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El Gobierno de Kiev elevó este domingo a 11.000 el número de soldados rusos muertos desde que Moscú comenzó la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero. La cifra es 22 veces más alta que la reconocida hasta ahora por el Kremlin, que solo ha confirmado la muerte de 498 miembros de su Ejército. Lo hizo el 2 de marzo —y no se ha vuelto a pronunciar al respecto—, el mismo día en que Ucrania afirmaba que las bajas entre las filas rusas ascendían a 5.840, casi 10 veces más. Y ninguna de las dos versiones se aproxima al recuento que maneja Estados Unidos, entre 1.500 y 2.000 militares rusos caídos en los primeros cuatro días del conflicto.

Esta distorsión en el balance de fallecidos, que también se extiende al número de muertos entre la población civil y entre los soldados ucranios, evidencia la otra guerra en ciernes: la del relato de lo acontecido. “La propaganda no se dirige solamente hacia el exterior sino también hacia el interior, tanto hacia la propia población civil que sostiene el esfuerzo de la guerra como hacia los miembros de los Ejércitos que la llevan a cabo”, analiza Alejandro Pizarroso Quintero, experto en propaganda, en el artículo Aspectos de propaganda de guerra en los conflictos armados más recientes.

Precisamente las diferencias en las cifras de soldados muertos esgrimidas por Kiev y Moscú explican el relato que cada uno de los dos países quiere ofrecer a los suyos. Ucrania, que asegura haber abatido a 11.000 soldados rusos mientras que apenas habla de víctimas entre sus tropas, alienta a su población al exaltar el éxito de la resistencia. Rusia, en cambio, reconoce un número relativamente pequeño de fallecidos entre sus filas, al tiempo que habla de unos 2.000 militares ucranios muertos y elude hablar de muertos entre los civiles. Su objetivo principal es fomentar el apoyo de la opinión pública rusa al ataque ordenado por el presidente Vladímir Putin contra el país vecino.

Sin embargo, determinar qué datos son los correctos es una tarea ardua, especialmente en un conflicto armado, con un acceso muy limitado, cuando no nulo, de observadores independientes a las zonas de combate. Según los últimos datos publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR, por su sigla en inglés), desde el inicio del conflicto hasta este domingo han muerto 364 civiles, —de ellos, 25 niños— y otros 759 han resultado heridos. El balance solo incluye 13 muertos y 52 heridos más que el último informe del organismo, publicado tan solo dos días antes, pese al recrudecimiento de los combates y los bombardeos rusos contra zonas civiles. Solo la última actualización del Gobierno ucranio, hecha el 2 de marzo, ya elevaba el número de víctimas mortales a más de 2.000.

“Las cifras reales serán considerablemente más altas, ya que la recepción de información se retrasó en algunas localidades donde se han producido intensas hostilidades”, ha reconocido la OHCHR, que sigue un riguroso trabajo de verificación para certificar el número exacto de víctimas. Es precisamente la labor hercúlea de identificar a cada fallecido lo que explica que en dos días solo hayan podido certificar 13 nuevas muertes.

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Y en mitad de la guerra, en el mejor de los casos, las partes en conflicto recurren con frecuencia a las estimaciones. Ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando el Ejército ruso comenzó a bombardear la ciudad ucrania de Járkov. Las primeras informaciones que comenzaron a circular citaban un mensaje publicado en Facebook de Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior ucranio, que aseguraba que “decenas de personas” habían muerto en los ataques con misiles de las fuerzas rusas. Es decir, una horquilla de entre 21 y 99 civiles, factible por el nivel de destrucción. La nota fue recogida por decenas de medios internacionales. Sin embargo, el balance consensuado aquel día fue finalmente de 10 víctimas mortales en esta ciudad ucrania.

El poder de los números

“Vivimos en un mundo hipernumérico preocupado por la cuantificación. Por lo tanto, medir algo, o al menos pretender hacerlo, es anunciar su existencia y señalar su importancia y relevancia política”, analizan Peter Andreas y Kelly M. Greenhill en el libro Sex, Drugs and Body Counts (Sexo, drogas y recuento de cuerpos, Cornell University Press). Pero, además, los números tienen, según consideran los expertos, el poder de dar credibilidad a quien los maneja y de impulsar o frenar la toma de decisiones, con independencia de que sean o no ciertos. Según recuerda Grenhill, el expresidente estadounidense Bill Clinton “pareció predicar su apoyo a la guerra de Irak sobre la base de una evaluación errónea e inflada de lo que provocó la falta de acción decisiva [por parte de Occidente] en la guerra de Bosnia (1992-1995)” durante un discurso en el Festival de Ideas de Aspen de 2007. El exmandatario dijo entonces que en Bosnia habían muerto unas 250.000 personas, una catástrofe que se debía evitar en Irak. Sin embargo, señala la investigadora, la cifra parece “más próxima a 97.000″, aunque todavía hoy en día se siguen publicando informaciones que aluden al número mayor.

Una vez que una cifra penetra en el imaginario colectivo, especialmente si es muy alta, es difícil desterrarla por el poder de credibilidad de los números del que hablan Andreas y Greenhill. Un ejemplo clásico son los resultados de un informe de 1996 de Unicef, según el cual, “en la última década al menos dos millones de niños habían muerto en conflictos armados”. El balance ha seguido pareciendo hasta pocos años en distintas publicaciones, pese a que el período al que aludía Unicef es el comprendido entre 1986 y 1996.

“Los datos de víctimas no son simplemente un conjunto de números abstractos, sino que representan seres humanos individuales”, insiste fuentes de la OHCHR. Contabilizarlos de manera correcta, añaden, es “crucial” para reclamar responsabilidades posteriores y dignificar a cada una de las víctimas.

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el 12 de enero en el Parlamento en Ankara.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el 12 de enero en el Parlamento en Ankara.ADEM ALTAN (AFP)

Los ingenieros forestales Salih Usta y Ahmet Demirtas fueron condenados recientemente a dos años de cárcel. Su delito fue contradecir la narrativa oficial sobre un árbol: un tejo de la provincia turca de Zonguldak que el Gobierno local ―del partido que dirige el presidente Recep Tayyip Erdogan― había presentado como el más antiguo del mundo, con 4.112 años. Usta y Demirtas, miembros de la Asociación de Investigación de Problemas Forestales y del Medio Rural, consideraron sospechosa la afirmación y tomaron una muestra del árbol (como han hecho cientos de veces durante su carrera) que fue analizada por el departamento de botánica de la Universidad de Estambul. El resultado fue que la edad del susodicho tejo es en realidad de unos 2.000 años.

Poco después de hacer pública su investigación, se les abrió un proceso judicial, formalmente por haber tomado una muestra sin permiso, pese a que lo hicieron antes de que el árbol fuese declarado bajo protección oficial. Los ingenieros no entrarán a prisión porque el castigo les fue reducido a 20 meses de cárcel por buen comportamiento durante el juicio, pero será una pena que constará para siempre en su expediente.

“Cuando se nos abrió el proceso estábamos seguros de que acabaría en absolución, porque la Gendarmería dejó claro en su informe que no habíamos dañado el árbol”, explicó Usta en declaraciones al medio digital Diken: “Pero el actual poder político se ha acostumbrado a decir mentiras y a que esas mentiras sean sostenidas por los demás. Y cuando alguien demuestra que mienten, tratan de castigarlo”.

No son los únicos. En los últimos años, en Turquía, un científico ha sido arrestado y enjuiciado por revelar las cantidades reales de sustancias cancerígenas vertidas en una zona industrial del noroeste del país ―aunque finalmente fue absuelto después de tres años de proceso―; se ha abierto una investigación contra un grupo de académicos que ha cuestionado los datos oficiales de inflación; varios periodistas, analistas y un exgobernador del Banco Central se enfrentan a querellas criminales por poner en duda las previsiones económicas del Gobierno, y el presidente y sus aliados de la ultraderecha han acusado de terrorismo y han amenazado con clausurar la principal asociación médica del país por criticar la falta de transparencia en los datos de los ensayos clínicos de la nueva vacuna turca contra la covid-19.

Y, cuando se le preguntó por los números de sus medidas económicas, el nuevo ministro de Finanzas, Nurettin Nebati ―un politólogo doctorado con una tesis sobre las bondades del partido de Erdogan―, respondió que no daría cifras porque “la economía no son únicamente números […] sino el brillo de los ojos”. Se podría argüir que Turquía tiene un problema con los números y las estadísticas, o al menos con aquellos que contradicen la versión edulcorada de la realidad que transmite el Gobierno de Erdogan.

Estadísticas manipuladas

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Al ingeniero informático Güçlu Yaman no le cuadraban los datos de la pandemia que ofrecía el Ministerio de Sanidad y por eso comenzó a investigar. “En agosto de 2020, los médicos se quejaban de que estaban desbordados, en cambio, los números de casos de covid y las muertes que daba el Ministerio eran muy bajos. Había una manipulación muy importante para atraer turistas”, explica Yaman. Si en la mayoría de países europeos existen instituciones públicas o universitarias que se dedican a monitorizar el exceso de mortalidad, en Turquía el estudio más completo sobre la cuestión depende de esta persona que lo inició por su cuenta: descargando los datos de diferentes páginas web de ayuntamientos y cementerios ha conseguido probar que la mortalidad en Turquía se ha incrementado un 32% durante la pandemia.

Mientras tanto, el Instituto de Estadística oficial (TÜIK, por sus siglas en turco) ha pospuesto indefinidamente la publicación de sus estadísticas anuales de mortalidad y de otros baremos demográficos que habrían permitido calcular el coste real en vidas de la pandemia. Pese a todo, el propio ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, ha reconocido finalmente que la cifra real de muertes por covid es “probablemente dos o incluso tres veces mayor” que la oficial de 84.000 fallecidos, algo que Yaman considera una reivindicación de sus cálculos: “La gestión de la pandemia ha sido un desastre y Turquía es hoy uno de los países con mayor exceso de mortalidad del mundo. Para que la realidad no se conozca, las autoridades ocultan los datos y repiten constantemente que somos uno de los países que mejor la ha gestionado”.

El Instituto de Estadística turco se ha convertido en el organismo público que menos confianza despierta y, a inicios de diciembre, el jefe de la oposición, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, se personó en su sede, pero la policía le bloqueó el paso. Kiliçdaroglu quería pedir explicaciones sobre el cálculo que más polémica ha causado en el último año: el de la subida de los precios. “Hasta hace cinco años nadie cuestionaba los datos de TÜIK, pero desde entonces ha comenzado a haber serias dudas sobre su veracidad”, explica Veysel Ulusoy, profesor de Econometría y director del Grupo de Estudios sobre la Inflación (ENAG). Tampoco ayuda que los dirigentes a nivel nacional y regional del organismo estadístico hayan sido despedidos y sustituidos por personas cercanas al Ejecutivo.

Así pues, Ulusoy y otros académicos han establecido un sistema alternativo de cálculo de la inflación. Utilizando un programa informático de scraping (técnica utilizada para extraer información de internet) que recoge diariamente 250.000 datos de precios en diversas webs de supermercados y tiendas en línea de los mismos 400 productos que utiliza TÜIK para calcular la inflación y siguiendo los métodos de cálculo empleados por estudios similares en la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los miembros de ENAG llevan año y medio publicando sus datos sobre la inflación. Así han demostrado que los precios se han incrementado más del doble de lo reconocido por el Gobierno. “Cuando la economía va mal, tienes dos opciones: o arreglas lo que no funciona o manipulas los datos para dar la sensación de que todo va bien. Pero esto tiene efectos en el bienestar de la gente porque, por ejemplo, el dato de inflación de TÜIK se emplea para calcular el nuevo salario mínimo”, explica Ulusoy.

Los cálculos de ENAG han recibido tanta atención que, finalmente, su director ha sido llamado a declarar en una investigación judicial iniciada a petición del Ministerio de Economía y de TÜIK, que denuncian que los cálculos de este grupo independiente “atentan contra la reputación” del organismo estadístico. Ulusoy se encoge de hombros: “Las acusaciones son tan irracionales que no creo que terminen en una sala de juicio”.

La realidad de Erdogan

Erdogan afirmó el miércoles 12 que, efectivamente, los datos de la inflación y el tipo de cambio “no se corresponden a la realidad”: en este caso, porque según el presidente la realidad es mucho mejor de lo que muestran los números. Hay cada vez más gente que denuncia que Erdogan vive en una realidad paralela que él mismo ha construido, pero que sobre todo han edificado su círculo de cortesanos y el coro de medios de comunicación afines. Al líder turco le enfada que lo contradigan, piensa que él conoce mejor que nadie la situación en las calles ―que hace años no pisa con la asiduidad con la que solía hacerlo― y, por eso, al final, la imagen que le pintan sus asesores es solo la que esperan que agradará a su jefe.

De ahí que cuando la realidad golpea con la fuerza de los hechos, Erdogan monte en cólera. Según fuentes gubernamentales citadas por el periodista Erdal Saglam, el presidente está ahora enfadado con su nuevo ministro de Economía, porque las medidas decretadas para resolver la crisis monetaria que vive el país ―medidas que muchos expertos habían dicho que no servirían―, efectivamente, no funcionan como esperaba. Ni los turcos han corrido a convertir sus ahorros en divisa a liras ni la moneda turca se ha apreciado tanto como sus asesores le habían dicho que ocurriría.

Es probable que Erdogan pensase realmente que fue su discurso de la noche del 20 de diciembre el que rescató la lira del abismo al que estaba a punto de precipitarse y le hizo recuperar el 50% de su valor en menos de 24 horas. No importa que los datos que se han conocido a posteriori muestren que la razón de esa momentánea recuperación se debió a que el Banco Central intervino bajo cuerda en los mercados y compró miles de millones de liras para elevar su valor a costa de quemar sus reservas. Para Erdogan, fueron sus palabras. Después de todo, así lo pintaban los medios y los diputados oficialistas: un valeroso Quijote luchando y venciendo a los pérfidos gigantes del mercado. De ahí que ahora se enfade cuando la realidad le lleva la contraria.

Esta situación entraña obvios peligros, como señala el economista Timothy Garton Ash: “Turquía corre el riesgo de convertirse en algo como una secta, donde la lógica económica, las teorías y la racionalidad son ignoradas en favor de los disparates que suelte el líder supremo”.

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