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Para la masa de mujeres y niños ucranios que huyen a la vecina Polonia en trenes abarrotados, la próxima estación se llama desconcierto. Las dos palabras que más se escuchan estos días en los puntos donde recalan los refugiados (estaciones de tren y de autobuses, centros de acogida temporal, pasos fronterizos…) es “no sé”. Se la dicen entre ellos cuando inquieren el nombre de la localidad polaca en la que se encuentran, adónde lleva el siguiente tren o si tienen que hacer algún trámite para entrar en Alemania o Italia, pese a encontrarse ya dentro de la zona Schengen de libre tránsito. Dudas que normalmente resuelven los voluntarios allí desplegados, varios de ellos ucranios, o polacos que hablan ruso, ucranio o inglés. También responden a menudo “no sé” a los periodistas que les preguntan adónde se dirigen. Algunos ucranios cruzan con una idea más o menos clara (que generalmente consiste en llegar a la casa de familiares o amigos que ya vivían en otras partes de Europa), pero muchos otros simplemente han metido a toda prisa lo imprescindible en maletas y bolsas de la compra sin más proyecto que escapar de una guerra que nadie sabe cuánto durará.

Ya en la UE, recobrado el aliento y con una tarjeta SIM polaca que reciben como regalo, comienza para muchos el dilema: Y ahora, ¿qué? ¿Quedarse en las zonas más próximas a Ucrania de los países fronterizos, con la esperanza, más visceral que racional, de que la guerra acabe en breve? ¿O pergeñar una nueva vida en un país desconocido?

Ya habían escapado de la guerra unos 2,6 millones de ucranios —de los tres millones que ya han huido— cuando Dasha Liniuk, que se resistía a hacerlo, tomó con su madre y su hermano el primer tren a la ciudad polaca de Chelm, a unos 20 kilómetros de la frontera. La madrugada del 11 de marzo, su ciudad, Lutsk, en Ucrania occidental, había sido bombardeada por primera vez desde el inicio del conflicto, el pasado 24 de febrero. “Honestamente, no tenemos ni la menor idea de lo que hacer. Nuestro único plan ahora mismo es reunirnos con mi padre. Conduce un camión y está trabajando por ahí; un día duerme en España; otro en Francia o Italia, así. La guerra le pilló fuera de Ucrania. Mi plan ahora es darle un abrazo y muchos besos”, asegura mientras hace cola ante una ventanilla en el vestíbulo de la estación, repleto de refugiados.

Refugiados ucranios abordan un tren con destino a Lublin, el pasado 11 de marzo en la estación de Chelm, en el este de Polonia.
Refugiados ucranios abordan un tren con destino a Lublin, el pasado 11 de marzo en la estación de Chelm, en el este de Polonia.MASSIMILIANO MINOCRI

“Quiero quedarme en Polonia porque está más cerca de Ucrania, para poder volver pronto. No nos hemos ido antes porque estábamos a salvo en nuestra ciudad. Pero vamos a volver a Polonia. Al 100%. Es mi patria. Y supongo que cada uno lo piensa de su país, pero para mí es el mejor del mundo”, dice con una risotada que relaja el preocupado rostro de su madre. Liniuk trabaja en Lutsk de camarera, pero ahora no va a buscar trabajo en la hostelería: vive su estancia en Polonia como tan temporal que no ve sentido a recorrer cafetería tras cafetería para obtener un salario que, además, sería en negro, por carecer de permiso de trabajo.

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Una ucrania se despide del voluntario polaco que la trasladó, el 11 de marzo en la estación de tren de Chelm (Polonia).
Una ucrania se despide del voluntario polaco que la trasladó, el 11 de marzo en la estación de tren de Chelm (Polonia).Massimiliano Minocri (EL PAÍS)

En el andén de la misma estación, pero en otro lugar mental, está Irina Klimkina. Tiene 20 años, viene de Kiev y arrastra una pesada maleta hacia el tren a Lublin, donde conectarán a Varsovia y, de allí, a Alemania. El mismo motivo ―su cuerpo menudo― por el que asegura que no se ha alistado en el Ejército, pese a sus ganas de “matar ocupantes rusos”, es el que la deja fuera del vagón cuando comienza la lucha por subir y se llena. Como le toca esperar al siguiente, tiene tiempo para contar su historia. “Calculo que la guerra durará medio año o un año, y que estaré en Alemania uno o dos años”, dice junto a la que llama su “bestie” (mejor amiga), Kasia. “Sentimos un dolor horrible de estar aquí. Quería unirme al Ejército y defender mi país y morir en nuestra tierra. Durante mucho tiempo pensamos que no podíamos tomar la decisión correcta. Y no sé si es esta”, señala. Klimkina tiene un familiar en Alemania y cuenta con que enchufe a ambas en la empresa empaquetadora de botellas en la que trabaja. “Será físicamente muy duro, pero nos servirá para sobrevivir en un país extranjero”, señala.

Klimkina muestra las dos frases motivacionales que tiene tatuadas en ruso (su primera lengua), una en cada muñeca. Son “No decaigas de espíritu” y “No envejezcas de corazón”. “Cuando termine la guerra, me haré un tatuaje con la inscripción ‘Buque ruso, vete a la mierda”, promete divertida. Es la frase ―convertida en símbolo de la lucha ucrania hasta el punto de inspirar un sello postal― con la que un militar que defendía una isla estratégica respondió al marinero ruso que le exigía la rendición. La joven la tiene también en su tarjeta de crédito virtual.

Irina Klimkina, a la derecha, y su amiga Kasia, en el andén de la estación de Chelm, el 11 de marzo.
Irina Klimkina, a la derecha, y su amiga Kasia, en el andén de la estación de Chelm, el 11 de marzo.MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

A la estación de tren de Chelm, a la de autobús en la cercana ciudad de Lublin o a los centros de acogida temporal de refugiados de la zona llegan estos días quienes han aguantado en la Ucrania más castigada hasta que la situación se ha vuelto insostenible. Proceden de sitios como la asediada Sumi ―en el este, cerca de Rusia― o Krvogi Rig, unos 100 kilómetros al oeste de Zaporiyia, la ciudad con la mayor central nuclear de Europa que las tropas rusas tomaron el pasado día 4.

Tras 20 días de bombardeos, más de la mitad de los 3,5 millones de habitantes de Kiev han escapado de la capital ucrania, según explicó este martes su alcalde, Vitali Klitschko. Lublin, con cerca de 350.000 habitantes, es la mayor ciudad en el este de Polonia a la que llegar desde la capital ucrania, casi directamente por la carretera E373. La capital polaca ―donde vive una importante comunidad ucrania y de cuyo aeropuerto salen ahora vuelos a numerosas partes del mundo― está a apenas dos horas por carretera, pero algunos refugiados prefieren quedarse en Lublin, más cerca ―física y emocionalmente― de su país.

Un autobús lleno de refugiadas ucranias sale del pequeño centro de acogida de Uchodzcow, en Polonia, cerca del paso fronterizo con Ucrania de Dolhobyczow, el 10 de marzo.
Un autobús lleno de refugiadas ucranias sale del pequeño centro de acogida de Uchodzcow, en Polonia, cerca del paso fronterizo con Ucrania de Dolhobyczow, el 10 de marzo. Massimiliano Minocri (EL PAÍS)

“No eligen venir aquí, solo cruzan desde Kiev. Pero luego algunas se quedan porque creen en su fuero interno que la guerra va a acabar pronto. Quieren estar cerca de sus familias y maridos. Algunas creen que los soldados ucranios van a poder cruzar la frontera, reunirse con ellas y luego volver a combatir”, explica Karolina Wierzbinska, coordinadora y cofundadora de la ONG polaca Homo Faber, que administra un centro de ayuda a los refugiados en Lublin al que los ucranios pueden llamar en su idioma cualquier día de la semana a cualquier hora.

Blanca Garcés, experta en migraciones e investigadora del think tank CIDOB, con sede en Barcelona, recuerda que “el 80% de refugiados en el mundo están en los países limítrofes, que son además con los que suelen tener más afinidad cultural, lingüística o histórica, y donde suelen tener redes, que son fundamentales”. “Por lo general, se quedan lo más cerca posible, porque muchos siguen pensando que van a volver pronto, incluso en unos días”, explica por teléfono. Polonia, un país de 38 millones de habitantes donde antes de la guerra ya vivía un millón de migrantes económicos ucranios y se habla una lengua similar, ha recibido el 60% de los refugiados ucranios, aunque muchos sigan luego hacia otras partes de Europa.

Libre movimiento

Este éxodo, el más rápido en el continente desde el fin de la II Guerra Mundial, está siguiendo un patrón parecido a anteriores, con una primera oleada de aquellos con “más posibilidades materiales, pero también capital social, que es muy importante”, y una segunda de quienes escapan de la guerra con menos dinero y redes de apoyo, señala Garcés, quien apunta, no obstante, una diferencia importante. Al no aplicarse a los ucranios el reglamento de Dublín ―que obliga al país de llegada a tramitar la petición de asilo y causó cuellos de botella en la crisis de refugiados y migrantes de 2015― “no está habiendo un debate sobre el reparto de responsabilidad, como pasaba antes, que hasta un barco con 200 personas originaba una crisis diplomática. Como se pueden mover libremente por la UE, acabarán eligiendo ellos dónde”.

Este movimiento más orgánico se refleja en los casos de Galina Kurnetsova, de 42 años, y Denis (prefiere no dar su apellido), de 39. No se conocen, pero tienen dos cosas en común: el punto de inflexión para su huida fue la toma rusa de Zaporiyia, y han acabado con sus familias el mismo día en un centro de acogida de refugiados en Hrubieszow (Polonia), a cinco kilómetros de su país natal. Mientras Denis se mueve acelerado, Kurnetsova mira al infinito con la cabeza apoyada en el poste de una portería de fútbol sala reubicada para hacer espacio a cientos de camas plegables, colchones y mantas. Ha llegado ocho horas antes, de madrugada, con sus dos hijos, dos hermanas, un sobrino y un nieto. Su localidad, Vasilivka, está a 50 kilómetros de Zaporiyia, bordeando hacia el sur el río Dnieper que baña ambas localidades. “En cuanto se supo [la toma de la central], las mujeres empezaron a llevarse a los hijos”, cuenta. “Yo, honestamente, no quería ni pensar lo que podría pasar, porque están siendo como animales”.

Galina Kurnetsova, en el centro de acogida de Hrubieszow, el 11 de marzo.
Galina Kurnetsova, en el centro de acogida de Hrubieszow, el 11 de marzo. Massimiliano Minocri

Kurnetsova y sus hermanas no tienen dinero ni plan. Solo “esperar a que pase el peligro y entonces volver a Zaporiyia”. Y hacerlo en Polonia porque “la lengua es más fácil y está más cerca de Ucrania”. Su preocupación más urgente es encontrar un trabajo. Lo repite tres veces y añade: “De lo que sea. Algo tendrán que comer estos niños”, asegura mientras los señala con una mueca para subrayar que no está precisamente en condiciones de elegir de qué. Quizás, señala, ensamblar televisores en la empresa de un conocido en Polonia, su único contacto en la UE. “Nos iremos de aquí [el centro de acogida] en cuanto encontremos un sitio en el que quepamos los siete y que podamos pagar”, dice. Hasta ahora no ha tenido que gastar dinero en Polonia. En los lugares de paso de los refugiados se puede obtener fácilmente alojamiento, comida, billetes de tren, pañales o medicamentos básicos gratis.

Denis hace justo lo contrario: alejarse “lo más posible” de su país. “Era un niño [tenía entre tres y cuatro años en 1986], pero recuerdo Chernobil”, subraya. Su familia hizo las maletas la misma noche de la conquista de Zaporiyia y salieron con el alba. “Oíamos bombas alrededor y rezábamos para que no cayese ninguna sobre el coche”, recuerda. Explica que se ha ido de la bombardeada Járkov, en el este del país y donde trabajaba de cocinero, “solamente por el peligro nuclear” y por sus hijos. Y que su objetivo es seguir hacia al oeste del continente. Solo ha dormitado un par de horas sobre un colchón del centro, pero ya encaja como puede el tetris de instalar en un coche humilde a su mujer, sus tres hijos (por los que está eximido de la obligación legal de quedarse en Ucrania), un perro y cinco gatos. “Ahora vamos hacia Gdansk [en el norte de Polonia] y supongo que allí alquilaremos algo, pero no sé… no es suficientemente lejos de Zaporiyia. Toda Polonia está demasiado cerca. O quizás los deje en un lugar seguro y vuelva a combatir. Pero volveremos a Járkov en cuanto acabe la guerra. Hace dos meses acabamos de pagar la hipoteca del piso. ¿Te das cuenta? Toda nuestra vida está allá. Toda. Amigos, casa, barrio… vida… todo”.

La familia de Denis, en su coche, a la salida del centro de acogida de refugiados de Hrubieszow (Polonia), el 10 de marzo.
La familia de Denis, en su coche, a la salida del centro de acogida de refugiados de Hrubieszow (Polonia), el 10 de marzo. Massimiliano Minocri

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El presidente del Tribunal Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf (segundo por la derecha), en una sesión sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar, en enero de 2020 en La Haya.
El presidente del Tribunal Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf (segundo por la derecha), en una sesión sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar, en enero de 2020 en La Haya.ROBIN VAN LONKHUIJSEN (EFE)

¿Quién representa a Myanmar ante la comunidad internacional: la junta militar, que gobierna tras dar un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, o los miembros del Ejecutivo de unidad nacional, creado tres meses después en el exilio para luchar por el restablecimiento de la democracia? De momento, ninguno ha sido reconocido oficialmente por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ello crea una situación compleja para el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en la fase procesal de objeciones preliminares en la denuncia presentada en 2019 por Gambia contra la antigua Birmania por genocidio de la minoría musulmana rohinyá que sus jueces han comenzado a abordar este lunes.

Al inicio de la sesión, Joan Donoghue, presidenta del tribunal, recordó que “son los Estados, y no los Gobiernos, los que elevan casos ante estos jueces”. Acto seguido Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación Internacional de la junta birmana y sancionado por Estados Unidos por el golpe militar, ha asegurado buscar “que se imparta justicia de manera apropiada”. Las audiencias se prolongarán hasta el jueves.

Ko Ko Hlaing es uno de los miembros de la junta golpista que forma parte de la delegación de Myanmar desplazada a La Haya, sede del TIJ. El Gabinete civil de unidad nacional teme que la máxima instancia judicial de la propia ONU siente un precedente si los acepta en representación de Myanmar. Ningún órgano de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, ha reconocido a la junta.

El caso es muy delicado en términos jurídicos, políticos y diplomáticos. “Es un problema que recibe el tribunal, puesto que dos entidades ―llamémoslas así― reclaman representar a Myanmar. De modo que los jueces podrían tener que mencionar la cuestión en su sentencia”, dice Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. El tribunal no reconoce gobiernos, pero una eventual decisión en esta materia podría tener consecuencias para el reconocimiento por otros Estados del Gobierno golpista de Myanmar.

Según este experto, “si la corte asumiera que, a efectos procesales, el agente nombrado por la junta militar birmana es el único autorizado para representar a Myanmar, sería acusada de avalar el golpe de Estado”. Pero si hiciera lo contrario, se le reprocharía “no tener en cuenta la realidad de la situación efectiva en Myanmar y la práctica internacional”. Ambia Perveen, miembro del Consejo Rohinyá Europeo, ha señalado a las puertas de la corte que si bien la junta militar “no representa al pueblo de Myanmar, es importante que los responsables del genocidio sean juzgados”.

La suerte corrida por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991 y exconsejera de Estado de Myanmar, ilustra también la situación actual. En 2019, era la líder de facto de su país y lo representó ante el tribunal, donde rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá y aseguró que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo”.

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Un año más tarde, el tribunal impuso medidas cautelares para proteger a esta minoría de un posible genocidio. El Gobierno que ella representaba debía ampararlos, pero fue depuesto por los militares en febrero de 2021. Ahora se encuentra en arresto domiciliario, condenada a dos penas de cárcel: dos años por incitación a la violencia, y a otros cuatro por posesión ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia. A pesar de su situación, en la página web oficial del Gobierno de unidad nacional aparece como parte del mismo.

“Solución intermedia”

Garrido Muñoz considera que, “a fin de evitar males mayores, una posible solución intermedia sería aceptar al agente propuesto por la junta militar, pero indicando que ello se hace a efectos del litigio entre Gambia y Myanmar, y excluyendo cualquier toma de posición sobre quién es el legítimo Gobierno birmano”. Añade que suena a tecnicismo, “pero, al menos visto desde fuera, el tribunal parece encontrarse en una situación incómoda”.

Myamnar ha cuestionado además la legitimidad de Gambia porque no tiene nacionales afectados fuera de su territorio. El país africano podía litigar alegando que los crímenes contra los rohinyás violan la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos países. Aduce, por lo tanto, que Myanmar la vulneró en 2017 cuando más de 750.000 rohinyás se desplazaron desde allí hacia la vecina Bangladés, huyendo de lo que la ONU calificó en 2020 de “intento de genocidio”.

Christopher Staker, uno de los abogados nombrados por Myanmar, ha alegado a su vez que Gambia actúa “por delegación y no en nombre propio, ya que está apoyada por los países de la Organización para la Cooperación Islámica”. Con sede en Arabia Saudí, la misma agrupa a los Estados de confesión musulmana. “Una organización internacional no puede presentar un caso a través de un Estado”, ha dicho. Su colega, Stefan Talmon, ha añadido que el TIJ “no es una instancia supervisora de la convención contra el genocidio”. La decisión de los jueces puede tardar varios meses en llegar.

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Portugal ha dejado de ser un territorio libre de populismos. Las últimas elecciones confirmaron el meteórico ascenso del Chega, fundado en 2019 por André Ventura, que había llegado más lejos como comentarista televisivo del Benfica que como militante de la derecha agrupada en torno al Partido Social Demócrata (PSD). Ambos rasgos explican la naturaleza del nuevo partido: Ventura aprovechó su experiencia mediática para obtener un gran eco a fuerza de propuestas incendiarias contra los gitanos y las personas que necesitan subsidios sociales y usó la experiencia política para armar una organización con sus principales banderas: liberalismo económico, conservadurismo moral, nacionalismo y guerra cultural a la izquierda, ya fuese la que entroncaba con la Revolución Francesa o la que nació en la Revolución rusa.

El Chega se convirtió el pasado 30 de enero en la tercera fuerza parlamentaria. Aunque perdió más de 85.000 votos respecto a las presidenciales de 2021, su salto en la Asamblea de la República, al pasar de uno a 12 diputados, le convirtió en uno de los grandes vencedores de la noche junto al Partido Socialista (PS), que logró la mayoría absoluta, y la Iniciativa Liberal, que creció de uno a ocho escaños. Uno de los debates que atraviesa estos días la política y el periodismo en Portugal es la relación que ha de establecer el sistema con una formación fundada para atacarlo: el aislamiento alemán con AfD (Alternativa para Alemania) o la integración italiana con La Liga.

Como otros partidos populistas, el Chega es antisistema en la teoría, pero no en la práctica. André Ventura nunca ocultó en campaña que aspiraba a ser ministro si la derecha moderada del PSD le necesitaba para gobernar; y reclama ahora para su grupo las cuotas institucionales que le corresponden legalmente. La Constitución portuguesa establece que los cuatro partidos más votados tienen derecho a una vicepresidencia en la Mesa de la Asamblea de la República y que las presidencias de las comisiones “se reparten por los grupos parlamentarios en proporción al número de sus diputados”.

Por lo tanto, PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal tienen una vicepresidencia reservada, aunque no garantizada, ya que los aspirantes deben superar una votación sobre su idoneidad ante la Cámara. Es improbable que Diogo Pacheco de Amorim —propuesto por el Chega para ese puesto y que en los años setenta perteneció a un movimiento que promovió atentados y ataques contra organizaciones de izquierdas— se convierta en vicepresidente de la Asamblea. No sería la primera vez que se tumba a un candidato.

Consciente de ello, Ventura ya ha dado pistas sobre su plan alternativo si fracasa Pacheco de Amorim: presentar a Gabriel Mithá Ribeiro, un historiador nacido en Mozambique que se ha convertido en uno de los principales ideólogos de la formación ultra. Mithá no arrastra pesos del pasado y coloca a sus adversarios en la encrucijada de rechazar a un diputado de origen africano.

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“La democracia es el régimen de todos. Incluso de los no demócratas”, escribió en un artículo en Público el sociólogo António Barreto, “esos no pueden ser excluidos, marginalizados o prohibidos a no ser por un crimen o violación de la ley. Pero la demagogia no es crimen. El nacionalismo no es crimen. Por eso, el Chega y afines deben ser derrotados en las elecciones y en el debate, no a través de procedimientos antidemocráticos”.

La línea alemana de Costa

No hay duda de cuál será la estrategia del primer ministro, el socialista António Costa, quien ha escogido la línea dura alemana. Tanto en campaña como en la noche electoral, dejó claro que marginaría al Chega de su diálogo con el resto de formaciones. Es evidente que ha cavado un foso entre él y Ventura. De la ronda preparatoria de la próxima legislatura —que ha llevado al palacio de São Bento a agentes sociales y líderes políticos— ha excluido al fundador del Chega con el argumento de que no existía “convergencia ninguna” con el partido para preparar el nuevo ciclo político y distinguiendo estas audiencias de los encuentros institucionales a los que acude Ventura.

“Es coherente con la promesa que hizo en campaña de que no contaba con el Chega para nada; tiene sentido que Costa tenga la libertad de no invitarles a las reuniones antes de la formación de su Gobierno. Si ahora invitase al Chega, estaría quebrando una promesa electoral”, sostiene por teléfono Marina Costa Lobo, politóloga del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

“Tengo una perspectiva italiana, me suena extraño este cordón sanitario”, señala Riccardo Marchi, un investigador del Instituto Universitario de Lisboa especializado en el estudio de la extrema derecha. Marchi publicó en 2020 el primer libro sobre Chega en Portugal y desató una polvareda entre especialistas, que consideraban que blanqueaba el partido de Ventura. “Esta distinción que existe en la literatura científica fue incorporada en Alemania en 1945. Diferencia a los partidos que son subversivos y quieren destruir la democracia de aquellos que son de protesta y quieren reformas radicales, pero aceptan las reglas del juego democrático. Chega las acepta y participa de ellas”, responde por teléfono.

“Por encima de todo es un proyecto de poder personal de André Ventura, que se ve a sí mismo como elegido por Dios para liderar una mítica e inverosímil IV República”, señala Miguel Carvalho, periodista del semanario Visão, que ha investigado en profundidad a los círculos de la extrema derecha en Portugal y que destaca la inestabilidad interna de la formación. “Si se queda solo, hablando para sí mismo, sin eco y sin otra opción que mirarse en el espejo, sus debilidades aparecerán a la vista”, reflexiona en un correo electrónico. El periodista considera que el Chega carece de un proyecto ideológico sólido más allá del activismo mediático. “Dentro del universo de la derecha radical populista europea, es uno de los partidos más débiles en ideas y discusión programática”, indica.

Carvalho huye de las etiquetas simplistas: “Llamarlo partido fascista o de extrema derecha puede tener un fondo de verdad, pero está muy lejos de ser toda la verdad. Su electorado, más allá de sus tribus más o menos racistas, xenófobas o fanáticas, tiene características comunes a otras fuerzas: la desilusión con los aparatos partidarios y con cómo se gestiona el Estado y el bien común”.

Una observación que también destaca en su artículo el sociólogo António Barreto: “El éxito, aunque muy relativo, del Chega tiene que ser entendido en el marco de las crisis que atraviesan las democracias. Estas están en el origen de una deriva populista, no democrática o antidemocrática, de izquierda o derecha. En todo el mundo, la democracia es contestada por las aspiraciones insatisfechas, por la desigualdad creciente, por la sociedad digital, por los valores dominantes de lo efímero y por el producto mercantil… Los sistemas democráticos han hecho explotar las aspiraciones y los deseos, que después no consiguen satisfacer”.

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