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Foto Alcaldía de Cali

El capitulo de cimetación y estabilización del proyecto habitacional en el área de renovación urbana, finaliza de forma satisfactoria; adicional a esta acción se realizan varias actividades de respaldo para darle nivel al proceso constructivo que se requiere en “Ciudad Paraíso” y cumplirle a los caleños.

La cimentación responde al conjunto de elementos estructurales que conecta y transmite las cargas de la construcción al suelo, distribuyendo los esfuerzos de manera equitativa, haciéndola resistente.

Esto quiere decir que la cimentación permitirá y garantizará la construcción en altura de la primera torre de 20 pisos, con 331 apartamentos.

“Paraíso Central”, reporta inversiones que superan los $58.000 mil millones, con 20.300 metros cuadrados de construcción destinados para vivienda.

Fuente: Nathalia Arboleda Rivadeneira / Alcaldía de Cali

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La mansión del oligarca Roman Abramóvich en Antibes, en la Costa Azul francesa.
La mansión del oligarca Roman Abramóvich en Antibes, en la Costa Azul francesa.Albert Garcia

Iba a ser su gran retorno. Después de dos años de pandemia que han mantenido a la mayoría de oligarcas rusos alejados de su lugar favorito de recreo estival, la Costa Azul se preparaba para su regreso. Y con ello, la vuelta a la normalidad de esta región del sureste de Francia de celestes aguas, la de los yates sobredimensionados desde Saint-Tropez a Mónaco y el trasiego de coches de lujo entre fastuosas mansiones, adquiridas no siempre en condiciones claras por los magnates enriquecidos a la sombra del Kremlin. Sin embargo, ya no vendrán. Las fuertes sanciones impuestas a Rusia por su invasión unilateral a Ucrania, que incluyen una lista negra de dirigentes y oligarcas cercanos al presidente Vladímir Putin —cuyos bienes en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos están siendo investigados y congelados—, se han asegurado de que la Riviera francesa sea, a día de hoy, el paraíso perdido de los millonarios rusos.

Como cada invierno, muchas de las persianas permanecen cerradas en Saint-Jean-Cap-Ferrat, un coqueto pueblo al norte de Niza. Se calcula que al menos medio centenar de poderosas familias rusas poseen una mansión en esta localidad a tiro de piedra de Mónaco. “Aquí no hay nadie ahora, los rusos solo vienen en verano”, confirma el dueño de un taller próximo a Villa Shosana, la mansión de Arkadi Rotenberg, cerrada a cal y canto. Este oligarca y su hermano Boris —que también posee varias casas de lujo y hasta un hotel en la Costa Azul francesa— están sancionados por Estados Unidos por su proximidad a Putin.

En Cap-Ferrat se encuentra también la inmensa propiedad de Aleksander Ponomarenko, uno de los 511 nombres de la lista negra europea, al igual que Gennadi Timchenko, considerado por la UE como uno de los “confidentes” de Putin y dueño de una mansión al sur de Cannes. “De todos modos, ni en verano vemos” a los oligarcas, cuenta una vecina, porque permanecen en sus mansiones rodeadas de altos muros y cámaras de vigilancia que impiden cualquier mirada curiosa. Stephan Slazansky, que lleva 20 de sus 60 años asentado en Cap-Ferrat, ha colgado una gran bandera ucrania en su balcón “en apoyo a los ucranios” y “para que se vayan los rusos” del pueblo. “Hay demasiados aquí, desde hace 10 años lo compran todo” en la zona, lamenta este hombre de origen checo al que la invasión trae muy malos recuerdos.

Francia no dice a qué oligarcas rusos tiene en su mira. Pero no permitirá que se le cuele “ni uno”, promete el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Esta semana, anunció la incautación del yate Amore Vero, del principal accionista de Rosneft, Igor Sechin, otro sancionado de la UE. También la policía italiana ha congelado ya villas y yates por al menos 140 millones de euros de oligarcas en la lista negra europea, informa la agencia Reuters.

Aunque sus principales intereses e inversiones estén en Londres o Suiza que, como Mónaco, se ha unido de forma inédita a las sanciones, el corazón de muchos oligarcas rusos —y otros ciudadanos menos poderosos y nada vinculados a Putin— está en una Costa Azul en la que durante décadas desembolsaron cientos de millones de euros para construirse sus mansiones a su capricho o hacerse con las más icónicas, como el Château de la Croë de Roman Abramóvich en Antibes, donde se alojaron Eduardo VIII y su esposa, Wallis Simpson, entre 1938 y 1949.

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Yates de lujo en el puerto de Antibes, en la Costa Azul francesa.
Yates de lujo en el puerto de Antibes, en la Costa Azul francesa.

Albert Garcia

Un vínculo que viene de largo: en 1856 desembarcó por primera vez en Villefranche-sur-Mer, al lado de Niza, Alejandra Fiódorovna, la viuda del zar Nicolás I. Alegando motivos de salud, su viaje escondía una misión estratégica que resuena hasta hoy: tras la derrota de su marido en la Guerra de Crimea, su hijo y nuevo zar, Alejandro II, buscaba un acceso mediterráneo para su flota y había puesto el ojo en ese puerto en el que Rusia acabaría teniendo en usufructo una base naval hasta 1870. La zarina arrastró a la francófila y aristocracia rusa y muchos nobles eligieron la Riviera gala para pasar los inviernos. Muestra de su huella es la catedral de San Nicolás, la iglesia ortodoxa rusa más grande de Europa occidental, en Niza, construida en el lugar donde murió, en 1865, el hijo mayor de Alejandro II, el zarévich Nicolás Aleksándrovich, enviado a Francia por su mala salud. Ahí se instalaron también muchos rusos blancos que huían de la revolución bolchevique. Hasta hoy, sigue siendo el punto de encuentro de los alrededor de 15.000 miembros de la comunidad rusa en la Costa Azul.

Uno de los primeros oligarcas en retomar la tradición iniciada por los zares fue Borís Berezovski, el aliado de Borís Yeltsin que en 1996 se hizo con el Château de la Garoupe, también en Antibes.

Hasta Putin tiene vínculos con el sur de Francia. En Biarritz, en el País Vasco francés, su exmujer Liudmila tiene una mansión que, dos días después de la invasión ucrania, amaneció con pintadas contra Putin y en apoyo de Ucrania. Una de las dos hijas de la pareja también tiene residencia en Biarritz. Mientras, en la Costa Azul la prensa sitúa sendas viviendas de lujo de al menos dos de sus presuntas antiguas novias, la excampeona olímpica de gimnasia artística Alina Kabáyeva y Svetlana Krivonogikh, adquiridas con una fortuna que nadie parece saber cómo forjaron. Según revelaron los Papeles de Pandora [una investigación periodística sobre la creación de sociedades en países como Panamá], Krivonogikh posee un apartamento de cuatro millones de euros en Mónaco donde, dicen los lugareños, se concentran más rusos por metro cuadrado de toda la Costa Azul y cuyo club de fútbol, el AS Monaco, está también en manos de un ruso, Dmitri Ribolovlev, por el momento no investigado.

Los primeros golpes no han despejado la duda de si las sanciones lograrán su objetivo: provocar una ruptura entre los oligarcas y Putin. Aunque este llegó al poder gracias al apoyo de los millonarios que temían el regreso de los comunistas tras la caída de Yeltsin, el nuevo presidente se encargó de “atacar a todo oligarca con pretensiones políticas”, recuerda la historiadora Françoise Thom. El resultado, dice esta especialista en Rusia, es que “a partir de 2003, Putin consigue dominar a los oligarcas, les hizo comprender que podían seguir haciendo dinero a condición de que fueran instrumentos dóciles del Kremlin”. Por eso, aunque las sanciones atacan uno de los tabúes de los oligarcas, el de “la pasta no me la toques”, como dice el experto en defensa francés Pierre Servent, no está nada claro que los afectados vayan a volverse contra Putin.

Algunos han comenzado a distanciarse de la guerra. “Pero son declaraciones muy flojas y no es una acción organizada”, advierte la historiadora que, aunque piensa que una “revolución de palacio” sería una de las pocas cosas capaces de frenar a Putin, no cree que los oligarcas sean capaces de liderarla. “No están contentos (…), pero son fuerzas solitarias incapaces de una acción concertada porque no tienen un pensamiento político, son depredadores que quieren enriquecerse, me cuesta creer que tengan una responsabilidad política o cívica”, afirma Thom.

Por el momento, su prioridad parece ser salvar lo que puedan. Abramóvich no ha querido esperar a entrar en alguna de las listas negras internacionales: el mismo día en que Putin ordenó atacar Ucrania, hizo que su avión privado despegara de Niza rumbo a Rusia, según el diario Nice-Matin. La barcelonesa Mireia González, que lleva 10 años trabajando en yates de lujo y vive en Antibes, donde muchos de estos “hoteles flotantes”, como los llama, suelen atracar, confirma este intento de evasión. “Se comenta que muchos de los grandes barcos se están yendo para Maldivas o Seychelles“, cuenta antes de dirigirse a su propio barco que, “por suerte, no es de un ruso”, dice aliviada.

Las sanciones, una oportunidad para acabar con los paraísos fiscales

La sección francesa de la ONG Transparencia Internacional espera que las sanciones contra los oligarcas rusos sean un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. “Tenemos la oportunidad de lograr un giro de 180 grados. Hay que aprovecharlo, porque si no, sea Rusia u otro país, en unos años tendremos el mismo problema”, advierte la especialista de la organización Sara Brimbeuf. “La corrupción es un arma estratégica para muchas dictaduras y regímenes cleptócratas y las democracias tienen ahora la ocasión de contrarrestarla”, insiste por teléfono desde París. Pero para ello, alerta, se debe acabar también con los paraísos fiscales y sociedades pantalla tras los que se ocultan muchas fortunas. “Si nos limitamos a emitir una lista que solo contenga una tercera parte de los bienes, porque el resto está escondido tras marañas jurídicas y judiciales, entonces las sanciones no serán eficaces. Se necesita voluntad política”.  

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Portugal ha sido durante una década un paraíso fiscal para pensionistas extranjeros. Entre 2009 y 2020, los jubilados que decidieron mudar su residencia al país no han pagado ni un euro en impuestos sobre la renta. A partir de 2020 el paraíso empeoró un poquito: comenzó a retener un 10% de sus pensiones. Desde el pasado 1 de enero la fiesta fiscal se acabó del todo para los jubilados suecos, que volverán a tributar por sus ingresos en su país de origen aunque residan en Portugal, tras la decisión de su Gobierno de romper el acuerdo bilateral para evitar la doble tributación, que habían firmado ambos países en 2002.

Suecia es el segundo Estado europeo que da un portazo diplomático a Portugal por su laxitud fiscal, después de Finlandia, que lo hizo en 2018 para obligar a tributar en su país de origen al medio millar de pensionistas finlandeses establecidos en Portugal. La colonia sueca afectada ahora es mayor. “No hay información exacta sobre el número de jubilados suecos que viven en Portugal”, señala Sten Engdahl, un diplomático sueco que ha investigado en su tesis las razones que influyen en la migración de pensionistas de su país hacia España y Portugal. “Según los datos oficiales de las autoridades de inmigración, en 2009 había 746 suecos registrados oficialmente en Portugal, mientras que en 2020 la cifra se había incrementado hasta los 5.181. Lo más probable es que el número real sea mayor”, añade por correo electrónico.

Portugal creó el régimen fiscal de los residentes no habituales (administrativamente RNH) en 2009 con beneficios para pensionistas y determinados profesionales en activo en el ámbito científico, artístico o técnico. El Gobierno del socialista José Sócrates pretendía así captar nuevos residentes de cuentas pujantes para incentivar el consumo y la inversión. En el caso de los trabajadores se establecía un tipo fijo sobre la renta del 20% durante diez años. Las medidas también beneficiaban a los jubilados o profesionales portugueses retornados que hubiesen vivido en el exterior más de cinco años.

“Aquello que los contribuyentes portugueses han aceptado sin protestar, ha provocado protestas entre los contribuyentes suecos”, compara durante una entrevista presencial Susana Tavares, economista especializada en políticas públicas en la Universidad Nova de Lisboa. Portugal fue, de hecho, el primer país comunitario que eximió a los jubilados extranjeros de pagar impuestos, según se recoge en el informe publicado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea en noviembre pasado.

A ojos de un país como Suecia, con un largo apego a las altas tributaciones que financian su Estado del bienestar, la estrategia lusa resultó difícil de aceptar. En una decisión infrecuente en las relaciones diplomáticas entre socios de la Unión Europea, el país nórdico decidió romper la convención bilateral para que las pensiones suecas tributen en el país de origen aunque sus beneficiarios residan en Portugal. Desde enero de este año, los suecos podrán seguir disfrutando del sol del Algarve y de los campos de golf de Cascais, pero no de propinas tributarias. “Es incluso inmoral que no hayan pagado nada durante 11 años“, opina Susana Tavares, que lamenta que la ruptura del acuerdo afecta a la reputación internacional lusa. En un artículo que escribió en el diario Público destacó que nadie conocía la ganancia que obtenía Portugal con estos obsequios fiscales. Dado que los jubilados no crean valor por su trabajo, Tavares se preguntaba “cuánto pueden consumir estas personas para traer tanto valor a la economía” que justifique sus ventajas impositivas. “Yo no lo sé, pero sospecho que el Gobierno tampoco”, añadía.

Lo que sí se sabe es lo que deja de ingresar Portugal al año por las ventajas para los residentes no habituales: 619,8 millones de euros en 2019. Según el informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, es el país comunitario que más pierde por su régimen especial. Solo el Reino Unido, que ya está fuera del club, tiene una factura más alta: 1.371 millones de euros en 2018. Interesante el contraste con Suecia, donde solo se dejan de ingresar 87 millones de euros por incentivos tributarios (datos de 2020). Ese mismo año el coste para España por el régimen de impatriados fue de 502,7 millones de euros.

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Las razones de la ruptura sueca fueron expresadas con claridad por Magdalena Andersson, la titular de Finanzas que se convirtió en primera ministra el pasado diciembre, en una entrevista en Público hace casi un año, cuando anunció el fin de la convención si Portugal no modificaba el régimen: “Un impuesto tiene que ser legítimo y justo. La posibilidad que se da los ciudadanos más ricos de pagar cero o el 10% mientras que los ciudadanos comunes pagan mucho más es una injusticia fiscal que mina la credibilidad del sistema fiscal”. Andersson no escondía su estupefacción por la tolerancia portuguesa hacia esta desigualdad: “Si un paciente sueco y un paciente portugués estuviesen juntos en un hospital portugués, el portugués habrá pagado impuestos por los dos porque los suecos tienen todos los derechos, como la atención sanitaria o los transportes públicos, sin haber pagado impuestos. Es fascinante que esto sea aceptado por los ciudadanos portugueses”.

En 2019 el Gobierno sueco negoció con el portugués una modificación del acuerdo bilateral que permitiría la tributación de los pensionistas en Suecia, pero el Gabinete de António Costa no ratificó esta enmienda desde entonces. “Hemos esperado dos años y nuestra paciencia se acabó”, señaló Andersson. En junio de 2021 el Parlamento sueco aprobó la liquidación de la convención bilateral, que dejó de estar en vigor el pasado 1 de enero.

En una carta enviada a las autoridades portuguesas por representantes de la comunidad sueca se avisaba de que la ruptura del acuerdo tendría consecuencias “desastrosas” e imposibilitaría la permanencia de la mayoría de los suecos en Portugal. “La carga tributaria sobre pensiones y rendimientos aumentará para niveles imposibles de soportar”, señalaban en su escrito.

El estudio publicado en noviembre pasado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un organismo adscrito a la Paris School of Economics y financiado con fondos comunitarios, calcula que la pérdida de ingresos públicos en la Unión Europea debido a los regímenes especiales es de 4.500 millones de euros al año. Más de 200.000 contribuyentes se benefician actualmente de estas estrategias destinadas a captar determinados profesionales o pensionistas de alto poder adquisitivo en una competición fiscal entre países. Los regímenes preferenciales tanto para trabajadores como pensionistas han pasado en Europa de cinco en 1994 a 28 en 2020. En el informe se apunta que los regímenes especiales de Italia, Grecia, Chipre y Portugal se encuentran “entre los más perjudiciales”.

El Observatorio señala que mientras la competencia entre países por la fiscalidad de las empresas ha decrecido en la última década, se ha desatado una carrera por bonificar las rentas individuales de determinados colectivos. “Considerando la proliferación de regímenes fiscales personales cada vez más agresivos dirigidos a residentes extranjeros, parecería adecuado pedir la reforma del Código de Conducta que posibilite la evaluación de la agresividad de estos regímenes”, defienden.

Sol, comida y calidad de vida son cualidades comunes a España y Portugal que aprecian por igual los jubilados suecos que se mudan a la península. Entre ambos países se observan, sin embargo, diferencias que influyen a la hora de elegir residencia para la jubilación. La carga fiscal y el manejo en inglés pesan a favor de Portugal, mientras que el coste de la vida, incluidos vuelos más baratos, resultan más atractivos en España. “Los incentivos fiscales son una de las razones de atracción más importantes de Portugal, pero no de España, y la facilidad para comunicarse en inglés es importante tanto a la hora de atraer como de retenerles en Portugal, pero no en España”, indica Sten Engdahl en su tesis.

El perfil de los pensionistas suecos establecidos en la península también presenta divergencias. Entre los residentes en Portugal abundan los que tienen título universitario (78%), gozan de buena salud (89%) y tienen ingresos holgados (82%). Entre los que viven en España hay un 58% de licenciados, un 76% que declara tener buena salud y un 62% que considera que su renta es buena.

Engdahl, que comenzó sus trabajos para la tesis en 2016 y que contó con las respuestas de 575 jubilados suecos, destaca el interés de la investigación para que “los gobernantes comprendan que atraer jubilados extranjeros puede ser una importante vía para promover el crecimiento económico y el desarrollo en sus países”. El investigador sueco considera que España y Portugal han tenido éxito en este empeño, aunque opina que deberían reforzarse medidas para aumentar la adaptación sociocultural de los extranjeros en las sociedades de acogida. Apenas el 24% de los suecos establecidos en España hablan con fluidez el castellano, aunque esta cifra es aún menor en el caso portugués: el 13%.

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El paraíso turísticos del Chocó inundado por la basura, hay crisis ambiental en Capurganá

Líderes y comunidad en la zona denuncia  que «desde el Urabá antioqueño están llevado las basuras a las selvas chocoanas» y contaminado el territorio.

Noticias Chocó.

Emigdio Pertuz, un reconocido líder de Capurganá en el Chocó es quien ha hecho pública y denunciado la compleja situación ambiental por la que pasa esta importante zona turística de la región.

El representante legal del Consejo Comunitario Cocomanorte indicó que se trata del espacio que se encuentra destinado para recibir los residuos que terminó colapsando.

Lo que ahora ha llevado a varias personas a exponerse a diferentes problemas de salud.

El basurero está ubicado en cercanías al aeropuerto y también a una reserva natural; la cual se encuentra en grave peligro por la situación.

«Esto no resiste un kilo más de basura, es una verdadera tragedia», dijo Pertuz mientras realizaba un fuerte llamado a las autoridades locales y nacionales para que atiendan la emergencia por la que están pasando.

Hay mosquitos, malos olores, contaminación y alrededor de 200 viviendas en donde viven adultos mayores están frente al lugar.

«¿Cómo seguimos nosotros impulsando dizque un desarrollo turístico para Capurganá con semejante crimen ambiental que se está generando?», se pregunta el líder.

Hay mosquitos, malos olores, contaminación.

Denunciando que además cuentan con un carro de recolección que fue adquirido en noviembre pasado pero no está en uso.

Además, han tratado de desarrollar procesos de reciclaje, el impacto tampoco ha sido positivo.

Lea también:

En el Chocó indígenas trabajaron un mes, el jefe les pagó 500 bolívares y dijo que era lo mismo en pesos

De igual forma, criticó fuertemente a las autoridades antioqueñas.

Ya que indicó que toda la basura y residuos que están llegando a la zona son llevadas desde el Urabá, en el departamento de Antioquia.

Así denunciaba la situación.





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