cometió crímenes como fraude de impuestos o lavado de dinero o si ejerció lobby en Washington para una firma extranjera de un modo ilícito. De momento, sigue sin haber sido acusado de ningún delito. Su comportamiento de aquellos años está en el origen del primer impeachment (proceso de destitución) de Donald Trump en 2019. Aquel juicio político, del que este salió indemne, trató de dilucidar si el magnate y varios altos cargos de su Gobierno presionaron a dirigentes ucranios (sobre todo al presidente, un entonces desconocido para el público estadounidense Volodímir Zelenski) para que investigaran las actividades de Hunter Biden. Esos trapos sucios convenían a Trump para desacreditar a uno de los más serios oponentes demócratas de la campaña de 2020, que acabó echándolo de la Casa Blanca.

En octubre, pocas semanas antes de la cita electoral, el culebrón recibió la visita de un personaje inesperado: un portátil Mac Book Pro que Hunter Biden, que ahora se ha pasado al mundo del arte, nunca recogió de una tienda de reparación de ordenadores en Wilmington, la ciudad del pequeño Estado de Delaware que su familia llama “hogar” y a la que el presidente se escapa siempre que puede. En la computadora, de cuyo disco duro hizo una copia el dueño del establecimiento y entregó al entorno de Trump cuando cayó en que era de quien era, había 103.000 mensajes de texto, 154.000 correos electrónicos, en los que se refería a su padre como “the big guy” (el tipo importante), cuya invocación le abría puertas, y más de dos mil fotografías, entre ellas, una cantidad indeterminada de contenido sexual.

La existencia de la computadora la desveló a toda plana The New York Post. El tabloide obtuvo el material de Rudy Gulianni, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump (y uno de esos colaboradores que supuestamente presionaron a Ucrania). Entonces, The New York Times retomó la noticia para airear que algunos de los redactores implicados en la exclusiva habían decidido retirar su firma por motivos deontológicos, pero no fue más allá en las pesquisas.

El jueves publicaron una pieza que arrancaba con la regularización fiscal de Hunter Biden, contaba que la investigación del gran jurado federal de Delaware continúa (sin dar frutos) y contenía este párrafo (el número 24): “Personas familiarizadas con la investigación dijeron que los fiscales habían examinado correos electrónicos entre Biden, [uno de sus socios, Devon] Archer y algunos destinatarios más sobre Burisma y otras actividades comerciales extranjeras. Esos correos electrónicos fueron obtenidos por The New York Times de un caché de archivos que parece provenir de un portátil abandonado por Biden en un taller de Delaware”. Biden senior atribuyó esas informaciones entonces “a una campaña de desinformación” orquestada por los rusos.

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El tema, resucitaso, aterrizó el jueves pasado en la comparecencia diaria de Jen Psaki. La portavoz de Biden, que suele comportarse como una templada domadora del circo de egos y envidias de los corresponsales estadounidenses en la Casa Blanca, respondió con cajas destempladas a la pregunta sobre el ordenador de Hunter Biden. “No es un miembro del Gobierno estadounidense”, dijo. El viernes se lo volvieron a preguntar, y se enzarzó con un periodista del New York Post. “No es un miembro del Gobierno estadounidense·, repitió. Pero, mucho se teme Psaki, sí lo es de la familia del presidente.

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Alfonso Plazas Vega, en una imagen de archivo.
Alfonso Plazas Vega, en una imagen de archivo.Fernando Vergara

En Colombia no encontraron justicia y ahora la buscan en Estados Unidos. La familia del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la retoma al Palacio de Justicia, tras el asalto del M-19, ha interpuesto una demanda civil en una corte de Florida contra el excoronel Alfonso Plazas Vega, el hombre que lideró la violenta respuesta de las fuerzas militares a la irrupción de la insurgencia en la sede del poder judicial, en noviembre de 1985.

Plazas Vega (Sogamoso, 77 años) fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema tras una revisión de la condena en su contra a 30 años de prisión por la desaparición de la guerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería del edificio, Carlos Rodríguez. La justicia dijo entonces que no había suficientes pruebas y lo dejó en libertad. El excoronel vive en Estados Unidos con su esposa, la exsenadora Thania Vega. Las víctimas de la retoma al Palacio de Justicia, que él coordinó, no son solo dos. Hubo más de 90 muertos, entre ellos once magistrados, decenas de heridos y desaparecidos. Según la denuncia que este martes ha interpuesto la familia Urán, que reside en Florida, existen pruebas para demostrar que su papá fue asesinado por el Ejército y que no murió en el fuego cruzado, como se ha dicho. El cuerpo de Urán fue encontrado dentro del edificio, pero su billetera fue hallada, años después, lejos de allí. En 2017, cuando la fiscal Ángela María Buitrago reactivó la investigación, descubrieron las pertenencias personales del magistrado Urán escondidas en una bóveda dentro de una brigada del Ejército.

Foto de la cartera del magistrado Urán, que fue encontrada al interior de la Décima Tercera Brigada.
Foto de la cartera del magistrado Urán, que fue encontrada al interior de la Décima Tercera Brigada.cortesía de Helena Urán

Para la familia, que la billetera apareciera en ese lugar confirmaba que el magistrado había sido asesinado fuera del Palacio de Justicia. “Después de que encuentran la billetera de mi papá, queda claro que no solo lo había ejecutado un arma de altos cargos, sino que además lo habían torturado. Él no murió en un cruce de balas”, dice Helena, una de sus hijas. La demanda señala que Plazas Vega participó activamente en el sistema que llevaron a cabo los militares para identificar, interrogar, torturar y matar o desaparecer por la fuerza a los rehenes rescatados. “Esta demanda, presentada en Estados Unidos, donde Plazas Vega ha fijado su residencia, ofrece a nuestra familia una oportunidad largamente esperada de rendir cuentas y sanar”, declaró Xiomara, otra de las hijas del magistrado en el documento que presenta la demanda.

La investigación penal que adelanta la justicia colombiana en el caso del magistrado Urán no avanza desde 2007. Han sido muchos años de espera y ninguna prueba ha sido suficiente. Ni siquiera los videos en los que se ve cuando el magistrado sale caminando del Palacio de Justicia y es recibido por lo que parecen ser socorristas, que luego se lo llevan en una camilla. Después de un día, aparece su cadáver dentro del edificio. “Plazas Vega estuvo a cargo de los rehenes, él entregó un reporte de cómo se dio la operación”, dice su hija Helena. Con la demanda buscan que se reconozca su responsabilidad frente a las víctimas. No esperan que vaya a la cárcel. Aunque Plazas Vega estuvo detenido en Colombia, siempre estuvo en una guarnición militar, con condiciones especiales. Para las víctimas, es como si nunca hubiera estado preso. “Estados Unidos nos brinda herramientas para intentar buscar justicia. Queremos probar qué pasa aquí”, dice. Plazas Vega ya está notificado. En 21 días debe responder a ese primer llamado de la corte. “Esto ya es un éxito, nos falta la victoria, pero es un camino largo”, reconoce Urán.

Un tanque militar colombiano entrando al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Un tanque militar colombiano entrando al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.Travis Bailey

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la sangrienta respuesta ante la toma guerrillera y en 2015, el presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que pedir perdón a nombre del Estado colombiano a las víctimas que entonces llevaban 30 años esperando justicia. Han pasado siete años desde entonces y todavía no hay respuestas. “¿Cómo podemos seguir adelante las víctimas sin saber nunca lo que les pasó a nuestros seres queridos ni ver que los responsables de sus torturas y muertes rindan cuentas?”, dice Helena, que recuerda la célebre frase del coronel en medio del operativo: “Mantener la democracia, maestro”. “La frase que nos ha acompañado durante 36 años toma hoy otro sentido: AQUí SALVANDO LA DEMOCRACIA, MAESTRO!”, escribió Urán en un tuit cuando anunció la demanda contra el militar en una corte de Estados Unidos.

Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha representado a vícimas de los sucesos del Palacio de Justicia, reconoce la demanda contra Plazas Vega como un mensaje importante a la justicia colombiana. «Las víctimas han intentado por otras vías porque la fiscalía de Colombia no ha hecho nada para avanzar. En el caso particular del magistrado Urán existe total impunidad», dice la abogada.

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El ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara, el día 10 de enero en un tribunal de Jerusalén.
El ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara, el día 10 de enero en un tribunal de Jerusalén.Avshalom Sassoni/POOL (AP)

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu lo niega todo. Se ha declarado inocente de los tres cargos por corrupción por los que está siendo juzgado desde 2020. Pero durante casi dos años ha negociado en secreto con la Fiscalía General un acuerdo para cerrar el juicio con una condena que no conlleve su ingreso en prisión. El líder conservador que gobernó en Israel durante 12 años consecutivos hasta que fue apeado del poder en junio pasado por una amplia coalición opositora se resiste, sin embargo, a aceptar hasta siete años de inhabilitación para todo cargo público, lo que implicaría su salida definitiva de la escena política a los 72 años.

La salida del líder del Likud de la política, si se acaba confirmando su acuerdo con la Fiscalía, forzará un inmediato relevo al frente del partido conservador hegemónico, tras unas disputadas primarias entre barones de la organización, así como una previsible reagrupación de las fuerzas de la derecha nacionalista y religiosa, liberadas de los vetos personales suscitados por la dominante figura de Netanyahu. La derecha suma una clara mayoría en la actual Kneset (Parlamento) como recambio al actual Gabinete de heterogénea coalición.

Aireadas estos días por la prensa hebrea, las negociaciones emprendidas por los letrados de Netanyahu en busca de un pacto que libre a su cliente de largos años de incierto proceso judicial fueron confirmadas el domingo por el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, considerado uno de los jurisconsultos israelíes más influyentes, quien ha actuado durante meses con discreción como mediador del ex primer ministro con la Fiscalía.

Netanyahu fue procesado en 2019 por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos en los que estaba imputado por recibir valiosos regalos e influir para conceder ventajas económicas y fiscales a altos cargos empresariales a cambio de mejorar su imagen en medios de comunicación que estos controlaban. Se arriesga a ser condenado hasta a 10 años de prisión.

Los medios israelíes apuntan a que el acuerdo debe alcanzarse antes de que termine enero, ante el inminente fin del mandato de Mandelblit, un jurista que fue nombrado para el cargo por el mismo Netanyahu y que antes ejerció como secretario legal de varios de sus Gobiernos.

La Fiscalía ofrece la retirada de una de las acusaciones: la del llamado caso 2.000, en el que el jefe del Ejecutivo trató de influir en la línea editorial del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación de pago del país, a cambio de restringir la competencia publicitaria del periódico gratuito Israel Hayom, el de mayor difusión y el más próximo a su política. Al mismo tiempo, el Ministerio Público también se muestra dispuesto a retirar los cargos por cohecho y a limitar las acusaciones de fraude que pesan contra el exgobernante.

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“Los acuerdos con la Fiscalía dependen de los detalles, principalmente de la pena que esté dispuesto a admitir Netanyahu”, advierte el analista político Daniel Kupervaser. La condena residual a unos seis meses de cárcel, una vez dejada en suspenso la condena principal, sería sustituida además por la de trabajos en beneficio de la comunidad. “Lo más candente”, agrega Kupervaser, “es su alejamiento forzado de la política. Existe el temor a que continúe al frente del [partido] Likud, representado por un títere y a que en la práctica él siga siendo primer ministro de facto”.

La declaración de “bajeza moral”, que la Fiscalía exige a Netanyahu que se reconozca expresamente en el acuerdo, sigue siendo el principal escollo para poder cerrarlo, ya que conlleva pena de inhabilitación y la privación de los privilegios concedidos a un ex jefe del Ejecutivo, como oficina y asistentes, escolta policial y vehículo oficial. La gravedad de los hechos jugados obligaría además al tribunal a imponer en el pacto con la Fiscalía una elevada multa para el procesado.

Desde que los agentes de la brigada anticorrupción de la policía comenzaron a investigar las supuestas irregularidades de Netanyahu en 2016, Israel entró en un ciclo de inestabilidad y bloqueo político que desembocó en cuatro elecciones legislativas celebradas entre 2019 y 2021. Tras los últimos comicios, tres partidos de la derecha que habían apoyado al bloque del Likud antes de romper con Netanyahu se unieron a una coalición participada por dos fuerzas centristas, otras dos de izquierda y un partido islamista de la minoría árabe para conformar un Gobierno alternativo.

Rechazo al pacto con la Fiscalía

Un 52% de los israelíes se opone a un eventual acuerdo para cerrar el juicio por corrupción contra el ex primer ministro, según una encuesta difundida el lunes por el canal estatal de televisión Kan. La Fiscalía aceleró el proceso en noviembre al presentar a su testigo de cargo más sólido, Nir Hefetz, quien durante cinco años ejerció como asesor de prensa y hombre de confianza del entonces jefe del Gobierno. Hefetz ha aportado un testimonio clave en el llamado caso 4.000, que implicaba al conglomerado de telecomunicaciones Bezeq.

El afán por el control de los medios de comunicación desde el poder y una hedonista afición al lujo gratuito marcan los tres casos contra Netanyahu. En el primero, el llamado caso 1.000, el multimillonario israelí y productor de Hollywood Arnon Milchan estableció con otros magnates una “línea de suministro” de regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cientos de miles de euros para el encausado y su familia.

Netanyahu ha sido el primer jefe de Gobierno en ejercicio del cargo que se ha sentado en el banquillo de los acusados en la historia de Israel. Tras el inicio de la vista fue apeado del poder. Su predecesor inmediato, Ehud Olmert, pagó con 14 meses de cárcel el cobro de comisiones por un escándalo urbanístico en su etapa como alcalde de Jerusalén, aunque dimitió tras ser imputado.

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24Horas.cl Tvn

12.06.2021

Este sábado, en un nuevo capítulo de «El País que Queremos», Patricia Venegas conversó con cinco integrantes de la Convención Constitucional que sesionará para redactar una Nueva Constitución para nuestro país.

Fernando Atria (Revolución Democrática / Apruebo Dignidad), Carol Bown (UDI / Chile Vamos), Patricia Labra (RN / Chile Vamos), Miguel Ángel Botto (Independiente / Independiente no Neutral) y César Valenzuela (PS / Lista del Apruebo) fueron los que participaron.

Cabe destacar que también fue invitada María Rivera (Independiente / Lista del Pueblo), quien fue una de las firmantes de la carta que 34 constituyentes elaboraron donde proponen «no subordinarse al acuerdo del 15 de noviembre del 2019» y cambiar algunas de las reglas que regirán para la Convención Constitucional.

La abogada se excusó de asistir señalando que sufría problemas de salud.

Fue entonces de esta forma que se dio inicio a la conversación en torno a la declaración política de los 34 y se planteó la interrogante: ¿Es correcto poner condiciones?

Revisas sus respuestas:

Fernando Atria

«Me parece que evidentemente (estas propuestas) serían una contribución al ambiente (…) Las reglas originalmente acordadas fueron evolucionando. (…) Llamar a escándalo porque se proponga revisar esas reglas es una exageración».

 

Carol Bown

«Me parece al menos cuestionable (…) No corresponde y tampoco corresponde pretender atribuirse decisiones de otro poderes del Estado». Aclaró además que en este tipo de casos «opinar es distinto a exigir o amenazar».

 

César Valenzuela

«Hay que desdramatizar la carta y entenderla como una manifestación política. Hay que desdramatizar también su contenido (…) Ahí hay luces para mejorar algunas condiciones del proceso constituyente. Las reglas no están escritas sobre piedras, y son perfectamente revisables».

 

Miguel Ángel Botto

«Estamos en una situación difícil (…) En términos de contexto, hay una empatía y una sensibilidad. No hay que dramatizar este contenido». Sin embargo, sostuvo además en modo de cuestionamiento que «me provoca ruido que hablen de la voz del pueblo».

 

Patricia Labra

«Me preocupa mucho (el llamado de los 34). Vamos en un camino de instrumentalización del proceso constituyente. La gente nos eligió para hacer nuestro trabajo, que es redactar la carta magna».

Añadió que «muchos se hicieron llamar como independientes, pero aquí 34 personas juntas tienen una instrucción superior para hacer este tipo de demanda. La vocería del pueblo está tomando las viejas prácticas de la política, que es lo que la gente no quiere».

 

Respecto a la viabilidad de este planteamiento consistente en modificar algunos aspectos del reglamento acordado para el proceso, la abogada constitucionalista, Marisol Peña, comentó que «las reglas se han ido modificando por el Congreso Nacional en sucesivas normas constitucionales. El Congreso podría seguir implementando reformas constitucionales».

Más tarde, los participantes contestaron preguntas planteadas por personas en la calle tales como si el agua será un bien de uso público en la Nueva Constitución, así como si será considerado el matrimonio igualitario.

 

Las pensiones y el hecho de que las personas tengan su vivienda digna también fueron temas propuestos, así como si la nueva NC va a ser 100% feminista.

 



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