El de María del Carmen Ibanchí fue uno de los cuatro feminicidios que ocurrieron en Colombia entre el 31 de diciembre de 2021 y 1 de enero del 2022.
El de María del Carmen Ibanchí fue uno de los cuatro feminicidios que ocurrieron en Colombia entre el 31 de diciembre de 2021 y 1 de enero del 2022.
Noticias Valle del Cauca.
En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de quien sería el presunto responsables del homicidio de la líder social María del Carmen Imbachí, asesinada el 31 de diciembre de 2021 en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca.
Informaron que el hombre fue identificado como Jhon F. E., conocido como alias ‘Caimán’, un presunto integrante del grupo armado organizado residual (Gaor) Adán Izquierdo.
Alias ‘Caimán’ es el capturado.
Como se recordará, los hechos tuvieron lugar en el corregimiento Buenos Aires, lugar en donde Ibanchí se desempeñaba como secretaria de la Junta de Acción Comunal de la zona rural.
Ella se encontraba en una tienda de su propiedad cuando fue atacada.
Llegaron en moto a asesinarla
Las autoridades confirmaron que pudieron evidenciar que al lugar de los hechos «llegó una pareja en una motocicleta y tras presuntamente identificarse como integrantes de la compañía Adán Izquierdo, al parecer, llamaron a la víctima a una reunión».
Informaron que de acuerdo al material probatorio recopilado en ese momento, «la habrían increpado y, posteriormente, le dispararon en frente de la comunidad».
Agregan que la captura de ‘Caimán’, presunto homicida, se llevó a cabo en el corregimiento Los Bancos, del municipio San Pedro «y fue adelantada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y Ejército Nacional».
La Fiscalía confirmó que al hombre le fue imputado homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones agravado.
Por lo que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
La #Fiscalía judicializó al presunto responsable del homicidio de la líder social María del Carmen Imbachí, asesinada el 31 de diciembre de 2021, en zona rural del municipio de San Pedro, Valle del Cauca. Se trata de Jhon Islán Flórez Espinoza, alias Caimán. pic.twitter.com/6gRy99rOCr
Cuatro feminicidios entre el 31 de diciembre y 1 de enero
El final del año 2021 e inicio del 2022 estuvo marcado por varios hechos de violencia que tienen de luto a varias familias en el país; todos los casos por feminicidios.
Quienes fueron identificadas como Mariela Moncada, Yina Padilla, Inés Fragozo y María del Carmen Ibanchí respectivamente.
Caso en Santander
Desde tempranas horas de la mañana del pasado viernes 31 de diciembre las autoridades y medios de comunicación de Santander reportaban una trágica noticia.
La información llegaba desde el barrio San Bernardo en de Floridablanca.
Al interior de una vivienda se escucharon al menos tres fuertes detonaciones que aunque inicialmente se confundieron con pólvora, luego se confirmó habían sido disparos.
El ataque acabó con la vida de Mariela Moncada, una mujer de 58 años.
A pocas horas de gritar ‘Feliz Año’, en Floridablanca una mujer fue asesinada al parecer, a manos de su esposo.Hipótesis que maneja las autoridades es que en medio de una discusión, el esposo habría desenfundado una pistola y disparado en medio de un ataque de supuestos celos. pic.twitter.com/AJQqU37C9e
— Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) January 2, 2022
Autoridades aseguran que la persona que habría accionado el arma de fuego en medio de una discusión fue su esposo, Humberto Sandoval. Un policía retirado que trabajaba como escolta.
Caso en Córdoba
El otro de los casos lamentables casos que se registraron durante el final e inicio de año tuvo lugar en el barrio Pablo Sexto, de Montelíbano, durante la madrugada del 1 de enero, tal como reportó El Heraldo.
Y es que de acuerdo a lo publicado por el diario, la situación fue reportada sobre las 4:00 de la mañana de este sábado 1 de enero, cuando una mujer identificada como Yina Padilla perdió la vida, presuntamente por parte de su excompañero sentimental.
Tercer feminicidio, en La Paz – Cesar
El tercer caso también tuvo lugar en la costa Caribe colombiana este sábado 1 de enero.
La víctima fue identificada como Inés María Fragozo, una mujer de 39 años de edad, quien habría sido atacada en medio de la celebración de Año Nuevo por parte de su compañero sentimental con un arma blanca.
La pareja tuvo dos hijas de 15 y 13 años. Tras el ataque, el sujeto fue capturado por las autoridades.
🇨🇴 | Mató a su mujer a puñaladas en el municipio de La Paz, el feminicida ya fue capturado Las cifras de feminicidio no cesan, en esta oportunidad la víctima fue Inés María Fragozo (39), quién falleció a manos de su pareja sentimental identificado como Jhon Jairo Millán (35) pic.twitter.com/BRpAnwN6sk
El cuarto caso tuvo lugar en el corregimiento Buenos Aires jurisdicción del municipio de San Pedro en el Valle del Cauca.
Allí, mientras varios en el país celebraban el Nuevo Año, una familia vivía una verdadera tragedia.
Pues frente a todos, fue sacada de su vivienda y asesinada la lideresa comunal María del Carmen Ibanchí Molina.
Anoche fue asesinada la lideresa comunal María del Carmen Molina, sacada de su vivienda y masacrada delante de su familia en San Pedro Valle cgto de Buenos Aires zona montañosa un acto que rechazo y lamento pic.twitter.com/1JXuWG9CCv
Eduardo Wado De Pedro es el hombre clave del Gobierno argentino. Hijo de desaparecidos, niño robado por la dictadura -su madre murió ametrallada por los represores después de meterle a él en la bañera y protegerle con su cuerpo acribillado- es el hombre clave de Cristina Kirchner en el Ejecutivo que dirige Alberto Fernández desde 2020. Da poquísimas entrevistas, pero en un viaje a España para visitar el Mobile en Barcelona y reunirse con empresarios, aprovecha para explicar a EL PAÍS su posición sobre el acuerdo con el FMI que acaba de firmarse y aún debe ser votado en el Congreso argentino, en un delicadísimo equilibrio dentro de la coalición de Gobierno.
Pregunta. ¿Cómo está Argentina? ¿Qué les ha contado en este viaje a los empresarios que le preguntan?
Respuesta. Tuvimos una situación compleja con restricciones externas producto de un gobierno que hiperendeudó a la Argentina [el anterior, de Mauricio Macri, de 2015 a 2019]. Pero después de cuatro años de un Gobierno que destruyó al sistema productivo y dos años de pandemia, estamos en vías de recuperación y hay muchas oportunidades. El 5G, por ejemplo, es un asunto clave para Argentina, por eso el viaje al Mobile. Estamos en números superiores a los de pre pandemia. En 2021 crecimos al 10%. Tenemos récord de producción de gas y de exportaciones agropecuarias, aumentamos la del petróleo, la metalmecánica o la del litio.
P. Europa está en shock por la guerra en Ucrania. ¿Argentina está con Putin?
R. El presidente de la nación y el canciller fueron contundentes a la hora de condenar la invasión a Ucrania. Argentina defiende los principios de la integridad territorial, respeto a los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos. Recordemos que Argentina sigue reclamando la soberanía de las Islas Malvinas, como también apoyamos la reivindicación de España por Gibraltar. Estamos en contra de las guerras.
R. El viaje estaba enmarcado en una gira de otra connotación, que nada tenía que ver con la discusión del conflicto con Ucrania.
P. ¿Fue un error?
R. Creo que el presidente y el canciller fueron claros a la hora de mantener la posición de Argentina sobre Ucrania.
P. ¿Ese viaje puede hacer que EE UU endurezca su posición sobre Argentina en el FMI?
R. Nosotros acabamos de llegar a un acuerdo con el FMI que ahora fue enviado al Congreso. No creo que sea bueno para los organismos internacionales que se usen los organismos financieros para condicionar la libertad de los países.
Queremos pagar. La pregunta es si el FMI tiene la voluntad de dejar que Argentina crezca para poder cumplir
Eduardo de Pedro
P. ¿Pero dónde está ahora Argentina, más cerca de Rusia o de EEUU?
R. Nosotros apostamos al fortalecimiento de la región de América del Sur, a integrar a los países en una alianza que genere estabilidad política y económica como Europa, con una moneda única y una solidaridad que se mostró en la pandemia. Apostamos a sacar de la pobreza al 50% que tenemos en Argentina, y lo mismo quiere Lula [da Silva] y otros muchos. Queremos generar economías fuertes, democracias fuertes, con un nivel mucho menor de dependencia de las potencias que juegan en la región. El Gobierno argentino quiere tener autonomía para poder resolver los problemas.
P. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo del FMI que acaba de presentar su Gobierno?
R. La deuda que tomó el Gobierno de Cambiemos [Macri] fue irresponsable. Fueron más de 44.000 millones de dólares, y 9 de cada 10 se utilizaron para financiar la fuga de capitales. Nada de ese dinero se usó para construir la infraestructura necesaria o fortalecer el sistema de salud, o el científico. Es una cifra similar a que va a recibir España para digitalizar toda su economía y hacer la transición energética, unos 47.000 millones. En Argentina se usó para fugar capitales. No hay un ladrillo, una computadora, un parque eólico nuevo.
P. ¿Es un buen o un mal acuerdo?
R. Es un acuerdo que evita una catástrofe económica en lo inmediato en Argentina. Ahora comienza una etapa donde vamos a seguir necesitando el apoyo internacional para que el FMI siga contemplando la voluntad del Gobierno de resolver el problema, pero en una coyuntura que cambió a raíz de esta guerra.
P. ¿Qué tiene de bueno y qué de malo?
R. El acuerdo es el comienzo de la solución. Evita una catástrofe en lo inmediato. Ahora el FMI tiene que comprender la nueva etapa en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza. Necesitamos que el Fondo contemple la nueva coyuntura en el marco de una guerra que está cambiando la economía mundial.
P. ¿Cuál es el riesgo?
R. Así como la UE en 2009 trató a los países de una forma y en 2020 en pandemia cambió la forma de resolver los problemas, necesitamos que el FMI tenga una actitud distinta a la que tuvo en 2009 con Grecia y Portugal y entienda la nueva realidad de los países. Necesitamos que nos dejen crecer para poder cumplir.
“Cristina Kirchner preside el Senado. Hay discusiones, pero el que toma las decisiones es el presidente”.
Eduardo de Pedro
P. ¿Este acuerdo va a salir en el Congreso? No está claro siquiera si lo apoyaría su propio grupo.
R. Este acuerdo modifica el acuerdo hecho por Cambiemos en 2018. De no salir la votación en el Congreso, quedaría vigente el acuerdo de 2018. Apelamos a la responsabilidad de la oposición y confiamos en que van a acompañar la solución a un acuerdo que ellos tomaron en 2018.
P. ¿Y su grupo? La Cámpora, el grupo que usted lidera, enviaba estos días mensajes muy duros en redes sociales contra el FMI.
R. La Cámpora ha recordado las palabras de Néstor Kirchner donde hay muchos ejemplos de que el FMI no contribuyó a resolver los problemas sino que terminó profundizando las desigualdades. Nosotros seguimos apelando a que la independencia económica y soberanía política son fundamentales para que los países crezcan. Hay determinados condicionamientos del FMI que no concuerdan con la realidad que vivimos en Argentina.
P. ¿El Gobierno, con las divisiones internas que hay, tendrá fuerza para aplicar el acuerdo del Fondo en los dos años que quedan?
R. Es un Gobierno que recibió el país con fuertes restricciones, que a los tres meses tuvo la fortaleza de enfrentar una pandemia sin ayuda externa como la que tuvo Europa. Fortalecimos el sistema de salud, hicimos el plan de vacunación gratuita más grande de la historia. Pudimos sostener el sistema productivo. Mantuvimos el poder adquisitivo de los argentinos con un ingreso universal. Este Gobierno va a tener la fortaleza de un pueblo que siempre supo salir de las peores crisis.
P. ¿Argentina va a pagar al FMI?
R. Los Gobiernos peronistas siempre pagaron las deudas que generaron otros. Néstor Kirchner canceló [en 2006] el total de la deuda con el FMI. Queremos volver a esa autonomía. El Gobierno argentino tiene la voluntad de pagar. La pregunta es si el FMI tiene la voluntad de dejar que Argentina crezca para poder cumplir.
P. ¿Está descartado el escenario de que el plan no salga en el Congreso o haya un default como en 2001?
R. Recuerdo bien el 2001 porque acabé en el hospital por los golpes de la policía cerca de la plaza de Mayo. Hoy los opositores argentinos son los mismos que gobernaron en la crisis de 2001 y se terminaron yendo. Esperamos que no sean otra vez los responsables de generar una crisis como en 2001.
“El presidente fue contundente en el rechazo a la invasión en Ucrania. El viaje a Moscú fue en otro contexto”
R. Máximo no abandonó el Frente de Todos, sigue siendo parte. Puso a disposición del presidente la presidencia del bloque por tener diferencias en el modo en que se llegó al acuerdo con el FMI.
P. ¿Eso pone en riesgo la votación?
R. Eso quiere decir que el presidente de la Nación tiene el control total sobre la presidencia del bloque de diputados. Eso fortalece la posición del presidente en el Congreso. Máximo es respetuoso de las instituciones y puso en sintonía al presidente de la Nación con la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados.
P. ¿Estuvo de acuerdo con esa decisión?
R. Fue una decisión muy personal de Máximo Kirchner.
R. Hoy la relación es muy buena. En toda coalición política hay discusiones internas. Nosotros las promovemos. La discusión es la parte más rica, a partir de ahí se toman mejores decisiones, no la vemos como un problema. Cuando se suprime la discusión se toman peores decisiones.
P. ¿Alberto Fernández debería ser candidato a la reelección?
R. En Argentina, los Gobiernos con buena gestión reeligen a sus presidentes.
P. Pero ha tenido mucho desgaste.
La deuda que tomó Macri fue irresponsable. Los peronistas siempre pagan la deuda de otros
Eduardo de Pedro
R. El desgaste natural de todos los gobiernos durante una pandemia y más teniendo en cuenta la situación económica con la que llegamos. Creemos que la recuperación económica va a fortalecer la figura del presidente.
P. ¿Y la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Algunos dicen que prácticamente es nula.
R. Argentina es un país presidencialista, la gestión está a cargo del presidente. La vicepresidenta preside el Senado. Es una relación que entra dentro de la lógica de la coalición. Hay debates y discusiones, pero el que toma las decisiones es el presidente.
P. ¿Argentina tiene arreglo?
R. Sí, tiene arreglo porque tiene la experiencia. Entre 2003 y 2015 Argentina creó 4 millones de puestos de trabajo nuevos, incluyó 6 millones de personas en el sistema jubilatorio, se crearon 275.000 empresas, se desendeudó, entramos al grupo de países productores de satélites, creamos 20 universidades nuevas, construimos hospitales. No fue un periodo perfecto, siempre se cometen errores, pero se ensanchó la clase media, sacamos a millones de argentinos de la pobreza.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita la ciudad amazónica de Puerto Maldonado (Perú).Presidencia de Perú (Presidencia de Perú EFE)
Los continuos ataques y amenazas entre el Ejecutivo y el Congreso de Perú son como un par de contrincantes de boxeo que forcejean uno agarrado del cuerpo del otro desde 2018. En consecuencia, los ciudadanos cada vez creen menos en las instituciones, el Parlamento tiene un 82% de desaprobación y el presidente un 63%, según el Instituto de Estudios Peruanos. En los siete meses que lleva Castillo en el Gobierno la crisis es constante. En un nuevo episodio de esta dinámica, la noche del lunes dimitió el ministro de Transportes, Juan Silva, mientras el Congreso debatía una moción de censura en su contra por nuevas investigaciones fiscales de concesiones amañadas. Con Silva, son ya 30 los ministros que han pasado por los gabinetes del maestro rural.
Silva era uno de los cuatro sobrevivientes del primer Gobierno que formó el presidente Pedro Castillo a fines de julio cuando asumió el mandato. Permaneció en el cargo pese a que desde noviembre la prensa había denunciado que una gestora de intereses traficó influencias a favor de una empresa para el contrato de construcción de un puente, por 61 millones de dólares. La concesión infringió las normas de contratación estatal y fue anulada en enero. Sin embargo, como en el Congreso están representados los transportistas informales y Silva promovía normas a su favor, no prosperaron las mociones de censura contra él.
Su tiempo en el Gobierno terminó este lunes, después de que el domingo la prensa de Lima publicara partes de la declaración a la Fiscalía de la lobista Karelim López. La empresaria aseguró que el ministro Silva formaba parte de una red que amañaba licitaciones, junto con cinco congresistas del partido Acción Popular, el ex secretario general de la presidencia, sobrinos de Castillo y el propio jefe de Estado, entre otros.
Castillo negó el domingo ser parte de una red de crimen organizado y arremetió contra el Ministerio Público mientras congresistas de la oposición y medios de comunicación pedían la vacancia presidencial, su renuncia o su destitución. “La Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”, cuestionó el profesor rural y sindicalista. Además, pidió a esa entidad continuar con la investigación y dar “las explicaciones objetivas en el plazo más breve”. Sin embargo, por ley, la fiscal general no puede investigar al mandatario mientras está en el cargo.
La magistrada Zoraida Ávalos abrió una investigación contra Castillo en enero, y las diligencias avanzan con los otros involucrados, pues el presidente solo puede ser investigado al terminar su mandato -o si el Congreso le hace un antejuicio para retirarle el fuero-. “Estamos investigando al presidente Castillo por el tema de los ascensos (militares) irregulares, el Puente Tarata y PetroPerú. En mi resolución firmada el 4 de enero hay un común denominador y es la señora Karelim López”, comentó la fiscal Ávalos en una entrevista por televisión la noche del domingo.
Los partidos que presentaron en diciembre una moción de “vacancia por incapacidad moral permanente” contra Castillo no lograron los votos suficientes para que la cuestión fuera admitida a debate en el pleno del Congreso, y están buscando firmas para plantear la cuestión otra vez. Si la admitieran, no cuentan con los 87 votos necesarios para echar al presidente. Sin embargo, Hernando Guerra García, parlamentario del fujimorista Fuerza Popular, planteó el lunes que la cuestión sea debatida para que el presidente dé su versión al Parlamento sobre las investigaciones en su contra.
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En otro de los frentes que asedian al presidente, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó el lunes investigar a Castillo por el presunto delito de “traición a la patria”, uno de los cinco motivos por los que un presidente puede ser destituido, de acuerdo a la Constitución. Además, la derecha opositora sostiene todavía que hubo fraude en los comicios, pese a que la Fiscalía y los observadores internacionales demostraron que se realizaron conforme a ley. En el Congreso, una comisión sigue investigando ese supuesto fraude entre voces que piden su destitución o vacancia presidencial.
Las amenazas llevaron a Castillo a dar en febrero otro giro a su Gobierno para restituir las relaciones con Cerrón y asegurarse algunos votos y escaños en caso de que prospere alguna moción en su contra. Así, descartó a cuatro ministros competentes y con trayectoria política limpia, para incorporar a cuadros afines al líder de Perú Libre. Dos de ellos ya le están generando problemas con el Congreso, que pide su renuncia. Se trata del ministro de Salud, un promotor de pseudociencia, y el de Justicia, que tiene 70 denuncias por negligencia como procurador de un gobierno regional, reveló el diario El Comercio.
El 8 de marzo el primer ministro Aníbal Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso. La necesidad de supervivencia política de los líderes del Ejecutivo y el Congreso podría llevar a una negociación bajo la mesa, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, con el argumento de favorecer la “gobernabilidad”. Pase o no, la inestabilidad política de Perú no tiene visos de parar.
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Seguidores del presidente Castillo exigen el cierre del Congreso para que el presidente gobierne por decreto, durante una marcha celebrada en Lima, Perú, esta semana.leslie searles
No tiene televisor, ni radio y no está acostumbrado al hábito de la lectura. Para aligerarle la tarea, los asesores le resumen en un documento de Word los principales titulares de los periódicos. El presidente ojea la página en la silla de su oficina de estilo virreinal con acceso a un balcón y vista a un parterre. Los que han visitado el lugar en estos seis meses destacan que dentro reina la tranquilidad de un jardín japonés. “Fuera se derrumba el Perú, pero ahí parece que no pasa nada”, cuenta un ministro que perteneció al Gabinete hasta hace una semana.
La sorprendente llegada al poder en julio del año pasado de Pedro Castillo, un profesor rural de 52 años sin ningún vínculo con el establishment, acaso el presidente más improbable de la historia del país andino, no ha frenado la descomposición institucional de la nación. Su Gobierno, como los anteriores, vive una crisis continua. El presidente ha remodelado su Gabinete (o se ha visto obligado a hacerlo) en cuatro ocasiones. El penúltimo equipo de ministros solo le duró siete días. Son ya 29 los ministros cambiados. El Congreso, controlado por la derecha, maniobra desde noviembre para destituirlo. Castillo, un hombre que siempre aparece con un sombrero con el que reivindica la diversidad cultural del país, podría enfrentar el mismo destino trágico que sus predecesores en el cargo, que acabaron censurados, en la cárcel o quitándose la vida.
Perú, de 33 millones de habitantes, se ha sumido de nuevo en la convulsión. En América Latina se le ha puesto la etiqueta de ingobernable. Se suceden los dirigentes quebrados. Los peruanos se preguntan qué clase de maldición ha caído sobre ellos. El poder está copado por extremos que, bajo la superficie, se sostienen por estructuras corruptas y clientelares. Problemas históricos como la educación, la sanidad o el transporte permanecen irresolubles porque muchos congresistas trabajan como garantes del statu quo de estos sectores, amparados en la informalidad. La palabra gruesa domina el debate público. El Congreso, siempre fragmentado al no existir los partidos políticos tradicionales, es una herramienta para delimitar el poder presidencial y, llegada la hora, guillotinarlo. Perú lleva en esa espiral seis años.
El congresista Guido Bellido, el primer jefe de gabinete que nombró Castillo, conversa con una ciudadana en las calles de Lima, esta semana.Leslie Searles
Castillo llegó con un mensaje de apoyo a los pobres y de lucha contra las empresas extranjeras extractivas que le valió el apoyo de los más desfavorecidos, sobre todo en las regiones andinas. En este tiempo ha confiado la economía a políticos sólidos que han mantenido los mercados al alza. La moneda, pese a todo, ha permanecido estable. La vacilación de sus gabinetes, sin embargo, ha frenado las reformas sociales y económicas que se necesitan.
Los ministros que se han ido en las últimas semanas del Gobierno describen a Castillo como un hombre hermético, rodeado de unos asesores que controlan toda su agenda. Ni la primera ministra Mirtha Vásquez, la número dos, tenía acceso directo a él. “En Palacio tienen una política perversa. Todo el día lo tienen recibiendo gente de su pueblo (Castillo es de un lugar remoto de los Andes), amigos, conocidos…”, describe Vásquez. Ella y otros consultados concuerdan en que predomina la extrema informalidad y la improvisación constante.
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La minoría con la que gobierna Castillo le obliga a buscar alianzas con otros pequeños grupos en la Cámara que, llegado el momento, puedan frenar un proceso de destitución. El resultado es una amalgama de ideologías e intereses contrapuestos. El profesor hizo campaña con un partido marxista-leninista, Perú Libre, integrado por sindicalistas y líderes universitarios de la vieja izquierda, muy conservadores en lo social, homófobos y misóginos. Cuando Castillo llegó por sorpresa a la segunda vuelta se le unió la progresía urbana limeña, que confiaba en imponerle una agenda moderna. Lo ha logrado a medias. A su vez se suman otros grupúsculos regionales con intereses muy particulares, acostumbrados a las pequeñas corruptelas de la política de pueblo. Así se explica que para sustituir a una feminista como Vásquez en el consejo de ministros nombrara a Héctor Valer, un ultraconservador denunciado por maltrato. El clamor popular le hizo rectificar. O que ahora nombre ministro de Sanidad a un médico que publicitaba un agua milagrosa.
Acostumbrado a la libertad del campo, Castillo se queja a menudo de la claustrofobia de vivir encerrado en Palacio. Cuando el anterior presidente Francisco Sagasti le mostró las dependencias dijo, medio en broma, que no había espacio suficiente para una vaca. No le entusiasma la comida sofisticada que prepara el chef de la casa de Gobierno. Prefiere prepararse él mismo una sopa en un apartamento de la ciudad, la que se conoce como la casa de Sarratea. Allí también despachaba como jefe de Estado hasta que le avisaron de que podría estar infringiendo la ley. La Fiscalía ha abierto una investigación por una reunión que mantuvo con una lobista que después medió en una concesión. Alguno de sus ministros le sugirieron que levantara su secreto bancario para despejar cualquier duda de enriquecimiento ilícito.
—¿Qué es eso?—, preguntó Castillo.
—Van a entrar en su cuenta para mirar cuánta plata tiene—, le respondieron.
—Van a ver que traigo deudas porque construí una casa con mi papá.
—Entonces verán que usted es inocente, presidente.
La coincidencia de su presidencia con algunas fechas históricas dispararon las expectativas. Se celebró el bicentenario de la independencia de Perú. Los 500 años de la conquista de México. La gente volvió a creer en las utopías. Por fin, se decía, los oprimidos llegarán al poder. Castillo era un símbolo sociocultural que despertó el temor de las élites. “Hemos bajado la valla en el cerebro de la gente”, explica Guido Bellido, el primer ministro del primer Gabinete. “Ha llegado a la presidencia el último de la clase, el que tenía todas las limitaciones, el más humilde”, añade. Bellido, quechua, cuestionado cuando llegó por sus bravatas homófobas en redes sociales, se pone a sí mismo como ejemplo: “Si yo he sido premier, lo puede ser cualquier peruano”.
Anahí Durand fue la primera ministra de la Mujer de Castillo. En un escenario tan polarizado, su partido de izquierdas, Nuevo Perú, se volvió el centro. Apoyó a Castillo frente a la corrupción histórica de Fujimori y su entorno, que era la otra alternativa. Les criticaron por respaldar a un presidente cuyo entorno era ultraconservador. “La élite estaba en pánico porque es racista, clasista, les asustaba todo lo que implicaba que llegara alguien como Castillo. Desde el primer minuto quisieron acabar con él. En un escenario tan hostil, la precaridad del Gobierno se ha sentido más”. Cree que esta insistencia lanza un mensaje preocupante, antidemocrático. La subsistencia se convierte más en un objetivo que el acto de gobernar el país: “Impone una lógica de supervivencia y una pérdida de rumbo estratégico. Hemos recibido un país devastado con 200.000 muertos, se ha desvalorizado todo lo que hemos hecho. Sea cual sea el escenario, pierde la izquierda”.
En noviembre del año pasado, según una fuente, Castillo quiso declarar el estado de emergencia. La oposición había convocado una marcha en Lima para promover su destitución. Le dijo a su gente de confianza que tenía informantes en provincia y que venían muchos autobuses, que iba a ser una manifestación gigantesca. “¿Cómo vamos a sacar los militares a la calle? Esto no es Centroamérica”, le cuestionó su número dos, Vásquez. Otros ministros, sin embargo, creyeron que era una buena idea. Horas después, el presidente desistió del plan. La marcha fue pequeña y no tuvo apenas repercusión. “¿Ve presidente? No era nada”, le escribieron por chat.
El exministro Avelino Guillén dimitió de su cargo por la poca firmeza que ha demostrado Castillo para combatir la corrupción policial, retratado en su casa de Lima, esta semanaLeslie Searles
Vladimir Cerrón ve en su despacho Willax Tv, un canal de televisión por cable, difusor habitual de bulos de la ultraderecha. El anticastillismo extremo. Cerrón, neurocirujano y presidente de Perú Libre, quería ser candidato el año pasado, pero le inhabilitaron por un caso de corrupción cuando era gobernador de una región. Entonces eligió a un líder sindical de los maestros que tenía cierto carisma. Ese hombre era Pedro Castillo. Su idea era conseguir un número de congresistas decente para ir entrando en la vida política nacional. Sin embargo, se encontró con una victoria que nadie esperaba. “Castillo fue una voz antisistema durante la pandemia, en un momento crítico. Él expresó eso, no solo en cómo habla, camina y se viste. También maneja una sintaxis pueblerina que el pueblo entendió fácil”, explica.
Cerrón se refiere a Castillo como “el del sombrero” o “el ensombrerado”. Por su locuacidad, radicalidad de ideas ultraizquierdistas, muy conservadoras a la vez, sus enemigos siempre han dicho que Cerrón es una especie de presidente en la sombra. Quizá fue así hasta que Castillo destituyó en octubre a su primer gabinete y se alejó de Cerrón. En el cuarto Gobierno, el que vivimos ahora, Castillo vuelve a contar con varios políticos del partido, algunos francamente mejorables. “Considero de que si el presidente se aparta de Perú Libre como lo ha estado las primeras ocasiones definitivamente las malas compañías lo van a llevar al filo de la corrupción. Ahora vuelve a tomar el contacto con el partido, que marca una línea política (marxista). Si el presidente mantiene esa línea, va a terminar su periodo (en 2026)”.
Cerrón se refiere a los vacíos de los que hablan los que han trabajado estrechamente con él: “Por su extracción de clase es lógico que no tenga los conocimientos de un estadista. Pero los líderes nacen con esas cualidades innatas, como Evo Morales. Uno puede llegar con múltiples carencias al Gobierno, pero lo imperdonable es que una vez dentro no se quiera aprender. Yo creo que Pedro está aprendiendo”.
¿Qué flota en el ambiente cuando un presidente está a punto de que lo destituya el Congreso?
De eso debe saber algo Martín Vizcarra, un señor alto, con el pelo tintado de negro. Lo echaron después de dos años y ocho meses de gestión, tras haber sustituido a Pedro Pablo Kuczynski, investigado por tráfico de influencias en el caso Odebrecht. “Era lunes, 9 de noviembre de 2020″, recuerda la fecha funesta. Nos observa un retrato suyo gigantesco incrustado en el mural de la sede de su partido. Más tarde le inhabilitaron para ejercer un cargo público al descubrirse que se había vacunado cuando no le tocaba, en un momento en el que las morgues estaban llenas. Su popularidad tocó fondo. En las librerías hay varias novedades demoledoras en su contra, sobre todo porque una buena parte de la población le creyó, le vio como el político que venía a acabar con la condena de la ingobernabilidad. No resultó. Sin embargo, aspira a volver a presentarse y ganarse de nuevo a los peruanos. ¿Se merece Castillo pasar por donde pasó él? “Sí, son cosas diferentes. A mí me apoyaba la gente, a él ya no”, sostiene con los ojos brillosos.
El expresidente Matín Vizcarra, el último presidente peruano destituido por el Congreso en 2020, retratado en la oficina de la sede de su partido, en Lima, Perú, esta semana.Leslie Sears
Castillo es un presidente que toma decisiones en aguas turbias. O más bien, que no las toma. El ministro de Interior, Avelino Guillén, empezó a alertarle hace meses de que el jefe de policía comandaba una mafia que vendía ascensos y traslados de oficiales por 20.000 dólares. Además, había debilitado las unidades anticorrupción. Guillén, narra en el salón de su casa, esperaba horas en la puerta de su oficina hasta que le daba entrada para hablar del asunto. Después descubrió, por el registro de visitas, que el presidente despachó en más ocasiones con el mando policial que con él. “Se maneja de manera errática. Y lo que es chocante es que está desconectado de la realidad. Él depende solo de la información que le dan sus asesores, que se la dan sesgada”, agrega. Guillén dimitió después de que el presidente le dejara en visto un mensaje de WhatsApp. Antes mantuvieron una última reunión, según otros testigos presentes, en la que se discutió la reforma policial.
—La policía es una institución muy corrupta— le volvió a advertir el ministro de Interior.
—¿Sí? Yo ni sé cómo funciona la policía— contestó, de acuerdo a esta versión.
—Sí lo sabe, le he hecho llegar documentos donde le explico— insistió Guillén.
En ese momento, Castillo trata de abrir sin éxito un cajón de su escritorio. Y dice:
—Lo guardé acá, pero he perdido la llave.
De acuerdo con el testimonio de la gente que ha frecuentado el palacio, vive obsesionado con la intercepción de sus comunicaciones. Borra todos los mensajes instantáneos que envía por teléfono cuando la otra persona ya lo ha leído. Pretendía instalar una oficina del servicio secreto peruano cerca de su despacho. En ese cargo ha colocado a un jefe de policía de Chota, de donde es él, con poca experiencia en el mundo de los espías. El funcionario envía los informes confidenciales a través de WhatsApp, que viene a ser como subirlos a un foro de Internet. Suya era la idea de instalar un polígrafo y Castillo estaba de acuerdo, pero finalmente le convencieron de que no resultaba de ninguna utilidad.
La popularidad de Castillo se ha desplomado. Algunos indicadores de su Gobierno, no. La vacunación de los peruanos ha seguido a un buen ritmo y las clases presenciales volverán el mes que viene. La sensación alrededor del Gobierno, sin embargo, es de caos e ingobernabilidad. Las reformas en los transportes, las pensiones y la Constitución que prometió el presidente en campaña ni siquiera han echado a andar. Sus enemigos del Congreso lo quieren destituir, pero si ocurre eso, ¿con qué nos encontraremos? “Después de esta crisis, otra crisis. Así nos hemos acostumbrado a vivir aquí”, resume un intelectual peruano.
Con la colaboración de Jacqueline Fowks.
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Pedro Castillo saluda a Mirtha Vásquez tras jurar su cargo como primera ministra, el 6 de octubre en Lima.PERU PRESIDENCY (Reuters)
Pedro Castillo vive su momento más difícil desde que llegase a la presidencia, que en su caso no es decir poco. La falta de firmeza del profesor rural contra la corrupción policial de la que le había alertado en repetidas ocasiones su ministro de Interior ha provocado una cascada de dimisiones en su gabinete que amenaza con llevárselo a él también por delante. Castillo se encuentra más solo que nunca.
La última en presentar su renuncia ha sido su mano derecha, Mirtha Vásquez. Se va denunciando que la estructura del Estado permanece secuestrada por elementos incontrolados que torpedean investigaciones por corrupción. El deep state peruano. La primera ministra confiaba en llevar a cabo reformas y cambios en la jerarquía para combatir estas mafias enraizadas en el corazón del sistema. Ante la falta de acción del presidente, al que en repetidas ocasiones sus colaboradores le han presentado pruebas de lo que estaba ocurriendo, Vásquez se va del Gobierno, lo que supone una nueva remodelación de todo el gabinete. La segunda en apenas seis meses.
La inestabilidad en la que está inmersa Perú desde hace cinco años no ha hecho sino incrementarse con Castillo. Casi a presidente por año, el país no ha terminado de encontrar un rumbo político que pueda hacer las reformas necesarias. El líder de izquierdas llegó al poder de forma accidentada por las acusaciones de fraude en las urnas de su rival, Keiko Fujimori, denuncias que no tenían ninguna base, pero que enrarecieron el ambiente. Una vez tomó posesión en verano del año pasado, creó un gabinete repleto de gente cercana a Vladimir Cerrón, el dueño del partido con el que Castillo llegó al poder. Se trata de un extremista con ideas retrógradas en lo social que fungía como una especie de presidente en la sombra.
Sin embargo, a los pocos meses, el presidente cortó con los cercanos a Cerrón. La tensión entre ellos fue máxima. Entonces pareció un golpe audaz. Daba la sensación de que el profesor quería volar por libre. En lugar de uno de los hombres de Cerrón, colocó a políticas con un perfil más socialdemócrata. Entre ellas, Mirtha Vásquez. El Gobierno parecía tomar un rumbo claro. Los problemas, de todos modos, han continuado. No hay semana en la que no haya una crisis, un escándalo, la dimisión de algún ministro que cometió alguna torpeza. Aunque es cierto que Perú devora ministros y presidentes como ningún otro país en América Latina, hasta para sus estándares esta situación resulta excesiva.
La ola la vio venir Castillo en el horizonte desde la semana pasada, aunque por lo visto no calculó su dimensión. El ministro de Interior, Avelino Guillén, le presentó el viernes su renuncia. Guillén llevaba un mes enfrentado al comandante general de la policía, Javier Gallardo, que actuaba por libre y no respondía ante el ministro. El jefe de los policías sacó a más de 1.700 agentes experimentados en unidades claves de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El ministro, el fiscal que llevó a prisión a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, pensaba que era una estrategia para disminuir la capacidad de investigación del cuerpo y le pidió su cabeza al presidente. Castillo no le escuchó, ni siquiera le respondía los mensajes al ministro.
La primera ministra trató de mediar. Le dijo a Castillo que lo mejor era mantener a Guillén y jubilar al policía. Ni así actuó el presidente, que confía más en sus asesores que en sus ministros. La consecuencia es que ella también se va y deja al gabinete a merced de una nueva aprobación en el Congreso, la tercera en medio año. La oposición ha tratado de dinamitar el Gobierno de Castillo desde el exterior, pero no hay duda de que los mayores enemigos los tiene dentro. Castillo no parece necesitar que nadie lo acerque al abismo, él se asoma solito.
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El presidente comunicó en Twitter la remodelación del Gobierno como si fuera una idea suya. En realidad, la hace obligado. Horas antes, Vásquez habían hecho saltar todo por los aires. En ese intervalo de tiempo, el ministro más sólido de ese Gobierno, el economista Pedro Francke, anunció en redes sociales que se ponía de parte de los que exigen más contundencia contra la corrupción. Castillo nunca estuvo antes tan aislado. Su supervivencia está en el aire.
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El Jurado Nacional de Elecciones de Perú informó este viernes que la fiscalía archivó seis denuncias que presentó en junio el partido Fuerza Popular contra el tribunal electoral, alegando fraude electoral después de que el escrutinio diera como ganador de los comicios generales al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, por una diferencia de más de 44.000 votos sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. En cuatro regiones, los fiscales comprobaron que no hubo falsificación de firmas ni suplantación de miembros de mesa -interventores- como aseguraban la lideresa opositora, sus aliados políticos nacionales y extranjeros y la mayoría de los medios de comunicación de la capital, dilatando la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones.
El tribunal electoral señala que el Ministerio Público le notificó que no halló elementos que justificaran continuar la investigación por el supuesto delito contra la fe pública -en la modalidad de falsificación de documentos- en mesas de votación de las regiones Ancash, Cajamarca, San Martín y Arequipa. El fujimorismo y políticos de otros partidos conservadores realizaron mítines entre junio y julio pasados, antes de la proclamación de Castillo como presidente, reclamando que les estaban robando la elección con trampas en las mesas de votación. Como parte de la campaña, los simpatizantes de la candidata realizaron escraches en la casa del presidente del tribunal electoral, presionándolo para que anulara los sufragios a favor de Castillo en las mesas que impugnaron con el argumento del fraude.
“En las diligencias fiscales, entrevistaron a los miembros de mesa presuntamente agraviados, puesto que las firmas de las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su DNI, y en todos los casos estos ciudadanos aseveraron categóricamente que las rúbricas les pertenecen”, indicó un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones. Las notificaciones de archivo de las denuncias por supuestas falsificaciones de firmas fueron emitidas entre septiembre y diciembre. En una de ellas, una ciudadana de la provincia Mariscal Luzuriaga (región Ancash), Teresa Rojas Valverde, interrogada por el fiscal el 18 de octubre, explica por qué su firma no se parece a la registrada en su DNI. “A veces no firmo igual porque soy nerviosa y mi mano se mueve mucho, por eso habré hecho una firma diferente, pero sí reconozco que mi persona ha firmado dichas actas porque he sido presidenta de mesa y he estado presente”, respondió.
Los fiscales también dijeron que los miembros de mesa acreditaron con pruebas -las credenciales y certificados que recibieron de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- que estuvieron en los locales de votación desempeñando su función y no fueron suplantados.
El politólogo Mauricio Zavaleta explica que, pese a la débil institucionalidad de la democracia peruana, el sistema electoral garantizó unos comicios limpios por varios motivos. “Luego del Gobierno de Alberto Fujimori -en el cual los organismos del sistema electoral fueron copados- hubo un compromiso de las fuerzas políticas de fortalecer estas instituciones y despolitizarlas. En los años siguientes, ya sea debido a este acuerdo inicial o la propia debilidad de los gobiernos, no hubo una injerencia sistemática de los ejecutivos en estos organismos, y se manejaron de manera relativamente autónoma. Esto fue acompañado de un proceso de fortalecimiento institucional tanto en el JNE y la ONPE, donde sus direcciones nacionales o gerencias han sido por lo general ocupadas por personal profesional y especializado”, comenta.
Pero para Zavaleta, más allá de ello, las acusación en sí misma de fraude era muy débil. “Ni siquiera los jurados electorales especiales -que por su naturaleza temporal son el punto más débil del sistema electoral- dieron mérito a los reclamos de Fuerza Popular porque no había elemento probatorio alguno”, añade. El investigador también destaca que el resultado final de la elección fue respetado por el resto de la institucionales estatales.
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Consultada la ONPE, refirió que entregó a los fiscales las listas con los nombres de los interventores que actuaron en la segunda vuelta electoral: “quienes firmaron, eran los que estuvieron ese día en las elecciones”, dijo un vocero. Por primera vez en las elecciones de 2021, Perú hizo un pago a los miembros de mesa para reconocer su esfuerzo, debido a que eran comicios en medio de la segunda ola de la covid-19 y en una jornada mayor de 12 horas, por tanto había documentación disponible para verificar qué ciudadanos cumplieron ese rol. Dado que el Ministerio Público archivó dichas denuncias, el tribunal electoral precisa que así queda descartada “la comisión de ilícitos y fraude en los comicios”.
Las alegaciones de fraude por parte del fujimorismo se expresaron en una estrategia en cuatro frentes: actuaron en las calles con manifestaciones pacíficas y otras violentas -a cargo de fuerzas de choque de ultraderecha-; en los medios de comunicación nacionales, y aliados internacionales de la candidata fujimorista también desinformaron sobre las elecciones peruanas. En el cuarto frente, el legal, los más poderosos bufetes de abogados ayudaron a Fuerza Popular a presentar cientos de reclamaciones a los jurados electorales especiales para anular miles de votos de Castillo. Cuando los pedidos eran rechazados, apelaban ante la última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones.
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Pedro Castillo, presidente de Perú, durante un evento.CARLOS GARCIA GRANTHON / ZUMA PRESS (Europa Press)
La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión al atribuirle haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, y también por la supuesta injerencia en los ascensos militares, confirmó un comunicado del Ministerio Público la noche de este martes.
En octubre, la empresaria y gestora de intereses Karelim López acompañó al Palacio de Gobierno a ejecutivos de un par de firmas que se reunieron con el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y con el propio presidente. A los pocos días, esas empresas lograron una licitación para construir un puente por unos 60 millones de dólares, y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares. Las alarmas sobre la lobista se activaron en la prensa en noviembre, que ha estado muy atenta al registro de visitas al despacho presidencial -de acceso público-, debido a que el mandatario no ha dado entrevistas desde que asumió el cargo a fines de julio.
López ha hecho negocios con el Estado a lo largo de varios gobiernos y fue aportante de la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016, informó el medio digital IDL-Reporteros. Asimismo, intentó tener influencia en el presidente Martín Vizcarra cuando este gobernaba, pero no lo consiguió, indica el mismo medio. El contrato de compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operator por parte de la empresa estatal PetroPerú se concretó el 21 de octubre, tres días después de la reunión de la gestora de intereses con Castillo; el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez; y el dueño de la firma de hidrocarburos, Samir Abudayeh, refiere la resolución de la fiscal. Dicho contrato fue anulado en diciembre luego del escándalo mediático de la participación de Castillo en una reunión con un empresario que pretendía ser proveedor del Estado.
Diligencias en suspenso
La cabeza del Ministerio Público es la única que puede iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado mientras está en ejercicio, recabando pruebas y testimonios de otros involucrados y testigos. Ella, o quien la suceda en el cargo en abril, podrá continuar con la investigación, pero no interrogar a Castillo mientras este sea presidente. En octubre de 2020, la fiscal general desechó la tradición del Ministerio Público con relación en los presidentes en ejercicio y encontró mérito para iniciar una investigación al entonces presidente Martín Vizcarra, por contrataciones irregulares a favor de un amigo. En dicho caso, la magistrada indicó que Vizcarra habría ejercido influencia sobre otros funcionarios para favorecer a su amigo y que además intentó ejercer influencia en los funcionarios que declararían a los fiscales encargados de ese expediente.
Las visitas de la lobista al exsecretario de la presidencia y al presidente quedaron registradas en octubre en la plataforma de transparencia de Palacio de Gobierno, pero un canal de televisión grabó a López en noviembre entrando a un inmueble de Lima donde Castillo dormía y despachaba hasta antes de asumir el poder, y a la que eventualmente volvía ya siendo presidente.
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A finales de noviembre, el presidente comentó en un mensaje a la nación televisado que allí solo había recibido visitas de “carácter personal”. “Rechazo enérgicamente tener algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”, añadió.
El procurador general Daniel Soria pidió en diciembre a la presidencia que informe con quiénes se reunió el jefe de Estado en esa casa del distrito de Breña, pero no obtuvo respuesta, por ello solicitó a la fiscal Ávalos que investigue al presidente. La fiscal general además inició otra investigación a Castillo por supuestas presiones en los ascensos militares, que podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal a favor de coroneles del Ejército de su entorno. La prensa difundió conversaciones de WhatsApp de su exmano derecha Pacheco con los comandantes generales de institutos armados abogando por oficiales militares, pero también el anterior ministro de Defensa, Walter Ayala, hizo llamadas en el mismo sentido a jefes militares y tuvo que dimitir por la controversia. Pero también el presidente consultó por un caso en particular en cuanto al escalafón. La semana pasada Castillo respondió 40 preguntas, en calidad de testigo, para la investigación fiscal a Pacheco sobre los ascensos, pero a partir de la resolución de la fiscal Ávalos ha pasado a la condición de investigado.
Tres medios peruanos reportaron sobre la investigación fiscal al presidente a media tarde del martes. El abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, dijo aEL PAÍS que ni su patrocinado ni él habían sido notificados hasta las 18.40 horas pese a que la prensa ya tenía la disposición fiscal. Hacia las 19.00 horas, el Ministerio Público informó que ya había notificado al mandatario.
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Durante la noche de este lunes, el analista y periodista peruano, Augusto Álvarez Rodrich, se refirió en Medianoche a la situación actual de sondeo en la que se encuentra Perú referente a la segunda vuelta presidencial en donde la derechista Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentan en una estrecha votación.
En ese sentido, el director del canal peruano RTV aseguró que, pese a que aún no se concreta el 100% de las actas contabilizadas y a los empates técnicos que se han presentado desde el conteo de los votos, que «las cifran van ratificando que Pedro Castillo va a convertirse en el próximo presidente del Perú».
🌃#MedianocheTVN | Augusto Álvarez Rodrich: «Las cifras van ratificando que Pedro Castillo va a ser el próximo presidente de Perú».
Por otra parte ante la acusación de Keiko Fujimori donde la derechista señaló «una serie de irregularidades» que «hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar los resultados que reflejan la voluntad popular» apuntando en ese sentido que se refiere a las «impugnaciones de actas» o votos.
Cabe destacar que en un reciente discurso, Castillo,«pidió ser «respetuosos de la voluntad popular y seré el primero en hacer valer la voluntad del pueblo peruano», aseguró, sin referirse directamente a la candidata de la derecha.
Es por esto que Álvarez, dada las acusaciones de Keiko, diagnostcó que «estas acusaciones demorarán el proceso» pero que esto «ayudaría a Pedro Castillo que tiene una plataforma muy precaria, entonces en ese tiempo de definición, podría ir armando un equipo de Gobierno».
🌃#MedianocheTVN | Augusto Álvarez Rodrich por acusaciones de irregularidades en la elección: «No va a cambiar de modo alguno la situación».
El analista también comentó sobre el escenario que, independiente de quién salga electo como próximo presidente de Perú se le viene una «débil situación» debido a que «no tiene un respaldo en el parlamento, gane quien gane», comparando la situación con el ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski, también conocido como «PPK» que solo tenía 17 congresistas de un congreso de 130.
🌃#MedianocheTVN | Augusto Álvarez Rodrich por acusaciones situación política de Perú: «El señor Castillo no tiene un manejo del Congreso, salvo que avance a la construcción de alianzas».
Finalmente Augusto Álvarez comparó la situación y escenario peruano de «hacer política» con otros ejemplos de mandatos en el mundo señalando que «hacer política es negociar, tomar opciones, decidir a tiempo y el escenario puede ser muy incierto pero dentro de lo turbulento pueden haber finales felices» y que «por eso estoy contento con el resultado».
Qué es el «terruqueo» en Perú y cómo influye en la disputa presidencial entre Fujimori y Castillo
Candidata presidencial por tercera vez, tiene un largo historial en cargos de poder: se ha desempeñado como primera dama (entre 1994 y 2000 de la mano de su padre, Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos), ha sido congresista por Lima y es líder de Fuerza Popular, el partido derechista que representa al fujimorismo.
Pero ¿qué tanto se diferencian realmente ambos candidatos? Y ¿existe algún parecido entre ellos?
En BBC Mundo marcamos tres diferencias y dos similitudes.
Diferencias
1. ¿De dónde provienen y a quiénes representan?
Pocas veces en la historia reciente de Perú se habían enfrentado dos candidatos presidenciales tan distintos.
Getty ImagesPedro Castillo siempre lleva un sombrero de paja de ala ancha y un lápiz.
Pedro Castillo es exrondero (miembro de las rondas campesinas, unas organizaciones comunales de defensa), profesor rural de enseñanza primaria desde 1995 —con un magíster en Psicología Educativa—, y un importante líder magisterial.
El candidato de Perú Libre, un partido que se define de izquierda marxista, adquirió notoriedad en 2017 al dirigir una huelga de profesores en varias regiones de Perú que se extendió por 75 días.
Castillo suele trasladarse montado arriba de un caballo y tiene su base de apoyo en las zonas rurales peruanas, a quienes conquista apelando a su origen humilde y a las grandes desigualdades que existen en Perú. Así, ha conseguido reunir el descontento de las clases más pobres, especialmente las del interior del país, históricamente olvidadas por el centralismo de la capital, Lima.
«No más pobres en un país rico», es una de las frases que suele repetir.
«Los electores más leales a Pedro Castillo buscan un cambio radical. Tomar el control de todo porque sienten que ha habido una serie de abusos con las personas más desfavorecidas», explica a BBC Mundo Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública en Universidad del Pacífico (PE).
La académica asegura también que sus votantes están principalmente «en el sur andino del país y en zonas mineras en donde hay niveles altos de pobreza».
Por el contrario, Keiko Fujimori tiene su gran apoyo en Lima, la capital peruana, y en las regiones del norte donde ha habido una mayor apertura a los mercados.
Getty ImagesDe ganar las elecciones, Fujimori se convertiría en la primera presidenta mujer de Perú, algo que ya intentó en 2011 y 2016.
«La diferencia está muy marcada por territorios y por niveles socioeconómicos. Los niveles A y B (los más altos) tienen una gran inclinación hacia Keiko Fujimori y los niveles D y E muestran gran aceptación por Castillo», explica Ames.
Con 45 años, la candidata de Fuerza Popular ha intentado reunir a los votantes de las otras formaciones de derecha, especialmente de Avanza País y Renovación Popular, apelando a la «unidad» con el fin de evitar que Perú se convierta en «Cuba o Venezuela».
El apoyo empresarial es uno de los fuertes de Fujimori pues ha sido enfática en promover la inversión y el sistema de libre mercado.
Y a pesar de que la postulante a la presidencia cumplió dos veces prisión preventiva entre octubre de 2018 y mayo de 2020 —a causa de una investigación en curso por supuesto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para presuntamente financiar su campaña en 2011—, cuenta con un grupo leal de votantes.
«Los más leales a Keiko Fujimori pueden reconocer que hay un riesgo de corrupción, pero están dispuestos a aceptarlos con tal de tener un status quo que de alguna manera los ha permitido crecer o salir de la crisis de los 80″, dice Ames.
«Y no se trata solo de grupos poderosos, sino también de una clase media trabajadora que salió adelante sin ayuda del Estado y que por tanto, cree que la solución está en esforzarse más», agrega.
2. Modelo económico
Pero más allá del perfil político de ambas candidaturas, una de las diferencias más importantes está en sus propuestas respecto al modelo económico de Perú.
Pedro Castillo propone cambiar la actual economía social de mercado por una «economía popular con mercados», que considere un Estado «interventor, planificador, innovador, empresario y protector» que estimule la creación de riqueza y su redistribución.
Getty ImagesCastillo tiene su base de apoyo en las zonas rurales peruanas.
Además, plantea la necesidad de renegociar el reparto de utilidades de las empresas extractivas trasnacionales, deslizando la posibilidad de nacionalizar ciertas empresas que «no acepten las nuevas condiciones». También ha propuesto aumentar el presupuesto para la educación del 3,5% al 10% del PIB, y el presupuesto para la agricultura junto a una nueva reforma agraria.
En la otra vereda está Fujimori, quien propone un plan de «Rescate 2021» para el «desarrollo de una verdadera economía social de mercado» que promueva «el trabajo formal, el desarrollo de emprendimientos, las asociaciones público-privadas y la inversión sostenible y socialmente responsable».
Así mismo, apela a simplificar la «forma y fondo» de la tributación con el objetivo de brindar facilidades para la creación de nuevas empresas. Para ella, el sistema no debe estar basado exclusivamente en la recaudación, sino en la formalización, enfocada en la micro y pequeña empresa.
La candidata de derecha también propone repartir directamente a la población el 40% del canon minero (participación por explotación de recursos minerales) que actualmente se distribuye a los gobiernos regionales y a las municipalidades, así como la repartición de distintos bonos a quienes se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.
«Keiko Fujimori es la defensora del modelo de mercado en el Perú. Y ella le está hablando al porcentaje de peruanos que quieren defender ese modelo», dice a BBC Mundo el politólogo y académico Carlos Meléndez.
«El problema es que un 55% de los peruanos se considera perdedor respecto a este modelo de crecimiento económico. Y es por eso que Castillo goza de tantas simpatías a pesar de la debilidad de sus propuestas técnicas», agrega.
El académico considera que el candidato de Perú Libre supo ponerse «sobre la ola del malestar social respecto al modelo económico».
«Si el 55% se sienten perdedores, él es el líder de los perdedores y esa es su ventaja. No importa que sus políticas sean radicales o que sea un personaje poco conocido: la gente que se siente perdedora apuesta a la incertidumbre porque es mejor que lo malo conocido», señala.
Getty Images
Por su parte, Alexandra Ames indica que en estas elecciones lo que está en juego es la «defensa acérrima del modelo económico, como lo propone Fujimori, versus el cambio total de este modelo, como dice Castillo».
«Si bien este sistema ha permitido que muchas personas logren salir de la pobreza, lo cierto es que Perú es un país con muchas desigualdades. Por eso, el discurso de Fujimori no es tan atractivo frente al contexto de desigualdad en el que nos encontramos y que se terminó acentuando con la crisis sanitaria», señala.
3. ¿Cambio de Constitución?
Lo anterior se relaciona directamente con otra de las propuestas que ha llevado adelante Castillo: el cambio de Constitución.
Actualmente, en Perú rige una Carta Magna creada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori. A pesar de haber sido reformada en varias ocasiones, su origen genera reticencia en algunos sectores de izquierda que han venido pidiendo su cambio hace varios años.
De esta manera, Castillo propone redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente con el fin de «recuperar la patria» y donde se «gesten los derechos fundamentales de la persona».
«Esta ha sido una bandera de la izquierda hace algunos años porque se asocia la Constitución del 93 con el autoritarismo de Fujimori de la misma manera que se hace en Chile con la Constitución de Augusto Pinochet«, explica Meléndez.
Por el contrario, la carta presidencial de derecha defiende la actual Carta Magna creada por su padre pues, dice, generó «paz y prosperidad».
Getty ImagesEl expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.
Juan de la Puente, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima, explica a BBC Mundo que «Castillo cree que esta Constitución es la que consagra un determinado modelo político de libre mercado» mientras que Fujimori cree que esta Carta Fundamental les ha traído «bienestar durante muchos años y que, por lo tanto, debe permanecer».
Para Alexandra Ames el cambio o no de Constitución ha terminado por convertirse en el «símbolo de lucha» de la campaña presidencial peruana.
«Desde la primera página de sus planes de gobierno, ya están empezando o a defender con uñas y dientes la Constitución del 93 o a decir que la van a cambiar de manera radical», dice.
Similitudes
1. Agenda social conservadora
Aunque a primera vista puede parecer difícil encontrar similitudes entre los dos candidatos presidenciales peruanos, sí comparten ciertos criterios.
El primero y más importante tiene que ver con la agenda social ultraconservadora que ambos defienden.
Tanto Castillo como Fujimori se han manifestado en contra del aborto libre. Además, ambos han rechazado la idea del matrimonio igualitario, aunque Fujimori se ha abierto a la posibilidad de «legislar la unión civil desde la perspectiva patrimonial».
La eutanasia o los derechos de los homosexuales tampoco están en sus agendas.
«Ambos pertenecen a un extremo conservadurismo y son cercanos con grupos religiosos, como las iglesias evangelistas, cristianas y católicas, que buscan un statu quo respecto a los valores», dice Ames.
La académica afirma que esto se explica en parte porque «el peruano todavía es un ciudadano bastante conservador que apela a un entendimiento de la familia bajo el concepto tradicional».
Getty ImagesAmbos candidatos son cercanos a los grupos religiosos peruanos.
Una opinión similar tiene Carlos Meléndez, quien afirma que si bien en los últimos años se ha dado un movimiento de reivindicación de los derechos de las minorías y de la equidad de la mujer en la región latinoamericana, en Perú esa «ola no llegó con la misma intensidad».
«Si hay un punto en el que podrían ponerse de acuerdo ambos candidatos es precisamente en el rol que debe cumplir la familia como eje de los valores morales en el Perú», señala.
Por otra parte, Castillo y Fujimori han coincidido en que el enfoque de género en las escuelas no es prioridad.
«El gran perdedor de estas elecciones es el enfoque de género. Se ha estado tratando de hacer una reforma educativa que le dé más oportunidades a las niñas pero esta política no solo ha sido invisibilizada sino que ambos candidatos la han confrontado en el pasado», explica Ames.
«Tanto desde la derecha como desde la izquierda se considera que el enfoque de género es una ideología y que hay que resguardar los valores tradicionales de la familia», añade Meléndez.
Juan de la Puente, en tanto, afirma que en la campaña de la segunda vuelta presidencial «los derechos de la mujer y el enfoque de género han pasado totalmente desapercibidos».
2. El «anti-voto» y los temores
Esta segunda vuelta presidencial obligará a muchos peruanos a decidir no necesariamente entre dos candidatos, sino más bien entre antifujimorismo o antiizquierdismo.
Y es que ambas cartas presidenciales despiertan un fuerte rechazo en ciertos grupos de la sociedad peruana.
Getty ImagesPeruanos antifujimoristas se manifiestan en contra de la candidata presidencial de derecha.
El antifujimorismo es ya bastante conocido pues hace años que muchos peruanos se consideran dentro de este grupo. A pesar de que comenzó como un movimiento en contra de Alberto Fujimori, su hija, al ser la heredera del proyecto, hoy carga con su propia cuota de detractores.
No obstante, el gran dilema de muchos de ellos es que la alternativa de izquierda radical tampoco les acomoda.
Es el caso del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien a pesar de ser un reputado antifujimorista, para esta segunda vuelta dio un giro que muchos podrían imitar en Perú: dijo que apoyará a Fujimori, a la que definió como «el mal menor».
«Se ha generado una gran ola de polarización social que ha terminado por alinear a la gente con uno u otro por el gran rechazo o miedo que puede implicar el contrincante, por el cual no están dispuestos a votar», explica Ames.
Este voto «anti» está directamente relacionado con ciertos temores que ambos candidatos despiertan en algunos sectores de la sociedad.
Quizás el mejor ejemplo de ello es la carta que los dos tuvieron que firmar jurando públicamente que dejarán el poder al final de su mandato en 2026 y que no interferirán en investigaciones de la Fiscalía.
El compromiso fue solicitado por organizaciones civiles y de la Iglesia en Perú, y se selló a principios de mayo.
«Los temores hacia Keiko Fujimori están asociados con el autoritarismo y la corrupción. Muchos la asocian al gobierno autoritario de su padre y lo proyectan sobre ella. Mientras que Castillo genera temores relacionados con el desastre económico y la violencia política», explica Meléndez.
«El entorno de Castillo y el partido político del que forma parte, Perú Libre, portan ideas del socialismo del siglo XX haciendo referencias explícitas al marxismo, al leninismo, a la intervención del Estado en la economía, la nacionalización de empresas, la prohibición de importaciones, etc. Es un modelo de intervención estatal que en el Perú generó una grave crisis y que hoy se asocia con Venezuela», agrega.
Getty ImagesDetractores de Pedro Castillo protestan con pancartas que dicen «no al comunismo».
Por otra parte, las acusaciones por corrupción en contra de Fujimori y de Vladimir Cerrón, valedor de Castillo, líder y fundador de Perú Libre y sentenciado por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento mientras era gobernador de Junín, provocan aún más rechazo entre los peruanos.
Esto es aún más importante si se tiene en consideración que los últimos seis mandatarios de Perú han sido procesados por corrupción.
«Ninguno de los dos da la suficiente seguridad de que no va a haber corrupción, de que habrá separación de poderes o de que tendremos un gobierno democrático», dice Ames.
«Que a 200 años de República tengamos que presionar a nuestros candidatos presidenciales a prometer que no se van a quedar más del tiempo acordado, es muy doloroso», agrega.
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