Manifestación en Oxford, Inglaterra, contra la invasión rusa.Steve Parsons (AP)
Un grupo de intelectuales ha hecho una declaración afirmando que no cabe pretexto para no condenar la agresión rusa a Ucrania. “Ningún conflicto político, y menos unas reivindicaciones nacidas de discutibles intereses, justifica el paso dado por Putin de desencadenar una guerra de ocupación de un país independiente”, se lee en el texto. Entre otros firmantes aparecen los filósofos Fernando Savater y Félix de Azúa, los escritores Rosa Montero, Andrés Trapiello y Daniel Gascón o los historiadores Antonio Elorza, José Carlos Mainer y Ángel Viñas. Afirman que la amenaza nuclear lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, “revela el grado de deshumanización alcanzado por su política”.
Critican “la pasividad reinante” ante la situación y denuncian la “ceremonia de la confusión que lleva a promover movilizaciones en defensa de la agresión, bajo la máscara del ‘no a la guerra’”. Cualquier solución a la guerra en curso, a su juicio, “ha de arrancar del fin de la agresión, contraria al Derecho Internacional y a los valores universales de convivencia entre los pueblos”.
Los autores de la declaración sostienen que los argumentos del líder ruso para la invasión son mendaces. “La fundamentación proporcionada por Putin de unas supuestas razones históricas, que incluyen una grotesca culpa de Lenin y una no menos ridícula satanización del gobierno democrático de Kiev, sobre el telón de fondo de que Ucrania es Rusia, solo añade el fraude intelectual a su proyecto de restauración del imperio bajo su poder autocrático”. Alertan de que estamos “ante un proyecto destinado a insistir en su camino de la muerte para lograr sus propósitos frente a la Europa democrática. Y que contiene suficientes elementos como para desencadenar una Tercera Guerra Mundial a medio plazo”.
Respaldan la política “prudente y determinada” del presidente español, Pedro Sánchez. Por otro lado, lamentan “la actuación de francotiradores participantes en instancias internacionales, como el Grupo de Puebla, cuyas actuaciones favorables a la guerra erosionan tanto la eficacia de la acción del Gobierno como la cohesión democrática de la sociedad española”.
El Grupo de Puebla es un foro político de orientación izquierdista. En los últimos días ha hecho dos comunicados relativos al conflicto. El 24 de febrero: “El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por el reciente curso de los acontecimientos en Ucrania y hace un llamado cordial a las partes involucradas en el mismo, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, para mantener la paz y la seguridad de Ucrania abandonando la vía de la intervención militar y de las sanciones económicas unilaterales contra Rusia, como instrumentos de presión para forzar una salida asimétrica del conflicto con un alto costo de vida para los ciudadanos involucrados”. Entre sus firmantes, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el expresidente colombiano Ernesto Samper o el expresidente paraguayo Fernando Lugo. El siguiente comunicado, a diferencia del primero, apuntó a la responsabilidad de Rusia. Salió el 26 de febrero. Decía: “Desde el Grupo de Puebla condenamos el uso unilateral de la fuerza y las graves consecuencias humanitarias que generan los ataques realizados durante la madrugada por parte de la Federación Rusa a la capital de Ucrania, Kiev”. Entre otros, lo firmaban de nuevo Samper y Lugo, no aparecía Correa y sí el expresidente español Rodríguez Zapatero.
“Me acaban de sellar el pasaporte”, afirma Saúl Perera, por teléfono. “¡Los bebés primero!”, grita al resto de evacuados. Este canario de 27 años es uno de los primeros españoles que el Gobierno ha trasladado desde Ucrania a Polonia en dos convoyes fletados por la Embajada. La primera de las expediciones —la menos numerosa, con 40 personas, según fuentes policiales—, en la que viaja Perera, ha cruzado la frontera con Polonia alrededor de las seis de la tarde de este sábado (hora local). Durante el último tramo, de unos 22 kilómetros, han tenido que ser escoltados por policías ucranios para evitar la enorme fila de vehículos que se agolpaban intentando dejar el país ante el ataque ruso. “Si no es por ellos, nos quedábamos ahí parados una semana”, añade Perera.
Las dos convoyes españoles, controlados por personal de la Embajada, 12 policías nacionales y una decena de agentes especial de los GEO, llevan varias horas de viaje. Ambos partieron desde la Embajada de Kiev —uno, este jueves en torno a las cuatro de la tarde (hora local) y otro, este viernes pasadas las nueve y media de la mañana— con dirección este hacia la frontera con Polonia. Un periplo en el que se han enfrentado a carreteras colapsadas, militares agazapados en las cunetas y la incertidumbre sobre su propia suerte. Aunque la ruta era secreta, lo que sí se sabe es que la última gran ciudad por la que ha pasado el destacamento ha sido Leópolis, a 551 kilómetros de Kiev. El principal problema, tras alcanzar la frontera, está siendo el registro de los evacuados, por la gran afluencia de gente antes de pisar suelo polaco.
“Siempre estás con la duda de qué va a pasar, de si te va a caer al lado una bomba. Lo peor era por la noche”, subraya Saúl Perera en el frontera con Polonia. “Hemos salido ya de Ucrania, nos falta un último registro antes de cruzar del todo”, prosigue. Ingeniero de Telecomunicaciones, se sumó al primero de los convoyes y ha tenido incluso que conducir uno de los coches del destacamento, integrado por un vehículo para lo GEO, otro para personal de la Embajada, un minibús y varias furgonetas. “Solo teníamos un conductor local y nos dijeron que teníamos que arrimar el hombro. Estoy reventado y con unas ganas locas de llegar a España”, continúa.
Saúl Perera, delante de uno de los vehículos del primer convoy.
Este miércoles, cuando el Kremlin ordenó la invasión sobre Ucrania, 436 españoles estaban inscritos en el consulado, pero más un centenar había salido del país en los días previos a la invasión, según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Embajada ha atendido a través de un teléfono de emergencia a quienes precisaban información, sobre todo, en lo que a la evacuación se ha referido. Los compatriotas que quisieron tomar uno de los convoyes monitorizados por el Gobierno tuvieron que desplazarse por sus propios medios hasta la Embajada en Kiev. Perera, que había llegado el mismo miércoles a la capital ucrania para participar en un programa de televisión local, se desplazó hasta allí el jueves por mañana, en metro, ante la escasez de taxis, y con el “miedo por lo que pudiera pasar”.
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Carla San Andrés, de 22 años, ha conseguido unirse este sábado al convoy en el que iba Perera. Tras dos días intentando, sin éxito, salir de Leópolis —donde residía desde 2019—, un grupo de coches, escoltados por una patrulla de los GEO, ha llegado a las cinco de la mañana para recogerla y sumarse al resto de la expedición. San Andrés llegó al país hace tres años para hacer un voluntariado y se quedó para estudiar Gestión Cultural en la universidad. Tenía previsto tomar un autobús este viernes hacia Polonia. Nunca llegó a recogerla.
“Estuve seis horas esperando en la parada, llamé al conductor para confirmar que pasaba por la estación en la que estaba y me llamó horas después para decirme que ya había pasado por allí”, afirma la joven, a la que su madre, Raquel San Andrés, le pidió el jueves, entre sollozos, que saliera del país “cuanto antes”. Ahora respira al enterarse de que su hija ha llegado a la frontera.
Por su parte, la preocupación de Roger Carles, de 30 años, y su esposa, de nacionalidad ucrania, se dividía este sábado en dos partes. Al deseo de alcanzar la frontera polaca cuanto antes se sumaba el miedo ante el ataque ruso sobre la capital ucrania. “Hoy ha impactado un proyectil al lado del bloque donde vivo en Kiev, con las paredes temblando, en el que está mi suegra bunquerizada”, cuenta Carles desde dentro del autobús de la segunda expedición.
Foto tomada por Saúl Perera a una fila de coches en el límite con Polonia.
Roger y su esposa, por su parte, rehusaron tomar el primero de los convoyes en el que marchó Perera. El anhelo de que los tropas rusas no llegarían hasta Kiev, según sostiene el barcelonés, sumado a las dudas sobre si abandonar a su suegra, que convive con ellos en su domicilio, y al temor ante un viaje tan largo por carretera, puesto que ella está embarazada de siete meses, les hicieron dudar en un primer momento. El avance de los militares rusos y el deseo de la suegra de Carles de permanecer en el país —donde trabaja como enfermera— les hicieron cambiar de idea y embarcarse en el segundo de los convoyes, de unas 100 personas. La pareja sigue en el autobús, pasando por “momentos muy tristes” hasta llegar a Polonia.
En la misma expedición viaja la embajadora Silvia Cortés y el resto del personal de la Embajada, que ha sido cerrada. El convoy avanza rápido porque también está siendo auxiliado por las autoridades ucranias para sortear las colas y se espera que entre la noche de este sábado y este domingo alcance también la frontera.
Por otra parte, el Gobierno español está multiplicando sus movimientos en todos los ámbitos con una agenda absolutamente monopolizada por la guerra de Ucrania. Y no solo con las gestiones para sacar del país a estos españoles rescatados de Ucrania. También con gestiones diplomáticas de alto nivel y con una inédita ronda de llamadas del presidente, Pedro Sánchez, a todos los expresidentes vivos para compartir información sobre la guerra. Sánchez llamó este sábado a Mariano Rajoy, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González para explicarles lo que sabe en este momento de la evolución y las perspectivas de la prImera gran guerra entre dos estados en Europa desde los años 40. Los cuatro expresidentes, según fuentes de La Moncloa, agradecieron mucho la llamada y le trasladaron sus opiniones.
Todos ellos tienen mucha experiencia Internacional y casi todos, con la excepción de González, han tratado directamente con Vladimir Putin, que lleva 20 años en el poder. Sánchez también amplió su ronda de contactos a dirigentes como Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, o Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE y ex comisario europeo. El presidente ha dado prioridad absoluta a la agenda internacional con la guerra de Ucrania, que según la opinión instalada en La Moncloa puede cambiar por completo los equilibrios de poder en Europa y tendrá además consecuencias económicas muy directas para España, en especial por el aumento del precio de la energía.
“¡Alpha Scramble!” El aviso por megafonía sorprende a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, junto a su homólogo búlgaro, Stefan Yanev, a pie de pista en la base de Graf Ignatievo, saludando a los miembros del destacamento español que, desde el 15 de febrero, vigila el espacio aéreo de Bulgaria.
Si fuera un ensayo, la voz diría: “¡Tango Scramble!” (con t de training, entrenamiento). Pero es real. En siete minutos (ocho menos de los 15 en los que se han comprometido a hacerlo), dos cazas Eurofighter del Ejército del Aire español están en el aire para interceptar a la aeronave no identificada que se ha adentrado en el espacio aéreo bajo responsabilidad búlgara.
El teniente coronel Jesús Salazar, jefe del destacamento del Ejército del Aire español, bromea hablando de “Lituania 2″, en alusión a la alarma que provocó la incursión de un caza ruso cuando el presidente Pedro Sánchez visitaba a las tropas españolas en la base de Siauliai (Lituania) en julio pasado. “Parece que [los rusos] lo hagan intencionadamente”, comenta.
Este es la segunda alerta real desde que los militares españoles llegaron a Bulgaria. La anterior se produjo el 17 de febrero, justo el día en que recibían la certificación de la OTAN. Con la información recabada por los equipos de inteligencia electrónica se pudo identificar de qué avión ruso se trataba, ya que rehusó hacerlo voluntariamente. Los cazas españoles no solo tienen la misión de impedir que se viole el espacio aéreo de Bulgaria, sino también de vigilar la zona cuyo control ha atribuido a este país balcánico la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y esta se adentra unos 150 kilómetros al interior del Mar Negro. La irrupción de aviones no identificados y sin plan de vuelo no solo amenaza la soberanía de Bulgaria, sino que supone un riesgo para la seguridad de la aviación comercial, subraya el teniente coronel.
Los Eurofighter españoles vuelan bajo control del centro de tráfico aéreo de Sofía, pero la orden de despegar la da el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC por sus siglas en inglés) de la OTAN, con sede en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), responsable de la defensa aérea del flanco sur de la Alianza Atlántica.
Los militares españoles sospechan que los aviones rusos se adentran hasta el límite del espacio aéreo búlgaro para poner a prueba sus defensas. La base de Graf Ignatievo está a más de 200 kilómetros de la costa, lo que retrasa su intervención, pero es la única con cable de frenado para un aterrizaje de emergencia.
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La presencia de los cazas españoles “se enmarca en el contexto de las tensiones en torno a Ucrania”, admite el ministro búlgaro. Robles subraya que “la unidad es la mayor fortaleza” de los aliados y que el envío de los Eurofighter es un “apoyo a la vía diplomática y de diálogo” por la que la OTAN y la UE apuestan “de manera firme e inequívoca” para resolver la actual crisis.
El destacamento Strella (así bautizado porque esa palabra, “dardo” en búlgaro, es el indicativo radio de los aviones españoles) está formado por 130 militares, de los que más de un centenar procede del Ala 14, con base en Los Llanos (Albacete).
Hasta ahora, Bulgaria —uno de los aliados que mejores relaciones mantiene con Moscú― no había pedido el apoyo de la Alianza, pero la amenaza rusa le ha hecho cambiar de opinión. Los militares españoles han sido los primeros en llegar a esta base (a la que tuvieron que traer de todo, dadas sus carencias), pero no serán los últimos. Cuando se marchen, el 31 de marzo, le sustituirán los holandeses. El órdago de Putin ha conseguido como primer efecto atraer a más tropas de la OTAN a sus puertas.
Moscú despliega 600 aviones y 30 buques
El mar Negro es un hervidero desde que se inició la escalada de tensión. Rusia tiene desplegados en la zona unos 600 aviones y más de 30 buques —algunos llegados desde el mar de Barents o el Pacífico— navegan por sus aguas. La realización de maniobras navales y aéreas en el Mar Negro no solo es una exhibición de músculo, sino una forma de presionar a Ucrania. La declaración de zonas de exclusión reservadas a ejercicios militares obliga a desviar el tráfico civil y el temor a una guerra encarece los seguros de los fletes. El resultado es que el puerto ucraniano de Odesa ha reducido drásticamente la entrada y salida de mercancías. En cambio, las flotas aliadas no han cruzado el Bósforo y siguen en el Mediterráneo. La OTAN quiere evitar un incidente indeseado que haga de chispa en el actual polvorín.
Una mujer observa los retratos de seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, el 6 de enero de 2022, en San Salvador (El Salvador).Rodrigo Sura (EFE)
La sentencia contra el coronel y ex viceministro de Defensa Inocente Orlando Montano por la matanza en 1989 de seis jesuitas —cinco de ellos españoles— en El Salvador, confirmada hace un año, parecía cerrar tres décadas de impunidad por el asesinato de Ignacio Ellacuría y los otros cinco religiosos. Sin embargo, el anuncio de la reapertura del caso por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano da cuenta de que todavía falta mucho para que los hechos se esclarezcan y todos los militares implicados sean responsabilizados.
“La decisión la recibimos con agrado, ya que se responde a una demanda de justicia y de verdad, tanto de parte de la Compañía de Jesús como de la Universidad Centroamericana (UCA) y los familiares de las víctimas”, ha dicho el sacerdote jesuita Andreu Oliva en declaraciones a Efe. Andreu es rector de la UCA, en cuyo campus universitario se produjo la masacre.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó frenar la investigación contra los hombres señalados como autores intelectuales de la masacre. Ante la decisión, que representó un golpe para las familias y la comunidad religiosa a la que pertenecían los religiosos, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó en noviembre pasado un amparo ante el Constitucional para que revisara la decisión. Para el fiscal, cerrar el caso significó ir “contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
El asesinato de los sacerdotes y dos colaboradoras ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante la guerra civil de ese país. En medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana. Ellacuría se había convertido en una figura incómoda para el Gobierno de El Salvador. Junto a él fueron tiroteados otros cuatro religiosos españoles (Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno); y uno salvadoreño, Joaquín López, además de la esposa e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.
Los militares entraron en la universidad con el propósito de matar a quien era su rector, el jesuita Ellacuría y a sus compañeros, prestigiosos intelectuales que analizaban críticamente la realidad del país centroamericano.
Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, René Emilio Ponce [quien ya falleció] y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años de prisión.
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La decisión del Supremo ha abierto una nueva oportunidad para conocer la verdad sobre uno de los crímenes que han marcado la historia del país centroamericano. “Si realmente se llega a determinar quiénes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados”, ha asegurado el sacerdote jesuita Andreu Oliva.
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