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El uniformado iba tras un sujeto que huyó de un puesto de control y que tenía orden de captura. Al funcionario le imputaron «delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y amenazas simples». Fue arrestado por 40 días, mientras el hombre quedó libre.

Noticias Internacional.

Un llamativo episodio se conoció en las últimas horas en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, Argentina, en donde de acuerdo a lo revelado por TN, un policía terminó preso luego de ingresar de forma arbitraria a la oficina de un abogado.

Reveló el medio local que la situación se desencadenó cuando el funcionario iba tras un hombre que habría huido de un puesto de control.

El abogado increpando al uniformado para no dejarlo seguir

En el episodio que fue registrado por varias personas que se encontraban en el interior de la oficina, se aprecia la fuerte discusión entre el abogado y el policía.

El litigante que de acuerdo a medios locales, labora en el Estudio Jurídico Rossini le dice al funcionario público lo siguiente:

  • “Estás dentro de una propiedad privada y estás cometiendo un delito, si no tenés orden de allanamiento no podés entrar”.

Los gritos iban de lado a lado, el abogado que buscaba evitar que el policía ingresara, mientras éste quería ir tras el sospechoso.

La situación se presenta durante varios minutos, en donde se ve al hombres que el uniformado buscaba también enfrentándolo.

El policía bastante enfadado tratan en varias ocasiones de llevarse al hombre, sin embargo el abogado no lo permiten.

La Fiscalía intervino

Indicaron en Argentina que «para la Fiscalía y para la querella, el oficial intentó aprehender a Emanuel C. dentro del establecimiento sin ninguna orden judicial por lo que actuó de manera irregular».

Hay indignación por el arresto del uniformado

Pero para la Policía, «el sospechoso es cliente del estudio jurídico en donde se resguardó, y ambas partes se constituyeron como querellantes», informaron.

Arrestado y acusado el uniformado

El policía inmiscuido en la problemática fue identificado como Luis Alberto P. a quien un fiscal le imputó «los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y amenazas simples».

Resolviendo de igual forma a través de una audiencia, «darle 40 días de prisión preventiva».

Polémica e indignación en redes

Tras conocerse el hecho, a través de redes sociales empezaron a circular otros vídeos en donde se explica parte de lo sucedido.

En uno de ellos, publicado desde la cuenta de Twitter @jorgevidalSEG, el uniformado explica que se trataría de un delincuente con orden de captura vigente que se encontraba huyendo.

Denuncian que «el policía fue arrestado y el delincuente libre»:

 





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En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Guadalajara de Buga, toma posesión el Abogado, Gonzalo Valencia Ramírez, como Personero Municipal para lo que resta de período constitucional 2020-2024.


El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a Aníbal Torres, nuevo primer ministro, este 8 de febrero.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a Aníbal Torres, nuevo primer ministro, este 8 de febrero.Martin Mejia (AP)

Pedro Castillo ha nombrado este martes primer ministro a Aníbal Torres, el abogado que dirigió después de las elecciones la estrategia con la que el maestro rural rebatió las acusaciones de fraude electoral que le lanzó su rival, Keiko Fujimori. Hasta ahora ejercía de ministro de Justicia. Se trata del cuarto primer ministro en 194 días de mandato, todo un récord en la democracia peruana. Frente a los grandes bufetes de abogados que prepararon los recursos para Fujimori, el presidente de Perú contó entonces con juristas como Torres, un exdecano de Derecho de formación sólida con un marcado interés por la justicia social. Tras la designación errática del anterior en el cargo, un funcionario acusado de violencia de género, el nombramiento de Torres tiene cierta lógica política y parece guardar detrás una estratégica.

El anterior Gabinete, al mando de Héctor Valer, se había formado por las concesiones a pequeños grupos de poder en el Congreso. El invento no funcionó. Castillo buscaba evitar las maniobras en la Cámara para destituirle, el destino fatal de otros dos presidentes en los últimos cinco años. La designación de Torres guarda coherencia con la trayectoria del profesor rural de la sierra, que salió casi de la nada hace un año para alzarse con la victoria en las elecciones. Castillo apareció sin sombrero en la ceremonia del nombramiento, algo extraño en él. Los peruanos apenas han visto su pelo.

El anterior intento de darle consistencia a un Gobierno a la deriva no funcionó, fue un fiasco. El miércoles, un día después de su juramentación, la prensa reveló que Valer agredió a su esposa e hija en 2016 y que un juez otorgó a la cónyuge medidas de protección en 2017. El funcionario lo negó y echó más leña al escándalo y el rechazo. El viernes, Castillo anunció en un mensaje a la nación la recomposición del Gabinete, sin embargo, no dijo una palabra sobre la condición de agresor de Valer, quien cuenta con otras 15 investigaciones fiscales por otros delitos. Tampoco hizo un mea culpa por haber, nuevamente, elegido mal a un alto cargo.

En una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece, Castillo reconoció que había cometido un error al nombrar al congresista de Perú Libre Guido Bellido como su primer presidente del consejo de ministros al inicio del gobierno. El mandatario tuvo que forzar la dimisión de dicho funcionario, quien fue reemplazado a inicios de octubre por la abogada y defensora de derechos humanos Mirtha Vásquez. Esta se fue acusando a Castillo de ser permisivo con la corrupción estatal, y el intento de sustituirla fue la maniobra infructuosa de Valer.

El presidente trata de reconducir la crisis con este golpe de efecto. Torres es hombre de confianza de Castillo desde junio del año pasado, cuando Fujimori pidió anula miles de votos en mesas donde había ganado el profesor rural y líder sindical. La candidata conservadora contó con la élite de la abogacía peruana para preparar cientos de impugnaciones, argumentando que los interventores habían sido suplantados, o sus firmas, falsificadas. El hoy nuevo premier fue uno de los tres abogados que litigaron para defender los sufragios. La Fiscalía en el último mes ha archivado casi todas las denuncias planteadas por el fujimorismo, ha reportado el tribunal electoral, derribando la versión que aún mantiene la lideresa opositora de que hubo fraude.

Del gabinete con el que Castillo inauguró su mandato a fines de julio, solo han quedado -además de Torres- otros cuatro ministros. En esta ocasión ha dejado ir al ministro de Salud, el médico y excongresista de izquierda Hernando Cevallos, el de mayor aprobación según las encuestas debido a la sostenida vacunación contra la covid-19. Sonó como posible nuevo primer ministro por segunda vez en los últimos 15 días.

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Según el diario La República, cuando renunció la primera ministra Vásquez, Castillo le planteó a Cevallos ser el nuevo primer ministro, pero este puso como condición que el presidente sacara de su entorno a dos asesores. La ex primera ministra y el exministro Avelino Guillén revelaron al dejar el gobierno que los consejeros presidenciales hacían cambiar de opinión a Castillo sobre asuntos acordados con los miembros del gabinete o que dificultaban el despacho con el presidente.

La inestabilidad que ha generado el constante cambio de altos cargos del Ejecutivo y los indicios de corrupción en el anterior secretario general de la presidencia han sido motivo para que el Congreso pida la renuncia o la “vacancia” de Castillo, es decir, sacarlo del cargo. El lunes, cuando se mantenía la incertidumbre del nuevo gabinete y las críticas por un Estado paralizado, el presidente difundió un comunicado vía Twitter. En este descartaba que hubiera un gabinete paralelo, como exfuncionarios comentaron en las últimas dos semanas.

“Rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son en todos sus extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Además, denuncio los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana”, señaló.

Como nuevo ministro de Salud ha asumido Hernán Condori, un ex funcionario de la sanidad en la región Junín, donde el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue gobernador. La prensa de Lima indica que Condori es simpatizante del dirigente de dicho partido.

Otro de los nuevos ministros es el congresista de Perú Libre Óscar Zea, en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Y en el ministerio de la Mujer, Castillo ha prescindido -luego de una semana- de una parlamentaria del partido de Cerrón, la ultraconservadora Katy Ugarte. La substituye la abogada Diana Miloslavich, una de las referentes del movimiento feminista de Lima.

Para el politólogo Paolo Sosa el cuarto gabinete de Castillo ha sido “casi diseñado con calculadora -sumando los votos necesarios para evitar una vacancia- para reconstruir algún tipo de relación con Perú Libre”. Una apuesta para que el Ejecutivo tenga continuidad, anota.

Sin embargo, Sosa anota que Castillo no cumplió con su promesa de un gabinete “de ancha base”. “(El Ejecutivo) No sale del espacio seguro porque tiene contradicciones internas. Esta conformación no tiene los escándalos que generó el gabinete Valer, pero no resuelve la necesidad de construir un puente con algunos sectores externos al Parlamento, para generar confianza en la sociedad civil”, comentó por teléfono Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.

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La actriz Stormy Daniels y su abogado,Michael Avenatti, tras una audiencia de 2018 en Nueva York.
La actriz Stormy Daniels y su abogado,Michael Avenatti, tras una audiencia de 2018 en Nueva York.Mary Altaffer (AP)

En 2018, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels dijo haber recibido 130.000 dólares en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016 para mantener silencio acerca de un encuentro sexual con Donald Trump, entonces candidato republicano y luego presidente, ocurrido en 2006 en uno de sus campos de golf. La actriz recurrió a la justicia para declarar nulo el contrato de confidencialidad que formaba parte del acuerdo, basándose en que Trump nunca llegó a firmarlo. Aparte de la batalla legal, su abogado, Michael Avenatti, que en apenas seis meses adquirió fama internacional, se embarcó en una agresiva campaña mediática que situó el litigio en el centro del debate político del país.

El intento de ambos de golpear judicialmente al mandatario resultó infructuoso: la demanda por difamación de Daniels contra el presidente, que la había insultado previamente, fue desestimada, y el juez la condenó a pagar 293.000 dólares en costos judiciales. Casi la misma cantidad que Avenatti ha robado a su clienta, según ha determinado un tribunal federal de Manhattan en un fallo hecho público este viernes que también le condena por suplantar la identidad de Daniels al falsificar su firma. Avenatti, que deberá entregarse antes de la tarde del lunes a la justicia, afronta una pena de hasta 22 años de prisión por “fraude electrónico y robo de identidad agravado”.

Avenatti, que en su día fue uña y carne con la actriz contra Trump, empezó a robarla mientras la representaba legalmente, en 2018. Sustrajo 300.000 dólares del anticipo editorial de 800.000 que la mujer había recibido por escribir sus memorias, y lo hizo falsificando su firma en una carta a los editores, según los fiscales. Además de la misiva, Avenatti ordenó al agente literario de Daniels que enviara dinero a su cuenta y mintió a Daniels acerca del destino de los fondos. La explicación del abogado fue que la editorial acumulaba retrasos en el proyecto, y mientras tanto, se iba gastando el dinero. El libro, titulado Full Disclosure, se publicó unos meses después.

Sin alcanzar la repercusión mediática que tuvo la causa contra Trump en 2018, el juicio contra Avenatti ha suscitado mucha curiosidad en los cenáculos políticos y ha estado repleto de giros de guion, como la renuncia del acusado a sus abogados y el contrainterrogatorio que él mismo, como su propio defensor, hizo a la demandante. Avenatti preguntó a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, sobre su grado de satisfacción acerca de su papel como abogado en la causa contra el entonces presidente Donald Trump y el antiguo mediador de Trump, el abogado Michael Cohen, quien supuestamente pagó los 293.000 dólares a la actriz. “¿Acaso no le dijo usted a The New York Times que verme trabajar era como ver la Capilla Sixtina?, le preguntó Avenatti a Daniels. “Eso es lo que me dijiste que dijera”, replicó la mujer, según la transcripción del interrogatorio por el portal Business Insider.

Avenatti ha sostenido en todo momento que no hizo nada malo y que Daniels le debía dinero de la minuta. También criticó a los fiscales, diciendo que el caso contra su persona era muy endeble. El fallo publicado este viernes es el último revés que sufre Avenatti, un feroz abogado de California que se convirtió en un nombre familiar para el gran público como representante de Daniels, al aparecer regularmente en televisión, además de burlarse de Trump en Twitter.

Durante meses, Daniels y Avenatti fueron estrellas mediáticas de lo que en su día se llamó “la resistencia” a Trump. No faltaron quienes creyeron que aquella causa podía llegar a hacer caer a Trump, porque fue el primer caso que le afectó directamente. Pero la alianza contra el republicano fue más coyuntural que real, y en 2019 emprendieron caminos separados, en medio de broncas públicas, tras las primeras acusaciones de robo por parte de la actriz.

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Yhonier Leal acuerdo Fiscalía-
La Fiscalía no ha informado públicamente cuál es el acuerdo ofrecido a Yhonier Leal, pero terminaría pagando menos de 20 años de cárcel.

La Fiscalía no ha informado públicamente cuál es el acuerdo ofrecido a Yhonier Leal, pero si se lo presentó a la familia de las víctimas y el abogado Elmer Montaña denunció, que están en desacuerdo, terminaría pagando menos de 20 años.

Noticias Colombia.

Una serie de peticiones de Yhonier Leal en su proceso judicial por homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, y lo que la Fiscalía podría acordar concederle, ha generado indignación en la familia de las víctimas que son su hermano Mauricio Leal y la madre de ambos, Marleny Hernández, a quien admitió haber asesinado en La Calera en Bogotá.

El acusado, pidió que lo pongan en un lugar de máxima seguridad especial, un pabellón de alta seguridad en cualquier parte del país.

Permanece detenido en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.

A la Fiscalía se le ha cuestionado por permitir llamadas del detenido a sus familias, a las tías que son también las víctimas del proceso. Y les insiste que es inocente y que revoquen el poder a su abogado defensor, Elmer Montaña.

Además, les habría pedido que desistieran de pedir la tortura como delito.

Cuestionado acuerdo

Y aunque desde el inicio de las audiencias la Fiscalía le dijo que si aceptaba cargos y aportaba detalles, su pena podría reducirse hasta en 50%, el preacuerdo (que ya se firmó) podría llevar a que la rebaja sea mucho mayor.

Mauricio Leal audiencia y pruebas contra su her
«Era imposible que una persona coja de esa forma el cuchillo si se pretende» quitar la vida, dijo el fiscal del caso. Nueve evidencias revelaron que Mauricio, ni se hirió ni a su madre.

 

La advertencia la hizo el abogado de la familia de las víctimas desde el Valle del Cauca, Elmer Montaña.

Si bien, el preacuerdo establece: 

  • Entre 25 y 26, 6 meses años de pena
  • Multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes
  • Compromiso a no serguir delinquiendo
  • Un nuevo pedimento de perdón

Dado que no se le imputó delito de tortura, «porque la Fisclaía dijo que carecía de material probatorio», su condena no podría ampliarse.

«26 años podrían terminar hasta en 13 años de prisión porque podría lograr rebaja de pena por estudio, buen comportamiento, trabajo», advirtió Montaña.

El abogado señaló, que la queja por el acuerdo será enviado al juez de conocimiento para que se evalúe.

El crimen

La lesión al estómago de Mauricio Leal tenía rasgos de que se la había provocado alguien zurdo, y él, era diestro, eso se esclareció en todo el informe forense y de inspección técnica a cadáver, eso es solo uno de los detalles que ha encontrado la Fiscalía y presentó en la audiencia pública el 17 de enero del 2022.

La alta cantidad de pastillas que producen sueño y que habian sido consumidas antes de las lesiones, no habrían permitido un suicidio-homicidio de este tipo.

auricio, tenía cuatro heridas en el abdomen. Su madre uno, muy violento.

La manera de muerte: «violenta homicidio», acusó la Fiscalía, a Yhonier Rodolfo Leal Hernández, hermano e hijo de las víctimas.

Al reconocido peluquero valleucano, se le quedó una hoja de cuchillo en el cuerpo. Pero antes con esa misma arma, habían atacado a su madre.

Es decir, primero la mataron a ella y luego su cuerpo fue trasladado hasta la habitación de su hijo Mauricio, lo acomodaron en la cama.

Finalmente, tras más de ocho horas de audiencia, el señalado aceptó cargos.

La familia pide que se le impute también tortura, la firma de la carta era su sentencia de muerte, «hubo una clara tortura física y psicológica».

Montaña cuestionó que en toda la exposición de la audiencia de imputación de cartas el fiscal hizo la narración de esos momentos de horror que vivió el estilista, y ahora «digan que no hay material probatorio».

Obligado a escribir la carta

Los golpes que tenía el cuerpo de Leal, habrían sido para obligarlo a que escribiera la carta de despedida.

La forma en como estaba escrita la carta, fue lo que llevó a pensar que no la habría escrito por voluntad propia. Era su letra, pero no su mensaje. 

Los rastros hallados en el documento, generaban sospechas.

«Tiene caracteres alfabéticos sobrealzados, irregulares, pausados, línea de renglón sinuosa, desproporción de signos y una falta de orden espacial. Tiene cambios en la presión dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de tinta», dijeron expertos.

Otros detalles de la escena: las sábanas fueron cambiadas de camas y hasta elementos como un archivador movidos de lugar, esto llevó a los investigadores del CTI a pensar que alguien con acceso y que conocía bien la casa habría movido la escena antes del hallazgo de los cuerpos.

En esas horas no había más trabajadores; conductor ni las empleadas domésticas. Puerta ni ventanas habían sido forzadas.

El fiscal que ‘acorraló’ a Yhonier Leal: “No hay crimen perfecto”, le dijo





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El abogado chino Xie Yang, en una fotografía sin fecha.
El abogado chino Xie Yang, en una fotografía sin fecha.CHINA CHANGE

El célebre abogado chino de derechos humanos Xie Yang se encuentra en paradero desconocido después de que agentes de las fuerzas de seguridad se lo llevaran el pasado martes, según ha denunciado su esposa, la profesora universitaria de Química Chen Guiqiu, en las redes sociales.

En el último caso que se le conoce, el letrado había estado defendiendo en una zona rural de la provincia de Hunan (sur de China) a una maestra embarazada, Li Tiantian, trasladada a la fuerza a un centro psiquiátrico, según ha indicado la Red de Abogados de Derechos Humanos (Weiquanwang) en su blog. Pocos días después, él mismo fue detenido.

“Xie Yang fue detenido por la seguridad del Estado el 11 de enero y se desconoce su paradero. Su teléfono está operativo pero las llamadas se transfieren al buzón de voz todo el tiempo”, denuncia Chen en su cuenta en Twitter. “Las oficinas locales de la seguridad del Estado han advertido a la familia de Xie deque no hable con los medios de comunicación”.

El letrado de 49 años y residente en Changsha, la capital de Hunan, es conocido por su defensa de disidentes y otros acusados en casos políticamente sensibles. Entre otros, ha representado a personas implicadas en el movimiento civil Nuevo Ciudadano, que en la primera década del siglo intentó promover la transparencia en el Gobierno chino. Una de sus frases favoritas es “no dejes que el silencio se convierta en una costumbre”.

En julio de 2015 fue uno de los detenidos en una gran redada contra cerca de doscientos abogados especializados en derechos humanos en toda China, que se apodaría como “709″ por la fecha en la que comenzó.

Durante su detención, primero seis meses incomunicado en un lugar secreto y después un año y medio en un centro de arresto, denunció a sus abogados que había sido objeto de torturas, que describió minuciosamente. En 2017 fue juzgado por delitos de alteración del orden y subversión contra el Estado, dos cargos que se emplean en China con frecuencia contra los disidentes. En el juicio se declaró culpable y se retractó de sus denuncias de tortura. Pero el tribunal no le impuso ninguna pena, lo que le permitió mantener su licencia para ejercer al regresar a casa. Algo que la inmensa mayoría de los detenidos en la redada del 709, sometidos al escrutinio de las autoridades aún hoy, no ha conseguido recuperar nunca.

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Más tarde se supo que fue forzado a retirar esas denuncias como condición para poder recuperar la libertad.

En 2020 se le retiró finalmente la licencia para ejercer, en medio de un clima de endurecimiento del control de la sociedad civil y de la vigilancia hacia los disidentes. El departamento de Justicia del gobierno provincial de Hunan indicó entonces que se le había cancelado el permiso por múltiples episodios de “desacato al tribunal” -sus intentos de defender a sus clientes- y por comentarios en redes sociales que se consideraron bien difamatorios o bien que ponían en peligro la seguridad nacional.

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