El cerco de la comunidad internacional sobre Nicaragua continúa estrechándose. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha anunciado este jueves la creación de un mecanismo que investigará las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018. En abril de ese año, el Gobierno desató una brutal represión contra la población civil, que salió a la calle en manifestaciones masivas para protestar contra una polémica reforma del sistema de pensiones. Las fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, más de 120.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, la persecución política a los disidentes no ha cesado y la acumulación de poderes de la pareja gobernante ha ido en aumento.
La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años. “Establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables”, señala un comunicado de 15 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. La comisión trabajará durante un año y dará “recomendaciones con miras a mejorar la situación” y “proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia”.
La decisión se ha aprobado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo formado por 47 Estados. En la votación, 20 países se han abstenido y otros siete se han posicionado en contra: Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea. El 7 de marzo, la ONU ya hizo público un duro informe en el que transmitían su preocupación por la situación del país centroamericano.
En una larga lista, la organización enumeraba, entre otros abusos, que no haya habido “rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018″; la existencia de al menos 43 presos políticos por las elecciones de 2021; los juicios exprés “sin respetar el debido proceso”; las “detenciones arbitrarias o el “hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados”.
“La solución es que se vaya Ortega”
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En lo que va de año, Ortega y Murillo han recrudecido la represión. A mediados de marzo, fue condenada, en un juicio plagado de irregularidades, a ocho años de prisión Cristiana Chamorro, opositora al régimen e hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien fuera presidenta de Nicaragua en los 90 —tras ganar a Ortega en unas elecciones— y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza.
También expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja. En febrero falleció en prisión Hugo Torres, histórico guerrillero sandinista que combatió junto a Ortega, encarcelado por su posición crítica ante su antiguo compañero. Esa muerte generó críticas incluso del propio hermano del presidente, Humberto Ortega, quien le reprochó que murió por el “cruel encierro” al que fue sometido. Además, las principales universidades del país están bajo control del Gobierno. Eso ha provocado en los últimos días la deserción de dos figuras que hasta ahora representaban al Ejecutivo sandinista: Arturo McFields renunció la semana pasada a su puesto como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y llamó dictador a Ortega, mientras que el abogado Paul Reichler abandonó su cargo como representante ante la Corte de Justicia de La Haya en una carta en la que condenó que el país está gobernado por una dictadura.
Juan Pappier, investigador en América de Human Rights Watch (HRW), considera que la iniciativa de la ONU “da una luz de esperanza de que alguna vez habrá justicia por las gravísimas y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega”. “Confío en que el grupo de expertos va a hacer un buen trabajo, pero para lograr una transición democrática hace falta unir más mecanismos y voces de condena de la comunidad internacional”, ha sostenido.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH), Vilma Núñez, se muestra más escéptica: “Yo soy contraria a las reacciones triunfalistas, quisiera ver esta resolución como un avance en un camino largo que hay que recorrer. Lo saludo con optimismo moderado, pero con la firmeza de que tenemos que proporcionarle al grupo de expertos todo el apoyo, tomando en cuenta que van a contar con la hostilidad del Gobierno”, ha asegurado. “Esto no es la solución, la solución es que se vaya Ortega, mientras él permanezca en el poder, cualquier esfuerzo se verá enfrentado a obstáculos, a veces insalvables, con un costo de vida muy real”, concluye la activista.
Con ella concuerda también José Miguel Vivanco, abogado defensor de derechos humanos y exdirector de la división americana de HRW: “Es un paso muy importante, muy necesario, pero no es suficiente. Que nadie crea que con ese mecanismo se acaban las violaciones a los derechos humanos de ese régimen desquiciado. Los presos políticos van a pasar en prisión arbitraria todo el tiempo que lo estime necesario Ortega. Para que las condiciones mejoren en Nicaragua, es imprescindible una transición democrática, y para ello es necesaria la presión política, diplomática y financiera frente a aquellos que le dan oxígeno a ese régimen”.
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Vendaval en el frente exterior del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: después de que su embajador Arturo McFields se les rebeló en la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, el Gobierno sufrió una nueva deserción este domingo 27 de marzo, cuando el abogado Paul Reichler renunció a su cargo de asesor internacional, a través de una carta en la que expresó que el mandatario sandinista ha instaurado una dictadura en Nicaragua.
“Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”, dijo Reichler. El abogado estadounidense sirvió como asesor legal internacional de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, primero en los años ochenta, durante la guerra, cuando Managua denunció a Estados Unidos por el financiamiento a la contrarrevolución. Un fallo que fue considerado histórico y favorable para los sandinistas en ese entonces. Reichler volvió al cargo a partir de 2007, cuando Ortega retornó al poder.
Reichler culpa a Ortega de destruir la democracia y establecer una dictadura con “elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.
Reichler ha estado involucrado en los principales litigios internacionales de Managua. Primero fue parte del equipo en los conflictos limítrofes del país por la soberanía del río San Juan contra Costa Rica y el límite marítimo del meridiano 82 en el Mar Caribe con Colombia, cuando Nicaragua recuperó su Mar Caribe.
En la carta, Reichler dice que le “resulta inconcebible que ese Daniel Ortega (que conoció en el pasado) hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018″. La declaración del abogado es un claro golpe a la narrativa que ha impulsado el régimen desde la crisis de 2018, que insiste en que la rebelión ciudadana fue un “intento de golpe de Estado”.
Acusa a Ortega de “asesinar” a Hugo Torres
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Reichler es el segundo funcionario internacional del régimen que se le pone en contra en menos de una semana, después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA diera un discurso ante el Consejo Permanente el pasado miércoles 23 de marzo en el que calificó al régimen como “dictadura”. El asesor internacional Reichler señala en la carta que le “resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados —de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios— con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición”.
Reichler sostiene además que Ortega asesinó al exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, quien falleció en manos de la policía, después que en la temible cárcel de El Chipote, donde permanecía como preso político, no tuvo atención médica oportuna. “Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte”, sostuvo el abogado.
El hasta hace poco asesor internacional considera “inconcebible” que el Daniel Ortega al que sirvió en su día pudiera forzar al exilio a “ilustres ciudadanos”, como Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos, y “muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas, cuya libertad ha sido negada o amenazada”.
En la carta, Reichler dice haber servido a Ortega desde hace más de 40 años. Dice que también fue el enlace entre los sandinistas y el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter para que este fuera a Nicaragua en calidad de observador internacional en las elecciones de 1990.
El abogado cuenta también que fue en enero de 1984, en la casa del padre Miguel D’Escoto, que el caudillo sandinista le pidió que formara parte del equipo legal de Nicaragua para demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar a ese país “por la guerra, agresión y terrorismo que había lanzado contra la soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua”. Sin embargo, de aquellos días épicos solo queda nostalgia y decepciones que, según la carta, lleva a Reichler a “rezar para que Nicaragua vuelva a ser libre”.
“Seguiré respetando, admirando y queriendo al primer Daniel Ortega, aunque sienta desesperanza y dolor por culpa del que ha tomado su lugar. Siempre atesoraré mi servicio al primero, aun cuando, por las razones expuestas anteriormente, mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el segundo y negarme a servirle. Mientras tanto, rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre”, dice la misiva.
Aunque la renuncia de Reichler y la rebelión de McFields en la OEA resultan, según analistas internacionales, un golpe duro a la narrativa del régimen, sobre todo de cara a sus bases políticas, en Managua la diplomacia dirigida por la vicepresidenta Murillo se reacomoda y busca sustitutos. De acuerdos a fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS, tras el discurso de McFields se desarrolla una “cacería de brujas” en el interior de las instituciones, en especial Cancillería, que mantiene aterrados a los servidores públicos.
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A inicios de la semana pasada, la justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. A la que fuera candidata presidencial se le achacó el cargo de “lavado de dinero”. Dos días más tarde, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Ortega y ha abogado por la liberación de los más de 170 presos políticos del régimen. El periodista de EL PAÍS experto en Nicaragua, Carlos Salinas Maldonado, disecciona los puntos clave de la crisis nicaragüense.
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La condena por lavado de dinero contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa —el más longevo de Nicaragua— es el último golpe del régimen que lidera Daniel Ortega contra uno de los clanes familiares más importantes de Nicaragua, cuya historia ha estado ligada al poder político, el control de medios de comunicación y el enfrentamiento a la larga dictadura somocista. Los Chamorro le han dado a Nicaragua al menos seis presidentes —algunos tristemente célebres— y un héroe nacional, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, durante la dictadura de Somoza.
Unos días antes de la condena contra Holmann Chamorro, la periodista y exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue sentenciada a ocho años de prisión, después de un proceso judicial considerado “espurio” por la oposición y defensores de derechos humanos, y en el que las autoridades leales a Ortega no pudieron demostrar los delitos que se le imputan. Los integrantes de este clan han sido condenados a la cárcel, el exilio o el ostracismo, en una cacería que puede ser interpretada como venganza personal largamente cultivada por Ortega después de perder las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios Chamorro, ahora de 92 años, quien enferma y sola se apaga poco a poco en su casa de Managua, en una bruma de recuerdos. El odio hacia su familia ha quedado patente en las palabras de la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ha calificado a los Chamorro como “una casta entreguista, aprovechada y saqueadora”.
Ha valido de poco que haya condenas de organismos internacionales por los juicios contra Juan Lorenzo, Juan Sebastián Chamorro —otro candidato opositor—, Cristiana y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también integrante de la directiva de La Prensa. Como el resto, él fue apresado en la orgía de detenciones contra opositores que Ortega desató el pasado verano para acallar a cualquier figura que pretendiera hacerle sombra en las elecciones de noviembre, que el mandatario dio por ganadas con el 75% de los votos. Las encuestas mostraban que Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con más probabilidades de vencer a Ortega en unos comicios justos. Los juicios contra los Chamorro han movilizado a organizaciones periodísticas de todo el continente, que rechazaron de forma pública las condenas. “Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, han advertido un grupo de 18 organizaciones periodísticas de Latinoamérica. “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, ha afirmado Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho”, ha pedido.
Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.AFP
Mientras sus hermanos y familiares han sido apresados y condenados por el régimen, Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense más reconocido a nivel internacional, marchó al exilio en Costa Rica por la persecución y amenazas en su contra. Chamorro es el director del diario digital independiente Confidencial y del programa de reportajes y entrevista Esta Semana, y quien ha mantenido una línea editorial crítica con el Gobierno desde que Ortega regresó al poder en 2007. Confidencial había denunciado, a través de reportajes de investigación con Ortega recién instalado en el poder, que personeros del Frente Sandinista mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista. Tras la explosión de masivas manifestaciones en abril de 2018 —que Ortega reventó a fuerza de balas, con un saldo de más de 360 muertos— el régimen ordenó el asalto y confiscación de la redacción de Confidencial y aumentó el asedio contra su director y periodistas, obligados también al exilio.
“Las sentencias de culpabilidad contra mi hermana Cristiana y mi hermano, Pedro Joaquín, no son el resultado de un juicio, porque en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. Hubo una simulación de juicio en la cárcel, donde se les fabrican delitos. Estas condenas no tienen ningún valor jurídico, tienen un valor político, que consiste en que Daniel Ortega está confirmando que se robó las elecciones del 7 de noviembre, porque no podía aceptar la competencia política en esa elección. Ortega pretende legalizar esa eliminación de la competencia electoral alegando que ha existido un juicio en el que se han probado delitos. Estamos en un momento de radicalización de una dictadura totalitaria, que pretende aferrarse en el poder a cualquier costo”, afirma Carlos Fernando Chamorro en entrevista desde su exilio en Costa Rica. “Todos los presos políticos de Nicaragua son inocentes, no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es reclamar elecciones libres, democracia, justicia. Aquí se ha criminalizado la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho a elegir. Ortega está lanzándose hacia el vacío, porque lo que está haciendo es agravar la crisis nacional”, ha agregado.
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Para Ortega y sus leales, Carlos F. Chamorro es un “traidor”. Chamorro apoyó la lucha clandestina de la guerrilla del Frente Sandinista contra la dictadura somocista. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 ocupó cargos dentro de la nueva estructura del Estado, hasta ser nombrado director de Barricada, el diario oficial del Frente Sandinista. La familia Chamorro, entonces, quedó dividida. Pedro Joaquín, el hermano mayor, dejó Nicaragua para apoyar la oposición armada que se formaba contra el sandinismo. Cristiana mantenía una línea crítica contra el régimen desde La Prensa, el diario de la oposición, mientras Claudia Chamorro apoyaba al Gobierno revolucionario. Claudia es la única de los hermanos que no ha sido detenida por el régimen. Amigos de la familia cuentan que Violeta Chamorro, la madre, era una suerte de árbitro entre las diferencias políticas familiares y que cuando invitaba a sus hijos a cenar en casa exigía que nos se hablara de política. A Carlos Fernando Chamorro se le reprochaba haber apoyado al Gobierno sandinista, liderado por excombatientes guerrilleros convertidos en militares y que se convertiría en un régimen que no permitía las libertades civiles y perseguía a las voces críticas.
El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.STR (AFP)
Chamorro se vería obligado a hacer una autocrítica en los años noventa, tras el triunfo electoral de su madre, Violeta Chamorro. Ella se convirtió en una improbable candidata de la oposición para plantar cara a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Los sandinistas no imaginaron ni en la peor de sus pesadillas una derrota electoral, a pesar del hartazgo de la gente por la guerra y la escasez. Ortega se daba baños de masas en los que se presentaba seguro del triunfo, como “el gallo ennavajado” —como decía la canción de su campaña— que derrotaría prácticamente sin esfuerzo a Violeta, quien había basado su candidatura con promesas del fin de la guerra y la reconciliación de un país amargamente dividido. El susto vino la misma noche de la elección, cuando el presidente del Tribunal Electoral, Mariano Fiallos, leyó los primeros resultados: el Frente Sandinista perdía frente a la candidata de la Unión Nacional Opositora (ONU). Con su madre en el poder, Carlos Fernando se convirtió desde Barricada en una fuerte oposición al Gobierno, pero el afán de Daniel Ortega de controlar el Frente Sandinista a toda costa hizo que muchas figuras del partido se distanciaran, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y Chamorro. Ortega se guardó por muchos años esa “traición”, que haría pagar a Carlos Fernando con la persecución en su contra, cuyo resultado ha sido su exilio.
Un clan vinculado a la historia política de Nicaragua
Es prácticamente imposible contar la historia política de Nicaragua sin mencionar a la familia Chamorro. El clan, forjado en las filas del conservadurismo, ha dado al país seis presidentes, entre ellos el considerado el primer presidente de la Nicaragua republicana, el general José Chamorro Pérez, y el tristemente célebre Emiliano Chamorro, quien firmó en 1914 el llamado Tratado Bryan-Chamorro, con el que le concedía a Estados Unidos el derecho a perpetuidad para construir un canal interoceánico a través del país centroamericano. Ortega haría lo propio un siglo más tarde, cuando en 2011 entregó una concesión de 100 años a un oscuro empresario chino para la construcción de un canal en Nicaragua, un proyecto valorado en 50.000 millones de dólares del que no se ha colocado una sola piedra. A Emiliano Chamorro también se le recuerda por su inmensa ambición política, por la que arrebató el poder a través de un golpe de Estado perpetuado en 1926.
El personaje de este clan que tal vez es más querido y respetado en Nicaragua es Pedro Joaquín Chamorro, el padre de Carlos Fernando, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Él fue el gran opositor de la dictadura somocista, quien desde las páginas de La Prensa lanzaba feroces críticas a la dictadura, que lo tenía como la voz más incómoda. Sus textos eran leídos con avidez y su programa de radio era sintonizado todas las tardes. “La Prensa para Pedro era su vida. No por beneficio propio, sino para el beneficio del pueblo de Nicaragua”, dijo su esposa, Violeta. Por su valentía y beligerancia, Chamorro fue asesinado en 1978 por sicarios cuando conducía su vehículo hacia la redacción del diario. Su asesinato conmocionó al país y sentenció a la dictadura. Los funerales del periodista y opositor fueron apoteósicos y terminaron en una manifestación que exigía la caída del dictador, quien respondió ordenando una dura represión. Pedro Joaquín Chamorro es considerado un héroe nacional y es llamado mártir de las libertades.
A pesar de la trágica historia de Nicaragua, nadie podía imaginarse que menos de medio siglo después, los Chamorro estarían nuevamente en el foco de los desmanes del poder. Y menos que el hombre al frente de la cacería en su contra fuera un hombre que luchó para derrocar al somocismo. La historia vuelve a colocar entre sus protagonistas en esta nueva tragedia a la familia Chamorro, perseguidos por el “delito” de defender la libertad de expresión, denunciar la corrupción y atreverse a aspirar a derrotar a Daniel Ortega a través de las urnas. Por ello han pagado con cárcel y exilio. “En Nicaragua hay un Estado policial, un estado de miedo, de control, de vigilancia”, denuncia Carlos Fernando Chamorro, cuya voz, como en su momento fue la de su padre con Somoza, es la que más incomoda al régimen de Daniel Ortega.
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El Gobierno de Daniel Ortega ha expulsado este jueves de Nicaragua a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha confirmado el organismo. El Gobierno no ha informado el motivo de esta expulsión, que se da en medio de una cacería contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El CICR es la única organización a la que se le permite inspeccionar las condiciones en las que están los presos políticos del régimen, al menos 179 personas que, según sus familiares, sufren maltratos, no tienen acceso a atención médica y están en difíciles condiciones en las cárceles del régimen.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, ha confirmado a este diario una fuente del organismo internacional.
El CICR logró el permiso del Gobierno en 2019 para visitar las cárceles del país e inspeccionar la situación de los detenidos por el régimen, aunque los resultados de sus gestiones son confidenciales. La revista Confidencial, de Managua, ha informado de que los familiares de presos políticos informaron que el CICR solicitó al Gobierno de Ortega el ingreso a las celdas de ‘El Chipote’ —prisión considerada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— para conocer la situación de los detenidos, pero las autoridades negaron el acceso. “La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso al CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones”, informó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, citada por Confidencial.
Para los familiares de los presos políticos, el CICR es una de las pocas esperanzas que tienen para conocer las condiciones de salud de sus allegados, dado que el Gobierno es renuente a permitir visitas, dar atención médica o distribuir medicinas para los detenidos, principalmente unas 20 personas consideradas de la tercera edad y otros que sufren enfermedades crónicas. La represión se ha convertido en uno de los pilares para mantenerse en el poder de Ortega, que ha desatado una cacería brutal contra quienes expresen alguna crítica contra el régimen. Los más de 170 presos políticos han sido detenidos, juzgados y sentenciados bajo acusaciones relacionadas a lavado de dinero, menoscabo a la soberanía o crimen organizado.
Los juicios son considerados espurios y en ellos no se han podido probar los delitos que se le imputan a los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Cristiana Chamorro, candidata opositora condenada a ocho años de cárcel. Otros presos políticos han recibido condenas de hasta 15 años por delitos inexistentes.
Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian que estas personas detenidas por criticar al régimen están en condiciones inhumanas en las cárceles, incomunicados y muchos sufren delicadas condiciones de salud. El pasado 12 de febrero falleció en una de estas prisiones el exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba recluido en una celda de la cárcel de ‘El Chipote’.
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La expulsión de Thomas Ess se suma a las decisiones del Gobierno de echar de Nicaragua en 2018 a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a la misión de expertos la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Estos organismos han denunciado en sucesivos informes que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto al representante permanente de Nicaragua ante ese organismo, Arturo McFields Yescas, en una imagen de archivo.Juan Manuel Herrera (EFE)
El periodista se mueve libremente, micrófono en mano, por la casa súper vigilada de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, para documentar para la televisión cómo celebra la familia presidencial la Navidad. El reportero, sonriente, se acerca a la pareja, que rodeada de familiares se muestra feliz ante las cámaras. El escenario ha sido montado para demostrar beatitud cristiana: enormes piñatas que representan ángeles coronados, manteles con flores de pascua, villancicos de fondo, lucecitas que centellean para adornar nacimientos con níveos y rechonchos Niños Dios e imágenes cristianas mezcladas con otras más místicas, de Buda y Sai Baba, que forman parte del “evangelio” propio de Murillo. El reportero se acerca a la pareja para sacar las primeras declaraciones de la noche:
—¿Qué significa la Navidad para ustedes?— pregunta zalamero a Rosario Murillo.
—Para mí la Navidad siempre ha significado la oportunidad de hacer renacer en el corazón de cada uno el nacimiento de Cristo— responde complacida.
Quien hace las preguntas esa noche es Arturo McFields Yescas, un periodista del Canal 12 de la televisión local, que años más tarde sería premiado con varios cargos dentro de la diplomacia nicaragüense, hasta convertirse en octubre de 2021 en embajador del régimen ante la OEA. Y desde ese cargo, este miércoles, ha lanzado una bomba sobre aquel búnker donde disfrutó hace ya varios años la Navidad: ha denunciado vehementemente lo que ha calificado como una “dictadura” que viola los derechos humanos y ha abogado por la liberación de los presos políticos. “La gente de adentro del Gobierno está cansada de la dictadura”, ha dicho durante una comparecencia ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Aquella noche navideña, Rosario Murillo, por lo general de carácter volcánico en sus apariciones públicas, se mostraba abierta y amable. Explicaba a McFields el significado de las esculturas de Buda que resguardan su casa, en una cita que hoy puede sonar profética, dado el aislamiento internacional al que está sometido el régimen y el rechazo de la mayoría de los nicaragüenses, cansados de los desmanes de la pareja presidencial que gobierna con mano de hierro Nicaragua. “El Buda significa el desapego, el desprendimiento, el no apegarse a nada. Porque uno no es eterno, uno es movimiento. La vida es movimiento y uno debe fluir con ese moviendo y debe ser desprendido y saber que un día estás aquí y otro día estás allá, pero lo único que cuenta es que tu espíritu prevalezca”, dijo la primera dama y vicepresidenta. “Muy bonito todo”, le respondió el periodista.
La joya de la noche, sin embargo, es el momento en el que Daniel Ortega, vestido con camisa blanca de paz y no con su vieja vestimenta militar (una transformación que también es obra de Murillo) abre un enorme cordero que es la cena de la Nochebuena. “Esto yo lo he comido allá en Libia, en los países árabes. Esto se come con la mano allá. La gente se sienta en el piso, se pone el cordero en medio y la gente come. Esto lo hemos hecho con el coronel Gadafi”, le comenta Ortega al periodista, mientras deshuesa el animal recién asado. “Haga una prueba de cómo está”, le pide el reportero, mientras Ortega se engulle un trozo del animal. Y McFields, tras invitación del comandante, hace lo propio. Corre 2006 y Ortega, reconvertido en candidato de la reconciliación, aspira a retornar al poder.
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Desde aquella cena libia en pleno trópico, la carrera del reportero despegó. En 2011, fue nombrado como agregado de prensa de la embajada de Nicaragua en Estados Unidos. En sus redes sociales agradeció al Gobierno esa oportunidad y el apoyo para perfeccionar su inglés. Años más tarde ascendería al cargo de ministro consejero de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, hasta convertirse, en 2021, en el embajador del régimen en ese organismo. Durante su permanencia en el cargo y hasta este miércoles había defendido los desmanes de Ortega y rechazado las consecutivas resoluciones que el Consejo Permanente había votado contra el Gobierno de Nicaragua, incluyendo una en la que se desconocen los resultados de las elecciones de noviembre, en las que Ortega se declaró vencedor con el 75% de los votos. Los comicios fueron denunciados como “ilegítimos” por la comunidad internacional, después de que Ortega ordenara el arresto de los siete aspirantes a la Presidencia por la oposición, incluyendo a Cristiana Chamorro, quien, según las encuestas, tenía las mayores probabilidades de vencer al exguerrillero.
El video donde Arturo McFields presenta la residencia de Ortega y Murillo en la navidad del 2006.
Arturo McFields Yescas es hijo del poeta nicaragüense David McFields, quien es amigo de Murillo. Junto a ella fundó en los años setenta el llamado Grupo Gradas, conformado por artistas e intelectuales que organizaban de forma improvisada conciertos y lecturas de poemas en las gradas de las iglesias en Nicaragua para denunciar los tormentos de la dictadura somocista. Debido a ese activismo, Murillo fue detenida en 1977 por el régimen y, tras ser liberada, se exilió en Caracas. El ahora exdiplomático se graduó como periodista por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) —bastión estudiantil rebelde perseguido por el régimen—, y trabajó como reportero en radios evangélicas. Más tarde se integró a la redacción del diario La Prensa —cuyas instalaciones han sido confiscadas por el régimen— y luego pasó a formar parte del equipo del Canal 12, una televisora cuyos informativos evitaban criticar la deriva autoritaria de Ortega.
McFields Yescas se ha convertido inesperadamente en un héroe para los nicaragüenses que se oponen a Ortega. Desde el exilio, se ha aplaudido este viernes la valentía del exreportero, que ha dado al traste con su futuro diplomático. “Admirable Arturo McFields denunciando a la dictadura de Nicaragua en la OEA. La historia recordará su gesto y el pueblo de Nicaragua se lo agradece. Esperamos que muchos otros sigan su ejemplo. ¡Dios te cuidará, Arturo! Gracias por tu gesto en favor de la vida y de la verdad”, ha tuiteado el obispo Silvio Báez, la voz más crítica de la Iglesia y a quien el Vaticano sacó de Nicaragua por las amenazas que recibía.
“Saludamos la valentía que ha tenido el embajador McFields. Es esperanzador que funcionarios del Gobierno de Nicaragua empiecen a hablar y a ventilar en estos espacios tan importantes, como la OEA, lo que está pasando dentro de la configuración de la dictadura Ortega-Murillo”, ha dicho a Efe Marlon Caldera, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha pronunciado este viernes a través de Twitter, donde ha afirmado: “Valoramos el coraje del Embajador de Nicaragua y su compromiso con los valores de la OEA”.
Admirable Arturo McFields denunciando a la dictadura de Nicaragua en la OEA. La historia recordará su gesto y el pueblo de Nicaragua se lo agradece. Esperamos que muchos otros sigan su ejemplo. ¡Dios te cuidará, Arturo! Gracias por tu gesto en favor de la vida y de la verdad.
En Managua, sin embargo, la acción de McFields Yescas ha caído como una bomba. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores afirman que, tras las declaraciones del embajador en la OEA, “se ha apoderado una paranoia en el ministerio”. Están a la espera, aseguran las fuentes, de una investigación “de parte de una furibunda Rosario Murillo para ver quién sabía” de la decisión del diplomático, informa Wilfredo Miranda. “Hay revisión de todo: administrativa, informática y política. Quieren ver si alguien sabía”, reafirman las fuentes. En un escueto comunicado publicado horas después de la intervención del embajador, la Cancillería nicaragüense ha afirmado que McFields no les representa, “por lo cual ninguna declaración suya tiene validez”. Una reacción esperada de un régimen cada vez más aislado por la comunidad internacional. Mientras en Managua comienza una cacería de brujas, en Washington McFields, que en su declaración ha reconocido que su testimonio puede tener repercusiones para él y su familia, sabe que los lejanos días cuando visitaba la casa de Ortega y comía cordero a la Gadafi son ahora una vieja fantasía.
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Humberto Ortega junto a su hermano, Daniel, cuando llevaban en hombros el féretro de su madre, el 4 de mayo de 2005.ARIEL LEON (AP)
Ocho días después que el histórico comandante sandinista Hugo Torres falleciera en manos del Gobierno de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega publicó este viernes un artículo de opinión en el diario La Prensa que ha causado revuelo en Nicaragua. El hermano del presidente nicaragüense ha reprochado que el preso político de 73 años haya muerto “al ser expuesto en el cruel encierro” por parte de las autoridades judiciales del régimen que encabeza su hermano y su cuñada, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En el artículo titulado Compañero Hugo Torres, el hermano de Daniel Ortega realza la gesta revolucionaria del fallecido, en especial las dos operaciones guerrilleras que dirigió en 1974 y 1978 [los asaltos a la casa de Chema Castillo y la toma del Palacio Nacional], que obligaron al somocismo a liberar a presos políticos sandinistas, entre ellos el actual mandatario Daniel Ortega. Irónicamente, han criticado muchos sectores en Nicaragua, Torres murió cautivo y acusado de “conspiración” por el hombre que salvó a costa de arriesgar su vida en el pasado.
“Con ese mismo espíritu de lucha, ahora en el campo cívico, Hugo Torres integra una de las varias fracciones en que el antiguo Frente Sandinista se divide desde la década de los noventa, y no rehúye el sacrificio, la cárcel, en la que una vez más demuestra sus convicciones revolucionarias, y muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro”, escribió el general Ortega, una figura militar determinante en la transición democrática en los noventa.
Desde 2018, tras las protestas sociales que fueron violentamente reprimidas por policías y paramilitares del régimen, el general Ortega comenzó a criticar la Administración de su hermano. Aunque no lo hace tan seguido, esta vez vuelve a pedir la liberación de todos los presos políticos que mantiene el Gobierno.
“Este lamentable, doloroso desenlace de un compañero de luchas, que cumple hasta el final consecuentemente este juramento [revolucionario], debe contribuir en la ruta de solución a la crisis política que padece nuestra patria, que requiere urgentemente un clima de reconciliación, que lo genera de ser puestos en libertad los encarcelados políticos, por medio de cualquiera de los instrumentos jurídicos, legales requeridos”, planteó el general Ortega.
En julio de 2021, cuando el presidente Ortega desató una cacería de opositores que sirvió para liquidar las elecciones generales y perpetuarse en el poder, el general Ortega dijo en la cadena CNN que los presos políticos no eran “terroristas”, como insiste la propaganda oficial que justifica los proceso judiciales espurios, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos. “Los presos políticos no han atentado contra la estabilidad de este país. Simplemente son opositores que tienen sus puntos de vista como los tengo yo. He criticado con toda firmeza y respeto al actual Gobierno, y no por eso voy a ser catalogado ahora de terrorista o traidor a la patria”, insistió.
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El general en retiro se mantiene al margen de la actividad política de Nicaragua, a excepción de estas declaraciones públicas. Humberto Ortega es uno de los jefes castrenses que más preponderancia ha tenido en la historia reciente del país. No obstante, sus posturas críticas parecen no tener eco –al menos públicamente– en el Ejército de Nicaragua, una institución que ha guardado no solo silencio por la muerte de Hugo Torres, quien fue general de brigada, sino ante todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por la pareja presidencial desde 2018.
Además de la condena de Humberto Ortega, este viernes se han multiplicado las presiones al Gobierno nicaragüense por la muerte de Hugo Torres en prisión. La Organización de Estados Americanos (OEA) y 27 países exigieron la liberación inmediata de los presos políticos, al mismo tiempo que condenaron el deceso del exguerrillero. “Estamos profundamente consternados por la muerte del ciudadano nicaragüense Hugo Torres quien era preso político y que había sido arrestado el pasado junio y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia, y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones”, denunciaron los países de la OEA.
EE UU se plantea presionar al magnate del azúcar
Por otra parte, la agencia Associated Press (AP) reveló que el Gobierno de Joe Biden está considerando expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (RD-Cafta), pero es una posibilidad remota dado que no hay mecanismo para ello. Sin embargo, una fuente de Washington consultada por AP aseguró que lo más factible es dejar de importar ciertos productos nicaragüenses, como el azúcar. Esta medida golpearía directamente a Carlos Pellas, uno de los hombres más ricos del país y dueño de la más grande productora de azúcar, el ingenio San Antonio.
“Elegir el azúcar podría ser una forma de movilizar a Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua y dueño del mayor productor de azúcar. Pellas fue uno de los firmantes de una carta abierta de los empresarios tras las protestas antigubernamentales de 2018, en la que se pedía a Ortega que adelantara las elecciones. Advirtió que el modelo económico del país estaba en quiebra. Pero se ha mantenido al margen, al menos públicamente, desde que Ortega empezó a reprimir de verdad”, cita el reporte de la agencia. Tras la brutal represión a las protestas, el magnate se ha mantenido en silencio, incluso después del arresto de varios miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal más grande del país.
Según AP, la eliminación de ese subsidio estadounidense por valor de millones de dólares cada año tendría como objetivo presionar a Pellas. De acuerdo con un reportaje de la plataforma CONNECTAS, entre 2008 y 2018, el empresario fue uno de los más importantes impulsores del modelo político y económico que funcionaba en Nicaragua bajo el nombre de Diálogo y Consenso, pero que consistía en otorgarles ventajas económicas a los grandes empresarios, a cambio de respaldar las decisiones políticas de Ortega, entre ellos su reelección y la destrucción de la institucionalidad y la oposición. Sin embargo, la relación se fracturó por la represión de las protestas y hasta el día de hoy no ha podido ser recompuesta. No obstante, Pellas, factor determinante del empresariado, ha guardado silencio hasta ahora sobre la represión contra opositores y la liquidación de las elecciones de noviembre pasado.
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Hugo Torres, en una imagen los días previos a su detención en junio de 2021.RR.SS UNAMOS
El preso político y exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, falleció este sábado en la cárcel, preso como estaba por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fuentes allegadas a la familia confirmaron el deceso, aunque se desconocen más detalles, ya que el comandante crítico del actual Gobierno estaba recluido en la cárcel de El Chipote, que organismos defensores de derechos humanos consideran un centro de tortura.
Torres, de 73 años, es el primer preso político que muere en manos de la Policía Nacional, de los 47 que fueron arrestados el año pasado previo a las elecciones. Murió sin que se le haya procesado en un juicio. El general en retiro era uno de los más de 20 presos políticos de la tercera edad, varios de ellos valetudinarios, que se encuentran en El Chipote sometidos a torturas. Desde hace un par de meses, organismos defensores de derechos humanos iniciaron una campaña para conocer el paradero del general en retiro quien tuvo problemas de salud en prisión. Era figura clave del sandinismo. En 1974, el exguerrillero, conocido como Comandante Uno, arriesgó su vida en un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos el mismo Daniel Ortega. También dirigió junto a Dora María Téllez, actual presa política y condenada por el supuesto delito de “conspiración”, el asalto al palacio, hazaña registrada en una crónica clásica del escritor Gabriel García Márquez.
Tras conocerse su muerte, comenzó a recircular el vídeo que Torres grabó antes de ser detenido por la policía de Ortega hace ocho meses en el que dice: “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos (…) pero así son las vueltas de la vida, y los que algún día acogieron principios hoy los han traicionado”.
Desde inicios de este año el movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos) inició una campaña para conocer sobre la salud de Torres, quien era el vicepresidente de esta organización. La exguerrillera Mónica Baltodano escribió en un artículo de opinión en Confidencial que Torres fue sacado de su celda desde 17 de diciembre de 2021 porque había enfermado rápidamente y sus compañeros lo habían auxiliado varia veces “por el grado de inflamación de sus piernas, casi no podía moverse por sí mismo. Fue atendido por médicos del penal, pero no lograron aliviar su situación. Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo. De su celda fue sacado con rumbo desconocido”, escribió Baltodano.
Aunque luego se conoció que fue trasladado a un hospital de Managua para ser atendido, el paradero de Torres fue tratado con total hermetismo, hasta la noticia de su fallecimiento. “Él padecía cáncer, pero todo es muy raro porque él entró súper sano a El Chipote y las noticias iniciales tras su arresto era que estaba saludable, pero de repente se descompensó. Así que ahora queda la duda de si fue una negligencia en la cárcel”, dijo una fuente allegada a la familia de Torres.
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Los hijos del comandante guerrillero han tratado el caso de su papá con cautela, pero la tarde de este sábado se espera que emitan un comunicado al respecto. Las alarmas sobre la salud de Torres saltaron después de la cuarta visita que el régimen permitió a familiares de presos políticos, entre el 30 de diciembre y el 2 de enero pasado, cuando los familiares no pudieron verlo porque no estaba en su celda, según relataron otros presos políticos.
Torres nació en 1948, en El Espino, Madriz, al norte de Nicaragua. A los cinco años su familia se trasladó a León, donde vivió y estudió. Vivió en el barrio El Calvario, cerca de donde vivía Rigoberto López Pérez, a quien conoció antes de que este ejecutara a Somoza García en 1956, según Mónica Baltodano. Su madre fue Isabel Jiménez y su padre, Cipriano Torres, subteniente de la Guardia Nacional (G.N.).
Con el triunfo de los sandinistas, Torres llegó a convertirse en General del Ejército, del cual se retiró hasta 1998. Sin embargo, en el comunicado de la Policía Nacional sobre su captura se le tildó como “ciudadano”, negando su cargo militar. “A los seguidores más sensatos del Frente Sandinista mi mensaje es que abran los ojos que los están llevando al despeñadero”, dijo Torres previo a su captura. El estupor ha cundido este sábado en Nicaragua, en especial en los familiares de los presos políticos. “Es un gran golpe para nosotros”, dijo uno de ellos.
La dictadura Ortega-Murillo guarda total silencio sobre la muerte de Hugo Torres. “Están obligados a informar sobre la causa del deceso para efectos legales mueres en manos de la policía porque nunca quisieron informar sobre su paradero”, dijo a EL PAÍS Vilma Núñez, defensora de derechos humanos.
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Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.Carlos Herrera
La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, una de las figuras claves en la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”. El juez Ángel Jancarlos Fernández realizó un audiencia exprés, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscalía pidió para la historiadora y crítica de la actual administración 15 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La condena de Téllez, inmortalizada por el Nobel Gabriel García Márquez en la crónica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios políticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarceló a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declaró ganador sin competencia, perpetuándose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La histórica y emblemática exguerillera de 66 años fue sometida a un juicio sin garantías procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero también agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma cárcel donde está encerrada y sufriendo torturas, según sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.
Los únicos que tuvieron acceso fueron los abogados de Téllez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisión. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren imágenes del deterioro físico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.
El juicio de Téllez ha seguido la misma tónica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por “conspiración”, escribió en el acta de culpabilidad “soy presa política” debajo de su nombre.
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En paralelo a Téllez, también fue juzgado el líder estudiantil Lesther Alemán, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de diálogo. En aquella ocasión, el estudiante emplazó al mandatario, lo conminó a cesar la represión de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue también condenado por cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y la Fiscalía, igualmente, ha pedido la pena máxima de 15 años.
Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega. Alfredo Zuniga (AP)
“Hoy que Lesther es condenado cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, expresó el grupo estudiantil del que Alemán es integrante. “El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violación sistemática a los derechos humanos de los nicaragüenses”, añadieron en un comunicado.
Juez sin competencia
La veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, no solo cataloga como políticos estos juicios, sino que asegura que son “farsas y montajes”. Primero porque cuando la Fiscalía anunció la reactivación de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos políticos como “criminales y delincuentes”. El Ministerio Público arrolló la presunción de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.
Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomalías judiciales que han detectado está que los únicos testigos aportados por la Fiscalía son policías y simpatizantes sandinistas. Además, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.
“Los juicios de Dora María y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitación, y repetidas hoy en esta audiencia exprés, tienen un grave contrasentido con el Código Penal: el delito de ‘Menoscabo a la integridad nacional’ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad… pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jurídicos no sirven para nada”, explicó la doctora Núñez a EL PAÍS.
El régimen Ortega-Murillo reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.
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El campus de la Universidad Politécnica, Upoli, en Managua era a mediados de abril de 2018 un cardumen de estudiantes en resistencia. Unos 150 de ellos se habían atrincherado en su protesta contra el presidente Daniel Ortega. El centro de estudios era el bastión del descontento estudiantil en medio de las manifestaciones que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Una acción que Ortega jamás les perdonaría. Tanto así que este miércoles la Asamblea Nacional, al servicio del mandatario, ha aprobado una iniciativa que ilegaliza cinco centros universitarios, entre ellos la Upoli, en una nueva medida represiva del régimen contra las voces críticas. El Gobierno, además, ha disminuido el subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana, UCA, la más prestigiosa del país, donde sus estudiantes han mantenido una posición crítica contra lo que califican de “dictadura”. Se trata de un duro golpe para centenares de estudiantes de escasos recursos que dependen de una beca para terminar sus estudios en esa universidad privada.
Atrás quedaron aquellas imágenes de los estudiantes rebeldes atrincherados en las universidades. Ortega apagó con fuego y sangre las protestas, con una durísima represión que dejó más de 360 muertos, la mayoría jóvenes universitarios. Los reportes de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos dan cuenta de chicos asesinados por disparos de francotirador, con balas en la cabeza, cuello y tórax. Se trata, según un reporte de la CIDH, de crímenes de lesa humanidad. Pero la sangría no fue suficiente para el mandatario nicaragüense, que ha decidido poner candado a los centros que permitieron el grito de libertad juvenil. En una orgía de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil, los diputados nicaragüenses cancelaron la personería jurídica no solo de los cinco centros de estudio, sino de once onegés, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica, que ha sido crítica con el régimen.
Uno de los argumentos para ilegalizar a estos organismos se basa en la controvertida Ley contra el lavado y terrorismo, que también ha sido usada para arrestar y enjuiciar a 40 críticos, incluidos siete aspirantes a la presidencia por la oposición, además de periodistas y empresarios. Los juicios en su contra comenzaron el martes y son considerados espurios por familiares y defensores de derechos humanos. “Hay organizaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse. Este es un proceso [la cancelación de organismos] que va a continuar y nadie debe asustarse”, ha advertido este miércoles el diputado Filiberto Rodríguez, del oficialista Frente Sandinista.
Esta decisión se da dos semanas después de que las autoridades de la UCA denunciaron el recorte al presupuesto que el Gobierno otorga a ese centro de estudios de acuerdo a a los fondos destinado a las universidades y establecidos por la ley. La universidad jesuita solo recibirá este año 28.000 dólares, un monto ínfimo para hacer frente a las becas que otorga a los estudiantes de bajo recurso, que incluyen no solo la colegiatura, sino vivienda y alimentación. El recorte “afecta las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”, han explicado las autoridades en un comunicado.
Los estudiantes de este centro están nerviosos y temen por su futuro académico. Algunos de ellos expresaron su temor al medio digital Divergentes. “Es una medida demasiado brutal. Se siente como que (el régimen) dice: si nosotros la queremos cerrar (la universidad) la cerramos, si nosotros queremos joderlos, los vamos a seguir jodiendo. Es un mensaje claro”, ha explicado una estudiante de 21 años. “Tengo temor, porque estoy a un paso de licenciarme. Siento que tener un título en medio de esto, también es como decirle al régimen que seguimos resistiendo en Nicaragua. Yo pude, yo lo hice. Ahora, estudiar es resistir”, ha afirmado otra estudiante de la UCA. Ortega, en su vorágine represiva, intenta ahora truncarles su futuro.
Objetos con la imagen de Daniel Ortega están a la venta en una avenida de Managua, la capital de Nicaragua.OSWALDO RIVAS (AFP)
Los representantes de la principal cámara empresarial de Nicaragua han expresado su disposición a negociar con el régimen de Daniel Ortega. La directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha afirmado en un documento interno filtrado por la prensa que está dispuesta a iniciar un diálogo para lograr la liberación de los empresarios encarcelados el año pasado, durante la fuerte represión contra las voces críticas que el Gobierno desató previo a las elecciones presidenciales en las que Ortega se declaró triunfador. Se trata de José Adán Aguerri y Michael Healy, expresidentes de la cámara y el banquero Álvaro Vargas. “Hoy tenemos que hablar de una negociación, diálogo, encuentro, todo debido a tres amigos que están desesperados y nos debemos a ellos”, dijo César Zamora, actual presidente del COSEP, según el documento filtrado el jueves por el medio Divergentes.
Esta misma semana, un grupo de familiares de presos políticos han pedido la libertad sin condiciones de los detenidos por el régimen, que incluyen a siete aspirantes a la presidencia, feministas, defensores de derechos humanos, activistas políticos, exdiplomáticos, estudiantes universitarios y tres exguerrilleros sandinistas, que fueron compañeros de Ortega en la lucha guerrillera contra la dictadura somocista. “La libertad de nuestros presos no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en una lucha por el poder. Su liberación, más bien, se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad”, dijeron los familiares en una carta hecha pública el pasado martes.
La filtración del comunicado de los empresarios ha generado molestias no solo entre los familiares de los presos políticos, sino entre otras organizaciones de la oposición cuyos liderazgos también han sido apresados por el régimen. De hecho, el mismo Zamora ha expresado que “hay un ambiente fuerte contra el sector privado, hay muy poca disposición para hacer el diálogo”. El líder empresarial es consciente de que cualquier acercamiento con el Ejecutivo de Ortega será visto con malos ojos en un país donde el 73% de la población considera injusta la detención de las voces críticas, según un sondeo divulgado en diciembre por la firma Cid Gallup.
Tras las críticas desatadas por el comunicado emitido el jueves, la patronal ha tenido moderar su posición y ha afirmado que de haber un acercamiento con el régimen, este debe ser sin condiciones previas y con la vista puesta en liberar a todos los detenidos y no solo a sus empresarios. El COSEP se unió al comunicado de los familiares y en una nota de prensa informó: “Nos sumamos a este llamado llenos de esperanza, con la confianza de que apoye un proceso que unifique a toda la ciudadanía nicaragüense”. Los empresarios agregaron que se comprometen “de manera franca a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones, que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación”.
El analista político Óscar René Vargas advierte de que si finalmente los empresarios negocian con el mandatario “van a hacerle el juego al dictador”. “Nadie sabe bien cuál será el próximo movimiento de Ortega. Es parte de su poder. Su capacidad de mantener ocultos sus próximas jugadas, de despistar a propios y extraños, de engañar al gran capital y a los poderes fácticos. Después de 15 años en el poder, los políticos siguen sin descifrar al dictador. La voluntad de quedarse en el poder sigue en su mente”, explica.
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La noticia del acercamiento de los empresarios se da mientras el régimen atraviesa su peor crisis de legitimidad tras los resultados electorales de noviembre. La mayoría de países del continente rechazaron esos resultados y han exigido que se repitan las elecciones, pero con garantías democráticas y sin presos políticos. Ortega está cada vez más aislado, por lo que ha tenido que recurrir a nuevos aliados en busca de legitimidad y oxígeno económico para mantener su modelo autoritario. Recientemente, el Gobierno ha anunciado acuerdos con Irán, Rusia y China, tras romper relaciones con Taiwán, isla que fue la principal donante del régimen. “Todo parece indicar que Ortega está dispuesto a seguir tirando de la cuerda (incrementando la represión, buscando el paraguas de sus nuevos socios estratégicos de Rusia y China, renunciando a la OEA, emitiendo declaraciones en contra de Colombia, considerando a EEUU un problema sistémico, etcétera), lo que indica que promueve una estrategia heavy metal para obtener concesiones internacionales que, desde su perspectiva, garanticen su permanencia en el poder y su papel en tablero político centroamericano”, afirma el analista Vargas.
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