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Portugal ha dejado de ser un territorio libre de populismos. Las últimas elecciones confirmaron el meteórico ascenso del Chega, fundado en 2019 por André Ventura, que había llegado más lejos como comentarista televisivo del Benfica que como militante de la derecha agrupada en torno al Partido Social Demócrata (PSD). Ambos rasgos explican la naturaleza del nuevo partido: Ventura aprovechó su experiencia mediática para obtener un gran eco a fuerza de propuestas incendiarias contra los gitanos y las personas que necesitan subsidios sociales y usó la experiencia política para armar una organización con sus principales banderas: liberalismo económico, conservadurismo moral, nacionalismo y guerra cultural a la izquierda, ya fuese la que entroncaba con la Revolución Francesa o la que nació en la Revolución rusa.

El Chega se convirtió el pasado 30 de enero en la tercera fuerza parlamentaria. Aunque perdió más de 85.000 votos respecto a las presidenciales de 2021, su salto en la Asamblea de la República, al pasar de uno a 12 diputados, le convirtió en uno de los grandes vencedores de la noche junto al Partido Socialista (PS), que logró la mayoría absoluta, y la Iniciativa Liberal, que creció de uno a ocho escaños. Uno de los debates que atraviesa estos días la política y el periodismo en Portugal es la relación que ha de establecer el sistema con una formación fundada para atacarlo: el aislamiento alemán con AfD (Alternativa para Alemania) o la integración italiana con La Liga.

Como otros partidos populistas, el Chega es antisistema en la teoría, pero no en la práctica. André Ventura nunca ocultó en campaña que aspiraba a ser ministro si la derecha moderada del PSD le necesitaba para gobernar; y reclama ahora para su grupo las cuotas institucionales que le corresponden legalmente. La Constitución portuguesa establece que los cuatro partidos más votados tienen derecho a una vicepresidencia en la Mesa de la Asamblea de la República y que las presidencias de las comisiones “se reparten por los grupos parlamentarios en proporción al número de sus diputados”.

Por lo tanto, PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal tienen una vicepresidencia reservada, aunque no garantizada, ya que los aspirantes deben superar una votación sobre su idoneidad ante la Cámara. Es improbable que Diogo Pacheco de Amorim —propuesto por el Chega para ese puesto y que en los años setenta perteneció a un movimiento que promovió atentados y ataques contra organizaciones de izquierdas— se convierta en vicepresidente de la Asamblea. No sería la primera vez que se tumba a un candidato.

Consciente de ello, Ventura ya ha dado pistas sobre su plan alternativo si fracasa Pacheco de Amorim: presentar a Gabriel Mithá Ribeiro, un historiador nacido en Mozambique que se ha convertido en uno de los principales ideólogos de la formación ultra. Mithá no arrastra pesos del pasado y coloca a sus adversarios en la encrucijada de rechazar a un diputado de origen africano.

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“La democracia es el régimen de todos. Incluso de los no demócratas”, escribió en un artículo en Público el sociólogo António Barreto, “esos no pueden ser excluidos, marginalizados o prohibidos a no ser por un crimen o violación de la ley. Pero la demagogia no es crimen. El nacionalismo no es crimen. Por eso, el Chega y afines deben ser derrotados en las elecciones y en el debate, no a través de procedimientos antidemocráticos”.

La línea alemana de Costa

No hay duda de cuál será la estrategia del primer ministro, el socialista António Costa, quien ha escogido la línea dura alemana. Tanto en campaña como en la noche electoral, dejó claro que marginaría al Chega de su diálogo con el resto de formaciones. Es evidente que ha cavado un foso entre él y Ventura. De la ronda preparatoria de la próxima legislatura —que ha llevado al palacio de São Bento a agentes sociales y líderes políticos— ha excluido al fundador del Chega con el argumento de que no existía “convergencia ninguna” con el partido para preparar el nuevo ciclo político y distinguiendo estas audiencias de los encuentros institucionales a los que acude Ventura.

“Es coherente con la promesa que hizo en campaña de que no contaba con el Chega para nada; tiene sentido que Costa tenga la libertad de no invitarles a las reuniones antes de la formación de su Gobierno. Si ahora invitase al Chega, estaría quebrando una promesa electoral”, sostiene por teléfono Marina Costa Lobo, politóloga del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

“Tengo una perspectiva italiana, me suena extraño este cordón sanitario”, señala Riccardo Marchi, un investigador del Instituto Universitario de Lisboa especializado en el estudio de la extrema derecha. Marchi publicó en 2020 el primer libro sobre Chega en Portugal y desató una polvareda entre especialistas, que consideraban que blanqueaba el partido de Ventura. “Esta distinción que existe en la literatura científica fue incorporada en Alemania en 1945. Diferencia a los partidos que son subversivos y quieren destruir la democracia de aquellos que son de protesta y quieren reformas radicales, pero aceptan las reglas del juego democrático. Chega las acepta y participa de ellas”, responde por teléfono.

“Por encima de todo es un proyecto de poder personal de André Ventura, que se ve a sí mismo como elegido por Dios para liderar una mítica e inverosímil IV República”, señala Miguel Carvalho, periodista del semanario Visão, que ha investigado en profundidad a los círculos de la extrema derecha en Portugal y que destaca la inestabilidad interna de la formación. “Si se queda solo, hablando para sí mismo, sin eco y sin otra opción que mirarse en el espejo, sus debilidades aparecerán a la vista”, reflexiona en un correo electrónico. El periodista considera que el Chega carece de un proyecto ideológico sólido más allá del activismo mediático. “Dentro del universo de la derecha radical populista europea, es uno de los partidos más débiles en ideas y discusión programática”, indica.

Carvalho huye de las etiquetas simplistas: “Llamarlo partido fascista o de extrema derecha puede tener un fondo de verdad, pero está muy lejos de ser toda la verdad. Su electorado, más allá de sus tribus más o menos racistas, xenófobas o fanáticas, tiene características comunes a otras fuerzas: la desilusión con los aparatos partidarios y con cómo se gestiona el Estado y el bien común”.

Una observación que también destaca en su artículo el sociólogo António Barreto: “El éxito, aunque muy relativo, del Chega tiene que ser entendido en el marco de las crisis que atraviesan las democracias. Estas están en el origen de una deriva populista, no democrática o antidemocrática, de izquierda o derecha. En todo el mundo, la democracia es contestada por las aspiraciones insatisfechas, por la desigualdad creciente, por la sociedad digital, por los valores dominantes de lo efímero y por el producto mercantil… Los sistemas democráticos han hecho explotar las aspiraciones y los deseos, que después no consiguen satisfacer”.

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Países Bajos no aceptó la independencia de Indonesia y, entre 1945 y 1949, aplicó una violencia excesiva para desbaratar la denominada Revolución Nacional del país. Los soldados destacados en las antiguas Indias Orientales Neerlandesas recurrieron a la tortura y malos tratos durante los interrogatorios, así como a encierros o ejecuciones sin juicio previo, según el informe oficial sobre dicho periodo, presentado este jueves de forma telemática. Si bien los investigadores señalan que ambas partes recurrieron a la violencia en grado extremo, subrayan que el Gobierno holandés de la época toleró las actuaciones de sus militares. El número de víctimas sigue sin estar claro, pero el estudio calcula que murieron unos 100.000 civiles indonesios, y cerca de 5.000 militares holandeses.

Nada más conocerse el resultado de este informe, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha presentado sus “profundas excusas” al pueblo de Indonesia” y a todos los que, en su país, “se vieron afectados por la violencia”. El jefe del Gobierno ha atribuido luego la responsabilidad por esa “página negra” de la historia nacional a “las instituciones que la hicieron posible: el Gobierno, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el poder judicial”.

Iniciada en 2017 a petición del Ejecutivo holandés, la investigación abarca hasta 1950 y muestra que “la mayoría de los responsables, desde políticos a funcionarios y desde militares a jueces, sabían o podían saber del uso sistemático y extremo de la violencia” en Indonesia. Sin embargo, “había una disposición a arrinconar las normas legales y el propio sentido de la justicia”. De este modo, emerge la imagen de “una guerra colonial cada vez más terrible, donde lograr victorias militares y limitar las bajas propias eran la norma”.

En 1969, el Ejecutivo de la época aseguró que este tipo de violencia solo se usó en casos excepcionales. El estudio deja claro, por el contrario, que la actitud colonialista predominaba entre las Fuerzas Armadas y en el seno de la política en Países Bajos: “Estaban seguros de que los nacionalistas no conseguirían liderar un Estado independiente y figuras como Sukarno [líder nacionalista y luego primer presidente de la República de Indonesia] fueron presentadas como un hombre de paja de los japoneses y con poca influencia”, sostiene. El texto utiliza la expresión “violencia extrema”, en la que caben figuras jurídicas como los crímenes de guerra, para subrayar el amplio abanico de delitos perpetrados. Los expertos que han elaborado el trabajo forman parte del Instituto para el estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD, en sus siglas neerlandesas), el Real Instituto para la Lengua, la Tierra y la Etnología (KITLV), y el Instituto Holandés de Historia Militar (NIMH).

La actual Indonesia fue administrada como colonia por el Gobierno holandés desde 1800, aunque el comercio de las especias en la zona, y el sometimiento que implicaba, se remonta al siglo XVII. La invasión japonesa en 1941 interrumpió el dominio de Países Bajos. Tras la capitulación de Japón, los indonesios proclamaron la República. Fue el 17 de agosto de 1945, y el Holanda había sido liberada de la ocupación nazi por las tropas aliadas el 5 de mayo de ese año. Recién salido de la Segunda Guerra Mundial, este país se propuso combatir la independencia de su colonia con escasez de tropas y en un terreno donde se libró una guerra de guerrillas. Pese a ello, la actitud colonial predominaba en la cúpula militar, “y se recurrió a torturas, arrestos arbitrarios y en masa, quema de poblaciones y falta de atención a las víctimas civiles”, reza el informe. Los soldados holandeses llevaron a cabo “intervenciones policiales”. Es un tipo de operación militar considerada hoy parte de una guerra colonial, utilizada entonces para dar la sensación de que se trataba de un conflicto nacional y no de una guerra entre dos países.

Hay ejemplos en el estudio que ilustran la falta de castigo en dichas situaciones. En los consejos de guerra contra militares holandeses por la muerte de prisioneros o por las torturas durante un interrogatorio apenas se imponían penas. Incluso en casos de violación y asesinato, “los jueces holandeses eran comprensivos con los soldados involucrados y los intereses militares”. Los investigadores subrayan esta actitud: “La Administración estaba convencida de su superioridad y llevó tiempo abordar este periodo de forma crítica. No encajaba con la percepción edulcorada de su propia imagen desde la parte holandesa”. Los políticos de ese periodo no prestaron atención a lo que estaba pasando y tampoco asumieron sus responsabilidades, “porque había amplio apoyo social a esa guerra, lejana desde el punto de vista geográfico y psicológico”.

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El informe hace hincapié en el hecho de que todas las partes son culpables de la violencia, incluidos británicos y japoneses, y lo ilustran explicando lo ocurrido entre finales de 1945 y principios de 1946. Fue el momento de la retirada de las tropas japonesas del archipiélago y antes de que los militares británicos cedieran el paso a los holandeses hasta la independencia final. Ese periodo se denomina bersiap (prepárate) y es polémico porque hubo muertes civiles holandesas, chinas y de cualquier persona considerada colaboracionista sin distinción de origen a manos de guerrilleros independentistas indonesios. Aunque los investigadores admiten su “influencia en la dinámica de la violencia”, señalan que esta no fue la razón por la cual Países Bajos intentó recuperar las antiguas Indias Orientales. Cifran en unos 6.000 los civiles muertos en ese momento.

En marzo de 2020, el rey Guillermo de Orange pidió perdón por “el abuso de la violencia a cargo de las fuerzas coloniales”. Era la primera vez que el jefe del Estado se disculpaba por una de las épocas más negras de la historia holandesa. La investigación coincide con la primera muestra sobre este periodo abierta en el Rijksmuseum, de Ámsterdam, titulada Revolusi! Indonesia independiente.

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El copresidente de Alternativa para Alemania, Jörg Meuthen, durante un congreso del partido celebrado en Dresde, al este de Alemania.
El copresidente de Alternativa para Alemania, Jörg Meuthen, durante un congreso del partido celebrado en Dresde, al este de Alemania.JENS SCHLUETER (AFP)

La batalla ideológica en la que llevaba años inmersa la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) empieza a resolverse para caer del lado más radical. Jörg Meuthen, uno de los presidentes del partido, anunció este viernes por sorpresa su decisión de abandonarlo por desavenencias con los sectores más extremistas. Meuthen, de 60 años, se había distanciado del resto de líderes de AfD, quienes a su vez le criticaban, cada vez más abiertamente, por manifestarse contra la deriva antidemocrática de la formación.

En una entrevista con la televisión pública ARD, el político reconoció haber fracasado en su intento de liderar un camino diferente para el partido, donde asegura que hay facciones que “no respetan el orden básico democrático”. “En ellas veo claramente ecos totalitarios”, señaló. Especialmente en las consignas contra la política de lucha contra el coronavirus, un asunto en el que cree que “se ha desarrollado algo parecido a un culto”.

Meuthen, que quiere conservar su escaño en el Parlamento Europeo pese a abandonar la formación, tampoco ve futuro a AfD. Asegura que, en el mejor de los casos, acabará quedando relegada a Alemania Oriental, donde en dos länder (Sajonia y Turingia) fue la fuerza más votada en los últimos comicios de septiembre pasado. En el conjunto del país obtuvo el 10,2% de los votos, más de dos puntos por debajo de su resultado anterior.

AfD irrumpió en el Parlamento alemán tras los comicios de septiembre de 2017 con un 12,6%. Nacido en 2013 como partido protesta contra los rescates de Bruselas y haciendo bandera del euroescepticismo, viró sus consignas hacia el rechazo a la inmigración durante la crisis de los refugiados de 2015. Con la pandemia, ha reenfocado su populismo contra las restricciones, que tilda de antidemocráticas, y se ha aliado con negacionistas y amantes de las teorías conspirativas para hacer oposición al Gobierno, primero al de Angela Merkel y ahora al tripartito de Olaf Scholz.

Meuthen estaba considerado el más moderado de los líderes y portavoces de AfD, aunque expertos como Johannes Kiess, investigador de la Universidad de Siegen, ponen esa supuesta moderación en tela de juicio. Depende de con quién se le compare. Si es con los que se quedan ―el copresidente federal Tino Chrupalla, la portavoz parlamentaria Alice Weidel, o sobre todo con el controvertido copresidente en Turingia, Bernd Höcke― sí lo es, pero a lo largo de los años han ido abandonando el partido figuras mucho más moderadas asustadas ante la deriva radical de la formación, apunta Kiess.

“Mayor radicalización del partido”

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La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio secreto interno alemán, vigila de cerca a la formación al menos desde 2019 tras detectar tendencias extremistas en algunos sectores, entre ellos las juventudes y el ala más derechista, la liderada por Höcke, porque considera que defienden políticas contrarias al orden democrático constitucional. Meuthen ha llegado a calificar de “neonazi” a Höcke. “Era cuestión de tiempo que Meuthen decidiera salir. Su marcha supone una victoria del ala más radical”, asegura Kiess. “Me temo que vamos a presenciar una mayor radicalización del partido”, añade.

Meuthen militaba en el partido desde sus inicios. En verano de 2015, se convirtió en portavoz federal tras la marcha de Bernd Lucke, uno de los fundadores. Primero lideró la AfD junto a Frauke Petry, luego con Alexander Gauland y actualmente lo hacía con Tino Chrupalla. El político formaba parte del ala neoliberal en política económica, que empezó protestando contra Bruselas, frente al sector más nacionalista o directamente xenófobo, y pretendía convertir a AfD en un partido conservador de masas. No lo logró. “El corazón del partido late hoy muy a la derecha”, dijo en la entrevista con ARD en la que anunció su marcha.

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El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, habla durante el mitin sobre libre expresión en 2017 en Berkeley, California.
El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, habla durante el mitin sobre libre expresión en 2017 en Berkeley, California.Jim Urquhart (REUTERS)

Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, ha sido arrestado y acusado este jueves de conspiración sediciosa en relación al ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El miembro de más alto rango de un grupo extremista imputado por el suceso también ha sido acusado de planear un complot para interrumpir la sesión de certificación de Joe Biden como vencedor de las elecciones presidenciales en el Congreso. Una decena de otros asociados a Oath Keepers también han sido imputados por conspiración sediciosa, el cargo más grave presentado hasta ahora por el Departamento de Jusiticia en el marco de las investigaciones sobre el asalto ejecutado por una turba de simpatizantes de Donald Trump.

Además de Rhodes, de 56 años, el FBI también detuvo esta tarde a Edward Vallejo, de 63 años. Los otros nueve miembros de la milicia acusados ya habían sido imputados por otros cargos. El cargo de conspiración sediciosa requiere que los fiscales demuestren que al menos dos personas acordaron usar la fuerza para derrocar la autoridad del gobierno o retrasar la ejecución de una ley estadounidense. Conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Tras la noche electoral, Rhodes predijo que EE UU se encaminaba hacia una guerra civil y que nunca reconocerían como legítima la victoria del presidente electo Joe Biden. El exmiembro del Ejército y licenciado en derecho en la Universidad de Yale no ingresó al edificio federal. Sin embargo, mantuvo comunicaciones con sus compañeros de grupo que sí accedieron al Capitolio, según le informó al FBI la pasada primavera durante un interrogatorio en Texas.

Los fiscales han recopilado contundente evidencia en contra de los imputados, incluidos chats encriptados en aplicciones móviles y grabaciones de reuniones en línea. Las autoridades acusan a los miembros de la milicia de entrar por la fuerza al edificio y de montar una “fuerte de reacción rápida” con armas en un hotel en Virginia, muy cerca de Washington, con personas dispuestas a desplazarse rápidamente a la capital estadounidense. La acusación contra Rhodes describe que los miembros de Oath Keepers formaron dos filas militares cuando ingresaron al edificio del Congreso. La primera se dividió para acceder a la Cámara de Representantes y al Senado. La segunda se enfrentó con los agentes de la policía del Capitolio.

The Oath Keepers y los Proud Boys son los principales grupos ultra involucrados en el ataque que dejó cinco muertos y 140 heridos. Un año después, hay más de 700 acusados y solo 71 condenas. Ese día, Rhodes envió un mensaje a sus seguidores: “Acumulen municiones” y prepárense para una “guerra total en las calles”, según la comisión investigadora del Congreso sobre el 6 de enero. Dos días antes del asalto, publicó un artículo en el sitio web de Oath Keepers llamando a “todos los patriotas” a “mantenerse firmes en apoyo de la lucha del presidente Trump para derrotar a los enemigos extranjeros y nacionales que están intentando llevar a cabo un golpe de estado”.

Previo a las elecciones de noviembre de 2020, según los fiscales federales, Rhodes instó a sus compañeros a apoyar a Trump, llamándolo el “presidente debidamente elegido” y agregó: “Pueden llamarlo insurrección o pueden llamarlo guerra”. Cuando la victoria de Biden ya era un hecho, el hombre le pidió a Trump que invocara la Ley de Insurrección en un mitin a favor del republicano en Washington, sugiriendo que si no lo hacía, se iba a desencadenar una “guerra mucho más sangrienta”.

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Otra escalada en las pesquisas sobre el ataque vino desde la comisión investigadora del Congreso. Los legisladores emitieron esta tarde citaciones a Meta (ex Facebook), Google, Alphabet y Reddit por no proporcionar información completa sobre cómo sus plataformas difundieron falsedades que fomentaron la insurrección. “No podemos permitir que nuestro trabajo se retrase más”, dijo en un comunicado el presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson. “Dos preguntas clave para la comisión son cómo la difusión de información errónea y el extremismo violento contribuyeron al ataque contra nuestra democracia, y qué medidas, si las hubo, tomaron las empresas de redes sociales para evitar que sus plataformas se convirtieran en caldo de cultivo para radicalizar a las personas hacia la violencia”, apuntó.

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Profesor es despedido tras enseñar sus tatuajes de extrema derecha a sus alumnos en Alemania

Un tribunal de Berlín dictaminó como válido el despido de un profesor que tenía tatuajes calificados de extrema derecha. Además, consideró que no podrá continuar haciendo clases por no ser idóneo para el cargo.

Deutsche Welle

11.05.2021

Un profesor alemán de 38 años que había enseñado a sus alumnos unos tatuajes calificados de extrema derecha fue despedido del instituto de Hennigsdorf -Brandeburgo- y no podrá impartir más clases, decidió este martes (11.05.2021) el Tribunal Regional de Trabajo.

El tribunal de Justicia justificó su resolución aludiendo a que los tatuajes indican una falta de idoneidad para el cargo como docente y que estos también implican una «falta de lealtad a la Constitución» del país. 

«De los tatuajes ‘Mi honor se llama lealtad’ en escritura sobre el torso, que estaban presentes allí en el momento del despido, se concluye que es una falta de lealtad a la Constitución», afirmó el tribunal en un comunicado de prensa.

El hombre, quien aseguró no tener convicciones de extrema derecha, había mostrado los tatuajes a sus alumnos durante un festival en el verano de 2018. En estos dibujos corporales se podía leer el lema de las SS «Meine Ehre heißt Treue» (‘Mi honor significa lealtad’, en castellano), además de otros tatuajes con motivos reconocidos de grupos de extrema derecha, como el Wolfsangel o el Sol Negro. 

El hombre, quien había apelado al tribunal tras haber sido suspendido por el instituto educacional, explicó que se había hecho los tatuajes porque se había interesado en primera instancia por los vikingos y después por los teutones.

La decisión dictaminada por el tribunal alemana no hubiera cambiado aún si el hombre hubiera cambiado o borrado los mensajes y simbolismos dibujados en su cuerpo. El tribunal concluyó que independiente de las intenciones, «sólo es punible el uso de las señales, independientemente de la actitud».


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