El cerco de la comunidad internacional sobre Nicaragua continúa estrechándose. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha anunciado este jueves la creación de un mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018. En abril de ese año, el Gobierno desató una brutal represión contra la población civil, que salió a la calle en manifestaciones masivas para protestar contra una polémica reforma del sistema de pensiones. Las fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los disidentes no ha cesado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento.
La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años. “Establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables”, señala un comunicado de 15 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. La comisión trabajará durante un año y dará “recomendaciones con miras a mejorar la situación” y “proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia”.
La decisión se ha aprobado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo formado por 47 Estados. En la votación, 20 países se han abstenido y otros siete se han posicionado en contra: Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea. El 7 de marzo, la ONU ya hizo público un duro informe en el que transmitían su preocupación por la situación del país centroamericano.
En una larga lista, la organización enumeraba, entre otros abusos, que no haya habido “rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018″; la existencia de al menos 43 presos políticos por las elecciones de 2021; los juicios exprés “sin respetar el debido proceso”; las “detenciones arbitrarias o el “hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados”.
“La solución es que se vaya Ortega”
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En lo que va de año, Ortega y Murillo han recrudecido la represión. A mediados de marzo, fue condenada, en un juicio plagado de irregularidades, a ocho años de prisión Cristiana Chamorro, opositora al régimen e hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien fuera presidenta de Nicaragua en los 90 —tras ganar a Ortega en unas elecciones— y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza.
También expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja. En febrero falleció en prisión Hugo Torres, histórico guerrillero sandinista que combatió junto a Ortega, encarcelado por su posición crítica ante su antiguo compañero. Esa muerte generó críticas incluso del propio hermano del presidente, Humberto Ortega, quien le reprochó que murió por el “cruel encierro” al que fue sometido. Además, las principales universidades del país están bajo control del Gobierno. Eso ha provocado en los últimos días la deserción de dos figuras que hasta ahora representaban al Ejecutivo sandinista: Arturo McFields renunció la semana pasada a su puesto como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y llamó dictador a Ortega, mientras que el abogado Paul Reichler abandonó su cargo como representante ante la Corte de Justicia de La Haya en una carta en la que condenó que el país está gobernado por una dictadura.
Juan Pappier, investigador en América de Human Rights Watch (HRW), considera que la iniciativa de la ONU “da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por las gravísimas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega”. “Confío en que el grupo de expertos va a hacer un buen trabajo, pero para lograr una transición democrática hace falta unir más mecanismos y voces de condena de la comunidad internacional”, ha sostenido.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH), Vilma Núñez, se muestra más escéptica: “Yo soy contraria a las reacciones triunfalistas, quisiera ver esta resolución como un avance en un camino largo que hay que recorrer. Lo saludo con optimismo moderado, pero con la firmeza de que tenemos que proporcionarle al grupo de expertos todo el apoyo, tomando en cuenta que van a contar con la hostilidad del Gobierno”, ha asegurado. “Esto no es la solución, la solución es que se vaya Ortega, mientras él permanezca en el poder, cualquier esfuerzo se verá enfrentado a obstáculos, a veces insalvables, con un costo de vida muy real”, concluye la activista.
Con ella concuerda también José Miguel Vivanco, abogado defensor de derechos humanos y exdirector de la división americana de HRW: “Es un paso muy importante, muy necesario, pero no es suficiente. Que nadie crea que con ese mecanismo se acaban las violaciones a los derechos humanos de ese régimen desquiciado. Los presos políticos van a pasar en prisión arbitraria todo el tiempo que lo estime necesario Ortega. Para que las condiciones mejoren en Nicaragua, es imprescindible una transición democrática, y para ello es necesaria la presión política, diplomática y financiera frente a aquellos que le dan oxígeno a ese régimen”.
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