El intento de los abogados de Donald Trump de evitar la declaración bajo juramento del expresidente y dos de sus hijos en la causa por fraude fiscal en sus negocios que instruye la fiscalía de Nueva York ha resultado contraproducente. La fiscal general del Estado, Letitia James, ha contratacado con un informe de 160 páginas en el que se constata que las empresas del exmandatario, agrupadas bajo la marca Organización Trump, inflaron el valor de propiedades del grupo para obtener beneficios de bancos, prestamistas, inversores y compañías aseguradoras. El fraude se remonta a operaciones realizadas entre 2004 y 2020 (los cuatro últimos años, con el republicano en la Casa Blanca y el emporio en manos de sus hijos mayores).
Con este informe, difundido esta medianoche por diarios como The New York Times y The Washington Post y recogido por el resto de medios locales, la demócrata James añade argumentos a la causa civil que la fiscalía del Estado sigue contra Trump, que reiteradamente la ha calificado de “caza de brujas por motivos políticos”. Aunque los miembros del equipo de James han descubierto pruebas de que la Organización Trump presentó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales, las autoridades del Estado aún no han decidido si presentar una demanda en relación con estas acusaciones, pero sí confirman que los investigadores quieren interrogar a Trump y sus hijos Ivanka y Donald Junior como parte del proceso. La comparecencia del expresidente, en persona y bajo juramento, estaba prevista para el pasado 7 de enero. Sus vástagos fueron citados posteriormente.
En el informe más detallado de la fiscalía hasta el momento, aparecen las pruebas de que la compañía de Trump exageró el valor de activos para obtener condiciones de préstamo favorables, o tergiversó el valor de terrenos para reducir la cuantía de su contribución fiscal. El expediente cita ejemplos concretos, como engordar el valor de las donaciones de tierras realizadas en Nueva York y California en documentos presentados al IRS (siglas en inglés de la Hacienda estadounidense) para justificar varios millones de dólares en deducciones fiscales.
Sobre la mansión del magnate en Manhattan, un lujoso pent-house, el maquillaje contable de la Organización Trump multiplicó por tres su tamaño real, con una diferencia a su favor de casi 200 millones de dólares, según el informe, que cita la declaración del jefe financiero de Trump durante décadas, Allen Weisselberg. El directivo fue acusado el año pasado de fraude fiscal en una investigación criminal paralela instruida en su día por el fiscal de Manhattan Cyrus Vance y que hoy continúa el sucesor de este, Alvin Bragg. Weisselberg es hasta ahora el único responsable de la Organización Trump caído en desgracia, y muchos lo consideran un chivo expiatorio, o cortafuegos, que ha frenado hasta ahora la imputación de miembros del núcleo duro de la empresa: la familia Trump.
La divulgación del informe busca corroborar el movimiento judicial de obligar a Trump, a su hija Ivanka Trump y a su hijo Donald Trump Jr. a declarar bajo juramento. El emporio del magnate ha rechazado por “infundado” este nuevo relato de irregularidades. “La única que engaña a la opinión pública es Letitia James”, ha dicho en un comunicado la Organización Trump. “Tres años después, [James] se enfrenta a la dura realidad de que no tiene caso”.
Los abogados del magnate han intentado bloquear las citaciones a declarar de los tres Trump, calificándolas de “maniobra inconstitucional y sin precedentes”. Temen que James trate de obtener testimonios que podrían usarse en la investigación criminal paralela a cargo del fiscal de distrito de Manhattan. A finales de diciembre, el propio Trump, que aún no ha despejado la incógnita sobre su candidatura a la reelección en 2024, se querelló contra James para frenar el proceso.
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