Mostrando entradas con la etiqueta Bukele. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Bukele. Mostrar todas las entradas



La cruzada del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas salvadoreñas, que cumple su cuarto día consecutivo, dio este miércoles un paso más al aprobar el Congreso una serie de leyes que endurecen las penas de cárcel para los pandilleros. Mientras los diputados aprobaban los cambios en el código penal, en las calles proseguían las detenciones masivas de sospechosos. La decisión de modificar las penas se une al paquete de medidas puestas en marcha desde que el sábado fueron asesinadas más de 70 personas en zonas controladas por la MS-13, con el que Bukele decidió contraatacar.

La “guerra contra las pandillas” incluye más dinero para la policía, más años de cárcel para los pandilleros y más armamento para el Ejército. Una decisión tomada por la Asamblea en medio de un estado de excepción que limita algunos derechos fundamentales de la población.

Desde este jueves, pertenecer a algunas de las tres pandillas, MS-13, La 18 o la 18 Revolucionarios, estará penado con 30 años de cárcel, independientemente de que se le compruebe delito alguno al detenido. Si el pandillero es “cabecilla”, la pena será de 40 a 45 años. Antes de la reforma, la pertenencia a pandillas se castigaba con prisión de tres a cinco años o de seis a nueve años en el caso de los líderes. En el nuevo Código Penal, un niño de 12 años que pertenezca a una pandilla podrá estar en prisión hasta diez años y, si tiene menos de 16 años, podrá ser condenado hasta a 20 años de cárcel. “Hoy sí se castigará como se debe el pertenecer a las pandillas”, dijo Caleb Navarro, diputado del oficialista Nuevas Ideas.

El endurecimiento de las penas llega después de que el pasado domingo los diputados aprobaran el estado de excepción que restringe libertades y amplía los poderes de la policía y el Ejército, tras la ola de violencia que dejó 87 muertos. La reforma al Código Penal también establece que quienes “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones” de pandillas recibirán una pena de 20 a 30 años de prisión.

Según las autoridades, las pandillas, que cuentan con unos 70.000 miembros, además de obtener dinero mediante las extorsiones, también se nutren financieramente de la droga, por lo que serán condenados a 20 años de cárcel los pandilleros traficantes de drogas.

Sobre las reformas, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro dijo que están “legislando para funcionarios y particulares que hicieron pactos y para los partidos de la esquina que se han sentado con estos grupos”, aseguró señalando a los partidos de la oposición. Castro no mencionó al actual director de Penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, quienes han sido señalados y sancionados por Estados Unidos por negociaciones con pandillas, mientras continúan desempeñándose en sus cargos

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Terminar con las pandillas, que dispararon el número de homicidios durante el fin de semana, es la principal obsesión de Nayib Bukele, que incluso se retrató trabajando “24/7″ tal y como señala uno de sus muchos tuits publicados el miércoles. La gran mayoría de ellos estuvieron destinados a detallar las detenciones realizadas en todo el país, más de 2.500 según el jefe de la policía, y a cargar contra los organismos de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo ha expresado su preocupación por las detenciones y la orden de Bukele de reducir a la mitad la alimentación de los presos.

“Salvadoreños recuerden: cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo ni una sola palabra. Pero no tardaron ni 1 día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles. Recuerden siempre qué intereses representan ellos”, escribió en un tuit. En otro mensaje cargó contra la comunidad internacional al decir: “¿Saben cuántos países han decidido ayudarnos en la guerra contra las pandillas? Exactamente: NINGUNO No vengan después a querernos decir qué es lo que debimos haber hecho o dejar de hacer, cuando en el momento que pudimos haberlos necesitado, nos dejaron solos”, escribió.

El paquete de medidas aprobadas este miércoles incluye dotar de más dinero al Ejército y la policía. Paralelamente, el mandatario exhibió la llegada al país de nuevas tanquetas militares destinadas a la vigilancia en las calles y caminos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link


Un soldado detiene este lunes a un hombre en un punto de control en Santa Tecla (El Salvador).
Un soldado detiene este lunes a un hombre en un punto de control en Santa Tecla (El Salvador).Rodrigo Sura (EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió este lunes a los pandilleros, mediante un mensaje en Twitter, que “paren de matar ya” y advirtió que si la escalada de asesinatos en el país no cesa, sus compañeros presos “la van a pagar también”. “Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”, publicó Bukele.

Las pandillas poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados. El mandatario salvadoreño acompañó su “Mensaje a las pandillas” con un video en el que se observan movimientos de reos en un centro penal, sin detallar si es de días recientes.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, decretado la madrugada del domingo por el Congreso a petición de Bukele, lo cual suspende algunas garantías constitucionales. Los derechos suspendidos son la libertad de asociación y reunión, el derecho a la defensa, la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones, además se amplió el plazo de la detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 3 días.

Pese a esta medida extraordinaria y a las detenciones masivas, las pandillas mantuvieron el domingo su desafío al Gobierno de Bukele. El país registró el viernes 14 homicidios, 11 el domingo y el sábado 62, por lo que este último día se convirtió en el más mortífero de la historia reciente de El Salvador. Las autoridades atribuyen a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), la ola de violencia, pero aún no han explicado la razón del alza.

Esta no es la primera vez que un Gobierno salvadoreño busca combatir a las pandillas con detenciones masivas. En el pasado lo hicieron los expresidentes Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), con sus planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Sin embargo, los índices de homicidios se mantuvieron en alza hasta 2015, cuando El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Después de ese año, las cifras comenzaron a disminuir paulatinamente y la caída se acentuó desde 2019, cuando Bukele llegó a la Presidencia.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete



Source link


Soldados revisan a una mujer en un punto de control, en San Salvador, El Salvador.
Soldados revisan a una mujer en un punto de control, en San Salvador, El Salvador.Rodrigo Sura (EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con contundencia al desafío salido de las calles. A los 14 asesinatos de las pandillas del viernes, el mandatario respondió con un decreto que le da poderes especiales para combatirlos y a los 62 homicidios del sábado respondió con una orden que llega hasta las celdas donde hay miles de pandilleros encarcelados y de donde salen muchas de las órdenes. “Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio. Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ no podrán ver ni un rayo de sol”, ordenó el mandatario, dispuesto a llevar el castigo hasta donde más duele.

El resto de las medidas tiene que ver con el despliegue de más soldados y policías en las calles que operarán ahora amparados por un paquete legal que amplía su margen de actuación. Por si había alguna duda, Bukele acompañó sus órdenes de una catarata de mensajes a jueces y fiscales donde les advirtió sobre la nueva situación que reina en el país ante la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos. “Estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter. Un día después, este domingo, hubo decenas de detenidos.

El estado de excepción decretado este domingo, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

“Desde ayer, tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás, financiando esto”, escribió Bukele en Facebook, tras la reunión con su equipo de Seguridad. Ante la incertidumbre causada, dijo que: “Servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente”.

El estado de excepción de Bukele llegó después de que se supiera que algunas de las 76 víctimas del fin de semana fueron elegidas al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado. Todo parece indicar que es un ajuste de sangre”, dijo al diario salvadoreño.

La medida más tangible ordenada por Bukele es la llegada a las calles de más militares y policías en los municipios donde se dieron estos homicidios. Sin embargo, los asesinatos ocurrieron en zonas que ya estaban consideradas como prioritarias en el Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad puesto en marcha desde su llegada al poder en junio de 2019. Según Bukele la reducción se debe a su plan de seguridad que sacó 5.000 soldados a patrullar barrios y colonias en el pequeño país centroamericano.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Las revelaciones del periódico El Faro, señalan, sin embargo, que el descenso se debe a un pacto con las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, un ‘ejército’ de casi 70.000 pandilleros en un país de siete millones de habitantes. En cualquier caso, el hecho objetivo es que en 2015 el país contabilizaba 20 asesinatos diarios y hoy ronda los cuatro. Hace seis años, El Salvador tenía una tasa de 103 muertos por cada 100.000 habitantes y hoy está en 17. Más allá de las cifras oficiales, la disminución ha supuesto un cambio radical entre la población y le ha permitido a Bukele apuntalar su popularidad. Durante los dos últimos años ha sido posible tomar el autobús sin temor, mirar el celular en la calle o tomar un taxi en la noche.

En medio de la controversia generada por el estado de excepción, Bukele añadió más enigmas al día al retuitear a una usuaria que detalló haber estado presente en una reunión en la que se planteó su derrocamiento por Estados Unidos. “En Bolivia, en una cena con asesores políticos, dijeron que están siendo contactados por una “organización” de USA, tanto de demócratas como de republicanos, para ‘derrumbar’ a Bukele y operar desde Panamá. Por lo visto ya lo están haciendo”, decía el mensaje retuiteado por el presidente el día que amplió sus poderes.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente del país desde el fin de la guerra civil, de acuerdo a cifras oficiales.

La respuesta de Bukele no tardó en llegar y, a medida que se conocía la cifra de muertos, el Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental.

Al mismo tiempo, Bukele exigió que “dejen hacer su trabajo” a militares y policías para actuar con contundencia contra los pandilleros. “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, escribió.

Para la aprobación de sus nuevos poderes por la vía rápida, el mandatario invocó el artículo 29 de la Constitución que contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder en el Congreso, donde su partido tiene 64 congresistas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter.

Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos antes la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, un complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el Presidente cool de un país que opera en Bitcoin.

Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, atribuye la pacificación del país a su ‘Plan de control territorial’, un programa de seguridad que implica el despliegue del Ejército en las calles y que ha logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios pasando de diez muertos diarios a tres, lo que ha permitido a El Salvador salir del listado de naciones más violentas del mundo. Esas cifras saltaron por los aires este fin de semana al sumar diez muertos el viernes y más de 60 el sábado, algunos de ellos elegidos al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “Hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado”, dijo. Hasta el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden el incremento, pero las cifras del fin de semana no dejan lugar a la duda de que el mensaje está lanzado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región





Source link



Apoyado en su enorme popularidad y el control que ejerce sobre los poderes del Estado, el controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enviado a la Asamblea Legislativa de su país un paquete de 52 reformas legales que allanarán el camino para atraer inversiones y cumplir de esta manera su plan de convertir a la nación centroamericana en un centro mundial de criptomonedas. El anuncio lo ha hecho Bukele el domingo a través de Twitter, la plataforma en la que gobierna a golpe de decretos, y ha generado entusiasmo entre especuladores e inversores. “Las acciones de Nayib Bukele allanan el camino para que El Salvador se convierta en un futuro centro para el talento mundial y los usuarios de bitcoin. Es hora de visitar El Salvador”, ha respondido Richard Byworth, uno de esos inversores, quien se presenta como fundador de EQONEX Group, una organización que promueve inversiones en criptomonedas.

El mandatario ha explicado que las reformas enviadas el domingo eliminarán trámites a la hora de invertir en El Salvador, reducen la burocracia, crean nuevas leyes para incentivar las inversiones y contratos de estabilidad para quienes decidan poner su dinero allí. Además, ofrecen incentivos fiscales y, lo más controvertido, la ciudadanía salvadoreña a cambio de invertir en esa pequeña nación de Centroamérica. “El plan es simple”, ha dicho Bukele. “Mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”. El anuncio se da mientras el Gobierno se prepara para sacar al mercado bonos por 1.000 millones de dólares en bitcóin, una decisión que es vista con recelo por organismos financieros multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a finales de enero al popular mandatario a que elimine el bitcoin como moneda de uso legal, lo que ha aumentado la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. El FMI manifestó su “preocupación” por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda y ya había alertado de los riesgos que implica para El Salvador asumir esta moneda virtual. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. Rice también advirtió que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Ante la exigencia del Fondo de revertir la controvertida decisión —el proyecto insignia del popular Bukele—, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha sido contundente: “Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas”, ha afirmado Zelaya.

Tres senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada una iniciativa legislativa para que el Gobierno de Joe Biden diseñe un plan que “mitigue los riesgos” que tiene para el sistema financiero estadounidense la adopción del bitcoin en el país centroamericano, informa Efe. Fitch Ratings también rebajó la calificación crediticia a largo plazo de El Salvador y entre las razones citó la “incertidumbre” de alcanzar un acuerdo con el FMI tras la adopción del bitcoin, según información de la misma agencia de noticias.

A pesar de las críticas, el presidente salvadoreño se jacta del buen funcionamiento de la economía. El sábado citó en Twitter un informe del Banco Central que registra un aumento del 13% de las exportaciones salvadoreñas en enero 2022, por valor de 564 millones de dólares, “una cifra récord que supera los valores registrados en todos los meses de enero de las últimas tres décadas”, ha afirmado la institución. Bukele se ha felicitado y ha dicho que “el PIB de El Salvador creció 10,3% en 2021. Y ahora sus exportaciones (principal motor del crecimiento económico) crecieron 13% este enero, en comparación con enero de 2021″. “¿Estamos ante otro crecimiento del PIB de dos dígitos este año? Por cierto, El Salvador nunca tuvo un crecimiento del PIB de dos dígitos antes de 2021″, ha afirmado. La propaganda gubernamental, bien explotada en las redes sociales, tiene como fin vender a su empobrecido país como un oasis de crecimiento o un “refugio para la libertad” para quienes quieran hacer negocios de forma fácil de la mano del popular presidente.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región





Source link



El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enviado un mensaje contundente este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El organismo ha instado al popular mandatario que elimine el bitcoin como moneda de uso legal en el país centroamericano, lo que aumenta la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. Para el presidente la implementación de bitcoin como moneda de pago es uno de sus principales proyectos, que promociona con intensidad tanto desde su cuenta de Twitter —plataforma favorita para comunicar sus decisiones— como en las giras que ha emprendido para vender a su país como una tierra de oportunidades para los empresarios. Bukele no ha reaccionado inmediatamente a la exigencia del FMI.

El Fondo ya había alertado a inicios de enero de los riesgos que implica para El Salvador asumir la criptomoneda y había pedido a Bukele una reunión para discutir su implementación como moneda de curso legal. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. El popular presidente ya había anunciado en noviembre sus grandes planes para convertir a su país en un laboratorio mundial de la criptomoneda. Bukele se ha mostrado entusiasta con el proyecto y ha prometido a sus ciudadanos que llevará desarrollo económico para su país. Desde su Gobierno se ha afirmado que esta iniciativa pretende convertir a El Salvador en la Singapur de América Latina.

El salvadoreño viajó la semana pasada a Turquía en su búsqueda de atraer apoyos en momentos cuando su relación con Estados Unidos —el principal socio de su país— pasa por horas bajas. Bukele se reunió con Recep Tayyip Erdogan, con quien firmó seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación. Pero el tema que más expectativa levantó durante la visita fue el uso de las criptomonedas, en un país donde sus habitantes están en plena fiebre inversora para proteger sus ahorros, cuando la lira turca ha sufrido una fuerte pérdida en su valor.

La exigencia del FMI se da en momentos cuando el valor de las criptomonedas va en caída libre. La semana pasada el bitcoin perdió más del 10% de su valor, mientras las bajas continúan. La criptomoneda bajó a 35.000 dólares, lo que representa el valor más bajo desde julio. Bukele ha reaccionado con mofa a quienes critican la caída en el valor de la moneda virtual y su decisión de adoptarla. “La mayoría de la gente entra [a comprar] cuando el precio sube, pero el momento más seguro y rentable para comprar es cuando el precio baja. No es ciencia espacial. Así que invierta una parte de su sueldo de McDonald’s en Bitcoin”, escribió Bukele el 24 de enero. El presidente cerró su mensaje con un “Drama queens” [reinas del drama] para sus críticos.

Rice, del FMI, ya había advertido a inicios de enero que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Para Bukele, sin embargo, se trata de una “oportunidad de oro” para su país. A inicios del pasado junio la Asamblea Legislativa salvadoreña adoptó una ley que hace del bitcoin una moneda de uso legal. Un hecho que el presidente Bukele celebró con entusiasmo. “En cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares. El bitcoin será tratado como moneda nacional, todos tendrán que aceptarlo”, auguró. Entonces, sus planes comenzaron a crecer y Bukele lanzó su idea de convertir al país centroamericano en un gran centro de minado de la moneda virtual. Para ello prometió ofrecer “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, con cero emisiones, de nuestros volcanes”. El 10 de junio, Bukele hizo público en Twitter un proyecto geotérmico que servirá como sede del minado.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete





Source link


El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, posa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, este jueves en el Palacio presidencial en Ankara.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, posa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, este jueves en el Palacio presidencial en Ankara.ADEM ALTAN (AFP)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha iniciado 2022 con una visita oficial a Turquía, desde donde este viernes se desplazó a Emiratos Árabes Unidos, en una gira que busca inversiones con el fin de diversificar la dependencia del país centroamericano de su tradicional aliado, Estados Unidos, con cuya Administración las relaciones se han deteriorado en los últimos años tras la aprobación de sanciones contra miembros del Ejecutivo salvadoreño. La agenda exterior de Bukele también incluye viajes a Rusia, España, Francia, Italia, Corea del Sur y Singapur a lo largo del año.

“Históricamente, hemos sido un país unipolar, solo hemos mirado hacia Estados Unidos, pero también es importante para El Salvador mirar hacia otros lugares, uno de esos lugares es Turquía”, dijo el presidente salvadoreño este jueves durante una rueda de prensa junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien firmó seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación.

Además, durante su visita de casi una semana a Estambul y Ankara, Bukele y la delegación ministerial que lo acompañó mantuvieron encuentros con empresarios turcos. “Tenemos avanzadas conversaciones y proyectos de inversión de empresas turcas en los puertos de El Salvador”, anunció el presidente salvadoreño. También se ha tratado la posibilidad de inversión e intercambio comercial en el sector turístico y de energía (con la construcción de una planta geotérmica), y la posibilidad de venta de drones armados o incluso, aventuró Bukele, el “lanzamiento del primer satélite salvadoreño, con tecnología turca”. Bukele mostró su admiración por el desarrollo de la economía turca (estimado en un 10% para 2021, pese a sus crecientes problemas de inflación y depreciación de la moneda) y dijo que quiere que su país “sea parte de este crecimiento” de Turquía, que “en unos años será una potencia muy grande”.

Erdogan, por su parte, prometió devolver la visita oficial y abrir una legación diplomática en San Salvador, para acompañar las inversiones turcas y ayudar a convertir el país “en un centro logístico regional”. El Salvador instaló su embajada en Ankara el año pasado y prevé ampliar el número de representantes diplomáticos, según informó la canciller, Alexandra Hill, en un acto junto a su homólogo turco.

Turquía ha incrementado sus relaciones con Latinoamérica en los últimos años con la apertura de casi una veintena de embajadas, el establecimiento de conexiones aéreas y, cada vez más, gracias a la penetración de las populares telenovelas turcas. Hasta noviembre de 2021, el comercio bilateral con la región alcanzó los 12.800 millones de dólares, un tercio más que en todo 2020. Turquía mantiene acuerdos de libre comercio con Chile y Venezuela y está en negociaciones con Ecuador, Colombia, México y Perú, así como con Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

El Salvador es todavía una pequeña gota en esta relación comercial: pese a que en el último año el volumen casi se dobló, llega únicamente a los 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros). Si bien tras los acuerdos firmados se espera que alcance los 500 millones de dólares (cerca de 440 millones de euros) en los próximos cinco años, es decir, el equivalente a un 2% del actual PIB salvadoreño. Con todo, EE UU sigue siendo el principal socio comercial de El Salvador, pues es el destino del 40% de sus exportaciones y origen del 30 % de sus importaciones.

La visita de Bukele a Turquía ha despertado gran expectación no solo por sus orígenes familiares (sus antepasados emigraron a El Salvador desde la entonces Palestina otomana), sino también por su acérrima defensa del Bitcoin. Las criptomonedas han hecho furor en Turquía pues muchos turcos invierten en ellas para proteger sus ahorros de la pérdida de valor que ha sufrido la lira, más de un 45% en el último año. Con todo, no ha trascendido si ambos líderes trataron el tema, ya que mientras el salvadoreño ha convertido el bitcoin en moneda de curso legal en su país, Erdogan prepara una ley que restrinja y controle el uso de criptomonedas.

No obstante, la visita de Bukele también ha sido criticada por la oposición salvadoreña pues las organizaciones de derechos humanos ―y la propia oposición turca―consideran que Erdogan ha impuesto un régimen autoritario. Asociaciones de defensa de la libertad de prensa también señalan que Turquía es uno de los países del mundo, junto a China, que más periodistas mantiene en la cárcel.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



No hay mal que por bien no venga. Ese parece ser el lema que estos días mueve al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien quiere aprovechar el desplome del precio del bitcoin debido a las protestas en Kazajistán, un lejano país del Asia central que desde 2021 es el segundo mayor centro de emisión [’minado’, en la jerga del negocio] de las criptomonedas en el mundo. El Gobierno del autoritario Kassym-Jomart Tokayev ordenó la semana pasada el corte total de Internet para evitar que los manifestantes pudieran transmitir la violenta represión desatada desde el Estado, pero su decisión acabó convirtiéndose en un duro traspié para el opaco negocio de las monedas virtuales: el apagón afectó con fuerza a las criptomendas, principalmente el valor del bitcoin. A miles de kilómetros cruzando el Pacífico, un pequeño país llamaba entonces la atención de los inversionistas del sector, que creen que la estabilidad que garantiza Bukele —y los sueños faraónicos del joven mandatario— pueden ser tierra fértil para crear un gran centro de minado.

El popular presidente ya había anunciado en noviembre sus grandes planes para convertir a su país en un laboratorio mundial de la criptomoneda. En una enorme puesta en escena a finales de ese mes anunció la creación de una Ciudad del Bitcoin, a un coste de miles de millones de dólares. Frente a centenares de seguidores, con un escenario muy parecido a los montados por las grandes tecnológicas cuando anuncian sus nuevos lanzamientos, Bukele se mostró entusiasta con el proyecto y prometió que llevará desarrollo económico para su país. Desde su Gobierno, se ha afirmado que esta iniciativa pretende convertir a El Salvador en la Singapur de América Latina. Y solo faltaba la desgracia de otros para que el sueño comience a encarrilarse.

Esta historia inicia en Almaty, la ciudad más importante de Kazajistán. En el gran centro industrial y comercial del país estallaron a inicios de enero violentos disturbios por el aumento del precio del gas licuado y la energía en momentos en que el país centroasiático sufre bajísimas temperaturas invernales. El descontento ciudadano aumentó incendiado por la corrupción de las élites económicas y políticas y las grandes desigualdades sociales. Arrinconado por las manifestaciones, Tokayev pidió ayuda a Rusia, que envió militares al país, y lanzó una brutal represión que ha dejado al menos 164 muertos, 1.000 heridos y casi 10.000 detenidos. ¿Pero qué tienen que ver las protestas de Almaty con el bitcoin? La respuesta está en el uso de energía que requieren las llamadas granjas de minado. Se trata de enormes y potentes equipos de cómputo que trabajan sin parar, lo que demanda mucha energía. Los precios bajos de este recurso atrajeron a los inversionistas y el Gobierno kazajo los recibió con entusiasmo, pero al dispararse la demanda energética, la población comenzó a sufrir apagones, varias centrales sufrieron sobrecargas y el precio de la energía se disparó. Luego llegó el corte a Internet y el desplome del valor de la moneda, que la semana pasada cayó casi un 8%, al pasar de 42.951 dólares a 37.000 dólares.

El bajón puso nerviosos a los inversionistas, que creían que Kazajistán era su tierra prometida por ser un país estabilizado a fuerza de autoritarismo, con enormes recursos energéticos, una corrupción obscena y poca regulación para este tipo de negocios. Y es aquí donde esta historia salta al trópico. A inicios del pasado junio la Asamblea Legislativa salvadoreña adoptó una ley que hace del bitcoin una moneda de uso legal. Un hecho que el presidente Bukele celebró con entusiasmo. “En cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares. El bitcoin será tratado como moneda nacional, todos tendrán que aceptarlo”, auguró. Entonces, sus planes comenzaron a crecer y Bukele lanzó su idea de convertir al país centroamericano en un gran centro de minado de la moneda virtual. Para ello prometió ofrecer “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, con cero emisiones, de nuestros volcanes”. El 10 de junio, Bukele hizo público en Twitter un proyecto geotérmico que servirá como sede del minado.

El 5 de enero, el diario digital El Faro publicó una entrevista con uno de los primeros empresarios interesados en dar alas a los sueños del mandatario salvadoreño. Se trata de Paolo Ardoino, de Bitfinex Securities, una compañía de criptomonedas que trabaja en Kazajistán y que se ha aliado con el Ejecutivo de Bukele para emitir 1,000 millones de dólares en bonos. La mitad de ese dinero se usará para construir la llamada Bitcoin City y el resto para la compra de bitcoins. Así lo explica el diario salvadoreño: “Los bonos bitcoin son una deuda que el Gobierno va a suscribir a 10 años, con una tasa de interés del 6.5%. En total, durante 10 años, el Gobierno debe cancelar $1,650 millones a los inversores en criptomonedas por este préstamo de $1,000 millones. Para hacer realidad esta idea, el Gobierno buscó aliados que le permitan vender estos bonos —conocidos como valores tokenizados— a inversores de criptomonedas y la empresa de Ardoino fue la elegida”. El empresario dijo entonces que la suya era la única plataforma de criptomonedas en el mundo con licencia para comerciar y emitir valores tokenizados (tokenized securities).

El presidente Bukele no esconde su enorme entusiasmo y todos los días en Twitter publica comentarios sobre su proyecto. Hasta discute con sus detractores, como ocurrió el 7 de enero, cuando el economista Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, cuestionó los planes de crear energía suficiente para garantizar una zona de minado de criptomonedas en El Salvador. “¿Cuánta energía se puede extraer del volcán inactivo Conchagua? ¿Dónde está el estudio de viabilidad? El Salvador ya tiene un enorme déficit de energía e importa el 22% de su uso de electricidad. Sin un estudio de factibilidad, nadie sabe cómo Bitcoin City afectará este déficit”, argumentó Hanke. Bukele le espetó, con emoticones y en tono de mofa: “¡Este tipo! ¡Por su puesto que es un volcán inactivo, idiota! ¡La mayor parte de la energía geotérmica se extrae de pozos cerca de VOLCANES INACTIVOS! ¿Por qué construirías una ciudad debajo de un VOLCÁN ACTIVO?”. Y, como era de esperar, la reacción generó decenas de miles de retuits que, es seguro, alimentan los sueños del mandatario de convertir a su país en la Singapur latinoamericana.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región





Source link


Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.
Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.Fernanda Castro

Los teléfonos celulares de más de la mitad de los trabajadores del medio digital salvadoreño El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales. Ambas organizaciones examinaron durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2021, los teléfonos iPhone de todos los miembros de El Faro y la conclusión es contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group.

El espionaje detectado y que este miércoles reveló El Faro fue dirigido contra todos los estamentos posibles del diario: editores, redactores, miembros de Junta Directiva y hasta personal administrativo. En casi todos los casos, el equipo permaneció bajo constante vigilancia a lo largo de 226 intervenciones distintas.

Desde su llegada al poder en junio de 2019, el diario salvadoreño está en el centro de las iras del Presidente Nayib Bukele después de que el periódico digital revelara, entre otras cosas, el acuerdo entre su Gobierno y las pandillas para la pacificación del país, así como otros casos de corrupción que afectan a sus colaboradores.

La empresa dueña del software, NSO Group, ha declarado que solo vende el programa de espionaje Pegasus a Gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Las organizaciones internacionales que han hecho el peritaje de los teléfonos de El Faro han liderado procesos similares con periodistas, activistas u opositores de otros países en las que concluyeron que todo apuntaba que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones. EL PAÍS ha tratado de obtener la versión del portavoz del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, sin que haya habido respuesta alguna.

En un comunicado enviado a la agencia Reuters, la oficina de comunicaciones de Bukele dijo no ser cliente de NSO Group. Además, asegura que su Gobierno está investigando el supuesto ataque cibernético y que tienen indicios de que algunos altos funcionarios podrían también tener sus teléfonos intervenidos y ser “víctimas de ataques”.

En el caso de El Faro, entre los más espiados destacan el jefe de redacción, Óscar Martínez, víctima de 42 pinchazos, el subjefe de Redacción, Sergio Arauz, con 14; el corresponsal de El Faro en Estados Unidos, José Luis Sanz, 13 y el editor mexicano, Daniel Lizárraga, antes y después de que el Gobierno salvadoreño lo expulsara del país en julio.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

El caso más llamativo es el del periodista Carlos Martínez, quien ha firmado todas las publicaciones relacionadas con pactos de políticos y pandillas desde 2012. El reportero estaba siendo escuchado en el momento mismo en que Citizen Lab y Access Now analizaban su teléfono en noviembre de 2021. En esos momentos, Martínez ya investigaba las negociaciones de la MS-13 con el Gobierno y había publicado que las negociaciones incluyeron a las tres pandillas. Este pinchazo revela para los investigadores “un caso sin precedentes”, según el laboratorio de Toronto. “Es muy raro agarrar una infección cuando está viva”, según el investigador de The Citizen Lab Scott-Railton. Contactado por EL PAÍS, el periodista Carlos Martínez considera que Bukele está detrás del robo de información. “Esta operación de espionaje ilegal contra el periódico es coherente con los distintos ataques de Bukele contra El Faro desde que comenzó su gestión. Este ataque tiene que ver con las campañas de difamación contra nosotros, con la utilización de instituciones públicas para atacar al periódico y las abusivas auditorías o las acusaciones en televisión sobre que somos lavadores de dinero. Las escuchas a las que somos sometidos son coherente con esta forma de actuar”, explicó.

Otro de los casos destacados es el de Carlos Dada, director de El Faro y presidente de la junta directiva, quien fue víctima de 12 pinchazos. Por la duración de los mismos, la investigación permite concluir que éstos se mantuvieron activos durante 167 días distribuidos entre julio de 2020 y junio de 2021. Cada uno de estos pinchazos, que cuesta miles de dólares, permite al programa el acceso completo al contenido del teléfono: extracción de mensajes, imágenes o cualquier archivo, activación de la cámara y el micrófono, robo de sesiones en aplicaciones de redes sociales, acceso a los adjuntos de los mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, de correo electrónico, y también la posibilidad de que acceder a las bitácoras de geolocalización, registros de llamadas y actividad de navegación en sitios de internet.

Entre los periodistas con diez o más robos de información están Gabriel Labrador, con 20, Julia Gavarrete, con 18 (incluidas 15 intervenciones en su teléfono personal y tres en el institucional), Gabriela Cáceres, con 14; Roxana Lazo, con 12: y Efren Lemus, con diez. Además, hay implicados periodistas del medio Gatoencerrado contra quien Bukele ha dirigido varios de sus ataques.

Fernanda Castro

Durante los meses en que los periodistas fueron espiados, se realizaron investigaciones sobre la negociación entre el Gobierno y las pandillas, el robo de alimentos destinados a la pandemia por parte del director de Centros Penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para el desembarco del Bitcoin o el patrimonio de algunos funcionarios del actual Gobierno.

El espionaje contra El Faro, sin embargo, no se limitó a la redacción. El teléfono del gerente general, Carlos Salamanca, estuvo intervenido entre septiembre y octubre de 2020, justo cuando se intensificaron las auditorías de Hacienda contra el periódico. Lo mismo sucedió con el gerente administrativo, Mauricio Sandoval. Sandoval fue intervenido, en otros momentos, el 6 de julio día que recibió la notificación institucional enviada por Migración que ordenaba al editor Daniel Lizárraga abandonar el país en 24 horas.

Precisamente Lizárraga representa uno de los casos más sangrantes del espionaje contra los periodistas. Lizárraga ha sufrido el brutal espionaje de Pegasus en dos ocasiones: la primera en México, como miembro del equipo de la periodista Carmen Aristegui y la segunda en El Salvador como parte de El Faro. Su caso puso por primera vez el escándalo de Pegasus sobre la mesa cuando se descubrió que el gobierno de Peña Nieto utilizó el programa para espiar a Lizárraga, quien participó en las revelaciones sobre la ‘Casa Blanca’ como se conoció el escándalo que implicaba a la esposa de Peña Nieto en la compra de una mansión con dinero de un constructor agraciado en la concesión de obras públicas. El escándalo reveló que, para espiar, Pegasus es el arma favorita de los gobiernos con tentaciones autoritarias.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link

top