El ex primer ministro Benjamín Netanyahu lo niega todo. Se ha declarado inocente de los tres cargos por corrupción por los que está siendo juzgado desde 2020. Pero durante casi dos años ha negociado en secreto con la Fiscalía General un acuerdo para cerrar el juicio con una condena que no conlleve su ingreso en prisión. El líder conservador que gobernó en Israel durante 12 años consecutivos hasta que fue apeado del poder en junio pasado por una amplia coalición opositora se resiste, sin embargo, a aceptar hasta siete años de inhabilitación para todo cargo público, lo que implicaría su salida definitiva de la escena política a los 72 años.
La salida del líder del Likud de la política, si se acaba confirmando su acuerdo con la Fiscalía, forzará un inmediato relevo al frente del partido conservador hegemónico, tras unas disputadas primarias entre barones de la organización, así como una previsible reagrupación de las fuerzas de la derecha nacionalista y religiosa, liberadas de los vetos personales suscitados por la dominante figura de Netanyahu. La derecha suma una clara mayoría en la actual Kneset (Parlamento) como recambio al actual Gabinete de heterogénea coalición.
Aireadas estos días por la prensa hebrea, las negociaciones emprendidas por los letrados de Netanyahu en busca de un pacto que libre a su cliente de largos años de incierto proceso judicial fueron confirmadas el domingo por el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, considerado uno de los jurisconsultos israelíes más influyentes, quien ha actuado durante meses con discreción como mediador del ex primer ministro con la Fiscalía.
Netanyahu fue procesado en 2019 por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos en los que estaba imputado por recibir valiosos regalos e influir para conceder ventajas económicas y fiscales a altos cargos empresariales a cambio de mejorar su imagen en medios de comunicación que estos controlaban. Se arriesga a ser condenado hasta a 10 años de prisión.
Los medios israelíes apuntan a que el acuerdo debe alcanzarse antes de que termine enero, ante el inminente fin del mandato de Mandelblit, un jurista que fue nombrado para el cargo por el mismo Netanyahu y que antes ejerció como secretario legal de varios de sus Gobiernos.
La Fiscalía ofrece la retirada de una de las acusaciones: la del llamado caso 2.000, en el que el jefe del Ejecutivo trató de influir en la línea editorial del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación de pago del país, a cambio de restringir la competencia publicitaria del periódico gratuito Israel Hayom, el de mayor difusión y el más próximo a su política. Al mismo tiempo, el Ministerio Público también se muestra dispuesto a retirar los cargos por cohecho y a limitar las acusaciones de fraude que pesan contra el exgobernante.
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“Los acuerdos con la Fiscalía dependen de los detalles, principalmente de la pena que esté dispuesto a admitir Netanyahu”, advierte el analista político Daniel Kupervaser. La condena residual a unos seis meses de cárcel, una vez dejada en suspenso la condena principal, sería sustituida además por la de trabajos en beneficio de la comunidad. “Lo más candente”, agrega Kupervaser, “es su alejamiento forzado de la política. Existe el temor a que continúe al frente del [partido] Likud, representado por un títere y a que en la práctica él siga siendo primer ministro de facto”.
La declaración de “bajeza moral”, que la Fiscalía exige a Netanyahu que se reconozca expresamente en el acuerdo, sigue siendo el principal escollo para poder cerrarlo, ya que conlleva pena de inhabilitación y la privación de los privilegios concedidos a un ex jefe del Ejecutivo, como oficina y asistentes, escolta policial y vehículo oficial. La gravedad de los hechos jugados obligaría además al tribunal a imponer en el pacto con la Fiscalía una elevada multa para el procesado.
Desde que los agentes de la brigada anticorrupción de la policía comenzaron a investigar las supuestas irregularidades de Netanyahu en 2016, Israel entró en un ciclo de inestabilidad y bloqueo político que desembocó en cuatro elecciones legislativas celebradas entre 2019 y 2021. Tras los últimos comicios, tres partidos de la derecha que habían apoyado al bloque del Likud antes de romper con Netanyahu se unieron a una coalición participada por dos fuerzas centristas, otras dos de izquierda y un partido islamista de la minoría árabe para conformar un Gobierno alternativo.
Rechazo al pacto con la Fiscalía
Un 52% de los israelíes se opone a un eventual acuerdo para cerrar el juicio por corrupción contra el ex primer ministro, según una encuesta difundida el lunes por el canal estatal de televisión Kan. La Fiscalía aceleró el proceso en noviembre al presentar a su testigo de cargo más sólido, Nir Hefetz, quien durante cinco años ejerció como asesor de prensa y hombre de confianza del entonces jefe del Gobierno. Hefetz ha aportado un testimonio clave en el llamado caso 4.000, que implicaba al conglomerado de telecomunicaciones Bezeq.
El afán por el control de los medios de comunicación desde el poder y una hedonista afición al lujo gratuito marcan los tres casos contra Netanyahu. En el primero, el llamado caso 1.000, el multimillonario israelí y productor de Hollywood Arnon Milchan estableció con otros magnates una “línea de suministro” de regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cientos de miles de euros para el encausado y su familia.
Netanyahu ha sido el primer jefe de Gobierno en ejercicio del cargo que se ha sentado en el banquillo de los acusados en la historia de Israel. Tras el inicio de la vista fue apeado del poder. Su predecesor inmediato, Ehud Olmert, pagó con 14 meses de cárcel el cobro de comisiones por un escándalo urbanístico en su etapa como alcalde de Jerusalén, aunque dimitió tras ser imputado.
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