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La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente del país desde el fin de la guerra civil, de acuerdo a cifras oficiales.

La respuesta de Bukele no tardó en llegar y, a medida que se conocía la cifra de muertos, el Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental.

Al mismo tiempo, Bukele exigió que “dejen hacer su trabajo” a militares y policías para actuar con contundencia contra los pandilleros. “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, escribió.

Para la aprobación de sus nuevos poderes por la vía rápida, el mandatario invocó el artículo 29 de la Constitución que contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

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La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder en el Congreso, donde su partido tiene 64 congresistas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter.

Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos antes la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, un complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el Presidente cool de un país que opera en Bitcoin.

Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, atribuye la pacificación del país a su ‘Plan de control territorial’, un programa de seguridad que implica el despliegue del Ejército en las calles y que ha logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios pasando de diez muertos diarios a tres, lo que ha permitido a El Salvador salir del listado de naciones más violentas del mundo. Esas cifras saltaron por los aires este fin de semana al sumar diez muertos el viernes y más de 60 el sábado, algunos de ellos elegidos al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “Hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado”, dijo. Hasta el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden el incremento, pero las cifras del fin de semana no dejan lugar a la duda de que el mensaje está lanzado.

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Manifestantes y camiones frente al Parlamento en Ottawa.
Manifestantes y camiones frente al Parlamento en Ottawa.BLAIR GABLE (REUTERS)

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dispone a invocar poderes de emergencia no empleados desde 1970 para poder hacer frente a las protestas que ya duran 18 días y que han tenido cerrados algunos importantes pasos fronterizos con Estados Unidos. Las manifestaciones de camioneros contra la vacunación obligatoria para los trayectos transfronterizos, impuesta por el Gobierno liberal el pasado 15 de enero, ha paralizado además partes de la capital canadiense.

Según Reuters, que cita a la radiotelevisión pública canadiense CBC, Trudeau planea poner en marcha la Ley de Emergencias, una disposición poco utilizada que permite al Gobierno federal anular el poder de las provincias y autorizar medidas temporales especiales para garantizar la seguridad en cualquier zona del país debido a ciertos acontecimientos. En tiempos de paz, la única vez que se ha recurrido a esos poderes fue durante el mandato del ex primer ministro Pierre Trudeau —padre del actual mandatario— durante la llamada Crisis de Octubre en 1970, cuando se produjeron los secuestros de un político canadiense y un diplomático británico por un grupo terrorista conocido como Frente de Liberación de Quebec. Durante las dos guerras mundiales, estos poderes fueron activados también.

El pasado fin de semana, el ministro de Preparación de Emergencias, Bill Blair, reconoció la incapacidad de las autoridades para controlar la situación y dijo que el Gobierno de Trudeau estaba considerando invocar poderes de emergencia, lo que podría poner a las Fuerzas Armadas en las calles del país, según la agencia Efe. La cadena CBC ha informado, sin embargo, de que Ottawa no tiene planes de enviar militares.

El pasado domingo se puso fin a un bloqueo de casi una semana del corredor comercial más transitado de América del Norte cuando la policía canadiense desalojó por completo el puente Ambassador —que conecta la ciudad de Windsor, en la provincia de Ontario, con la estadounidense Detroit (Míchigan)— bloqueado por la protesta de los camioneros contrarios a la vacunación obligatoria. Washington pidió al Gobierno canadiense la semana pasada emplear “poderes federales” para terminar con un bloqueo con “serias consecuencias” para la economía estadounidense, debido a la importancia del comercio que transita por ese puente. Las protestas han entrado ya en su tercera semana.

El autodenominado convoy de la libertad ha provocado pérdidas millonarias a los dos países vecinos y ha afectado especialmente a la industria automotriz. Las protestas comenzaron el 29 de enero cuando centenares de transportistas condujeron a Ottawa para mostrar su rechazo a la vacunación obligatoria. Otras capitales provinciales (como Quebec, Toronto o Winnipeg) se sumaron después con manifestaciones locales. La capital, cuyo centro ha quedado paralizado por cientos de camiones, declaró el estado de emergencia el 6 de febrero.

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