El cerco de la comunidad internacional sobre Nicaragua continúa estrechándose. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha anunciado este jueves la creación de un mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018. En abril de ese año, el Gobierno desató una brutal represión contra la población civil, que salió a la calle en manifestaciones masivas para protestar contra una polémica reforma del sistema de pensiones. Las fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los disidentes no ha cesado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento.
La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años. “Establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables”, señala un comunicado de 15 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. La comisión trabajará durante un año y dará “recomendaciones con miras a mejorar la situación” y “proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia”.
La decisión se ha aprobado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo formado por 47 Estados. En la votación, 20 países se han abstenido y otros siete se han posicionado en contra: Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea. El 7 de marzo, la ONU ya hizo público un duro informe en el que transmitían su preocupación por la situación del país centroamericano.
En una larga lista, la organización enumeraba, entre otros abusos, que no haya habido “rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018″; la existencia de al menos 43 presos políticos por las elecciones de 2021; los juicios exprés “sin respetar el debido proceso”; las “detenciones arbitrarias o el “hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados”.
“La solución es que se vaya Ortega”
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En lo que va de año, Ortega y Murillo han recrudecido la represión. A mediados de marzo, fue condenada, en un juicio plagado de irregularidades, a ocho años de prisión Cristiana Chamorro, opositora al régimen e hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien fuera presidenta de Nicaragua en los 90 —tras ganar a Ortega en unas elecciones— y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza.
También expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja. En febrero falleció en prisión Hugo Torres, histórico guerrillero sandinista que combatió junto a Ortega, encarcelado por su posición crítica ante su antiguo compañero. Esa muerte generó críticas incluso del propio hermano del presidente, Humberto Ortega, quien le reprochó que murió por el “cruel encierro” al que fue sometido. Además, las principales universidades del país están bajo control del Gobierno. Eso ha provocado en los últimos días la deserción de dos figuras que hasta ahora representaban al Ejecutivo sandinista: Arturo McFields renunció la semana pasada a su puesto como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y llamó dictador a Ortega, mientras que el abogado Paul Reichler abandonó su cargo como representante ante la Corte de Justicia de La Haya en una carta en la que condenó que el país está gobernado por una dictadura.
Juan Pappier, investigador en América de Human Rights Watch (HRW), considera que la iniciativa de la ONU “da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por las gravísimas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega”. “Confío en que el grupo de expertos va a hacer un buen trabajo, pero para lograr una transición democrática hace falta unir más mecanismos y voces de condena de la comunidad internacional”, ha sostenido.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH), Vilma Núñez, se muestra más escéptica: “Yo soy contraria a las reacciones triunfalistas, quisiera ver esta resolución como un avance en un camino largo que hay que recorrer. Lo saludo con optimismo moderado, pero con la firmeza de que tenemos que proporcionarle al grupo de expertos todo el apoyo, tomando en cuenta que van a contar con la hostilidad del Gobierno”, ha asegurado. “Esto no es la solución, la solución es que se vaya Ortega, mientras él permanezca en el poder, cualquier esfuerzo se verá enfrentado a obstáculos, a veces insalvables, con un costo de vida muy real”, concluye la activista.
Con ella concuerda también José Miguel Vivanco, abogado defensor de derechos humanos y exdirector de la división americana de HRW: “Es un paso muy importante, muy necesario, pero no es suficiente. Que nadie crea que con ese mecanismo se acaban las violaciones a los derechos humanos de ese régimen desquiciado. Los presos políticos van a pasar en prisión arbitraria todo el tiempo que lo estime necesario Ortega. Para que las condiciones mejoren en Nicaragua, es imprescindible una transición democrática, y para ello es necesaria la presión política, diplomática y financiera frente a aquellos que le dan oxígeno a ese régimen”.
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A Luis Gilberto Murillo se le iluminan los ojos y le brota una amplia sonrisa cuando le preguntan por Andagoya, en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, el lugar donde nació hace 55 años. “Es un pueblito donde se da el matrimonio entre el río San Juan y el río Condoto. Fue un campamento minero, ahora es un pueblo como cualquier otro en el Chocó, en medio de la selva. Somos cultura del río, del agua”, relata en esta entrevista en un hotel de Bogotá. Con una inusual biografía que lo ha llevado a vivir también largos años en Moscú y Washington, donde estuvo radicado hasta enero, el exministro de Ambiente es la flamante fórmula de Sergio Fajardo, el candidato del centro político en la campaña presidencial.
Cuando se graduó del colegio, Murillo logró el mejor puntaje en las pruebas estatales de su departamento, el más pobre de Colombia, y eso le permitió obtener una beca para estudiar ingeniería de minas en la antigua Unión Soviética, donde vivió en tiempos de la perestroika que puso en marcha Mijaíl Gorbachov. Tras la caída del muro de Berlín regresó a Colombia para participar en el movimiento estudiantil que llevó a la Constitución de 1991, y después se refugió la primera década de este siglo en Estados Unidos, luego de haber sido víctima de un secuestro. Ya establecido como experto en asuntos medioambientales, Andagoya fue una fiesta el día en que se posesionó como ministro de Ambiente para los últimos dos años del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Fajardo y Murillo estrecharon relaciones desde que coincidieron hace una década como gobernadores de Antioquia y Chocó, respectivamente. “Significa para el país diversidad, inclusión, defensa de nuestra biodiversidad, el poder y potencial de las regiones, y la decencia”, le exaltó Fajardo este miércoles, cuando inscribieron su candidatura conjunta ante la registraduría, acompañados por los demás precandidatos de la Coalición Centro Esperanza que han quedado por el camino.
Pregunta. Las candidaturas de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, en los extremos ideológicos, sumaron más votos en las primarias de sus coaliciones que el centro. ¿Cuál es la estrategia para remontar esa desventaja?
Respuesta. Tenemos las propuestas más viables para el país, y las más apropiadas para este momento específico. En ese sentido, el punto de partida es muy importante, porque son más de dos millones de votos, además de una representación importante en el Congreso. La estrategia está más orientada a convencer a un sector del electorado que aún no se ha definido por una alternativa presidencial, porque está esperando propuestas por fuera de la polarización que generan las candidaturas que menciona. Estamos seguros de que, en esta nueva etapa de la campaña, con un relanzamiento que comenzó con el anuncio de mi candidatura a la vicepresidencia, se inicia un proceso de generación de entusiasmo en ese electorado, que nos permita crecer, porque hoy Sergio tiene el mayor espacio para crecer, y que ese crecimiento llegue a punto en las elecciones del 29 de mayo para pasar a segunda vuelta. Yo creo que el paso a segunda vuelta prácticamente garantiza la llegada a la Presidencia de la república.
P. En una campaña en que están en juego tantas emociones, ¿cómo despertar entusiasmo desde el centro?
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R. Ese ha sido un desafío, no solo para el centro ideológico en Colombia sino en general. Hay ejercicios electorales recientes en el contexto internacional que muestran que sí se puede hacer, si se hace una campaña pragmática con soluciones concretas. La gente lo que quiere es vivir en paz y tranquilidad. Eso requiere la capacidad del Gobierno para implementar soluciones efectivas, y las soluciones efectivas requieren mínimos acuerdos y consensos. Las propuestas que polarizan a la sociedad colombiana generan mucha preocupación en un gran sector del electorado, porque saben que ninguna de las dos va a tener la capacidad de generar esos consensos necesarios.
P. ¿Qué ejemplo internacional tiene en la cabeza?
R. Yo participé en la campaña de Joe Biden en Estados Unidos, y después con Kamala Harris. Había el planteamiento muy polarizante de Donald Trump, pero también un planteamiento muy llevado hacia las tendencias más de izquierda del Partido Demócrata. Biden logró amalgamar el centro, y así pudo lograr la nominación y después el triunfo. El país quería avanzar por una ruta más tranquila. Colombia puede estar en un contexto similar.
P. ¿Cuál es el nuevo paradigma de desarrollo que están planteando?
R. He venido diciendo que Colombia tiene que ser una potencia ambiental y climática, y que su desarrollo debe basarse en su patrimonio natural. Sergio ha venido planteando que Colombia debe ser una potencia en bioeconomía. Ahí hay una coincidencia grande, y esa es la base del desarrollo. Sin desconocer el papel central que en un marco de sostenibilidad debe jugar el sector minero energético.
Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, durante una entrevista en el hotel Casa Dann Carlton, Bogotá, Colombia, el pasado 22 de marzo.Juan Carlos Zapata (EL PAÍS)
P. ¿Cuál es ese papel?
R. El sector minero energético es accesorio a este nuevo modelo de desarrollo, el principal criterio es la conservación de los activos naturales. Sin embargo, hay un espacio para este sector porque la misma transición energética implica la demanda de nuevos minerales, en los cuales Colombia puede tener una buena oferta en un marco de sostenibilidad.
P. ¿Qué opina de la idea de Petro de frenar la exploración petrolera?
R. Su propuesta de transición energética tiene dos elementos que no son convenientes para el país en este momento. El primero, que Gustavo hace un gran énfasis en la explotación y producción de combustibles fósiles, pero Colombia emite solamente el 0.4 % de las emisiones globales. Y la mayor parte de esa emisión, casi un 60%, proviene del sector agrícola y forestal. Entonces el énfasis en el sector petrolero, de hidrocarburos, puede llevar a sofismas de distracción. Hay que concentrarse en la deforestación, porque realmente las emisiones colombianas tienen que ver con deforestación y cambios de uso del suelo. El próximo gobierno debe calibrar muy bien cómo se transita hacia energías renovables de fuentes no convencionales. El contexto hoy, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, lleva a que los países tengan que tener mucho cuidado con sus posibilidades de explotación de hidrocarburos.
P. Su candidatura representa las regiones y la periferia de Colombia. La de Francia Márquez en el Pacto Histórico, también. ¿Qué diferencia sus aspiraciones?
R. Hay diferencias sustanciales. Yo coincido con Francia y otros candidatos en que falta mucho para ser un país incluyente. Hay unas secuelas enormes de la discriminación racial y el racismo estructural, no solamente en el caso de poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, también en las comunidades indígenas, campesinas, parameras o ribereñas. Coincidimos en que hay que avanzar en la autonomía e inclusión de estas comunidades, la diferencia puede ser en el camino que hemos escogido. Francia, que es una lideresa muy respetable que ha tenido un gran impacto en la política colombiana, escogió el camino de la izquierda; nosotros escogimos recorrer el camino del centro ideológico, esa especie de tercera vía. Creemos que ese camino es más seguro y más expedito para la inclusión de poblaciones que han estado en desventaja y excluidas, pero también para que se sienta con mayor fuerza la voz de las regiones.
P. ¿Colombia sigue siendo un país racista?
R. Sí, claro. Es un país de contrastes. Tiene secuelas, el racismo estructural y la discriminación racial son históricas. La condición en que vive la población del Pacífico, del Magdalena, del sur de Bolívar, o en el Urabá antioqueño o el Darién, son una muestra viva de que Colombia es un país donde el impacto del racismo es alto. También se ve en la cotidianidad. Sin embargo, en medio de ese contraste, el país también ha avanzado.
Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo, la fórmula presidencial de la Coalición Centro Esperanza. Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)
P. Usted es de Chocó y lideró el programa presidencial para la región Pacífico. ¿Qué hace falta para que deje de ser una de las regiones más olvidadas del país?
R. Desde el centro se han impuesto visiones del desarrollo que no se acomodan a la realidad de las poblaciones en el Chocó. La gente está buscando un desarrollo más articulado a la conservación de sus activos naturales porque es algo muy ligado a lo cultural. Y acá están viendo más la economía muy clásica. Entonces llega una empresa minera, como a mi pueblo, extrae el mineral y se va, y la riqueza no se asienta. Por otro lado, no se comparte valor, no se dejan allí inversiones y el Estado no ha tenido una política de desarrollo económico realmente incluyente del Pacífico, ha tenido más política asistencialista y casos aislados de desarrollo industrial. Eso debe cambiar. Hay que generar nuevos liderazgos, muy bien formados, que puedan servir de faros del desarrollo de la región.
P. Hay un deterioro de la seguridad en Colombia ¿Se ha cerrado la ventana para alcanzar la paz en Colombia que abrió el acuerdo negociado en La Habana?
R. Estamos planteando que vamos a implementar el acuerdo de paz de manera responsable, prioritaria y con sentido de urgencia, porque sino esa ventana se puede cerrar. El descuido y la falta de implementación en este Gobierno ha sido catastrófica. Estuve revisando los datos del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, y en la reforma rural integral o en el capítulo étnico –que tiene que ver con comunidades indígenas y negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras– se ha hecho muy poco, casi nada. El acuerdo es el único en el mundo con un capítulo étnico, se está desaprovechando una gran oportunidad para que Colombia le muestre el camino a la comunidad internacional.
P. El presidente Iván Duque acaba de lograr su esperada audiencia con Joe Biden en la Casa Blanca, después de que la relación se tensó por la injerencia del actual partido de Gobierno a favor de la fallida reelección de Donald Trump. ¿Colombia ha logrado normalizar las relaciones?
R. Son heridas muy difíciles ya de cerrar, sobre todo en este Gobierno. El presidente Duque ideologizó las relaciones internacionales de Colombia, y las alineó con la derecha internacional, sobre todo esa derecha liderada por Trump. Eso llevó a que con la llegada de Biden se requería un cambio urgente de las prioridades y los énfasis de la relación entre Colombia y Estados Unidos, y el presidente Duque no tomó esas decisiones a tiempo. Esta visita tiene mucho que ver con lo protocolario, con el contexto internacional. Pero ya es tarde, Estados Unidos se está preparando para un nuevo Gobierno.
R. Sí, bajo ciertas condiciones lo debe hacer. Colombia debe ser muy pragmática en su política exterior, que obedezca a intereses del país, y es difícil pensar que Colombia va a tener condiciones tranquilas, va a poder superar ciertos desafíos de seguridad, si no tiene al menos unas relaciones pragmáticas con Venezuela.
P. ¿La política antidrogas ha fracasado? El Gobierno Duque ha insistido en retomar las fumigaciones aéreas con glifosato.
R. La mal llamada guerra contra las drogas fracasó, y lo reconocen en Estados Unidos. En cuanto a la aspersión aérea con glifosato, no debe tener lugar en Colombia. Hay que buscar otras maneras de luchar contra el avance de cultivos ilícitos de coca. Aunque costosa, la erradicación manual es más efectiva que el uso del glifosato. Es contradictorio que, en un ecosistema tan importante, en uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, se esté fumigando con glifosato de manera indiscriminada.
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El carro que cayó al río Cauca sobre el sector El Cangrejo en Betulia, el que iba toda una familia, no podría ser sacar «por condiciones adversas». Lo buscaron durante tres semanas.
El carro que cayó al río Cauca sobre el sector El Cangrejo en Betulia, el que iba al profesora Murilloy su familia, no podrá ser sacar «por condiciones adversas». Lo buscaron durante tres semanas.
Noticias Antioquia.
«Con tristeza, informamos que por condiciones adversas, el carro que cayó al río Cauca sobre el sector El Cangrejo en Betulia, con la profesora Murillo, sus dos hijas, y Orlando Medina no podrá ser extraído», informó el Dagran de Antioquia.
El pasado 12 de enero, el carro de la familia de la profesora Jesenia Murillo Bonilla, sus dos hijas pequeñas, Thailen (5 años) y Thiara (10 años), además de conductor del vehículo Orlando Medina Pineda, fue a parar al río.
A las 6:40 p.m. se movilizaban de Andagoya, Chocó, hacia San Pedro de Urabá, Antioquia.
Las labores de búsqueda se han realizado desde el día del accidente.
El carro está en la mitad del río.
La búsqueda de la profesora y sus hijas siguió, y hace unas horas encontraron el automóvila 300 metros del sector El Cangrejo.
Sin embargo, el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) informó que no hay condiciones para sacarlo.
En el carro, no están los cuerpos. Las víctimas siguen desaparecidas.
El único sobreviviento, quien estuvo varios días hospitalizado, fue el esposo de la profesora Murillo.
Las víctimas del accidente, la profesora Murillo, sus pequeñas hijas y don Orlando el conductor, no han sido encontradas.
Al vehículo lo ubicaron en la mitad del río, donde es profundo, y la succión, corriente y sedimentación que hay sobre el carro ha impedido extraerlo por completo. «Solo algunas partes, desprendidas en los intentos de rescate, se cuentan entre las recuperadas», informó Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Dagran.
«Informe técnico de la Armada Nacional advierte que se estaba poniendo en peligro la vida del personal operacional», informaron.
El vehículo está enterrado en un 97% por sedimentación.
La decisión de finalizar operaciones se tomó en el PMU en común acuerdo entre entidades y familia.
Se realizó un acto simbólico de despedida a los desaparecidos.
Ante esto, en el sitio donde ocurrió la tragedia, realizaron un acto simbólico, los familiares despidieron a sus seres queridos.
Desde la @GobAntioquia lamentamos profundamente este incidente. Acompañamos a la familia en un sentido homenaje en el punto donde cayó el vehículo y enviamos un mensaje de condolencia.
Una mujer pasea con sus hijos delante de un mural de Daniel Ortega, este lunes en Managua.OSWALDO RIVAS (AFP)
Daniel Ortega y Rosario Murillo prestarán juramento presidencial en la tarde de este lunes en soledad. La comunidad internacional no solo ha rechazado la elección en la que se eligieron sin competencia en noviembre de 2021, después de apresar a todos sus contendientes, sino que esta mañana Estados Unidos y Canadá aplicaron sanciones conjuntas contra funcionarios del régimen sandinista. Se trata de una acción como respuesta a la perpetuación en el poder de la pareja presidencial, a la que también se sumará el Reino Unido, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS.
La Unión Europea fue la primera en despuntar con la ampliación de sanciones contra siete funcionarios más (entre ellos los hijos de la pareja presidencial Camila y Laureano Ortega Murillo) y tres instituciones claves en el esquema represivo del sandinismo: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entidad encargada de una granja de troles para generar desinformación, según reveló una investigación periodística en junio de 2021. Es la primera vez que la Unión Europea sanciona a organismos nicaragüenses.
Seguidamente, Estados Unidos puso la nota dura al sancionar a seis personas más, en especial a tres generales del ejército de Nicaragua, una institución que siempre ha alegado que se mantiene al margen de la represión política, aunque muchas organizaciones de derechos humanos la acusan de complicidad e inacción ante el desarme de grupos paramilitares que operan al margen de la Constitución. Posteriormente, EE UU también anunció que cancelaba las visas a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios y funcionarios policiales, penitenciarios y militares.
Los tres generales del ejército sancionados son Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz (jefe del Estado Mayor General), Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, y Ramón Humberto Calderón Vindell (exinspector general). Los tres militares son directivos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del ejército y en el cual se concentran los grandes negocios castrenses. El IPSM es uno de los grupos inversionistas con mayor rentabilidad en Nicaragua. De acuerdo a fuentes militares, la sanción golpea a la primera línea de mando, concretamente al jefe del Estado Mayor, que en teoría es el eventual sucesor del jefe castrense Julio César Avilés.
“Es un mensaje bastante directo al ejército”, le dice a EL PAÍS Elvira Cuadra, socióloga y experta en seguridad, en referencia a que los militares son considerados un factor clave de estabilidad para Ortega. “Está claro que el aislamiento internacional, comparado con el de los años ochenta, durante la revolución sandinista, es mayor. En los ochenta había gobiernos europeos que mantenían relaciones y reconocimiento al Gobierno. Ahora no”, añadió.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó sus sanciones en que las “elecciones nacionales fraudulentas” de noviembre consolidan “aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”. “Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo íntimo de que continuamos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.
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Aunque la vicepresidenta Murillo dijo que unas 300 personas de diferentes delegaciones los acompañarán en el juramento presidencial, hasta ahora en Managua solo ha aterrizado el aliado de siempre: el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Está prevista la llegada de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano. Bolivia enviará al viceministro de Relaciones Exteriores, Erwin Mamani. Argentina y México dijeron en su momento que enviarían delegaciones, pero primero el país austral se retractó y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado una serie de declaraciones contradictorias.
Rosario Murillo anunció primero que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, los acompañaría. Este domingo, fuentes de la Cancillería mexicana aseguraron que enviarían a Martín Borrego Llorente, director general para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en un giro sorpresivo durante la noche del domingo se retractaron al decir que ningún funcionario acudiría a Managua. La primera información generó críticas y controversia porque el Gobierno mexicano prestara apoyo a uno de los regímenes que más viola los derechos humanos en la región.
No obstante, en la conferencia de prensa matutina de López Obrador se volvió a cambiar la versión oficial al decir que su país enviaría a Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. “De una vez lo voy a decir, es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito”, sostuvo el mandatario mexicano, quien se apuró a decir que mantienen buenas relaciones con todos los países de la región.
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