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La condena por lavado de dinero contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa —el más longevo de Nicaragua— es el último golpe del régimen que lidera Daniel Ortega contra uno de los clanes familiares más importantes de Nicaragua, cuya historia ha estado ligada al poder político, el control de medios de comunicación y el enfrentamiento a la larga dictadura somocista. Los Chamorro le han dado a Nicaragua al menos seis presidentes —algunos tristemente célebres— y un héroe nacional, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, durante la dictadura de Somoza.

Unos días antes de la condena contra Holmann Chamorro, la periodista y exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue sentenciada a ocho años de prisión, después de un proceso judicial considerado “espurio” por la oposición y defensores de derechos humanos, y en el que las autoridades leales a Ortega no pudieron demostrar los delitos que se le imputan. Los integrantes de este clan han sido condenados a la cárcel, el exilio o el ostracismo, en una cacería que puede ser interpretada como venganza personal largamente cultivada por Ortega después de perder las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios Chamorro, ahora de 92 años, quien enferma y sola se apaga poco a poco en su casa de Managua, en una bruma de recuerdos. El odio hacia su familia ha quedado patente en las palabras de la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ha calificado a los Chamorro como “una casta entreguista, aprovechada y saqueadora”.

Ha valido de poco que haya condenas de organismos internacionales por los juicios contra Juan Lorenzo, Juan Sebastián Chamorro —otro candidato opositor—, Cristiana y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también integrante de la directiva de La Prensa. Como el resto, él fue apresado en la orgía de detenciones contra opositores que Ortega desató el pasado verano para acallar a cualquier figura que pretendiera hacerle sombra en las elecciones de noviembre, que el mandatario dio por ganadas con el 75% de los votos. Las encuestas mostraban que Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con más probabilidades de vencer a Ortega en unos comicios justos. Los juicios contra los Chamorro han movilizado a organizaciones periodísticas de todo el continente, que rechazaron de forma pública las condenas. “Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, han advertido un grupo de 18 organizaciones periodísticas de Latinoamérica. “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, ha afirmado Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho”, ha pedido.

Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.
Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.AFP

Mientras sus hermanos y familiares han sido apresados y condenados por el régimen, Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense más reconocido a nivel internacional, marchó al exilio en Costa Rica por la persecución y amenazas en su contra. Chamorro es el director del diario digital independiente Confidencial y del programa de reportajes y entrevista Esta Semana, y quien ha mantenido una línea editorial crítica con el Gobierno desde que Ortega regresó al poder en 2007. Confidencial había denunciado, a través de reportajes de investigación con Ortega recién instalado en el poder, que personeros del Frente Sandinista mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista. Tras la explosión de masivas manifestaciones en abril de 2018 —que Ortega reventó a fuerza de balas, con un saldo de más de 360 muertos— el régimen ordenó el asalto y confiscación de la redacción de Confidencial y aumentó el asedio contra su director y periodistas, obligados también al exilio.

“Las sentencias de culpabilidad contra mi hermana Cristiana y mi hermano, Pedro Joaquín, no son el resultado de un juicio, porque en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. Hubo una simulación de juicio en la cárcel, donde se les fabrican delitos. Estas condenas no tienen ningún valor jurídico, tienen un valor político, que consiste en que Daniel Ortega está confirmando que se robó las elecciones del 7 de noviembre, porque no podía aceptar la competencia política en esa elección. Ortega pretende legalizar esa eliminación de la competencia electoral alegando que ha existido un juicio en el que se han probado delitos. Estamos en un momento de radicalización de una dictadura totalitaria, que pretende aferrarse en el poder a cualquier costo”, afirma Carlos Fernando Chamorro en entrevista desde su exilio en Costa Rica. “Todos los presos políticos de Nicaragua son inocentes, no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es reclamar elecciones libres, democracia, justicia. Aquí se ha criminalizado la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho a elegir. Ortega está lanzándose hacia el vacío, porque lo que está haciendo es agravar la crisis nacional”, ha agregado.

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Para Ortega y sus leales, Carlos F. Chamorro es un “traidor”. Chamorro apoyó la lucha clandestina de la guerrilla del Frente Sandinista contra la dictadura somocista. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 ocupó cargos dentro de la nueva estructura del Estado, hasta ser nombrado director de Barricada, el diario oficial del Frente Sandinista. La familia Chamorro, entonces, quedó dividida. Pedro Joaquín, el hermano mayor, dejó Nicaragua para apoyar la oposición armada que se formaba contra el sandinismo. Cristiana mantenía una línea crítica contra el régimen desde La Prensa, el diario de la oposición, mientras Claudia Chamorro apoyaba al Gobierno revolucionario. Claudia es la única de los hermanos que no ha sido detenida por el régimen. Amigos de la familia cuentan que Violeta Chamorro, la madre, era una suerte de árbitro entre las diferencias políticas familiares y que cuando invitaba a sus hijos a cenar en casa exigía que nos se hablara de política. A Carlos Fernando Chamorro se le reprochaba haber apoyado al Gobierno sandinista, liderado por excombatientes guerrilleros convertidos en militares y que se convertiría en un régimen que no permitía las libertades civiles y perseguía a las voces críticas.

El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.
El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.STR (AFP)

Chamorro se vería obligado a hacer una autocrítica en los años noventa, tras el triunfo electoral de su madre, Violeta Chamorro. Ella se convirtió en una improbable candidata de la oposición para plantar cara a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Los sandinistas no imaginaron ni en la peor de sus pesadillas una derrota electoral, a pesar del hartazgo de la gente por la guerra y la escasez. Ortega se daba baños de masas en los que se presentaba seguro del triunfo, como “el gallo ennavajado” —como decía la canción de su campaña— que derrotaría prácticamente sin esfuerzo a Violeta, quien había basado su candidatura con promesas del fin de la guerra y la reconciliación de un país amargamente dividido. El susto vino la misma noche de la elección, cuando el presidente del Tribunal Electoral, Mariano Fiallos, leyó los primeros resultados: el Frente Sandinista perdía frente a la candidata de la Unión Nacional Opositora (ONU). Con su madre en el poder, Carlos Fernando se convirtió desde Barricada en una fuerte oposición al Gobierno, pero el afán de Daniel Ortega de controlar el Frente Sandinista a toda costa hizo que muchas figuras del partido se distanciaran, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y Chamorro. Ortega se guardó por muchos años esa “traición”, que haría pagar a Carlos Fernando con la persecución en su contra, cuyo resultado ha sido su exilio.

Un clan vinculado a la historia política de Nicaragua

Es prácticamente imposible contar la historia política de Nicaragua sin mencionar a la familia Chamorro. El clan, forjado en las filas del conservadurismo, ha dado al país seis presidentes, entre ellos el considerado el primer presidente de la Nicaragua republicana, el general José Chamorro Pérez, y el tristemente célebre Emiliano Chamorro, quien firmó en 1914 el llamado Tratado Bryan-Chamorro, con el que le concedía a Estados Unidos el derecho a perpetuidad para construir un canal interoceánico a través del país centroamericano. Ortega haría lo propio un siglo más tarde, cuando en 2011 entregó una concesión de 100 años a un oscuro empresario chino para la construcción de un canal en Nicaragua, un proyecto valorado en 50.000 millones de dólares del que no se ha colocado una sola piedra. A Emiliano Chamorro también se le recuerda por su inmensa ambición política, por la que arrebató el poder a través de un golpe de Estado perpetuado en 1926.

El personaje de este clan que tal vez es más querido y respetado en Nicaragua es Pedro Joaquín Chamorro, el padre de Carlos Fernando, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Él fue el gran opositor de la dictadura somocista, quien desde las páginas de La Prensa lanzaba feroces críticas a la dictadura, que lo tenía como la voz más incómoda. Sus textos eran leídos con avidez y su programa de radio era sintonizado todas las tardes. “La Prensa para Pedro era su vida. No por beneficio propio, sino para el beneficio del pueblo de Nicaragua”, dijo su esposa, Violeta. Por su valentía y beligerancia, Chamorro fue asesinado en 1978 por sicarios cuando conducía su vehículo hacia la redacción del diario. Su asesinato conmocionó al país y sentenció a la dictadura. Los funerales del periodista y opositor fueron apoteósicos y terminaron en una manifestación que exigía la caída del dictador, quien respondió ordenando una dura represión. Pedro Joaquín Chamorro es considerado un héroe nacional y es llamado mártir de las libertades.

A pesar de la trágica historia de Nicaragua, nadie podía imaginarse que menos de medio siglo después, los Chamorro estarían nuevamente en el foco de los desmanes del poder. Y menos que el hombre al frente de la cacería en su contra fuera un hombre que luchó para derrocar al somocismo. La historia vuelve a colocar entre sus protagonistas en esta nueva tragedia a la familia Chamorro, perseguidos por el “delito” de defender la libertad de expresión, denunciar la corrupción y atreverse a aspirar a derrotar a Daniel Ortega a través de las urnas. Por ello han pagado con cárcel y exilio. “En Nicaragua hay un Estado policial, un estado de miedo, de control, de vigilancia”, denuncia Carlos Fernando Chamorro, cuya voz, como en su momento fue la de su padre con Somoza, es la que más incomoda al régimen de Daniel Ortega.

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Josefina ‘Pinita’ Gurdián, abuela de Tamara Dávila, presa política en Managua.
Josefina ‘Pinita’ Gurdián, abuela de Tamara Dávila, presa política en Managua.Divergentes

Josefina ‘Pinita’ Gurdián tiene náuseas después de la quimioterapia, pero lo que más le afecta esta tarde de 3 de marzo no son las complicaciones del cáncer que padece: es que a su nieta, la presa política Tamara Dávila, la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le lee una condena de culpabilidad por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en total hermetismo en la prisión de El Chipote, en Managua. La joven acaba de ser condenada a ocho años de prisión.

Pinita, su abuela, es una mujer reconocida en Nicaragua: ha sido una reputada chef que instaló en Managua la franquicia Panadería Margarita, un nombre que lleva una de sus hijas, Ana Margarita Vijil, también presa política del régimen sandinista. Tamara y Ana Margarita son dos activistas opositoras que fueron capturadas por el régimen sandinista hace más de nueve meses. El inicio y desarrollo de sus juicios políticos, en enero de este año, coincidieron con el agravamiento del cáncer de ‘Pinita’, que sufre además la zozobra de saber que sus familiares han pasado aislamiento y torturas en la misma cárcel donde han sido juzgadas y condenadas.

Los juicios de ambas activistas, al igual que el de una cuarentena de opositores capturados sin orden judicial por la policía en altas horas de la noche a partir de junio de 2021, cuando Ortega inició una cacería para perpetuarse en el poder, han estado plagados de irregularidades y anomalías. El preludio de estos juicios políticos ha sido la tortura que han sufrido los reos, a tal punto que el general en retiro Hugo Torres falleció el pasado 12 de febrero producto de la falta de atención médica en la mazmorra sandinista.

La primera razón del agravamiento de su situación, dice Pinita, es saber que su hija y su nieta “están en la cárcel totalmente aisladas e incomunicadas”. Cuenta que Tamara es la que más sufre el aislamiento y que duerme sobre una plancha de concreto sin derecho siquiera a una frazada. “Solo cinco visitas que nos han permitido verlas, abrazarlas y conversar por un breve espacio”.

Ella no pudo asistir a una de esas escasas visitas, bajo la vigilancia constante de la policía, porque tuvo una recaída y tuvo que ser intubada. Estuvo a punto de morir y se le avivó su mayor temor: “La segunda causa de mi sufrimiento en mi caso es no saber en qué etapa está mi cáncer y no quiero morir, estoy haciendo todo lo posible para vivir y ver a mi hija y mi nieta libres”. Pinita no sabe en qué etapa está su enfermedad, explica, porque el 2 de septiembre pasado fue despojada de su pasaporte junto con el de su hija y el de su hijo que la acompañaban a Costa Rica para realizarse un PET CT Scan, una tomografía basada en medicina nuclear que no hay forma de hacer en Nicaragua. “El único examen que existe para saber mi estado”, dice.

Que le hayan quitado el pasaporte es una represalia más del régimen Ortega-Murillo contra su familia, ya que la matriarca de las Vijil ha denunciado todo el tiempo las irregularidades de los juicios. Para empezar, los procesos debieron ser orales y públicos según el Codigo Procesal Penal, pero se han realizado todos a puertas cerradas en el Chipote, que es la sede de la Dirección de Auxilio Judicial.

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Una fotografía de Tamara Dávila, presa política por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en  la prisión de El Chipote, en casa de su abuela Josefina ‘Pinita’ Gurdián en Managua.
Una fotografía de Tamara Dávila, presa política por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en la prisión de El Chipote, en casa de su abuela Josefina ‘Pinita’ Gurdián en Managua.Divergentes

“Ellos han querido subsanar el tema de la publicidad de los juicios con el ingreso de un familiar a las audiencias, pero eso no lo subsana porque según al ley tienen que ser públicos, con presencias de medios de comunicación”, explica a EL PAÍS Vilma Núñez, veterana defensora de derechos humanos que de manera incansable registra todo lo relacionado a estos juicios políticos.

Sin derecho a la defensa

Después de la cacería de opositores desatada a partir de junio de 2021, el Gobierno de Ortega preparó el andamiaje legal para iniciar estos juicios políticos. Mientras la comunidad internacional desviaba su atención de lo que pasaba en Nicaragua, las torturas en prisión para los disidentes fueron la antesala para estos procesos que han sentado un precedente de terror, en especial para el ejercicio de la libertad de expresión.

Los reos no han tenido derecho a una tutela efectiva, ya que no les han permitido entrevistarse con sus abogados para preparar la defensa. De hecho, algunos defensores, como el del precandidato presidencial Félix Maradiaga, conocieron a sus clientes el mismo día del juicio.

El hermetismo de los juicios políticos ha sido una constante. Algunos familiares han tenido la oportunidad de ingresar, pero al entrar se les despoja de sus teléfonos y quedan incomunicados. Varios abogados consultados por EL PAÍS explican que las causas de las que acusan a los presos políticos ni siquiera figuran en el sistema del Poder Judicial, y que conocen los legajos acusatorios recién cuando llegan a las audiencias. Además, a los abogados defensores se les impide constantemente intervenir y todos los recursos legales o impugnaciones que presentan son denegados.

“Otra de las anomalías es que los delitos que se achacan —conspiración para cometer menoscabo—, tienen que ser juzgados por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Eso constituye violaciones al derecho constitucional de ser juzgado por tribunal competente establecido por el artículo 34 de la Constitución”, alega Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Remedo de pruebas

De acuerdo con familiares y abogados consultados para este artículo, la Fiscalía de Ortega ha basado sus alegaciones contra los presos políticos en testimonios de policías, entrevistas que los procesados concedieron a medios de comunicación y publicaciones de redes sociales que, a juicio de defensores de derechos humanos, no son pruebas que soporten condenas de culpabilidad que implican penas máximas, tal como ha pedido el Ministerio Público.

Los elementos de pruebas se deben presentar conforme dos artículos del Código Procesal Penal, el 268 y el 269. El primero plantea que las pruebas deben ser obtenidas de forma lícita por la Policía y el Ministerio Público. El segundo explica la forma en que deben ser incorporadas durante el juicio. Estas pruebas —sean testimoniales, periciales o documentales— deben ser siempre de carácter lícito. Sin embargo, en los juicios políticos no ha sido así.

En estas condiciones han sido condenadas ya, desde finales de enero, 27 personas. Los primeros en ser declarados culpables fueron Yader Parajón, hermano de un asesinado en 2018, y Yaser Vado González, activistas políticos detenidos en momentos diferentes pero juzgados en un mismo proceso. La Fiscalía presentó como únicas pruebas los testimonios de siete agentes policiales, quienes estuvieron a cargo de las investigaciones. Tres de ellos brindaron versiones contradictorias y una se mostró renuente a responder. Otra oficial de policía, a quien se le preguntó cómo perjudicaban las publicaciones en redes sociales realizadas por Vado —acusado de “propagación de noticias falsas”—, afirmó que “afectaban a su partido”. Fueron condenados a diez y 13 años de cárcel, respectivamente.

“Los argumentos son de viajes atrabiliarios, enredados y concretamente son sofismas, o sea que hacen afirmaciones falsas en las cuales fundamentan la supuesta culpabilidad o responsabilidad del acusado”, insiste Núñez.

Durante el juicio del líder estudiantil Lesther Alemán, los fiscales recurrieron a un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotografías que, según abogados, no demuestran de qué forma causó menoscabo al Estado, que es de lo que se le acusa. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que durante el juicio contra Alemán en la sala hubo presencia de dos operadores políticos del gobierno. La primera, sentada en un escritorio en la puerta de la sala. El segundo, sentado al lado del juez. “Estas personas no identificadas estuvieron tomando nota de todo lo transcurrido sin derecho o identificación legal que se los permitiera”, informó la AUN. En la mayoría de los casos, a los procesados no se les permite la palabra. El joven de 24 años fue condenado en tal fecha a 13 años de prisión. Su principal pecado, en realidad, fue atreverse a decirle en la cara a Daniel Ortega que saliera del poder.

En el caso de Ana Margarita Vijil, la Fiscalía no presentó siquiera testigos. Solo bastó un video en el que no se demuestra la culpabilidad de la activista. El 7 de febrero, Pinita tuvo otro día aciago: su hija fue la primera presa política en ser condenada. A diez años de prisión. “Para mí ha sido durísima esta etapa; estar con este cáncer y saber que mi hija y mi nieta están sufriendo aisladas en ese lugar desde hace nueve meses. Todos los días lloro porque todas sufrimos… con ellas a mi lado, todo sería más calmo. Llevarlo más en paz, poniéndome en las manos de Dios”, dice a Pinita a EL PAÍS, una hora antes de conocerse la condena contra su nieta, Tamara Dávila, por ocho años de cárcel.

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En venganza repartidor atropelló a adolescente de 14 años: Le quisieron robar su casco

El adolescente se mantiene grave e internado. Por su parte, el repartidor fue detenido y está a disposición de la justicia.

24Horas.cl Tvn

10.06.2021

Una fuerte discusión entre tres jóvenes y un repartidor de delivery en Iquique, terminó con un joven de 14 años siendo atropellado por una moto mientras yacía inconsciente en la calle.

El hecho ocurrió el calle Sargento Aldea cuando un grupo de tres jóvenes comenzó a discutir con el repartidor a quien intentaron robarle el casco.

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En ese contexto, se inició una pelea en la que uno de los jóvenes, de 14 años, cayó inconsciente en medio de la calle.

Fue en ese momento en que el repartidor volvió a su moto para retornar donde estaba el menor y pasarle por encima. Por las lesiones que sufrió, el adolescente se mantiene grave con ventilación mecánica en la UCI del Hospital Regional de Iquique.

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Al respecto, el Teniente Coronel Jaime García, de la primera Comisaría de Iquique, indicó que «se logró la detención del autor del atropello, poniéndolo a disposición de tribunales de justicia».

Por otra parte, desde la Fiscalía de Iquique, Guillermo Arriaza, explicó que «se logró recuperar una grabación parcial de las cámaras de seguridad municipal que dieron la alerta a personal de carabineros y que permitieron que hasta el día de hoy se siguieran realizando diversas diligencias tendientes a esclarecer los hechos».

El acusado del atropello está detenido y a la espera de una citación judicial.



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