La Comisión Económica de Estados de África del Oeste (Cedeao) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa) aprobaron este domingo durísimas sanciones económicas y financieras contra Malí y sus dirigentes en un intento de aislar a la junta militar que gobierna en este país desde agosto de 2020 y forzar la celebración de elecciones democráticas. Las autoridades malienses, que incumplieron su promesa de organizar los comicios para el próximo febrero y se dan de plazo hasta 2026, han calificado dichas sanciones de “ilegales”.
Las medidas adoptadas por la Cedeao, cuyos dirigentes se reunieron el domingo en Accra (Ghana), son inéditas: a partir de este momento Malí queda aislado del resto de África occidental. El organismo regional cierra sus fronteras y suspende sus intercambios comerciales con este país a excepción de los productos básicos y de primera necesidad, congela todos los bienes y fondos de Malí y de sus autoridades en los órganos financieros regionales y corta toda la ayuda económica. Además, retira a sus embajadores de Bamako, la capital del país, según un comunicado de la Cedeao en el que se considera “inaceptable” el cronograma electoral propuesto por la junta militar y se advierte del “impacto potencialmente desestabilizador de la [duración de la] transición maliense sobre la región”.
“Nos gustaría tener un espacio democrático en África occidental. No podemos tolerar esta historia de un golpe de Estado que se prolonga durante cinco o seis años, no es posible”, aseguró el presidente en ejercicio de la Cedeao, el ghanés Nana Akufo-Addo. A juicio del organismo regional, permitir a la junta castrense presidida por el coronel Assimi Goïta seguir en el poder hasta 2026 “significa simplemente que un Gobierno militar de transición ilegítimo tomaría al pueblo maliense como rehén durante los próximos cinco años”.
La reacción de las autoridades de Bamako no se ha hecho esperar. “El Gobierno de Malí condena enérgicamente estas sanciones ilegales e ilegítimas”, ha asegurado este lunes el coronel Abdoulaye Maïga, portavoz del Ejecutivo, quien ha leído un comunicado en la televisión pública en el que critica que “organismos regionales de África occidental se dejen instrumentalizar por potencias extrarregionales con intenciones ocultas”. La junta militar ha decidido, por su parte, cerrar también todas sus fronteras terrestres con Senegal, Níger, Burkina Faso y Guinea, además de prohibir la entrada por vía aérea a los ciudadanos de los 14 países que forman junto con Malí la Cedeao y retirar a todos sus embajadores en esos Estados.
En agosto de 2020 un grupo de coroneles encabezado por Assimi Goïta protagonizó un golpe de Estado que derrocó al presidente legítimo Ibrahim Boubacar Keita tras meses de intensas manifestaciones populares que habían puesto al Gobierno contra las cuerdas. Los militares tomaron el poder entre el alivio y la alegría de buena parte de la población, cansada de la corrupción y de la incapacidad de la Administración de hacer frente a la violencia yihadista que se extiende por el norte y el centro del país. Tras un proceso de negociación con la Cedeao, las nuevas autoridades malienses nombraron al coronel retirado Bah Ndaw nuevo presidente del país y aceptaron celebrar elecciones en febrero de 2022 para devolver el poder a los civiles.
Sin embargo, los militares no han mostrado ninguna intención de cumplir esta promesa y, en medio de tensiones crecientes con la Cedeao y organizaciones de la sociedad civil, el pasado mayo dieron un nuevo golpe de Estado para deponer a Ndaw y nombrar presidente al propio Goïta. Durante su investidura, el pasado 7 de junio, el líder de la junta castrense y nuevo jefe de Estado prometió cumplir sus compromisos internacionales y celebrar elecciones en los plazos previstos. En los meses siguientes convocó a partidos políticos, sindicatos y colectivos de la sociedad civil a un gran encuentro denominado Fundamentos Nacionales de la Transición con el objetivo de fijar un calendario electoral.
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En la práctica, los militares impusieron su criterio en dichas reuniones y lograron que el documento final propusiera una transición que se prolongaría “entre seis meses y cinco años”, lo que de facto abría la puerta a los militares a permanecer en el poder hasta finales de 2026. “Los participantes se han pronunciado a favor de prorrogar la transición con el objetivo de poder llevar a cabo las reformas institucionales estructurales y permitir la celebración de elecciones creíbles, justas y transparentes”, asegura el comunicado de los Fundamentos Nacionales de la Transición, publicado el 30 de diciembre.
Malí se enfrenta desde hace una década a la violencia de grupos yihadistas que han logrado hacerse con el control de amplias zonas del norte y el centro del país. Para contrarrestar el avance de los terroristas, que han logrado extenderse a Burkina Faso y Níger, Francia ha liderado dos operaciones militares, primero, Serval y en la actualidad, Barkhane, con el despliegue de hasta 5.500 soldados galos en los tres países. Sin embargo, la llegada al poder de los militares en Malí ha deteriorado las relaciones entre París, que ya está inmerso en una retirada parcial de sus efectivos de Malí, y Bamako, que ha virado hacia Rusia en busca de apoyo militar con unas supuestas negociaciones sobre la mesa con la compañía privada rusa Wagner para el despliegue de mercenarios en el país. Francia y sus aliados europeos han condenado con firmeza la intervención de esta empresa de seguridad que el Gobierno de Malí, sin embargo, niega oficialmente.
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