El presidente de Túnez, Kais Said, decretó este miércoles la disolución del Parlamento después de que un grupo de 124 diputados –sobre un total de 217– organizasen una reunión por internet mediante la aplicación Zoom para anular los decretos aprobados por el mandatario desde que implantó el estado de excepción, el pasado 25 de julio.
El presidente, que ha ido acumulando poderes legislativos, judiciales y ejecutivos desde julio, decretó como primera medida el bloqueo de la aplicación en todo el país. Y después anunció mediante la difusión de un vídeo la disolución del Parlamento. “Debemos proteger al Estado de las divisiones. No dejaremos que continúe esta agresión contra el Estado”, declaró en el vídeo, según recoge la agencia Reuters.
Said es un jurista de 64 años, sin experiencia política previa, que arrasó con una candidatura independiente en las presidenciales de 2019, al obtener un rotundo 72,71% de los votos, frente al 27,29% de su rival. El antiguo profesor de Derecho Constitucional era partidario de regenerar el sistema para devolver la democracia al pueblo y combatir la corrupción. Pero los poderes del presidente estaban limitados a la política de defensa, relaciones exteriores y seguridad nacional. El 25 de julio suspendió temporalmente las funciones del Parlamento apoyándose en una interpretación muy discutida de un artículo de la Constitución que alude a situaciones excepcionales. En aquel momento, el 76,8% de los tunecinos respaldaban la medida del presidente, según la compañía de sondeos Sigma, la más solvente del país. Pero, poco a poco, Said fue perdiendo aliados a medida que acaparaba más y más poderes.
Este miércoles las críticas arreciaron en las redes sociales. Said Benarbia, responsable del Magreb para la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), tuiteó: “La Constitución es muy clara. El Parlamento no puede ser disuelto durante el estado de excepción, como viene regulado en el artículo 80. (…) El presidente no tiene autoridad constitucional para suspenderlo″. El artículo 80 fue el que esgrimió Said cuando suspendió las funciones del Parlamento en julio. En decenas de tuits se subrayaba este miércoles la frase de ese artículo donde consta que “el presidente de la República no puede disolver la Asamblea de Representantes del Pueblo”.
La ministra de Justicia, Leïla Jaffel, anunció que la fiscalía ha iniciado una investigación judicial contra los diputados que mantuvieron la reunión por internet, en la que se les acusa de conspirar contra el Estado. Un total de 116 de los 124 parlamentarios reunidos telemáticamente votaron a favor de un proyecto de ley para anular todos los decretos presidenciales adoptados durante el Estado de excepción.
El Parlamento de Túnez quedó muy atomizado tras las legislativas de 2019. El partido de origen islamista Ennahda resultó vencedor, pero solo con una cuarta parte de los votos. La imagen de este partido se había venido deteriorando en la última década. Muchos de sus críticos le achacaban ser los grandes responsables de la corrupción que carcome el país y del estancamiento económico. Said se hizo con todos los poderes en medio de un contexto social tenso agravado por la pandemia. A pesar de que el presidente de Túnez contaba con el apoyo de gran parte de la población, los partidarios de Ennahda lo llamaron desde un primer momento “golpista”. Y ahora, son los partidarios de Said quienes acusan a los diputados reunidos por internet, en su mayoría pertenecientes a Ennahda, de haber urdido un golpe de Estado.
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