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Obras en el lado danés del túnel sumergido que conectará Alemania con Dinamarca.
Obras en el lado danés del túnel sumergido que conectará Alemania con Dinamarca.PAtricia Sevilla

A media mañana de un martes de febrero, pocos pasajeros se toman un café en el ferri de Scandlines que cruza de Alemania a Dinamarca por el estrecho de Fehmarn, en el mar Báltico. La temporada turística todavía queda lejos y la mayoría de viajeros son conductores de camiones que hacen la ruta desde Europa central hasta Escandinavia. Los 45 minutos de trayecto pasan volando entre admirar el paisaje y visitar cafetería, restaurante y tienda duty free del moderno ferri que zarpa cada media hora para cubrir los 18 kilómetros que separan ambos países. Si se cumplen los plazos, en 2029 este trayecto, el último cuello de botella entre el centro y el norte de Europa, podrá hacerse en tren o en coche.

Dinamarca financia una de las mayores infraestructuras actualmente en construcción en la Unión Europea: el túnel de Fehmarn, una inmensa obra de ingeniería presupuestada en 7.100 millones de euros para conectar dos países y dos regiones europeas y cerrar la brecha que ahora impide el enlace norte-sur por ferrocarril. El proyecto, muy polémico en el lado alemán, consiste en lo que se conoce como túnel sumergido. En lugar de perforar bajo el lecho marino, se excava una zanja de unos 15 metros de profundidad sobre la que se colocarán 89 estructuras prefabricadas de hormigón y acero que se encajarán unas con otras como si fueran piezas de Lego para componer el túnel. Será el más largo del mundo de su tipología, asegura el consorcio encargado de su construcción.

Un guía permanece junto a una de las maquetas del túnel, en el centro de visitantes abierto en Rodbyhavn, al sur de la isla de Lolland, para explicar el proyecto
Un guía permanece junto a una de las maquetas del túnel, en el centro de visitantes abierto en Rodbyhavn, al sur de la isla de Lolland, para explicar el proyectoPatricia Sevilla

En Fehmarn, la tercera isla más grande de Alemania y uno de los destinos turísticos habituales de la costa báltica, sienten que el pez grande se ha comido al pequeño. Ante un proyecto apoyado por el Gobierno alemán y por la Comisión Europea —que aporta financiación dentro del mecanismo Conectar Europa para fomentar las infraestructuras de transporte—, el municipio de 12.000 habitantes se ve impotente frente a lo que se les viene encima.

“Vamos a convivir con cuatro grandes obras en la isla durante la próxima década”, lamenta el alcalde, Jörg Weber. Se refiere al túnel, la ampliación de la carretera de dos a cuatro carriles, una nueva vía férrea que cruzará la isla y otro túnel que la conectará con el continente. “Será ruidoso, cambiará nuestro paisaje y afectará al tráfico desde y hacia Fehmarn. Y nos preocupa la aceptación de los turistas”, añade.

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El consorcio que construye el túnel asegura que trata de generar el mínimo impacto en el territorio. Tiene en plantilla a observadores de fauna que dan la voz de alarma si algún pájaro se ve afectado por la construcción y almacena las capas de tierra fértil que han retirado en lo que será la entrada del túnel para volver a colocarlas en el mismo sitio al acabar. Una vez construido el portal, los agricultores podrán volver a cultivar sobre el túnel. Pero la afectación al paisaje es inevitable. En el lado alemán se han ganado unos 200 metros al mar y se ha reconstruido unos metros más allá una playa donde ahora se acumulan montañas y montañas de arena extraída del lecho marino. Al otro lado, en la isla danesa de Lolland, la superficie en obras es al menos cinco veces mayor, pero allí se ve con buenos ojos el proyecto. Traerá trabajo y turismo, le dijo su alcalde al Frankfurter Allgemeine: “Con el túnel ya no estamos en el extremo sur de Dinamarca, sino en medio de las metrópolis de Hamburgo y Copenhague”.

Tierra fértil extraída de las obras del túnel y acumulada para ser utilizada posteriormente como tierra de labranza.
Tierra fértil extraída de las obras del túnel y acumulada para ser utilizada posteriormente como tierra de labranza.Patricia Sevilla

Desde el ferri se aprecia cómo avanzan los trabajos: a lo largo de la ruta cuatro barcos dragadores extraen materiales del fondo marino y los cargan en barcazas que los transportan a la orilla. La construcción empezó a finales del año pasado en el lado alemán, en la isla de Fehmarn, más tarde que en la isla danesa de Lolland, porque asociaciones ecologistas, compañías de ferri y el Ayuntamiento de Fehmarn, entre otros, intentaron parar el proyecto en los tribunales. Les preocupa cómo puede afectar al medio marino y al ecosistema de la isla la construcción de un túnel que albergará una autopista con cuatro carriles para vehículos, dos por sentido, y dos vías férreas para trenes de alta velocidad de pasajeros y de mercancías.

El de Fehmarn será el túnel con carretera y ferrocarril más largo del mundo mundo, relatan los paneles explicativos del centro de visitantes que la empresa ha abierto en Rodbyhavn, al sur de la isla de Lolland, a 160 kilómetros de la capital, Copehnague. La estrella de la exposición es una maqueta que muestra entre otras cosas cómo los módulos prefabricados de 217 metros de largo saldrán del puerto y se remolcarán hasta sumergirlos en el punto exacto para ir conformando el túnel. La fábrica que los construirá ocupa el equivalente a 140 campos de fútbol y está en el lado danés. Ya se puede apreciar la estructura de la primera de las seis líneas de producción. Cuando esté en funcionamiento dará trabajo a varios miles de trabajadores y será uno de los mayores centros de trabajo de Dinamarca.

El proyecto para construir una conexión fija entre Alemania y Dinamarca que mejorara las redes transeuropeas de transporte llevaba décadas rondando a ambos países. Se barajaron distintas ideas desde los años ochenta, entre ellas un túnel excavado y un puente. Finalmente, se decidió que el túnel sumergido era la mejor opción según las características del estrecho, explica a pie de obra Martin Staffel, el ingeniero jefe responsable de la construcción. Berlín y Copenhague firmaron un tratado para construir la infraestructura en 2008. Es Dinamarca la que aporta los 7.100 millones, de los que 1.000 son en realidad un colchón presupuestario por si se producen sobrecostes. Una vez construido, el túnel se pagará solo mediante peajes.

Martin Staffel, ingeniero jefe responsable de la construcción del túnel.
Martin Staffel, ingeniero jefe responsable de la construcción del túnel.Patricia Sevilla

“La mayor dificultad del proyecto es la logística: coordinar barcos, camiones, excavadoras… para que todos estén en su sitio en cada momento”, asegura Staffel. El ingeniero ha construido puentes, túneles y autovías por medio mundo —trabajó en grandes infraestructuras como el metro de Qatar y en el tren de alta velocidad entre Pekín y Shanghái—, pero dice que dirigir las obras del túnel que unirá su país, Alemania, con la vecina Dinamarca, supone uno de los mayores desafíos de su carrera.

La empresa tiene 70 barcos trabajando a la vez, que se suman al intenso tráfico marítimo habitual en esta zona. “Por el estrecho de Fehmarn navegan 30.000 embarcaciones al año; todo el tráfico del Báltico pasa por aquí de camino al mar del Norte”, apunta Erling Olsen, encargado del centro de operaciones marítimas. Su trabajo consiste en dirigir todas esas rutas y evitar accidentes. En tierra, 90 camiones cargan materiales de un lado a otro las 24 horas del día. Entre ellos, rocas graníticas que han tenido que importar -también por barco- desde Noruega para el dique del nuevo puerto.

Todo son grandes cifras en las obras del túnel de Fehmarn. El objetivo es que en 2029 se tarde siete minutos en cruzar en tren y 10 en coche, y en asegurar que el paso siempre será posible, independientemente de las condiciones meteorológicas. No está claro cuál será el futuro del ferri desde el que Staffel señala orgulloso al Magnor, la mayor draga retroexcavadora del mundo, en pleno proceso de arrancar arena del fondo con un enorme brazo hidráulico de color amarillo. Los responsables de Scandlines aseguran que seguirán navegando, con o sin túnel.

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Las perspectivas económicas para América Latina no son estelares. Antes de que la covid-19 azotara, la región ya perdía inercia y organismos multilaterales y analistas advertían que los países tendrían que cambiar sus políticas para impulsar el desarrollo. El litio representa esta oportunidad. Mineral con alta conductividad eléctrica, el litio es elemental para producir las baterías que permitirán al mundo cortar la dependencia a los combustibles fósiles y migrar a energías renovables más limpias. Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo. Junto con Argentina y Chile, el “triángulo” conforma el 63% de las reservas en el planeta. Perú y México agregan casi tres millones de toneladas más. El litio es, para los grandes capitales, la estrella más brillante en el mapa latinoamericano.

La transición energética pescó a estos países en un momento de expansión del nacionalismo. En los últimos meses, han brotado esfuerzos porque la producción esté bajo el control del Estado, una dirección que muchos ciudadanos apoyan. Muchos más se oponen en protección del medio ambiente. Al litio lo llaman “oro blanco” por su valor en el mercado y su color plateado claro. En inglés, lo llaman “white oil”, el petróleo blanco, una diferencia sutil pero muy reveladora. Para los latinoamericanos, el litio es un mineral precioso, como lo son el oro y la plata que han sido explotados en su territorio desde la época de la Colonia. Para los extranjeros, en la cultura anglosajona, el mineral es un potenciador, un recurso natural que se transformará en otra cosa, un paso en la cadena de valor.

El precio del mineral en el mercado internacional subió aproximadamente 80% en 2021, según un índice de Bloomberg. Hace solo cuatro años, un análisis, también de Bloomberg, aseguró que más de la mitad de todas las ventas de automóviles en países desarrollados en 2040 serían eléctricos. Pero un estudio más reciente de la consultora KPMG, publicado en noviembre del año pasado, recorta el pronóstico en 10 años. Es decir, ahora se espera que el 52% de las ventas de autos serán eléctricos para 2030. Más de 1.100 ejecutivos de la industria automotriz en 31 países estiman que una “transformación radical” del sector se llevará a cabo en los próximos cinco a 10 años.

El mundo se está moviendo rápidamente en esta dirección y la necesidad de producción de litio se siente muy urgente, como si la ventana de oportunidad tuviera una fecha de expiración. En Chile, han sido las inversiones privadas las que por años han extraído y producido el mineral para su exportación. El Gobierno de Sebastián Piñera, quien sale del poder el 11 de marzo, anunció el mes pasado la adjudicación de dos cuotas de producción de 80.000 toneladas de litio a dos empresas, una de capital chino y otra de capital chileno. El anuncio fue controvertido, ya que el presidente electo, Gabriel Boric, ganó la elección con un plan para crear una empresa nacional del litio e implementar una “nueva gobernanza” de los salares que contienen las reservas del mineral. Boric también prometió que todas las comunidades en Chile, sin importar su ubicación, tendrían acceso a agua, un recurso necesario para la minería. Las adjudicaciones se encuentran ahora en un limbo legal, después de que una corte de apelaciones suspendió los contratos.

Además, el modelo actual pudiera ver un revés. El 1 de febrero, Chile tomó un paso inicial hacia la nacionalización de algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo, cuando el Congreso aprobó en primera instancia una propuesta para darle el control al Estado. El voto formó parte del proceso de redacción de una nueva Constitución. Actualmente, la Constitución prohíbe la nacionalización de estos recursos.

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En México, en donde las reservas tienen el potencial de ser mayores a los 1,7 millones de toneladas que el Servicio Geológico de Estados Unidos contabiliza, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto algo similar. Como parte de una iniciativa de ley para reformar el sector energético, López Obrador planea nacionalizar el litio y crear una institución del Estado a cargo de su procesamiento. A diferencia de Chile, en México la producción de litio se ha limitado a un solo contrato con una empresa china, la cual, hasta la fecha, no ha extraído ni un gramo de carbonato de litio. Expertos apuntan a que el Gobierno no tiene los recursos para abrir semejante empresa del Estado. México se encuentra, por lo tanto, en otro tipo de limbo.

El Gobierno de Pedro Castillo, en Perú, busca modificar un contrato con la canadiense American Lithium Corp de manera que el mineral se exporte con un valor agregado, según informó un congresista aliado del presidente a medios de ese país. Es decir, El Estado quiere que las empresas en Perú no solo extraigan y refinen el litio para ser materia prima de exportación, sino que inviertan en fábricas para transformarlo en un producto con mayor valor de mercado, generando más empleos, mejor pagados.

Argentina es, hasta cierto punto, la excepción. Ahí, los derechos de exploración los tienen las provincias y la Administración del presidente Alberto Fernández ha buscado promover las reservas del país a nivel mundial. Fernández se propuso en 2020 aumentar la producción anual de carbonato de litio en 700% hasta alcanzar 230.000 toneladas para finales de este año. Esto requerirá una inversión de más de 1.000 millones de dólares por parte de empresas privadas. Durante una visita de Fernández a China la semana pasada, funcionarios de su Gobierno dijeron a medios en el país que Argentina negocia con el país asiático una nueva inversión, incluyendo planes para montar una fábrica de baterías.

La joya de la corona

Producción de litio en la empresa estatal boliviana en el Salar de Uyuni, en Potosi, en diciembre de 2019.
Producción de litio en la empresa estatal boliviana en el Salar de Uyuni, en Potosi, en diciembre de 2019.Carlos Becerra (Bloomberg)

Mientras Argentina se apresura, Bolivia se toma su tiempo. Por el tamaño incomparable de sus reservas, este es el país que más entusiasma a los inversores, pero, en su historia reciente, el mineral ha generado ya conflictos. En 2019, el presidente Evo Morales anunció que la empresa alemana ACI Systems invertiría cerca de 1.300 millones de dólares para explotar gran parte de las reservas de litio. Semanas después, una fuerte crisis política en el país paralizó las negociaciones, y Morales se vio forzado a huir del país.

En julio de 2020, un usuario en Twitter reprochó a Elon Musk, director de Tesla Motors, cuya empresa lidera la fabricación de vehículos eléctricos a nivel mundial, que los “EE UU organizaron un golpe de Estado en Bolivia” para que Musk tuviera acceso al litio del país. Musk respondió: “¡Nosotros haremos golpe de Estado a quien queramos! ¡Acéptenlo!”. Ya no existe registro del tuit de Musk, más que las capturas de pantallas en notas periodísticas. El empresario le dio a Morales el gancho perfecto para relacionar el control del litio con su derrocamiento. El año pasado, durante una visita a México, el expresidente defendió que el mineral “debe estar en manos los Estados, no del sector privado”. “Decidimos, como Estado industrializar el litio. Contratamos expertos… y empezamos la gran industria y ahí viene el golpe del Estado. Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado fue por el litio”, dijo en unas declaraciones en las que también acusó a Tesla.

En noviembre de 2020, Luis Arce, aliado de Morales, llegó a la presidencia de Bolivia, y arrancó un proceso diferente al de su predecesor. Primero, organizó un evento público, una especie de feria, para atraer empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir. Después, se eligieron ocho empresas originarias de EE UU, China, Rusia y Argentina a las que se les permitió realizar pruebas piloto de la tecnología de extracción. En abril, se espera que un grupo técnico de la empresa del estado Yacimientos de Litio Bolivianos emita una opinión sobre qué compañías deben recibir contratos. Entre los factores a considerar están su porcentaje de recuperación del mineral, su impacto ambiental y el plan de protección de las comunidades, explica Diego Von Vacano, profesor de la universidad Texas A&M en Estados Unidos y asesor informal del Gobierno de Luis Arce.

El grupo técnico es independiente, dice Von Vacano, y se conforma de profesionales en la materia, dos mujeres de origen indígena y dos hombres. El litio que se obtiene en salmuera, como el de Bolivia, tiene un impacto menor en el medio ambiente, que aquel que se debe minar de sedimentos sólidos, como el de México. Sin embargo, sigue siendo minería, lo cual afecta al ecosistema. “Los errores que se han cometido, por ejemplo, los daños al medio ambiente que se han visto en Chile, esos Bolivia no los quiere repetir”, asegura Von Vacano.

Vida en el desierto

Una alberca de evaporación en una mina de litio en el desierto de Atacama, en Chile, en mayo de 2019.
Una alberca de evaporación en una mina de litio en el desierto de Atacama, en Chile, en mayo de 2019.Bloomberg Creative Photos (Bloomberg)

“A lo largo de la historia del colonialismo y, específicamente cuando se habla de minería, la literatura suele describir a las minas como paisajes muertos o deshabitados, como que no hay vida allí, este concepto que en latín se llama terra nullius, es decir, tierra de nadie”, dice Thea Riofrancos, profesora asociada de Ciencias Políticas en Providence College, Rhode Island, en EE UU. “Pero no es así”, apunta. Riofrancos recuerda la primera vez que visitó las reservas de Chile, en 2019. “Me asombró el desierto, en muchas maneras”, dice la académica, becaria de la Corporación Carnegie, “el salar es como una extensión blanca grisácea que ves hacia el horizonte y parece nunca terminar. También están los flamencos, y, si tienes suerte, puedes ver hermosas aves de rapiña”.

El desierto de Atacama en Chile es hiperárido y tiene altos niveles de radiación ultravioleta. Es, en palabras de un grupo de académicos, “uno de los entornos más duros de la Tierra” que podría contener la clave para que el mundo aprenda a sobrevivir con el calentamiento global. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en noviembre, un grupo de 27 científicos abogan por preservar el desierto para llevar a cabo investigación científica. “Atacama como un laboratorio natural es inigualable para estudiar la adaptación de las plantas a condiciones ambientales extremas”, apuntan.

Históricamente, el sur ha proporcionado materias primas a la economía global, sin que sus poblaciones se beneficien de ello, opina Riofrancos. “El caso de Bolivia es sumamente dramático por los orígenes del imperialismo español en las minas de Potosí”, dice la investigadora. “El país ha proporcionado al mundo minerales desde plata hasta estaño, también gas natural y agroexportaciones y el potencial ahora es el litio”.

Quizás es por eso que la Administración de Arce maneja con discreción los avances del programa piloto. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia no respondió a preguntas de EL PAÍS sobre el potencial estimado de esta industria en términos de producto interno bruto. Los réditos estarán sujetos a las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales, por lo que en Argentina y en Bolivia ya se habla de crear un cártel del litio similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual impone cuotas de producción para prevenir que el precio del petróleo se desplome.

“Estamos en contra del reloj,“ dice Von Vacano. El especialista asegura que “es urgente que se impulse el litio más rápidamente” porque los inversores mirarán a otros países para invertir. Los réditos se pueden invertir como se hace en Noruega o en Qatar, sugiere Von Vacano, en los ciudadanos. “Esto puede ser muy positivo. Puede ser un modelo de regalías que beneficie a las regiones de Potosí, de Uyuni, entre otras, pero también al resto del país. Este es el dinero que se puede usar en sistemas educativos, o de salud. Pudiera transformar al país de manera completa”.

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El asalto de células durmientes del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) a la prisión de Al Sina en Hasaka, en el noreste de Siria, para liberar a excombatientes yihadistas ha sido aplastado este miércoles tras seis días de combates a sangre y fuego. Las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que controlan la cárcel, han anunciado el fin del ataque, que ha sido sofocado con apoyo de la aviación y fuerzas especiales de Estados Unidos, su aliado en la lucha contra el extinto califato. Se trata de la mayor acción armada del ISIS registrada desde su derrota en el campo de batalla hace casi tres años.

Después de que dos conductores suicidas lanzaran en la noche del día 20 sus camiones cargados de combustible y explosivos contra las puertas del penal, en el distrito de Gewayran, en las afueras de Hasaka, dos centenares de combatientes del ISIS se apoderaron de edificios y cruces de caminos. En una acción coordinada, cientos de los 3.500 presos yihadistas arrebataron las armas a sus guardianes. Mientras la mayoría de los amotinados se dio a la fuga de inmediato, otros internos se atrincheraron con decenas de rehenes en parte de la prisión al verse acosados por las fuerzas kurdas. Más de 45.000 civiles han huido de sus casas en los primeros días en medio de un frío glacial durante los primeros cinco días de enfrentamientos, según datos recabados por agencias de Naciones Unidas.

Los portavoces kurdos se limitaron a asegurar a través de Twitter que el asalto había terminado, sin que el centro de prensa de las FDS informara de bajas en los combates. Más de 500 reclusos yihadistas se rindieron poco antes de que los últimos combatientes del ISIS depusieran las armas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ONG asentada en Reino Unido que cuenta con informadores sobre el terreno, había contabilizado en la tarde del martes más de 180 muertos entre los asaltantes y presos yihadistas, 37 en el seno de las fuerzas kurdas y al menos 10 civiles abatidos por presos fugados.

El mando de la coalición internacional contra el ISIS ha intentado quitar hierro al asalto yihadista y ha anunciado que la respuesta militar que han afrontado los combatientes extremistas ha sido contundente. “En su desesperado intento por recuperar la relevancia, el Daesh [acrónimo árabe para Estado Islámico] ha dictado una sentencia de muerte para sus seguidores que han participado en el ataque”, advirtió el general estadounidense, John W. Brennan, comandante de las fuerzas de la coalición. El mando militar no explicó, sin embargo, cómo ha sido posible que más de 10.000 milicianos kurdos no hayan podido contener en casi una semana el resurgimiento armado del ISIS. La batalla por el control del penal se recrudeció desde el pasado domingo con la intervención de helicópteros y aviones de combate estadounidenses, según ha confirmado el Pentágono, en apoyo de las FDS. Unidades de las fuerzas especiales de EE UU se desplegaron también sobre el terreno con vehículos blindados.

Fuerzas kurdas desplegadas, el domingo en la cárcel de Hasaka (Siria).
Fuerzas kurdas desplegadas, el domingo en la cárcel de Hasaka (Siria).Hogir Al Abdo (AP)

Menores atrapados como escudos humanos

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Unicef, el órgano de la ONU para la infancia, había alertado de que los intensos enfrentamientos que se libraban en Hasaka ponían en grave peligro a los entre 700 y 850 menores, algunos de los cuales rondan los 12 años, internados en el recinto penitenciario junto con sus familias. Las fuerzas kurdas acusaron a los yihadistas de utilizar a niños y adolescentes como “escudos humanos”. Letta Tayler, subdirectora de crisis y conflictos de Human Rights Watch (HRW), ha asegurado en Twitter que recibió mensajes de voz de un adolescente extranjero desde la cárcel de Hasaka en el que describía la presencia de numerosos cadáveres en la prisión. “Si algo les pasa a estos menores, los países de origen de los chicos van a tener las manos manchadas de sangre infantil”, denunció Tayler ante el rechazo de la mayoría de los Estados a repatriar a los llamados niños del ISIS, de los que unos 150 se encuentran atrapados en el penal de Al Sina.

La resurrección militar del ISIS en Siria se ha producido mientras la atención internacional se concentra en la tensión bélica en Ucrania. Muchos observadores se han visto sorprendidos por el espectacular golpe de mano yihadista contra la cárcel, después de que las fuerzas terroristas fueran aplastadas en marzo de 2019 por las milicias kurdas a orillas del Éufrates en el poblado de Baguz, fronterizo con Irak. Desde entonces, el ISIS se había limitado a vagar por el desierto en la frontera sirio-iraquí sin un califato territorial, oculto en células durmientes que cometían de tiempo en tiempo atentados aislados en zonas desérticas.

“El ataque contra la prisión demuestra que el ISIS tiene un poder de permanencia considerable. Esta es la primera vez que lanzan una operación urbana importante”, destaca el profesor estadounidense Joshua Landis, veterano especialista en el conflicto sirio. “Los yihadistas están tratando de reagruparse, ya que las condiciones son ahora favorables para el reclutamiento de combatientes”, resalta Landis, director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Oklahoma.

“Una terrible sequía ha arruinado la agricultura en gran parte del noreste de Siria. Igual de relevante es la continua fricción étnica entre kurdos y árabes”, argumenta este experto en un intercambio de mensajes. La población árabe suní, mayoritaria en la región, se queja de que las fuerzas kurdas les discriminan y les tratan como terroristas potenciales. “Las disputas étnicas y sectarias se ven agravadas, además, por las malas condiciones económicas, la falta de empleo y la incertidumbre política en la región”, puntualiza Landis.

El yihadista ceutí Zuhair Ahmed Ahmed, en la cárcel de Hasaka (Siria), en 2021.
El yihadista ceutí Zuhair Ahmed Ahmed, en la cárcel de Hasaka (Siria), en 2021.Natalia Sancha

Preso yihadista español en la prisión atacada

El complejo de Gewayran, un antiguo centro educativo, es la mayor prisión gestionada por las FDS, que tienen bajo su poder a unos 12.000 prisioneros del Estado Islámico, de los que una tercera parte son extranjeros procedentes de medio centenar de países, según HRW. Entre estos brigadistas internacionales del ISIS se encuentra previsiblemente el español Zuhair Ahmed Ahmed, nacido en Ceuta hace 31 años, quien fue entrevistado por EL PAÍS el año pasado en la cárcel de Hasaka. Se entregó tras la derrota del Estado Islámico a las FDS después de haber combatido en las filas del ISIS desde 2013 y de perder las piernas en el ataque de un dron en 2015.

Omar al Harshi, otro yihadista preso de nacionalidad española, también puede hallarse en la cárcel de Gewayran, donde las fuerzas kurdas han concentrado a excombatientes del Estado Islámico, aunque su paradero no ha sido confirmado. Al Harshi está casado con la madrileña Yolanda Martínez, ingresada en el campamento para familiares de yihadistas de Al Roj (50 kilómetros al norte de Hasaka) junto con sus cuatro hijos pequeños. En el centro de internamiento para menores Al Houri (próximo a Al Roj) se encuentra presuntamente también el niño español Abdurahman Aabou Fernández, de 13 años.

El ataque lanzado ahora por el ISIS sigue la estela de la campaña de fugas carcelarias masivas organizada por grupos armados suníes iraquíes en 2012. Estas audaces operaciones le sirvieron al yihadismo para poder reagrupar a sus combatientes antes de lanzarse a la conquista de un amplio territorio, a caballo entre Siria e Irak, sobre el que se fundó el autodenominado califato islámico dos años después.

Ante todo, el profesor Landis considera que el asalto a la cárcel de Hasaka ha devuelto al ISIS una atención internacional de la que había carecido en los últimos tiempos. Además, ha obligado a Estados Unidos (que mantiene desplegados unos 900 miembros de sus fuerzas especiales en Siria) y a la coalición que encabeza a regresar a la primera línea del frente en contra de su voluntad.

“La situación en las cárceles [para yihadistas] es mortificante. Las tribus árabes han tratado, sin éxito, de excarcelar a sus familiares presos, que no han comparecido ante un juez ni han tenido un proceso con garantías”, advierte el investigador estadounidense. “El ataque subraya también la hipocresía de los gobiernos occidentales, que afirman estar trabajando por los derechos humanos y el Estado de derecho, pero que se han lavado las manos sobre la situación de miles de detenidos, entre ellos cientos de niños, que permanecen olvidados en Siria”.

Proclamado en junio de 2014 en la gran mezquita de Mosul, la tercera ciudad iraquí, el califato territorial dejó de existir hace cerca de tres años tras haber acumulado un territorio equivalente al de Reino Unido y contar con 10 millones de habitantes, una población similar a la de Portugal. Las fuerzas kurdas dieron la batalla a los yihadistas junto a una coalición internacional liderada por Washington a partir del verano de 2014. En un conflicto donde intervienen en Siria desde hace más de una década grandes potencias globales como EE UU y Rusia, y regionales, como Irán y Turquía, la lucha contra el ISIS ha sido el único denominador común entre los bandos enfrentados. Sobre sus militantes y líderes presos en Siria pesan acusaciones tan graves como el intento de genocidio contra la minoría yazidí en el norte de Irak o las órdenes dadas para ejecutar atentados masivos en países occidentales.

“El ISIS se ha estado reconstruyendo lenta, silenciosa y metódicamente en Siria e Irak desde la derrota de su califato territorial en marzo de 2019 (…), que fue una tarea estratégicamente simple en comparación con el complejo seguimiento de contrainsurgencia, contraterrorismo e inteligencia necesario después”, recapitula Charles Lister, director de los programas sobre Siria y Extremismo del Instituto de Oriente Medio, en una publicación de este centro de estudios con sede en Washington. “Sin embargo, en lugar de adaptarse a ese desafío complejo, la coalición internacional recortó sus propios recursos y dejó que la presión aumentara sobre su aliado táctico: las FDS. No es difícil imaginar que este ataque marque un punto de inflexión en los esfuerzos del ISIS para recuperarse y resurgir”.

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