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Dos minas navales han sido encontradas en aguas turcas en los últimos tres días. La primera, el sábado, fue descubierta por unos pescadores en la entrada norte del Bósforo, que divide en dos Estambul, lo que obligó a detener el tráfico en este estrecho durante cuatro horas.

La segunda mina fue hallada la mañana del lunes en el mar Negro, cerca de aguas territoriales búlgaras, y se ordenó a los pescadores de la zona ponerse a resguardo en puerto. Ambas minas fueron retiradas y posteriormente detonadas de forma controlada por efectivos de la Armada turca sin que se produjeran daños, pero estos incidentes han incrementado la preocupación de que la invasión rusa de Ucrania afecte al tráfico en una de las vías marítimas más concurridas del mundo. Las Fuerzas Armadas de Turquía han desplegado dos barcos dragaminas en busca de más explosivos.

El pasado 18 de marzo, la estación naval del puerto ruso de Novorossiysk emitió un mensaje a los barcos de la zona sobre la posible presencia de “unas 420 minas tipo YAM y YARM a la deriva”, y en los días posteriores las autoridades navales de Sochi (Rusia) y Samsun (Turquía) repitieron la alerta a los buques de sus zonas. “Debido a las condiciones meteorológicas y las tormentas, se han soltado minas colocadas por las Fuerzas Navales ucranias en la entrada de los puertos de Odesa, Ochakov, Chernomorsk y Yuzhni. Los buques podrían explotar al contacto con las minas a la deriva. Se pide a los marineros en las zonas noroeste, oeste y sudoeste del mar Negro que naveguen con precaución”, dice el mensaje.

Entonces, Viktor Vishnov, subjefe de la Administración Naval de Ucrania, calificó el anuncio de “desinformación” por parte de Rusia. “Esto lo hacen para justificar el cierre de zonas del mar Negro por un supuesto peligro de minas”, dijo Vishnov en declaraciones a Reuters. Sin embargo, el peligro de las minas se ha convertido en un hecho real. No en vano, el pasado 3 de marzo un buque de bandera panameña y propiedad de una empresa estonia se hundió en aguas cercanas al puerto ucranio de Odesa en un incidente aún no del todo esclarecido. Los expertos atribuyen la explosión o bien al impacto con una mina a la deriva o bien a que el barco no estaba anclado y se golpeó con uno de estos artefactos.

Desde el inicio de la invasión rusa, ha habido informaciones no confirmadas sobre un posible minado de estas aguas por parte de la Marina ucrania para evitar un desembarco anfibio en Odesa. La Convención de La Haya de 1907 prohíbe el uso de minas flotantes a menos que estén ancladas y obliga a los Estados que las utilicen a notificar internacionalmente las áreas de colocación para evitar accidentes. De hecho, Moscú ha denunciado que Ucrania ha violado dicha convención.

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Sin embargo, la cuestión de dónde proceden las minas sigue abierta, según explica a este diario Yörük Isik, director de la consultora de Estambul Bosphorus Observer, especializada en temas marítimos: “Los ucranios solo han puesto minas en Odesa, ya que el mar de Azov y las aguas de Crimea están bajo control ruso. La incógnita es: ¿cómo han llegado las minas desde Odesa hasta el Bósforo sin que se hayan detectado también minas en aguas rumanas o búlgaras? Tampoco está claro cómo pueden saber los rusos el número de minas a la deriva con tanta exactitud, a menos que las hayan soltado ellos de sus anclas o, lo más probable, que estén exagerando los números”.

El ministro turco de Defensa, el general Hulusi Akar, ha explicado que el tipo de minas halladas son “modelos viejos”. En las imágenes de las televisiones turcas se ve que la superficie de las minas es negra y está limpia, lo que indicaría, según el analista Tayfun Özberk, que son de reciente colocación. “Esto refuerza la opinión de que esta mina no ha estado largo tiempo en el mar. Porque las minas que están largo tiempo en el mar presentan cierta oxidación y muchas algas”, escribe en el medio especializado Naval News.

Consecuencias económicas

Las autoridades turcas han prohibido a los pescadores de la zona salir a faenar de noche, dado que la oscuridad podría impedir avistar nuevas minas. “Nosotros salimos a pescar para ganarnos el pan. Una vez más, se demuestra lo mala que es esta guerra. Incluso a nosotros nos afecta. Sin tener nada que ver con ella, también nos hemos convertido en damnificados”, se quejó un pescador de la localidad de Igneada, cerca de la cual se halló la segunda mina, en declaraciones a la agencia turca Anadolu.

El tránsito en el Bósforo no se ha visto aún demasiado afectado, afirmó un operador marítimo consultado por EL PAÍS, más allá de algunos retrasos y atascos, que son habituales. Por esta vía marítima cada año circulan unos 40.000 buques. “Durante los cinco primeros días de guerra, sí registramos una reducción significativa de tráfico, pero ahora se ha recuperado. En dirección a los puertos de Ucrania ha habido un descenso de tráfico, pero no a los de Rusia o los demás países”, aseguró esta fuente.

Parte de las mercancías con destino a Ucrania están siendo desembarcadas en el puerto rumano de Constanza y de ahí se redirigen por carretera o ferrocarril a territorio ucranio. Incluso compañías estadounidenses y europeas siguen cargando petróleo ruso y kazajo, además de otras mercancías, en terminales rusas, explica Isik, que se dedica a monitorizar los movimientos navales en el Bósforo y el mar Negro. Esto se debe a que las sanciones decretadas por Washington, Londres y Bruselas han otorgado un periodo de gracia de mes y medio para cumplir los contratos vigentes, antes de la entrada en vigor de las represalias económicas por la invasión rusa. También, por la escasez global de contenedores, ya que varias empresas están yendo a Novorossiysk a cargarlos, aunque estén vacíos. Isik advierte de que, en caso de que sigan llegando minas a aguas turcas y Turquía deba desplegar más buques dragaminas (tiene una decena) o reducir el tráfico en el Bósforo, “esto tendría repercusiones directas en el precio de las materias primas y, en cierto modo, también en el precio del petróleo”.

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El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resalta en un mapa la zona donde han proliferado las minas.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resalta en un mapa la zona donde han proliferado las minas.Rayner Peña R. (EFE)

Como cualquier campesino, Emil Rojas y su sobrino Jonathan comenzaron su jornada el 31 de enero apenas salió el sol. Fueron a encender la bomba del potrero para que el ganado tomara agua, pisaron una mina y sus cuerpos volaron en mil pedazos. Son dos de las ocho muertes de civiles reportadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en los últimos días. Las primeras que se registran en mucho tiempo a causa de la explosión de minas antipersona en el Alto Apure, una población al sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, escenario de una guerra entre distintos grupos irregulares y el Ejército venezolano.

En las comunidades de El Amparo, La Victoria, Caño La Colorada, Picas de Orichuna, asentadas en ese borde fluvial del Arauca, hay miedo. Nadie que viva en esos caseríos, sometidos a las leyes de grupos al margen de la ley, quiere hablar. “Hay mucho temor, los productores no quieren entrar a sus fincas, algunos han cruzado a Colombia para resguardarse”, dice Andrés Calderón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, basada en la capital de ese mismo Estado llanero, separada por más de 400 kilómetros de la caliente frontera. La producción en el campo ha sufrido desde hace años la crisis económica venezolana y el conflicto armado es un lastre más para estos pueblos. “De esa zona no está saliendo nada de producción, ya nadie ordeña ni siembra”, agrega Calderón.

Con el recrudecimiento de los enfrentamientos en la zona y el desplazamiento cada vez mayor de las guerrillas hacia el lado venezolano, las minas antipersona son una nueva preocupación. En el corredor fronterizo del Arauca, la tensión entre el la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la Segunda Marquetalia y el Décimo Frente de las disidencias de la antigua FARC -que no sumaron a los Acuerdos de Paz de Colombia en 2016- pasó de asesinatos selectivos a combates donde la población civil es la más afectada, advierte el Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes, una organización que ha documentado el conflicto y cuyo director, Javier Tarazona, permanece detenido por autoridades venezolanas desde el año pasado por denunciar la situación. “El fallecimiento de dos campesinos de La Victoria, miembros de una misma familia, como consecuencia de la explosión de minas antipersonales, ha causado consternación y terror, pues ahora temen salir a sus predios a realizar las faenas de campo”, advirtió la organización esta semana.

El Gobierno ha informado de que habían desactivado más de 900 minas de fabricación casera, llamadas “quiebrapatas”. El año pasado informaron sobre otras 100 minas destruidas y pidieron colaboración técnica a Naciones Unidas para el desminado. Las imágenes difundidas por las autoridades venezolanas muestran que los artefactos son fabricados con bombonas de gas, un bien escaso en el país donde la gente ha tenido que recurrir a leña para cocinar por las fallas en las dotaciones del combustible.

“Los grupos armados al margen de la ley están sembrando minas que son un medio terrorífico muy barato. Pero llama la atención que se estén usando bombonas o cilindros de gas, no solo por su costo sino por el volumen que ocupan”, señala Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, que hace seguimiento al sector militar.

Desde 1999 Venezuela forma parte de la Convención de Otawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y su destrucción. Hace casi 20 años se reportó un incidente con minas en el que un joven perdió la pierna en Guafitas, en Apure. En 2013 el país fue certificado como un país libre de minas, tras haber retirado las 1.074 que el Estado venezolano reconoció que había colocado en seis puestos navales fronterizos de Apure y Amazonas entre 1995 y 1997, como parte de su arsenal de defensa. San Miguel señala que hay dudas sobre si todas fueron retiradas, porque en las crecidas de los ríos algunas fueron arrastradas y no han sido localizadas. En 2018 dos militares murieron por la explosión de una en la región del Catatumbo, en la frontera occidental del Estado Zulia. Con los últimos incidentes en la región del Arauca, Venezuela ha dejado de estar libre de minas.

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Entre marzo y abril del año pasado una escalada en el conflicto desplazó a más de 6.000 residentes hacia Colombia, huyendo de la violencia. El Gobierno venezolano activó una operación militar para la que movilizó tropas, vehículos blindados y aviones con el objetivo de combatir a los grupos armados al margen de la ley. El balance no fue positivo. Además de los miles de desplazados, murieron 16 militares -dos de ellos por la explosión de una mina- y ocho fueron capturados como prisioneros de guerra por una de las disidencias de las FARC y liberados luego de negociaciones. Una tensa calma se mantuvo durante el resto año, pero apenas comenzó 2022 el Ejército venezolano volvió a desplegarse para combatir. Del otro lado del Arauca, Colombia ordenó militarizar la zona en respuesta al recrudecimiento de la guerra entre el ELN y las disidencias por el control del territorio y las rentas ilegales que han dejado decenas de asesinados en lo que va de año y provocado una crisis humanitaria en esa región.

El Gobierno venezolano ha evitado nombrar directamente a las guerrillas que han penetrado en el país. En la operación militar de hace un año los llamaban Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas. La última denominación la inventó el propio Maduro durante una alocución televisiva en septiembre pasado. A todo al que combaten en el sur de Venezuela lo llaman Tancol, el acrónimo de Terrorista Armado Narcotraficante Colombiano, con el que una y otra vez el mandatario reitera su tesis de que el Gobierno vecino es su principal enemigo.

Para San Miguel se trata de una denominación inadecuada. “No son grupos de narcotraficantes solamente, pues hay otros tipos de traficantes, no es solamente colombiano, porque hay evidencia de que también están conformados por venezolanos”, apunta. La especialista añade que parece “recurrente la omisión de las autoridades venezolanas de actuar contra el ELN presente en la zona”, algo que han denunciado organizaciones como Insight Crime y el mismo presidente Iván Duque. “No hay solo dos contendores en este complejo conflicto. Si favoreces a uno, esto va a ser respondido con retaliaciones de los otros grupos contra los más vulnerables, que son la población civil”, señala.

Esta pugna múltiple es lo que ha incrementado la tensión en los últimos meses, para la que no parece no haber una salida clara a mediano plazo, sobre todo porque no hay comunicación entre los gobiernos de ambos países. “Es un conflicto acotado en el espacio, pero con todas las características de un conflicto armado”, advierte San Miguel. “Este es un corredor fronterizo histórico usado por los grupos armados por 40 años que ya saben cómo moverse de un lado y otro y tienen gran capacidad de aterrizar y cooptar pobladores. Sin cooperación militar entre Venezuela y Colombia no se va a resolver el problema”.

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El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, resalta una zona de la frontera entre Venezuela y Colombia, este viernes.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, resalta una zona de la frontera entre Venezuela y Colombia, este viernes.Rayner Peña R. (EFE)

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha informado de la muerte de al menos ocho civiles por minas antipersona en el Apure, al sur del país, en la frontera con Colombia. Hace unos días se habían reportado las explosiones, que el Gobierno no había confirmado hasta este viernes cuando hizo un balance del operativo desplegado desde enero en la zona, donde aseguran haber capturado a 56 personas y asesinado a nueve presuntos “terroristas”.

“Lamentablemente, la semana pasada recibimos la noticia de ocho fallecidos del pueblo, de la población civil, entrando a sus casas, transitando en motos, que han resultado víctimas de estos criminales actos por parte de estos terroristas”, dijo Padrino en una declaración, después de mostrar un vídeo en el que se explicaba el hallazgo de esas minas. Las minas encontradas, señaló, son “artefactos explosivos improvisados que llevan metralla, que llevan pólvora, que hacen mucho daño, que matan gente, que matan niños” y que son “de fabricación colombiana”. Según el ministro, en este nuevo operativo militar la Fuerza Armada Nacional “ha sido implacable” y no ha tenido ni una baja.

Medios locales informaron la semana pasada de la muerte de dos campesinos de la población de La Victoria, en la frontera del Alto Apure, al caer en una mina antipersonas que explotó al instante. Las víctimas, tío y sobrino, habían salido a activar una bomba de agua para darle de beber al ganado.

La tensión va en aumento desde 2021 en el corredor fronterizo del Arauca, donde el Gobierno de Nicolás Maduro está combatiendo a una de las disidencias de las FARC refugiadas en Venezuela después de romper con los acuerdos de paz en Colombia. En esa guerra han rebautizado de forma genérica a los grupos irregulares como Tancol, por las siglas de Terrorista Armado Narcotraficante Colombiano. El año pasado también murieron dos soldados por minas antipersona. Esa operación dejó 16 militares muertos y ocho fueron secuestrados por los guerrilleros para torcerle el brazo al Gobierno y obligarles a salir del terreno. Hace un año, el Gobierno venezolano informó que había desactivado 100 minas antipersona colocadas por los grupos irregulares y pidió asesoría técnica a las Naciones Unidas para el desminado.

La ONG Fundaredes ha denunciado la existencia de minas antipersonas no solo en el Estado Apure, sino también en los Estados Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas y la presencia de guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. El director de esta fundación, Javier Tarazona, junto a dos colaboradores fueron detenidos por el servicio de inteligencia venezolana por sus denuncias durante la escalada del conflicto de marzo pasado, que provocó el éxodo de más de 6.000 venezolanos a la población de Arauquita, en el lado colombiano.

Las minas han vuelto después de que en 2013 Venezuela fuera declarada libre de minas antipersonales, una obligación del Tratado de Otawa que ha suscrito el país. Entonces, el Gobierno informó de que había completado el barrido de las últimas 650 de unas 1.700 que estaban sembradas desde 1996 en 13 localidades del país.

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