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El pasado 24 de febrero, Vladímir Putin, presidente de Rusia, anunció su decisión de invadir Ucrania a través de un discurso grabado en su despacho. En él, aseguró que “la ‘desnazificación’ de Ucrania” era uno de los motivos principales de la agresión militar. Además, el líder ruso ha repetido esta idea en todas sus intervenciones durante el transcurso del conflicto. Este vídeo explica por qué Putin ha utilizado este término tan a menudo para justificar la guerra, atacar al Gobierno de Volodímir Zelenski, presidente ucranio, y etiquetar como nazi a todo el país invadido.

La periodista de Internacional de EL PAÍS, Patricia R. Blanco, y especialista en desinformación, analiza en este vídeo los puntos clave del relato que el mandatario ruso ha tratado de implantar en toda la ciudadanía de su país. También comenta qué ha llevado a Putin a elegir esta apelación al régimen alemán de Adolf Hitler que provocó la Segunda Guerra Mundial —entre 1939 y 1945—. Blanco detecta y señala las falsedades que contiene el argumentario del presidente ruso y expone qué razones le han llevado a usarlo en cada una de sus apariciones públicas desde que declaró la guerra al país vecino.

¿Es útil esta estrategia? ¿Ha funcionado anteriormente? Como se detalla en el vídeo, ejemplos como la ocupación de Crimea en 2014 y su posterior anexión a la Federación de Rusia sirven como precedentes para entender el discurso que Putin ha articulado en torno a la vieja Unión Soviética —que llegó a ser la principal potencia del mundo junto a Estados Unidos— y su posterior descomposición con la caída del muro de Berlín. ¿Cómo ha utilizado la historia de Rusia en su discurso? Blanco responde a todas estas preguntas y desgrana la intención que tiene Putin al evocar el nazismo para defender su ataque a Ucrania.

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La pintora de 78 años Elena Osipova conoce bien las consecuencias de una guerra. La artista nació en 1942, en mitad del asedio de 900 días a Leningrado, y su familia y las de sus amigas cargaron toda su vida con las heridas que dejó la invasión nazi. Ayer volvió a ser detenida por la policía rusa por portar con ella sendos carteles a favor de la paz y la destrucción de los arsenales nucleares de todo el planeta. Y junto a ella fueron arrestadas otras 285 personas, según las cifras que ha podido recopilar el periódico de la ciudad, Fontanka.

El presidente Vladímir Putin anunció la invasión de Ucrania con el pretexto de su “desmilitarización”, lo mismo que pedía la anciana, una conocida activista que ya había sido arrestada en abril de 2020 por salir sola a la calle con un cartel donde denunciaba 100 años de represión en Rusia, desde la NKVD soviética (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos) al FSB (Servicio Federal de Seguridad) actual. Su sanción, como la de muchos otros ahora, se justificó con las restricciones por coronavirus que muy pocos cumplen en el país.

Desde aquel año se han endurecido las condiciones para protestar, e incluso un piquete individual con un eslogan como “no a la guerra” puede suponer una multa o, en el peor de los casos, la cárcel. Estos días, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y alcaldes como el de Moscú, Serguéi Sobianin, habían amenazado repetidas veces con la pena de prisión a los organizadores de las protestas.

Elena Osipova fue arrestada este miércoles por la noche por al menos siete polícías antidisturbios ataviados con cascos y chalecos protectores. Tras negarse a moverse, la pintora fue forzada a caminar hacia el furgón que la sacó de las protestas y la llevó a su casa, según dijo al diario Bumaga la dirección general del Ministerio del Interior para San Petersburgo. El organismo no aclaró si se abrirá un procedimiento sancionador contra la pensionista, aunque en ese caso no sería el primero en su contra por denunciar la represión y la guerra.

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Elena Osipova recibió los aplausos de decenas de manifestantes que estaban cerca, en pleno centro de San Petersburgo, y no hizo el ademán en ningún momento de soltar sus carteles, donde estaba escrito “La simpática Ucrania rechazó en el acto las armas nucleares, mientras que en Rusia no se han dado de baja los vehículos con ojivas nucleares desde la guerra de Vietnam”. La activista hacía referencia así al Tratado de Budapest de 1994, donde Kiev y Moscú firmaron la integridad territorial de Ucrania a cambio de deshacerse de todas las armas de destrucción masiva acumuladas desde los tiempos de la Unión Soviética. El Kremlin, sin embargo, ha justificado su invasión con que Ucrania podría desarrollar un arsenal así en el futuro, y Putin activó “en modo especial de combate” su fuerza de contención nuclear tres días después de comenzar su ataque.

Esta no era la primera protesta de la activista contra la guerra. El pasado 27 de febrero ya se había plantado sola en la famosa avenida Nevski con tres carteles confeccionados por ella misma. En uno aparecía un busto de Putin escoltado por dos cuervos sobre una lápida donde decía en verso que “la momia de la guerra lleva a la destrucción y a la locura a Rusia”. En otro dibujó una madre entregando fusiles a jóvenes vendados en un cementerio; y ella misma sostenía otra cartulina con un mensaje sencillo: “¡Soldado! ¡Tira el arma y será un héroe real para el país!”

Más de 7.000 detenidos desde el inicio de la guerra

Una de las principales fuentes para intuir la represión de las manifestaciones es OVD-INFO, un portal fundado por periodistas que recopila las detenciones de las protestas. Las autoridades lo declararon agente extranjero recientemente y el acceso a su página web está bloqueado en Rusia. Sus cifras arrojaban 7.626 arrestados desde que comenzaron a caer las bombas en Ucrania la madrugada del 24 de febrero hasta el mediodía de este 3 marzo, jornada en la que ambas partes intentarán negociar un alto el fuego por segunda vez.

Las protestas de San Petersburgo siguen el mismo patrón que en otras ciudades como Moscú. Cientos de personas comienzan a concentrarse en el centro, en torno al histórico edificio de Gostiny Dvor, donde actúan bandas de música callejeras. Cuando acaban, la multitud comienza a gritar consignas contra la guerra, y la policía comienza con sus detenciones.

Las protestas, aunque no son masivas, comienzan a dejar imágenes que calan en el subconsciente de toda la población. Es el caso de las fotos de dos madres y sus cinco hijos encerrados primero en un furgón policial y después en comisaría varias horas por haber llevado unas flores a la embajada de Ucrania en Moscú y traído consigo un cartel donde ponía “no a la guerra”.

El partido Yábloko, uno de los pocos verdaderamente opositores, aunque sin presencia en la Duma Estatal, ha promovido una petición de paz que ya han firmado más de 85.000 personas. “La retórica estatal hace pensar que está en marcha una nueva Gran Guerra Patria, que es necesario luchar contra el fascismo, pero a diferencia de aquella guerra, aquí nadie atacó a Rusia. Las tropas rusas entraron en Ucrania, no al revés”, denunció en su canal de Telegram el líder de la formación en San Petersburgo, Borís Vishnevski, más conocido en España por ser uno de los políticos a los que suplantaron la identidad otras personas con nombres y rostros similares en las últimas elecciones para robarles votos.

Yábloko fue víctima de un ataque contra su sede en Nizhni Nóvgorod el pasado 2 de marzo. Según el partido, “unos desconocidos destrozaron la oficina donde recogían firmas contra la guerra de Ucrania mientras gritaban ‘¡Donetsk, Lugansk, no abandonemos lo nuestro!’ y ‘¡Los nazis deben ser asesinados!”.

Otra figura importante que ha llamado a protestar ha sido el opositor Alexéi Navalni, que a pesar de estar encarcelado logró publicar una serie de mensajes en Twitter a través de su equipo. “Que no sea estar contra la guerra. Luchemos contra la guerra”, dijo en un mensaje para animar a manifestarse en la calle.

Las protestas no solo se han expresado con manifestaciones por las calles. En numerosos puntos del país han comenzado a aparecer grafitis y carteles con el lema “No a la guerra” que las autoridades se han afanado en retirar a toda prisa. Uno de los que se hizo virales era un letrero enorme de San Petersburgo con el lema pintado como si fuera sangre sobre un fondo blanco. Su autora, Evguenia, contó a The Village que había sido multada con 20.000 rublos (250 euros antes de la guerra, 166 al cambio actual).

En la persecución de las protestas participa el conocido “Centro E”, el departamento del Ministerio del Interior “para combatir el extremismo”. Según el portal OVD-INFO, el organismo inició una acción administrativa contra un ciudadano de la pequeña ciudad de Vladímir, Yuri Alekséyev, por pintar el mismo eslogan sobre una tela en mitad del campo.

Sin embargo, estas imágenes no llegan a la población porque no son difundidas por la mayoría de la prensa rusa, afín al Kremlin. Los medios independientes o bien tratan de sobrevivir ante las presiones de las autoridades y borran hasta la palabra “guerra”, como Nóvaya Gazeta; o son liquidados tras ser bloqueados por el Gobierno por su cobertura de la guerra, como ha sido el caso este jueves de la histórica radio Eco de Moscú tras 32 años de ejercicio del periodismo.

Mientras la guerra continúa cobrándose vidas en Ucrania, las protestas se repiten todas las tardes en casi medio centenar de ciudades del país y la presión aumenta sobre Putin. No solo por las voces que llegan desde la calle, sino también desde sus propios despachos. El director del Consejo de Asuntos de Exteriores, Andréi Kortunov, ha sido el primer asesor del presidente en pronunciarse abiertamente contra la guerra. “Es una vergüenza”, dijo en una entrevista concedida a Sky News, donde instó a sentarse a negociar desde ya mismo con Occidente.

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La Segunda Guerra Mundial terminó en Países Bajos el 5 de mayo de 1945, y desde su exilio en Londres, la entonces reina Guillermina y el Gobierno holandés tenían preparado un tribunal especial para procesar a los que colaboraron con el invasor nazi. Cerca de 150.000 sospechosos fueron internados a la espera de juicio en varios centenares de campos, según los historiadores. Son los llamados foute mensen, que podría traducirse como “la gente que estuvo del lado equivocado”, y cuyos hijos cargan todavía con ese apelativo. De hecho, sienten que pagaron las culpas de los adultos que apoyaron a los ocupantes alemanes y buscan un reconocimiento del Ejecutivo, al que se han dirigido varias veces por la marginación y el estigma sufridos tras la contienda. Ello implicaría incluirles entre las víctimas oficiales de la guerra, un asunto difícil de abordar en un país cuya comunidad judía sufrió el mayor exterminio de Europa occidental.

El pasado noviembre, la exreina Beatriz acudió al 40 aniversario de la fundación de voluntarios que agrupa desde 1981 a los descendientes de los colaboracionistas (Stichting Werkgroup Herkenning). Con unos 200 miembros, han atendido en los últimos años a unas 10.000 personas que básicamente buscaban información de su pasado, y para ellos la visita revistió gran simbolismo aunque Beatriz sea ahora una princesa sin peso institucional. Sin embargo, el nuevo Gobierno, que toma posesión este mes, ha hecho saber que no hay consenso político para debatir este capítulo del pasado.

La fundación recibe alrededor de 60.000 visitas digitales al año. Según sus datos, unos 100.000 holandeses se afiliaron al Movimiento Nacional Socialista en Países Bajos (NSB, en sus siglas neerlandesas), y cerca de 25.000 lucharon con el Ejército alemán en el frente oriental. “Como hasta 1965 las familias holandesas solían tener tres niños, podría haber unos 300.000 descendientes. Es una estimación a la baja, sin sumar a los nietos. Tampoco tenemos el número de hijos de holandesas y soldados germanos”, indica la organización.

Una vez liberados, los colaboracionistas, diversos en su compromiso con los nazis, tuvieron dificultades para encontrar empleo. Algunos perdieron el derecho al sufragio durante diez años. El NSB era el único partido permitido por los nazis, que lo utilizaron como herramienta de control. Tenía su propio grupo paramilitar para cooperar en la persecución de los judíos y contra la resistencia, y apoyó la explotación económica nacional en favor del Tercer Reich.

Para los hijos de los que colaboraron, aquella etapa se envolvió en sus familias en un silencio que duró décadas. Es el caso de la madre de Rosanne Buis, que era hija de miembros del NSB. El abuelo de Buis era médico y tenía cuatro hijos. “Mi madre formaba parte de las juventudes del partido, y la familia se marchó a Alemania en 1944, cuando se pensaba ya que los ingleses y los canadienses ganarían la guerra. Contaba 17 años y la llevaron como enfermera a Austria. Acabada la contienda huyó para regresar a Países Bajos a finales de junio de 1945″, explica Buis en conversación telefónica. A su madre la internaron en un campo en septiembre de ese año “y allí abusaron de ella; estaban en muy malas condiciones”. La casa familiar fue confiscada y sus abuelos empezaron de nuevo sin mencionar lo ocurrido. “Cuando yo llegué a la veintena me lo contó todo. Después dijo que no volvería a hablar. Yo sí se lo he explicado a mi hija”, admite Buis. Y subraya: “Hay un trauma intergeneracional que no se percibe, y por eso queremos que se reconozcan estas historias”.

El malestar que produce aún este oscuro pasado se refleja en las cifras mismas de la guerra. En Países Bajos murieron unas 280.000 personas, según el Museo de la Resistencia de Ámsterdam. Apenas unas decenas de miles de los cerca de 140.000 miembros de la comunidad judía nacional sobrevivieron al Holocausto ―de los 107.000 deportados a campos de concentración solo regresaron 5.000—. En el Archivo Nacional, por otra parte, hay datos de unas 500.000 personas señaladas —con y sin fundamento— por colaboracionismo, traición o crímenes de guerra. Tras la liberación, se dictaron 154 penas de muerte y hubo 39 ejecuciones. La mayoría de los detenidos por hechos considerados leves estaban en la calle a partir de finales de 1945.

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“Unas 20.000 casas propiedad de familias judías fueron confiscadas por los alemanes, y cerca de 8.000 se vendieron a miembros del NSB y otros. También les fueron arrebatadas unas 60.000 viviendas de alquiler”, señala Ronny Naftaniel, presidente del Consejo Central Judío, que representa a la comunidad holandesa. Explica, asimismo, que “la Iglesia católica, muy valiente durante la ocupación, contribuyó a la reducción o conmutación de las penas”. Y añade: “Los descendientes eran niños y la infancia debe protegerse siempre. Pero es un tema social, no un asunto del Estado. Es la sociedad la que les marginó o señaló. Hay una parte emocional que rechaza el dolor de un niño, y otra racional. Los hijos de los judíos asesinados en el Holocausto lo perdieron todo. La mayoría de los otros tenían a sus familiares”.

En el colaboracionismo hubo grados de compromiso político y moral, así como oportunismo por la crisis arrastrada desde los años treinta. “Mientras que unos estaban convencidos del ideal racista de la Gran Alemania, otros simpatizaban sin más. Durante la guerra vivían a menudo mejor que el resto de la población y eso generaba recelos”, cuenta, al teléfono, la historiadora Ismee Tames, del Instituto para el Estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD). En su opinión, la reinserción social de este grupo era un reto considerado urgente por el Gobierno. “En los casos leves, se puso en libertad a los acusados ya en 1945. La mayoría de los menores no fueron separados de ambos padres, ya que muchas mujeres tampoco fueron internadas. En el verano de 1945, el Parlamento y el Gobierno querían que los colaboracionistas sin penas graves volvieran al trabajo, la sociedad, y al seno de sus iglesias. En los expedientes hay a veces cosas que no se sostendrían hoy ante un tribunal, en parte porque el imperio de la ley tardó algún tiempo en reafirmarse. Y esa es una de las razones por las cuales las élites políticas y religiosas prefirieron que regresaran a la vida normal”, asevera.

La antropóloga Cuny Holthuis, presidenta de la fundación de descendientes, es la menor de un matrimonio colaboracionista con siete hijos. Ella tenía apenas un año cuando sus padres —él era funcionario— se marcharon a Alemania en 1944 ante el avance aliado. Los instalaron en una especie de gimnasio y permanecieron allí unos seis meses. “Los niños podían salir, pero otros niños alemanes les llamaban traidores a la patria. Traidores a Países Bajos”, afirma. Se lo han contado sus hermanos. Volvió con cinco de ellos y con su madre. El padre siguió hasta Berlín con los dos mayores, de 9 y 11 años. Ambos chicos retornaron por su cuenta a Países Bajos. Su casa holandesa era grande, pero advierte de que estaban solos en un ambiente hostil y con la progenitora retenida. “Un día llegaron los canadienses, necesitados de un cuartel general. Cuando vieron a cinco niños llamaron al Ayuntamiento, que no sabía nada”. A partir de entonces, empezó un peregrinaje entre hogares de acogida y de conocidos. La familia se reagrupó en 1951. “Pero ya no recuperas la unidad y tampoco había ayuda psicológica”. “No se hablaba por temor al señalamiento. Progresamos por el tesón de mi madre. Con mi padre, un oportunista, perdimos el contacto”, expone.

Algunos de los hijos mayores fueron reeducados. “Era para aprender a ser un buen holandés: el que nunca lucharía contra su país o apoyaría un régimen totalitario. Visto hoy, las políticas aplicadas por el Estado y las diferentes iglesias pueden parecer duras y frías”, señala la historiadora Tames. Apunta, a su vez, que la mirada hacia la ocupación fue cambiando en los años sesenta. “El horror del Holocausto empezó a calar en general en la sociedad. El debate político sobre las víctimas de la guerra es de los setenta. Entonces, y también en los ochenta, comienza a prestarse atención a la gente con un trauma de la guerra”, concluye.

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