Cuando la noche apenas se asomaba en Pitalito- Huila, aquel 7 de abril de 1989, Omaira Gómez de Pineda casi murió y sus ojos se cerraron en un coma que duró 17 días.
Propietaria de una moto y una pequeña finca en la que vendía mercancía junto a su primer esposo, fue extorsionada por hombres de un grupo insurgente; los mismos que con engaños la sacaron de su vivienda para dejarla a los pies de la parca con tres disparos en su cabeza, al negarse a entregarles dinero.
Cuando regresó de aquel limbo oscuro del coma, junto a su padre y sus dos hijos dejaron tirado todo aquello por lo que habían trabajado y casi pierden la vida. Su huida en el fracaso, a los 32 años, la hizo llegar a Cali, ciudad de la que había escuchado brindaba muchas oportunidades para sobrevivir.
“A esa edad estaba muy bonita y el amor me volvió a visitar y fue así como me enamoré de José Uriel, un joven motorista que conducía un bus de la empresa Alfonso López, con quien tuve otro hijo. Pero debido a los desenfrenos de él, la relación no progresó y pronto debí trabajar por mi cuenta vendiendo mercancías. Sin embargo, los padres de este segundo esposo, quienes habían invadido un gran lote en el jarillón del río Cauca, me dieron un pedazo de ese suelo donde construí mi nuevo hogar”, relata.
“El tiempo fue pasando y tres décadas después de haber llegado a Cali y nueve de vivir a orillas del Cauca, el Gobierno pasó censando para indicarnos que el jarillón debía reforzarse y evitar que se rompiera e inundara la ciudad. Esa mala noticia en principio para nosotros se transformó en música celestial, porque nos dijeron que nos iban a reubicar en un mejor sitio, en una vivienda digna, aunque la incredulidad también hacía su asomo”, confiesa.
Y fue así como Omaira, la víctima de la violencia, de la pobreza, del susto y del dolor, fue llevada a vivir por el Plan Jarillón a la urbanización Los Robles, en la comuna 13. Allí vive sola en su apartamento, en un primer piso de la torre 2, que le permite tener una pequeña tienda. En este recinto comparte con la memoria de su hijo fallecido y la esporádica llegada de sus otros dos retoños, quienes la visitan con sus cuatro nietos.
“Mi apartamento es un palacio, es una bendición de Dios después de ser una desplazada, de haber sufrido y llegado en las condiciones en que arribé a esta ciudad a sobrevivir en el jarillón, en medio de venenosos caracoles africanos, ratas subidas en nuestros armarios y camas, malos olores y enfermedades. Aunque no pagábamos agua y energía allá, venirme a vivir a Los Robles, a una parte digna, me hace sentir muy feliz”, asegura.
Ahora que participa en los talleres para hacer mejores vecinos, con mucha fe en Dios y con agradecimiento al Gobierno Distrital, a través del Plan Jarillón doña Omaira Gómez de Pineda, a sus más de 60 años y después de 33 de huir a la desgracia, sonríe y reconoce que su reubicación le da un nuevo aire a su vida y le permite a la capital vallecaucana y sus gentes aminorar los riesgos de desbordamiento del río Cauca.
En el parque José María Cabal, se llevó a cabo una oferta de servicios, que ofrecen: la oficina de la mujer, equidad, género y población LGTBI, la Casa de la Mujer Empoderada del Valle y las unidades de prevención y educación ciudadana de la estación de policía Buga.
En el parque José María Cabal, ubicado en pleno centro de la ciudad señora, se adelantó la campaña, SABÍAS QUÉ, la cual estuvo orientada por un trabajo en equipo, en pos de presentar los servicios institucionales a las mujeres, que hallan o estén siendo objeto de cualquier tipo de violencia.
En la jornada realizada en el marco de la conmemoración del día de la Mujer, desde la oficina de la Mujer, Equidad, Género y población LGTBI, del Grupo Prevención y Educación Ciudadana y de la Casa de Mujeres Empoderadas del Valle, se pretende concienciar a la población de hacer las denuncias de las que sean objeto.
En los stands, que se ubicaron sobre el andén de la calle sexta, durante varias horas, se promocionaron los servicios que estas entidades ofrecen a las mujeres de la ciudad señora, en el marco de la celebración del cumpleaños de Guadalajara de Buga.
Son cerca de 92 familias, un pueblo indígena, que tuvieron que dejar sus viviendas debido a que sus vidas corrían peligro por la violencia.
Son cerca de 92 familias, un pueblo indígena, que tuvieron que dejar sus viviendas debido a que sus vidas corrían peligro por la violencia.
Noticias Nariño
Por cuenta de los constantes combates entre grupos armados, un pueblo indígena de la costa de Nariño fue desplazado completamente de sus territorios, por cuenta de la violencia.
Así lo denunciaron desde el resguardo indígena AWA, tras indicar que cerca de 92 familias tuvieron que dejar sus territorios.
“La violencia nuevamente azota a estos nichos sociales, fueron cerca de 280 indígenas del municipio de Barbacoas, que se ha visto afectado por el conflicto desde hace varios años”, señalaron
Por ello, desde la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, reportaron que estas comunidades pertenecen al resguardo indígena Pipalta Palbí Yaguapi;y que tuvieron que dejar sus tierras debido a que sus vidas corrían peligro al encontrase completamente confinados.
Señalaron que la totalidad de familias mencionadas corresponden al conjunto completo de esta comunidad étnica que se encuentra resguardada en el centro poblado Buenavista.
Sin embargo, denuncian que se encuentrab bajo fuertes condiciones de hacinamiento.
Así mismo, indicatron qué el 30 % de los desplazados son hombres; mientras que el 27 % son mujeres y una elevada cifra corresponde a menores de edad.
Capturado por homicidio agravado en el Municipio de Tuluá
En Tuluá fueron capturadas dos personas por el delito de Homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada en concurso con feminicidio tentado; Con las capturas se logra esclarecer el homicidio de la señora Flor María Guapucha Montoya, hechos ocurridos el pasado 05 de enero del año 2022 en el municipio de Tuluá.
Mediante actividades operativas en los municipios de Tuluá y Buenaventura, por parte de funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), de la Seccional de Inteligencia Policial, Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y articulados con la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas, se logra la captura de dos hombres, por los delitos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada en concurso con Feminicidio tentado.
En el primer caso, se capturó a alias “Víctor” 21 años, presuntamente estaría involucrado como coautor de la conducta de homicidio agravado, por los hechos ocurridos el pasado 05 de enero del año 2022 en el municipio de Tuluá, donde fallece la señora Flor María Guapacha Montoya.
Alias “Víctor” presenta antecedentes como indiciado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2019, por lo que se afectaría el GDCO “La inmaculada”, estructura a la que pertenecía.
Capturado por delito de violencia intrafamiliar, al parecer, propinaba golpes a su hijo y pareja sentimental
En un segundo caso, se capturó a alias “El Viejo o el Tío” de 52 años de edad, materializándose la orden de captura por los delitos de violencia intrafamiliar agravada en concurso con feminicidio tentado; el cual presuntamente habría propinado golpes a su hijo menor y su pareja sentimental, lesionándolos en los órganos vitales, hechos presentados el pasado 19 de noviembre del año 2021.
En este procedimiento se le incautó 01 Revolver calibre 38 mm, 10 cartuchos calibre 38mm y 01 equipo celular.
Alias “El Viejo o el Tío”, presenta antecedentes por los delitos de homicidio, rebelión, hurto calificado, porte de armas de fuego y feminicidio, entre los años 2005 al 2021. Con esta captura se afectaría el actuar criminal del GAO-r “Jaime Martínez”.
Finalmente, los dos capturados, junto con los elementos incautados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y un Juez de la Republica con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario y penitenciario.
Con estas importantes capturas, se logra contrarrestar los delitos de mayor impacto en los municipios de Tuluá y Buenaventura, restableciendo la seguridad y tranquilidad de los habitantes de estos municipios y contribuyendo a la convivencia y seguridad ciudadana en todo el Departamento del Valle del Cauca.
El departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú y escenario de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en menos de una semana. EFE/ Carlos OrtegaCarlos Ortega (EFE)
Colombia ha vuelto a los altos niveles de violencia y violaciones de derechos humanos de 2014. La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Riveros, ha asegurado este jueves que desde hace ocho años “no se presentaban cifras tan altas de masacres en el territorio”. “Creemos que es una prioridad atender la situación de violencia”, ha añadido. En la entrega del informe anual, el último que recibirá el Gobierno de Iván Duque, la oficina de la ONU ha dado una cifra alarmante. En 2021, la ONU recibió información de 100 casos de posibles masacres y logró verificar 78, cuatro más que las 74 matanzas que ocurrieron en 2020.
“En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, cinco niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: siete indígenas y seis afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca”, dice el documento presentado este jueves. El informe analiza la situación de seguridad cinco años después del acuerdo entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, además de los avances y retrocesos del proceso de paz.
Más allá de las masacres, que el Gobierno llama homicidios colectivos, la ONU alerta por el incesante asesinato de líderes sociales que se dieron en 28 de los 32 departamentos del país. “Recibimos 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales se verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos y 102 resultaron no concluyentes”, señala el informe.
Los líderes sociales viven bajo amenaza. La ONU constató la información sobre 1.116 agresiones e intimidaciones a defensores de derechos humanos. Los más afectados siguen siendo aquellos que defienden la tierra, el acuerdo de paz y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Si bien son los grupos armados quienes más agreden a los líderes, la ONU también documentó casos en los cuales “agentes del estado” se sumaron a la estigmatización. “Eso podría tener como fin deslegitimar la labor de las personas defensoras, generar temor y silenciarlas”.
Aumenta el desplazamiento
El organismo también llamó la atención sobre el aumento de los desplazados. Mientras en 2020 hubo 26.291 personas que tuvieron que huir de sus casas por los grupos armados, entre enero y noviembre de 2021 fueron 72.388. Además, destacan que los combates o la presencia de minas antipersonales obligaron a confinarse a 57.787 personas en sus comunidades.
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La degradación de la seguridad ocurrió principalmente en las zonas rurales del país, pero también llama la atención la situación en centros urbanos como Quibdó, la capital del Chocó. “Datos de la Policía revelan que en 2021 el número general de homicidios se incrementó en un 9.5% respecto del 2020″.
La respuesta del Gobierno de militarizar las zonas donde ocurren este tipo de violaciones no ha hecho efecto. “En varias regiones hemos observado que la creciente presencia de la Fuerza Pública no ha logrado revertir la multiplicación y expansión y virulencia de los grupos armados no estatales”, sostiene el documento.
Al final del jueves el Gobierno ha respondido al informe a través de un comunicado. Asegura que la Fuerza Pública sí ha atacado a las organizaciones criminales y “se han capturado 570 integrantes de estas organizaciones. Asimismo, el sector defensa ha atendido de manera inmediata los eventos de desplazamiento forzado con toda la capacidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, garantizando las condiciones para el retorno de las comunidades afectadas”.
Riveros destacó que los resultados más importantes de los cinco años del acuerdo de paz tiene que ver con la desmovilización de al menos 13.000 excombatientes, la creación del partido político Comunes, “el balance positivo” de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda para los Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. “Además de la creación de las 16 curules para la paz”, añadió. Sin embargo, señaló que son preocupantes los homicidios de excombatientes de las FARC. A cinco años del acuerdo han sido asesinados 303 exguerrilleros, de acuerdo con la Misión de Verificación del proceso de paz.
La intimidación a la protesta social, un tema que esta oficina ya había abordado en diciembre pasado, volvió a aparecer en el documento anual. En ese momento la ONU responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes durante las protestas del año pasado. “Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”, concluyeron en ese momento.
En el actual informe amplían esa información y señalan casos de “privaciones arbitrarias de la vida” por parte de la Fuerza Pública. Recibieron 100 denuncias y verificaron 54 casos. “En 44 casos se observó la presunta responsabilidad de la Policía Nacional, en cinco de integrantes las fuerzas militares y en dos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía fuera de servicio. Y tres casos en operaciones conjuntas entre las fuerzas militares y la Policía Nacional”, denunció la representante, que insistió en la necesidad de que la Policía salga de la órbita del Ministerio de Defensa y pase al del Interior.
A través del consejero para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, el gobierno insistió que “los causantes de violar los derechos humanos de los colombianos son los grupos criminales, que luchan por el control de las economías ilícitas, ellos son los que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos en algunas regiones del territorio nacional”.:
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Madre de familia que llegó hasta un colegio de Toluviejo.
La madre de familia asegura que su hija es víctima de bullying mientras que el centro educativo tiene otra versión.
Noticias Sucre.
Una madre de familia denunció que su hija presuntamente era víctima de bullying por parte de sus compañeros de colegio donde lleva a cabo sus estudios de primaria en el municipio de Toluviejo.
Mujer que se mostró indignada por el presunto caso de acoso o matoneo en el colegio donde estudia su hija.
Según manifestó en un video, ellos proceden de Venezuela y, al parecer, su hija le habría contado que presuntamente estaría siendo víctima de acoso, situación que aparentemente provocó su reclamo airado.
«Con mi hija no se metan…», repetía insistentemente la protagonista del video.
«Ustedes me dicen ya porque a ninguno de ustedes le están llevando a su hija por delante», le decía a los demás padres de familia en medio de una reunión escolar.
El siguiente es una parte del video:
La versión del colegio
El Colegio Técnico Agropecuario Carlos Arturo Verbel, respondió a esta videodenuncia hecha por la madre de la estudiante.
Lo primero que hizo fue informar que este epidosio oicurió el día jueves 17 de febrero en medio de una reunión de disciplina.
Luego, desmintió categóricamente que la alumna en cuestión fuera víctima de xenofobia, acoso escolar o bullying.
Agrega la institución educativa que no es la primera vez que la «protagonista del video», al parecer, se ve inmersa en un tipo de situación como esta.
«Presenta antecedentes similares en donde los comportamientos exhibidos terminaron con una niño de primaria del grado 3° en 2017, maltratado e intentos de maltrato físico a docentes y a algunos miembros de la comunidad educativa.
Además, el colegio manifiesta que a la madre de familia le fue impuesta una medida de alejamiento. Esta es una medida de protección que emite un juez con el fin de restringirle la libertad a una persona con respecto de su víctima o familiares de esta, es decir, se le restringe acercarse a esta por motivos de algún delito que cometió contra esta.
Comunicado de la institución educativa
Comunicado del colegio.
Hasta el momento la Secretaría de Educadión del departamento de Sucre no ha emitido algún comunicado con respecto a este caso.
Habitantes de la provincia de Donetsk hacían cola para subir a un tren tras ser evacuados de la zona rebelde, este domingo en la región rusa de Rostov, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania.AP
Mientras Moscú fija su tenaza militar en torno al flanco norte y este de Ucrania, la tensión en la región oriental del Donbás va in crescendo. Desde el viernes, los martilleantes ataques de artillería se han intensificado a lo largo de la línea del frente de la guerra entre el Ejército ucranio y los separatistas prorrusos sustentados por el Kremlin. Este domingo, después de alegar temores de una ofensiva inminente de Kiev, funcionarios de los territorios secesionistas han asegurado, sin dar detalles, que bombardeos de las fuerzas ucranias han matado a dos civiles y que la zona es objetivo de sabotajes de infraestructuras fundamentales. Kiev lo niega y denuncia que todo es una operación de propaganda para “demonizar” a las fuerzas ucranias.
El Kremlin, que ha repartido en la región casi un millón de pasaportes y que lleva semanas asegurando que los habitantes del Donbás están sufriendo un “genocidio”, ha abierto una investigación por la supuesta muerte de civiles. La escalada y la participación cada vez más abierta de Rusia en el conflicto que impulsó hace ocho años eleva las alertas del Gobierno ucranio, Estados Unidos y la OTAN, que creen que Moscú está preparando una intervención en las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk con el pretexto de defender a la población.
En otro día de escalada verbal contra lo que Moscú ha tildado de “histeria de Occidente”, el Kremlin advirtió de que la situación en el Donbás es extremadamente delicada. “Una chispa, cualquier incidente no planificado o provocación menor planificada puede tener consecuencias irreparables”, insistió Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin.
El Ejército ucranio, que informó de que dos soldados fallecieron el sábado a consecuencia de ataques desde territorios separatistas, ha asegurado que desde el jueves se están produciendo los bombardeos más intensos en años.
Las violaciones del frágil alto el fuego negociado en 2019 (el enésimo) han aumentado de forma “drástica”, ha advertido la misión de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en la zona. En el asentamiento de Shastia, en la parte de Lugansk controlada por el Gobierno ucranio, un bombardeo derribó un pequeño puente, según un portavoz del Ejército. Hasta la semana pasada, se producían unos cinco o seis incidentes de bombardeos y disparos a lo largo de los 400 kilómetros de línea del frente. Ese número se ha multiplicado por más de 10 en los últimos tres días, aseguró Oleksandr Pavliuk, el jefe de las fuerzas ucranias en el Donbás.
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El Ejército de Kiev afirma que “pese a las provocaciones” no responde y solo dispara en modo “defensivo” y en “circunstancias excepcionales”. ”La artillería enemiga está disparando desde atrás de los civiles. Y, de acuerdo con nuestros principios, no devolvemos el fuego a los civiles”, aseguró a los periodistas en Kramatorsk, el centro administrativo de la región de Donetsk de la parte controlada por el Gobierno.
“Que los rusos no lleguen a mi cocina”
Kramatorsk, que vivió duros combates al inicio de la guerra, en 2014, se ha convertido ahora en el centro militar y en la sede de las pocas ONG que trabajan en la zona, explica Galina Zolotujina mientras espera el autobús y apura un cigarrillo. La funcionaria, de 46 años, teme que la guerra que se ha estado librando desde hace años en las trincheras vuelva a los combates encarnizados; y que esconderse en los sótanos sea otra vez algo cotidiano en Kramatorsk, una ciudad a una hora en coche de la línea del frente y de la zona donde el percutir de los morteros y las granadas es habitual. “Por no pensar algo peor… como que los rusos entren y avancen directamente hasta mi cocina”, dice encogiéndose de hombros.
Al otro lado de la línea de contacto, en Donetsk y Lugansk, los líderes separatistas alzados por Moscú han decretado la movilización de los reservistas y han prohibido salir de los territorios a todos los hombres de entre 18 y 55 años. Además, han impulsado como un goteo durante todo el fin de semana la evacuación de civiles a la vecina Rusia. Este domingo, citando peligro para la población, suspendieron todas las actividades públicas, desde los espectáculos culturales a los actos educativos, según un comunicado publicado en su canal de Telegram. Tras mostrar en sus canales de televisión pública a un supuesto espía ucranio capturado, reiteraron que tienen información de que Kiev lanzará ataques inminentes para recuperar el control del territorio.
Un hombre observaba este domingo un coche destrozado por la artillería en la localidad de Tamarchuk (provincia de Donetsk), situada en la línea del frente.STANISLAV KOZLIUK (EFE)
Casi 40.000 personas han llegado ya a Rusia, a la región de Rostov, según fuentes oficiales de Moscú. Allí, a petición del presidente Putin, los servicios de emergencia han preparado un operativo de acogida. Vídeos y fotografías en varios medios y en las redes sociales mostraban tiendas de campaña con literas para los primeros en llegar. Este domingo, medios sobre el terreno como The Guardian, informaron de que las autoridades han empezado a trasladar en trenes a muchos de los evacuados. Algunos relataban que los bombardeos habían aumentado en los últimos días; otros se mostraban desconcertados y algo molestos por una evacuación que veían innecesaria. En Rusia, donde Putin ha dictado que cada recién llegado de las autodenominadas “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk reciba una ayuda de 10.000 rublos (114 euros), las regiones de Rostov, Kursk y Voronezh, fronterizas con Ucrania, anunciaron estados de emergencia, citando la afluencia de personas.
Muchas menos personas han llegado a Ucrania desde las zonas de Lugansk y Donetsk en manos de los separatistas, que solo mantienen abierto un puesto fronterizo hacia el territorio controlado por el Gobierno. Por él han cruzado casi 900 ciudadanos desde el sábado, según el Ejército ucranio. Kiev asegura que la movilización de reservistas y la evacuación de civiles a Rusia es teatro y que su Ejército no tiene ninguna intención de lanzar una ofensiva para recuperar el control del Donbás.
“Es una movilización falsa en respuesta a una amenaza falsa”, asevero el sábado el ministro del Interior ucranio, Denys Monastyrski. “Están tratando de crear pánico, también de nuestro lado y entre nuestra gente”, añadió. Monastyrski, otros miembros del Gobierno y varios diputados de la Rada (el Parlamento) visitaron el sábado la línea del frente con un grupo de periodistas. Allí, bajo varios ataques de artillería, algunos comprobaron cómo el conflicto del Donbás, la última guerra de Europa, es una realidad que se masca desde 2014.
El ministro del Interior aseguró que el servicio de espionaje ucranio tiene datos de que Rusia ultima ya en las regiones separatistas una operación de falsa bandera, es decir una treta preparada por el Kremlin para intervenir y justificar una invasión en toda regla con el pretexto de proteger a la ciudadanía de los territorios secesionistas. Monastyrski afirmó que mercenarios del grupo Wagner han llegado a Donetsk y Lugansk con órdenes de volar puntos claves de infraestructuras y culpar a Kiev. La compañía de contratistas militares Wagner —considerado el ejército en la sombra del Kremlin y que ha servido a los intereses de Rusia en Siria, Libia y África— también estuvo presente en el principio del conflicto ucranio, según distintos informes, donde Rusia siempre ha negado su presencia.
El 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, al demócrata de Maryland Jamie Raskin le esperaban en el Congreso centenares de mensajes de condolencia y las miradas de consuelo de legisladores de ambos partidos. Una semana antes, en la mañana de Nochevieja, fue encontrado en su casa de Takoma Park, al nordeste de Washington, el cuerpo sin vida de su hijo de 25 años, Tommy, junto a una nota de suicidio. Decía: “Os ruego que me perdonéis. La enfermedad venció hoy. Por favor, cuidad por mí los unos de los otros, de los animales y de los pobres del mundo. Con todo mi amor, Tommy”. La enfermedad que ganó la partida al muchacho fue la depresión. Raskin la definió con los ojos húmedos en una entrevista con EL PAÍS como “un grave y solitario problema de salud mental agravado por la pandemia, por la escandalosa irresponsabilidad de Donald Trump en su gestión de la crisis sanitaria y por todo el veneno que este inyectó en nuestro sistema político”.
La suma de ambos traumas, perder a un hijo y estar a punto de perder una democracia, sumieron al congresista, de 59 años, en una “oscuridad impenetrable” de la que, dice, pudo salir gracias al encargo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de liderar el segundo impeachment contra Trump, que no prosperó. Además de consuelo, aquello dio notoriedad a Raskin, y lo convirtió en una suerte de símbolo para quienes en este país creen que la democracia se halla en peligro.
Un año después, es uno de los miembros más destacados de la comisión que investiga en el Congreso los hechos del 6 de enero. Y, tras vivirlos en primera fila, y revivirlos después a través de casi 500 testimonios de personas implicadas, cree estar “cerca de determinar lo que pasó realmente” en una jornada que debía servir de rutinaria certificación del triunfo electoral de Joe Biden y acabó convertida en uno de los episodios más tenebrosos de la democracia estadounidense.
El congresista Jamie Raskin, en primer plano, dirige el equipo de encargados del ‘impeachment’, es decir, el grupo de legisladores que ejercerán la acusación durante el juicio a Trump.JONATHAN ERNST (Reuters)
“Hubo una manifestación masiva que se convirtió en un motín. La convocatoria amparó una insurrección violenta instigada por grupos extremistas: los Proud Boys, los Three Percenters, los First Amendment Praetorians y los Aryan Nations. Vinieron a Washington con el plan de asaltar el Capitolio y eso fue lo que hicieron. Aquello derivó en un golpe”, aclaró Raskin en la entrevista, celebrada a principios de mes, durante un receso de su agitada vida parlamentaria. “Golpe’ es un término inusual en nuestro lenguaje político, porque no tenemos mucha experiencia internamente al respecto, y porque pensamos que normalmente es algo que se monta contra un presidente. Este caso era distinto: fue Trump quien urdió un golpe contra su vicepresidente Mike Pence —a quien exigió que no validara los votos del Colegio Electoral—, y también contra el Congreso. Cuando agotó todas las opciones no violentas, recurrió a la violencia”.
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Raskin acaba de publicar Unthinkable. Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy (que, con el título de Lo imposible, está previsto que publique en septiembre en español el Berg Institute en su Biblioteca Literatura y Derechos Humanos). El libro mezcla la memoria de un duelo personal y familiar con el recuento privilegiado de unas semanas cruciales, que el autor sitúa en el contexto de la historia de Estados Unidos y de las ideas de sus grandes pensadores políticos, de Thomas Paine a William James. Por el camino, se detiene admirativamente en la figura de Abraham Lincoln, en el que pensó repetidamente durante el 6 de enero. “Lo más cerca que anduvimos [de poner nuestra democracia en peligro]”, escribe, “fue a las puertas de la Guerra Civil, en febrero de 1861, pero incluso entonces el recuento electoral de Lincoln no fue interrumpido violentamente”.
Las referencias a la contienda que partió el país en dos son frecuentes en su discurso. ¿Es porque cree, como expresan algunas voces últimamente en Estados Unidos, que podría repetirse una guerra civil? “No a la manera del siglo XIX”, opina. “Aunque si no atajamos la insurrección y la violencia del 6 de enero, corremos el peligro de volvernos mucho más como Irlanda del Norte. Podríamos asistir a una mayor violencia racial, étnica, política e ideológica en determinadas zonas, una violencia que podría manifestarse en las próximas elecciones y en determinados actos públicos”.
Raskin considera el libro como una “carta de amor” a su hijo Tommy, “que acabó convertida también en una carta de amor” a su país. “Hay veces que eliges escribir un libro. Otras, como es el caso, el libro te escoge a ti. Aquellos meses apenas dormía por las noches, así que esto me distrajo”, explicó a EL PAÍS.
Salió elegido como congresista por el condado de Montgomery, el mismo día de noviembre de 2016 en que Estados Unidos escogió a Trump para la Casa Blanca. En lugar de acudir a su inauguración presidencial, Raskin, que en cierto modo se presentó porque daba por hecho el triunfo de Hillary Clinton, organizó una marcha junto a un centenar de simpatizantes por el parque de Rock Creek, pulmón verde de Washington, en vista de la que se les venía encima: “cuatro años de anarquía oficial rampante, crueldad espectacular y narcisismo peligroso”.
Antes, y tras perseguir una carrera académica, había ejercido durante una década como senador en el Parlamento de su Estado, en el que contribuyó a sacar adelante “cien proyectos de ley” de marcado carácter progresista: de la abolición de la pena de muerte al matrimonio igualitario o la despenalización de la marihuana. En Washington, con un partido demócrata atascado por las discrepancias internas (representadas en la figura de los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema), la cosa no es tan fácil. “Hemos hecho mucho [en el primer año de Biden]”, defiende. “Pero también hemos sufrido la frustración de no haber sacado adelante el Build Back Better Plan [ambicioso programa de gasto social, aún pendiente]. Muchos creyeron que estábamos ante una reedición del New Deal. Pero la realidad es otra: puede que tengamos las ambiciones de [el presidente Franklin Delano] Roosevelt, pero desgraciadamente carecemos de sus mayorías”.
“[Los demócratas] tenemos las ambiciones de Roosevelt, pero no sus mayorías”
Ese “momento histórico” es el 6 de enero, que el congresista reconstruye con extraordinario detalle en su libro. Acudió al Capitolio al día siguiente del entierro de Tommy, a quien define como “el mejor alumno y el mejor profesor”, además de como su “mejor amigo” y “la persona más graciosa que pueda imaginarse”. Tabitha, la pequeña de sus hijas, fruto de su matrimonio con Sarah Bloom Raskin (abogada y exsubsecretaria del Tesoro, que ahora se halla en el centro de una polémica por su designación para la Reserva Federal, a la que los republicanos se oponen por sus opiniones sobre el cambio climático) le desaconsejó que fuera al Congreso. Y como el padre desoyó el consejo, esta decidió acompañarlo. Hank, pareja de Hannah, la otra hija del congresista, también se apuntó. Cuando empezó el asalto, a Raskin lo evacuaron junto al resto de legisladores a una dependencia remota del laberíntico complejo del Capitolio. Tabitha y Hank se ocultaron durante tres horas en la oficina del líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, representante también por Maryland.
Partidarios de Donald Trump en pleno taque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Shafkat Anowar (AP)
A la pregunta de qué resultados cabe esperar de la investigación del 6 de enero, el congresista responde: “Lo mejor que podría pasar es que logremos contar la historia completa y detallada y que, como consecuencia de esas revelaciones, el Partido Republicano reniegue de de Trump, lo instale en la infamia, y este pierda toda capacidad de dañar a la república estadounidense. Ahora bien, lo más probable es que demos a conocer el resultado de nuestras investigaciones, que Trump retome su control sobre el partido, y que exija a todos que le juren fidelidad. Si eso sucede, espero que millones de estadounidenses abandonen el partido”.
Lo mejor que podría pasar con la comisión del seis de enero es que las revelaciones hagan que los republicanos renieguen de Trump
En su anteúltima declaración explosiva, el expresidente dijo en un comunicado hace un par de semanas que estaba en la mano de Pence “anular los resultados electorales”. Raskin respondió entonces que, a su juicio, esa declaración facilitaba el trabajo del comité, porque delataba la implicación del magnate en la comisión de un delito. “Para empezar, porque Pence carecía de ese poder”, aclara el congresista a EL PAÍS. “Es pronto para saber si Trump volverá a presentarse en 2024. La Decimocuarta Enmienda establece que cualquiera que haga un juramento a nuestra Constitución y viole ese juramento participando en una insurrección queda inhabilitado para ocupar un cargo federal o estatal. Esa norma se promulgó tras la guerra de Secesión. Yo creo que cabría aplicarla en este caso, pero, como es lógico (y por suerte), estamos poco familiarizados con esa enmienda. Es obligación del comité ver cómo podría aplicarse”.
Y él, ¿se plantea, ahora que ha alcanzado notoriedad nacional, lanzarse a una carrera demócrata hacia la Casa Blanca? “No, no lo sé. Cuando era joven, probablemente tenía mucha más ambición que ahora. Siempre les digo a los jóvenes que es bueno tener ambición personal, pero que esa ambición debe estar conectada con la ambición pública. Yo, personalmente, tengo mucha ambición pública y mucha ambición para mi sociedad. No tanta para mí, y menos aún en estos días en los que extraño tanto a Tommy. Ha sido un año difícil para nosotros”.
Para honrar su memoria, los Raskin han promovido una docena de proyectos, de iniciativas legislativas para atajar la crisis de salud mental a premios para jóvenes activistas o programas de becas y ciclos de conferencias.
Países Bajos no aceptó la independencia de Indonesia y, entre 1945 y 1949, aplicó una violencia excesiva para desbaratar la denominada Revolución Nacional del país. Los soldados destacados en las antiguas Indias Orientales Neerlandesas recurrieron a la tortura y malos tratos durante los interrogatorios, así como a encierros o ejecuciones sin juicio previo, según el informe oficial sobre dicho periodo, presentado este jueves de forma telemática. Si bien los investigadores señalan que ambas partes recurrieron a la violencia en grado extremo, subrayan que el Gobierno holandés de la época toleró las actuaciones de sus militares. El número de víctimas sigue sin estar claro, pero el estudio calcula que murieron unos 100.000 civiles indonesios, y cerca de 5.000 militares holandeses.
Nada más conocerse el resultado de este informe, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha presentado sus “profundas excusas” al pueblo de Indonesia” y a todos los que, en su país, “se vieron afectados por la violencia”. El jefe del Gobierno ha atribuido luego la responsabilidad por esa “página negra” de la historia nacional a “las instituciones que la hicieron posible: el Gobierno, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el poder judicial”.
Iniciada en 2017 a petición del Ejecutivo holandés, la investigación abarca hasta 1950 y muestra que “la mayoría de los responsables, desde políticos a funcionarios y desde militares a jueces, sabían o podían saber del uso sistemático y extremo de la violencia” en Indonesia. Sin embargo, “había una disposición a arrinconar las normas legales y el propio sentido de la justicia”. De este modo, emerge la imagen de “una guerra colonial cada vez más terrible, donde lograr victorias militares y limitar las bajas propias eran la norma”.
En 1969, el Ejecutivo de la época aseguró que este tipo de violencia solo se usó en casos excepcionales. El estudio deja claro, por el contrario, que la actitud colonialista predominaba entre las Fuerzas Armadas y en el seno de la política en Países Bajos: “Estaban seguros de que los nacionalistas no conseguirían liderar un Estado independiente y figuras como Sukarno [líder nacionalista y luego primer presidente de la República de Indonesia] fueron presentadas como un hombre de paja de los japoneses y con poca influencia”, sostiene. El texto utiliza la expresión “violencia extrema”, en la que caben figuras jurídicas como los crímenes de guerra, para subrayar el amplio abanico de delitos perpetrados. Los expertos que han elaborado el trabajo forman parte del Instituto para el estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD, en sus siglas neerlandesas), el Real Instituto para la Lengua, la Tierra y la Etnología (KITLV), y el Instituto Holandés de Historia Militar (NIMH).
La actual Indonesia fue administrada como colonia por el Gobierno holandés desde 1800, aunque el comercio de las especias en la zona, y el sometimiento que implicaba, se remonta al siglo XVII. La invasión japonesa en 1941 interrumpió el dominio de Países Bajos. Tras la capitulación de Japón, los indonesios proclamaron la República. Fue el 17 de agosto de 1945, y el Holanda había sido liberada de la ocupación nazi por las tropas aliadas el 5 de mayo de ese año. Recién salido de la Segunda Guerra Mundial, este país se propuso combatir la independencia de su colonia con escasez de tropas y en un terreno donde se libró una guerra de guerrillas. Pese a ello, la actitud colonial predominaba en la cúpula militar, “y se recurrió a torturas, arrestos arbitrarios y en masa, quema de poblaciones y falta de atención a las víctimas civiles”, reza el informe. Los soldados holandeses llevaron a cabo “intervenciones policiales”. Es un tipo de operación militar considerada hoy parte de una guerra colonial, utilizada entonces para dar la sensación de que se trataba de un conflicto nacional y no de una guerra entre dos países.
Hay ejemplos en el estudio que ilustran la falta de castigo en dichas situaciones. En los consejos de guerra contra militares holandeses por la muerte de prisioneros o por las torturas durante un interrogatorio apenas se imponían penas. Incluso en casos de violación y asesinato, “los jueces holandeses eran comprensivos con los soldados involucrados y los intereses militares”. Los investigadores subrayan esta actitud: “La Administración estaba convencida de su superioridad y llevó tiempo abordar este periodo de forma crítica. No encajaba con la percepción edulcorada de su propia imagen desde la parte holandesa”. Los políticos de ese periodo no prestaron atención a lo que estaba pasando y tampoco asumieron sus responsabilidades, “porque había amplio apoyo social a esa guerra, lejana desde el punto de vista geográfico y psicológico”.
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El informe hace hincapié en el hecho de que todas las partes son culpables de la violencia, incluidos británicos y japoneses, y lo ilustran explicando lo ocurrido entre finales de 1945 y principios de 1946. Fue el momento de la retirada de las tropas japonesas del archipiélago y antes de que los militares británicos cedieran el paso a los holandeses hasta la independencia final. Ese periodo se denomina bersiap (prepárate) y es polémico porque hubo muertes civiles holandesas, chinas y de cualquier persona considerada colaboracionista sin distinción de origen a manos de guerrilleros independentistas indonesios. Aunque los investigadores admiten su “influencia en la dinámica de la violencia”, señalan que esta no fue la razón por la cual Países Bajos intentó recuperar las antiguas Indias Orientales. Cifran en unos 6.000 los civiles muertos en ese momento.
Dos miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador registran a un hombre en Guayaquil, el pasado 7 de febrero.VICENTE GAIBOR DEL PINO (REUTERS)
La violencia en Ecuador no para de marcar hitos en cuanto a consternación de la población. El récord en cifras de asesinatos y de incautación de drogas de 2021, superado por sucesos cada vez más agresivos en enero de este año, cuenta hoy con una presentación más aterradora. Dos cuerpos amanecieron colgados de un puente, atados de pies y manos, en un barrio a las afueras de Guayaquil, la ciudad más caliente del país. La guerra desatada entre bandas criminales -que está detrás de la inseguridad nacional, según la tesis gubernamental- y contra el Estado no había confrontado escenas de ese tipo en territorio local, más allá de las noticias que llegaban sobre la acción del narcotráfico en otros países como México.
“No sabemos cómo llegaron los cuerpos a ese punto”, reconoció el comandante de la Policía en esa zona, en una rueda de prensa en la que informó que uno de los cadáveres llevaba consigo su billetera y se trataba de un hombre sin antecedentes penales y que el otro está sin identificar. “Tenemos indicios de que estas dos personas habrían sido secuestradas o desaparecidas desde el 11 de febrero y sus familiares pusieron la denuncia el día 13″, según el mando policial Marcelo Cortez. Es decir, un día antes de su hallazgo en Durán. Entre esa zona, Guayaquil y el municipio de Samborondón, todos colindantes, suman 164 muertos en lo que va de año. Los tres cantones conforman el territorio con más asesinatos del país de este año y del 2021, cuando se recrudeció la violencia en el país andino. Solo en el fin de semana, siete personas han sido asesinadas en Guayaquil.
Durán es una de las más azotadas por la pelea de territorio entre bandas, según ha reportado la policía cuando han ocurrido balaceras -cruce de balas en plena calle- o cuando han aparecido personas asesinadas. La misma tesis policial relaciona el colgamiento de los dos hombres a la operación policial que se saldó con una incautación de siete toneladas de droga, en el puerto de Guayaquil, del mismo día 13 de febrero. La cantidad incautada, de acuerdo a los cálculos de la policía, está valorada en el mercado local en 14 millones de dólares.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, advertía hace una semana sobre la reacción en cadena que podría generar la detención de 10 miembros de una de las bandas que, según la información policial, se disputa el control de la ruta de la droga dentro del país. “Estaremos listos para responder ante cualquier reacción de los grupos de delincuencia organizada”, pronunció hace dos viernes, sin que esa afirmación haya impedido que los dos cuerpos sean colgados de un puente peatonal en plena madrugada en una zona controlada por cámaras de tráfico y con los militares movilizados para el patrullaje de las calles.
Tras una masacre en un parque al sur de la ciudad, en enero, en la que cinco personas fueron acribilladas, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció un despliegue de efectivos del Ejército y de 1.100 agentes de policía adicionales para reforzar la seguridad en Guayaquil y su entorno. Una medida que también dispuso en octubre de 2021 cuando decretó estado de excepción por los niveles de inseguridad. Pese a ello, más de 300 personas fueron asesinadas solo en el mes de enero.
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De acuerdo a lo manifestado en entrevista con las autoridades, indicó «no estar interesado en interponer denuncia del hecho».
Noticias Nariño.
Luego de varios días de búsqueda e incertidumbre por su desaparición, autoridades lograron ubicar al taxista Cesar Fredy Villota, quien había desaparecido la noche del pasado jueves en el sector de el sector de la Variante (Dolores) en Pasto.
Sobre él, las autoridades confirmaron que fue encontrado sobre las 2 de la tarde de este sábado 12 de febrero.
Villota fue ubicado «en buenas condiciones de salud y sin signos de violencia».
Fue encontrado en Sandoná, Nariño.
Cesar Fredy Villota había desaparecido el jueves 10 de febrero en Pasto.
Indican que la persona que se comunicó con sus familiares manifestó haberlo visto en el municipio de Sandona, Nariño.
Sobre el taxista
Luego de encontrarlo y realizar la entrevista pertinente, el taxista le manifestó a las autoridades «no estar interesado en interponer denuncia del hecho».
El confuso caso
Cuando se conoció la información de la desaparición de Cesar Fredy Villota, las autoridades desplegaron operativos en la ciudad.
«Hallamos un taxi Hiunday por el sector de la Variante (Dolores) y continuamos con la búsqueda del conductor», señalaron.
Denuncia ante la Fiscalía
Manifestaron que durante la madrugada se continuó con la búsqueda, sin respuesta alguna.
Sin embargo enfatizaron en que minutos antes de la desaparición, envió un mensaje a su familia y allegados, alertando sobre la actitud sospechosa de los pasajeros.
«En medio de esta situación, se activaron las alarmas y se reportó al CTI para investigar lo sucedido», añadieron.
Por otro lado, señalaron que en investigaciones con su familia, manifestaron que el taxista no tenía ningún problema con nadie, mucho menos deudas o amenazas.
En el lugar de la desaparición y en donde encontraron el taxi no había rastros de violencia.
«No se evidenciaron robos al vehículo, razón por la cual se está inspeccionando el lugar para dar cuento antes con su paradero», dijeron las autoridades en su momento.
El ahora exprimer ministro de Perú, Héctor Valer, esta semana en Lima.JUAN PABLO AZABACHE (AFP)
El enredo en el que se encuentra inmerso Pedro Castillo como presidente de Perú ha sumado un nuevo capítulo. El tercer primer ministro que había propuesto en siete meses, el ultraconservador Héctor Valer, ha dimitido tres días después de jurar el cargo por los continuos escándalos que han surgido tras saberse que iba a ser nombrado número dos del país. Valer agredió a su mujer y a su hija, a una psicóloga que le hizo un test y sus vecinos recogieron firmas para expulsarlo del edificio en el que vivía en Lima por su mal comportamiento. Sabido todo esto, Castillo se ha visto obligado a dar otro golpe de timón, uno más, y son ya más de veinte los altos cargos de su gabinete que por un motivo u otro han tenido que marcharse.
Lo ocurrido lleva a Castillo una situación inaudita: dos reformas de Gobierno en apenas una semana. El suyo es el gabinete más inestable de Perú en los últimos 40 años, que es decir mucho. El país andino es conocido en la región por ser una máquina de devorar ministros y presidentes. El profesor rural que ganó por sorpresa las elecciones el verano pasado va camino de ser una víctima más. La oposición maniobra en el Congreso para destituirle de una forma u otra. El presidente no ha contado con el favor del establishment desde que llegó al poder, pero las continuas crisis que enfrenta tienen que ver con el quehacer de su entorno. En esta ocasión se ha visto obligado a echar marcha atrás el nombramiento de Valer por la presión ciudadana, que ya había salido a la calle para repudiar su nombramiento, y el anuncio del resto de la cámara que había anunciado que no le daría su aprobación a Valer. Castillo no ha tenido escapatoria.
En un mensaje a la nación pasadas las seis de la tarde, el jefe de Estado ha anunciado la recomposición de su gabinete ministerial sin decir ni una sola palabra sobre la desacertada elección del agresor Valer como premier, pues tiene otras 15 investigaciones fiscales por delitos en su ejercicio como abogado y pequeño empresario.
“Estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas y profesionales de todo el país”, ha adelantado Castillo, luego de recordar que el país andino vive hace cinco años “en permanente incertidumbre”, con cuatro presidentes y un Congreso disuelto. “Los pobres ya no quieren ver más confrontaciones”, ha comentado en un mensaje televisado de cinco minutos.
Un par de horas antes del anuncio del presidente, decenas de activistas feministas realizaron un plantón afuera del Ministerio de la Mujer, con el lema Fuera gabinete Valer. No solo exigían la renuncia del abogado, sino también el cambio de la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, la congresista Katy Ugarte, una maestra de escuela ultraconservadora y que rechaza a la población LGTBI. Ugarte es militante de Perú Libre, la formación de ultraizquierda que preside el leninista y populista Vladimir Cerrón.
La movilización ciudadana se dirigió luego hacia Palacio de Gobierno, donde fueron reprimidas por la policía para evitar que se acerquen a la sede de la presidencia a la hora que estaba previsto el mensaje a la nación de Castillo. Entre el jueves y hoy, ocho bancadas -de once- del Congreso advirtieron al Ejecutivo que no darían el voto de investidura al gabinete Valer. Después de la juramentación de un nuevo primer ministro, el gabinete debe presentar al Congreso la política de Gobierno y pedir el voto de confianza. La mañana del viernes, en un callejón sin salida, el primer ministro fue en persona a pedir -por escrito- que el Parlamento programe un pleno este sábado para la comparecencia del Gabinete. La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, respondió que decidirían esa fecha más adelante con la junta de portavoces.
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A mediodía del jueves, Valer echó más fuego a la indignación que ya había causado la difusión de las denuncias en su contra por agredir a sus parientes, a una psicóloga en una entrevista laboral y a un portero del edificio donde vivía. Mostrando a la prensa páginas del expediente por violencia familiar, dijo que la resolución judicial que otorgó medidas de protección a su esposa -fallecida en septiembre- era nula porque el certificado médico legal que valoró el juez “se puede falsificar” y porque el Poder Judicial no le había notificado el documento.
El parlamentario alegó además que la resolución judicial en su contra no citaba ningún testimonio de su esposa sobre el maltrato, y negó que ella lo hubiera demandado. Sin embargo, este diario hizo la consulta en el sistema de expedientes del Poder Judicial y quien fuera esposa de Valer figura como demandante en esa causa entre 2016 y 2017.
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Desde la izquierda, el fiscal general de EE UU, Merrick Garland; el alcalde Eric Adams y el presidente Joe Biden, este jueves en Nueva York.BRENDAN SMIALOWSKI (AFP)
La visita que el presidente de EE UU, Joe Biden, ha realizado este jueves a Nueva York ha escenificado la preocupación de la Casa Blanca y el Partido Demócrata ante el auge de la criminalidad en la Gran Manzana y el resto del país. Acompañado del fiscal general del país, Merrick Garland, el mandatario se ha reunido con el alcalde, Eric Adams, y la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, ambos demócratas; a la cita han acudido varios congresistas de su partido y la fiscal general del Estado, Letitia James. El primer escenario elegido para abordar la estrategia en la lucha contra el crimen ha sido la sede del departamento de policía de Nueva York, el mayor del país, con 35.000 agentes. El segundo, un colegio del distrito de Queens, para intercambiar ideas sobre prevención con líderes comunitarios.
En el diseño del programa estaban todos los elementos que la Administración de Biden pretende integrar en su abordaje del fenómeno. Un claro apoyo a la respuesta policial -tanto Biden como Adams rechazan el movimiento Defund the police (Desinvertir en policía), que animan sus correligionarios más progresistas-, pero sin olvidar la intervención en las raíces del fenómeno: las comunidades más desfavorecidas, como la afroamericana y la latina. A la vez, a diez meses de unas elecciones de medio mandato cruciales, Biden intenta demostrar firmeza ante el problema, frente a las críticas de debilidad y tibieza por parte de la oposición republicana. Los demócratas no están dispuestos a regalar la baza de la inseguridad a los conservadores.
En la reunión en el cuartel general de la policía, Biden se pronunció sobre la reciente muerte en acto de servicio de dos agentes, a cuyas familias telefoneó la víspera y a los que dijo “admirar muchísimo”, y propuso dotar de más fondos al cuerpo, no recortar su presupuesto. “No se trata de desfinanciar, se trata de financiar”, subrayó. El mandatario solicitó mayores recursos para la policía comunitaria y para la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, en sus siglas inglesas). “El presidente está hoy aquí porque conoce lo que quieren los estadounidenses: justicia, seguridad y prosperidad”, declaró Eric Adams; “sabe que la seguridad ciudadana y la justicia son la base de nuestra economía, nuestra democracia y nuestra sociedad”.
La reunión fue una notable demostración de unidad entre los distintos niveles de la Administración. “Alcalde Adams, usted dice que la violencia armada es alimentada por muchos ríos. Como bien sabe, propuse un plan para represar algunos de esos ríos. Puede contar conmigo como socio en ese esfuerzo”, reiteró Biden al regidor. El presidente, que califica de epidemia esta oleada de violencia, presentó en junio un plan de acción, presupuestado en 500 millones de dólares, para destinar más recursos a la policía y a la intervención socioeconómica en las comunidades. La iniciativa pretende también yugular el denominado Iron Pipeline, la ruta de aprovisionamiento de armas desde los Estados del sur del país hacia la costa este, así como poner fuera de circulación a los reincidentes.
En Nueva York, donde en lo que va de año 116 personas han sido víctimas de tiroteos, hay un encendido debate acerca de la reforma de la fianza. Las leyes vigentes eliminan la opción de que los jueces fijen una fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y no violentos, un planteamiento que el nuevo fiscal de Manhattan, el progresista Alvin Bragg, no comparte, aunque la proliferación de sangrientos sucesos puede hacerle modificar su postura.
El mandatario defendió su plan y salió al paso de los críticos. “[El control de armas] No viola el derecho a la Segunda Enmienda [que consagra el derecho a poseer y portar armas] de nadie. No hay enmienda que sea absoluta. No podías comprar un cañón cuando fue aprobada. No hay ninguna razón por la que ahora deberías poder comprar ciertas armas de asalto”, declaró.
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La proliferación de tiroteos en Nueva York en las últimas semanas –además de los policías muertos en acto de servicio, otros cuatro resultaron heridos en sendos incidentes en enero- no es exclusiva de la Gran Manzana; urbes como Chicago, Memphis o Filadelfia también se desangran. El sostenido aumento de la violencia jalona el país desde la pandemia, con 21.500 homicidios en 2020, casi 59 al día; un incremento del 30% en un año. Casi la mitad de las víctimas (9.941) eran afroamericanas, una comunidad que representa el 12% de la población. De ahí el énfasis que tanto Biden como Adams ponen en la intervención en las comunidades y los barrios.
El refuerzo policial, con la contratación de más agentes, es visto con suspicacia por los progresistas, así como la actual normativa sobre la fianza. Adams pretende recuperar una unidad callejera para combatir el tráfico de armas cortas que inunda Nueva York. La Casa Blanca prevé medidas contra las llamadas fantasmas, o de fabricación privada, ensambladas a partir de piezas sueltas, sin número de serie, o impresas en 3D, que burlan todos los controles. Entre 2016 y 2020 se decomisaron 23.900 armas de este tipo, responsables de al menos 325 homicidios. Su uso ha aumentado un 400% en los últimos cuatro años, según datos publicados este jueves por la ATF.
Con más armas que habitantes, EE UU es el país más pertrechado del mundo, una tendencia que también se disparó durante la pandemia, especialmente por parte de nuevos compradores. En los dos últimos años, se han vendido 43 millones de armas. En junio de 2021, el 30% de los adultos estadounidenses decía poseer al menos una, según un estudio de Pew Research.
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