El pasado jueves, al cumplirse el primer mes de la ofensiva que el Kremlin justifica haber emprendido para “desnazificar” Ucrania, un reconocido periodista ruso encontró clavado en la puerta de su casa un emblema con la bandera azul y amarilla del país vecino y la palabra “Judensau”, que significa “cerdo judío” en alemán, escrita sobre ella. Y a sus pies, una cabeza de cerdo con una peluca que emulaba su emblemática melena rizada.
“¿Han decidido intimidarme a mí y a mi familia? ¿A mí, a quien se llevaron para fusilarle los militares de Dudáyev (primer líder separatista checheno)?”, denunció Alexéi Venedíktov en su canal de Telegram. El que hasta hace unas semanas dirigía la decana radio Eco de Moscú, liquidada tras ser bloqueada por las autoridades por su cobertura de la guerra, ha sido uno de los amenazados por mostrarse crítico con el conflicto.
Este viernes fueron atacadas dos activistas de San Petersburgo. “¡Peligro! ¡Aquí vive una traidora a la patria!”, estaba escrito en sendos carteles pegados a la entrada de los domicilios de Daría Heikinen, del Movimiento Mayak, y de Kristina Vorotníkova, antigua ayudante del opositor Alexéi Navalni. En el caso de la primera mancharon su pomo con unos fluidos, mientras que la segunda activista se encontró la puerta pintarrajeada con la palabra “traidora”. Y en el rellano de sus domicilios, estiércol por el suelo.
Del incidente que le afectó, el periodista Venedíktov consiguió una grabación del pasillo interior del edificio en el que vive donde aparecía la persona que puso la cabeza de cerdo en su portal, un hombre que podría haberse disfrazado de repartidor. Según dijo a la agencia de noticias Ria Novosti, la policía “ya estaba al corriente de los hechos” incluso antes de poner la denuncia.
Antes hubo otros casos. El 16 de marzo, la activista Olga Mísik se encontró la puerta de su casa pintada de arriba a abajo. “Mi apartamento ha recibido un tratamiento cosmético”, escribió en Twitter la manifestante, que se hizo famosa por leer la Constitución rusa frente a la policía en las protestas de 2020, cuando aún era adolescente. Mísik mostró tres fotografías donde se podía leer el mensaje dirigido contra ella: “No vendas la patria, puta”.
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Mísik comentó aquella amenaza con una sutil advertencia. “Occidente apostará por la quinta columna. No solo por los que viven allí geográficamente, sino también por los que están con su conciencia esclava. Pero el pueblo de Rusia podrá distinguir a los patriotas de los traidores y tal purificación de la sociedad solo fortalecerá el país. A. Hit… [Adolf Hitler], perdón, V. V. Putin”, publicó Mísik al transcribir, una por una, las palabras que poco antes había dicho el mandatario ruso.
Aquella pintada estaba encabezada por una zeta, la letra que la propaganda ha convertido en el símbolo de los que apoyan la guerra. “Za rodinu” (por la patria, en ruso); “Za presidenta” (por el presidente), son algunos de los lemas promovidos con una letra que antes de comenzar el ataque se hizo viral en las redes sociales. El motivo, estar pintada sobre los camiones y carros de combate rusos como distintivo para el fuego amigo, un indicio de que ya habían acabado los preparativos para la guerra.
Militares que rechazan participar “en la operación especial”
No solo parte de la sociedad civil ha mostrado su rechazo al conflicto. El 25 de febrero, segundo día de la guerra, un jefe de pelotón y 11 soldados del destacamento ruso Plastún se negaron a cruzar la frontera que separa Ucrania de la región rusa de Krasnodar. Los militares denunciaron que era una acción ilegal, y como resultado, fueron devueltos a su base, se abrió una investigación y fueron despedidos. Ahora luchan ante la justicia por su reincorporación laboral porque consideran que la expulsión fue improcedente.
“Ninguno de ellos tenía el pasaporte para viajar al extranjero ni tenía la intención de salir, dado que sus obligaciones se limitaban al territorio de la Federación de Rusia”, compartió en Telegram su abogado, Mijaíl Benyash. Además, la defensa resaltó que cruzar ilegalmente la frontera es un delito tipificado por el artículo 322 del Código Penal ruso, a lo que se hubieran añadido otros crímenes bajo la legislación ucrania.
Este suceso no es una excepción. “Después de esta noticia nos han llegado historias similares de Crimea, Veliki Nóvgorod, Omsk, Stavropol… trabajadores que buscan ayuda”, escribió en sus redes sociales Pável Chikov, un conocido defensor de los derechos humanos y columnista habitual de la prensa rusa. “Escriban a nuestros abogados; ayudaremos a los oficiales a recuperar sus empleos por haberse negado a ir a las hostilidades de Ucrania”, agregó el también presidente de la fundación Ágora, quien fue expulsado en 2019 junto a otros activistas del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, dependiente del Kremlin.
Según Benyash, “hay bastantes otkázniki (los que rechazan ir a la guerra, en un juego de palabras) en toda Rusia, pero solo estos han tenido el coraje de demandar. El resto se unió [a la invasión] sin rechistar, lo que dice mucho sobre ellos como luchadores”. “Su negativa no debe verse como una declaración política”, escribió el abogado, quien defendió que negarse a participar en “una operación especial” (como la denomina el Kremlin) “no es una falta disciplinaria ni una ofensa en absoluto”.
La agrupación Plastún forma parte de la OMON, el acrónimo del cuerpo antidisturbios y antiterrorista de la Guardia Nacional (Rosgvardia), una fuerza mixta militar y policial, creada en 2016 y que solo cumple órdenes del presidente, no del Gobierno y su Ministerio de Defensa. “El capitán Farid Chitav y el resto de los hombres tomaron la decisión por cuenta propia”, según Benyash.
“Ninguno de los demandantes fue informado de su viaje de trabajo a territorio ucranio para participar en una operación militar especial, ni sobre las tareas ni las condiciones de esta operación. Por lo tanto, no dieron su consentimiento”, subrayó Benyash, un letrado conocido por haber sido juzgado en 2018 por supuestamente agredir a un policía al reunirse con un manifestante. Amnistía Internacional y otras ONG como Frontline Defenders dijeron que aquel proceso “tuvo una motivación política”.
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