La Corte Suprema de Honduras ha fallado a favor de extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, que Washington reclama para procesarlo por vínculos con el crimen organizado. El exmandatario fue detenido el 15 de febrero, después de que el Gobierno de Joe Biden solicitara la extradición, que dejó su cargo en enero. Estados Unidos también le había retirado la visa estadounidense e incluido en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos”.
La Corte “ha resuelto no ha lugar el recurso de apelación planteado [por la defensa del expresidente]”, lo que significa “que se confirma la decisión del juez de primera instancia, de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández”, ha informado el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Los 15 magistrados de la Suprema se reunieron este lunes para decidir sobre la solicitud de extradición del exmandatario, que se ha pronunciado en contra de ser trasladado a Estados Unidos. Su defensa ha dicho que el mandatario no puede ser extraditado por tener inmunidad como integrante del Parlamento Centroamericano, una estrategia que no ha funcionado para detener la solicitud para extraditar a Hernández.
Sobre Hernández, quien mantuvo el poder en 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país, pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones, se afirma que Hernández ha dado protección a líderes “narcos” e incluso han publicado una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.
El expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero tras su detención en Tegucigalpa.Elmer Martinez (AP)
Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha aprobado este miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde es señalado de estar vinculado al narcotráfico y de introducir en ese país miles de kilos de cocaína durante el periodo en que fue presidente de Honduras (2014-2022). “El juez de extradición de primera instancia, luego de haber escuchado los argumentos de prueba presentados por el equipo de la defensa y toda la documentación enviada por el Estado requirente, considera que es procedente declarar la extradición”, confirmó el portavoz del organismo judicial, Melvin Duarte, tras una audiencia inusualmente larga, que se extendió por más de 11 horas.
El exmandatario fue detenido el 15 de febrero, después de que el Gobierno de Joe Biden solicitara la extradición del exmandatario, que dejó su cargo en enero. Washington también le había retirado la visa estadounidense e incluido en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos”. La defensa de Hernández tiene ahora un plazo de tres días para apelar ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, algo que harán según han adelantado sus abogados.
Sobre Hernández, quien mantuvo el poder en 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país, pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones, se afirma que Hernández ha dado protección a líderes “narcos” e incluso han publicado una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.
En marzo pasado, el juez Kevin Castel, de la corte federal de Manhattan, condenó a cadena perpetua, más otros treinta años de cárcel, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente. En octubre de 2019, un jurado popular de Nueva York halló culpable a Tony Hernández de cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
La primera audiencia del expresidente ante un juez designado por la Corte Suprema se llevó a cabo el 16 de febrero en la sede de la Suprema y bajo un riguroso dispositivo de seguridad. De esta manera, Hernández se ha convertido el primer expresidente de Honduras que es exigido por la justicia de Estados Unidos. El mandatario gobernó de forma controvertida y autoritaria el país centroamericano durante ocho años, los últimos cuatro bajo una polémica reelección en noviembre de 2017, aún cuando la Constitución no se lo permitía. Hernández logró que el Tribunal Electoral aprobara en diciembre de 2016 su candidatura para participar en las elecciones. El expresidente forjó un fuerte control de las instituciones, principalmente en organismos clave como la Sala Constitucional, que en abril de 2015 declaró inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Se trata de las mismas ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009.
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La exprimera dama de Honduras y esposa de Hernández, Ana García, dijo el lunes que él es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños “que fueron extraditados” (entre 2014 y 2021), de los que “en su mayoría se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos” para lograr que les rebajaran sus penas. “Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura de que no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, ni tienen las pruebas, ni el soporte”, subrayó García al indicar que su esposo es inocente.
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La policía escolta al presidente Juan Orlando Hernandez a su llegada al Palacio de Justicia este miércoles.– (AFP)
Su primera noche detenido el expresidente Juan Orlando Hernández la pasó en la habitación de un oficial de las Fuerzas Especiales Los Cobras. Las que habitualmente se disponen para delincuentes y pandilleros estaban en tan mal estado que, incluso en medio de las humillaciones vividas el día anterior, decidieron que no estaba en condiciones para él y optaron por encerrarlo en una de las habitaciones de los mandos. Durante su primera noche en algo parecido a una prisión, al mandatario que gobernó Honduras durante los últimos ocho años, se le permitió hacer una llamada —a su esposa— y le explicaron que en los próximos días tendrá derecho a una visita diaria de no más de 30 minutos. Antes de dormir, comprobaron su estado de salud y que había tomado las medicinas contra la diabetes y la hipertensión que padece.
El día siguiente, este miércoles, no fue mucho más gratificante. Comenzó a las diez de la mañana frente al juez y terminó sabiendo que seguirá en esa misma celda un mes más debido a que el juez fijó la siguiente audiencia para el 16 de marzo.
Poco antes de las diez de la mañana, un convoy lo llevó desde la colonia 21 de octubre hasta las instalaciones del Poder Judicial, cerca del Bulevar Kuwait. Para despistar a periodistas y posibles asesinos se utilizó una caravana señuelo a la que siguieron todos mientras que los vehículos que en realidad los trasladaban llegaban al edificio judicial por otra ruta.
A esa hora, grupos de simpatizantes y enemigos de Juan Orlando se habían concentrado a las puertas del edificio y amagaban con pelearse hasta que la policía se interpuso entre los manifestantes, principalmente grupos de mujeres.
Por la misma puerta que entraba el vehículo de Hernández entraban también los 12 abogados que llevan su defensa. Un video grabado en el interior de las instalaciones judiciales ilustró cómo habían desaparecido las esposas que le habían colocado el día anterior, en una imagen que dio la vuelta al mundo. En el video se aprecia que, mientras caminaba por los pasillos de la sede judicial, algunos trabajadores salieron a aplaudirlo o incluso a hacer con los dedos forma de corazón para decirle: “No estás solo”.
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El trabajo del juez Edwin Ortez es analizar la información enviada por Estados Unidos relativa al tráfico de 500 toneladas de cocaína a través de Honduras y tomar una decisión sobre su extradición. Según esta información, Juan Orlando enfrenta tres cargos: “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, “usar o portar armas de fuego, entre ellas ametralladoras y dispositivos destructivos” y, el tercero, “conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos a Estados Unidos”.
Qué sigue ahora para Hernández
En las 32 extradiciones hacia Estados Unidos aprobadas hasta ahora, el asunto se ha resuelto en dos audiencias, tal y como sucedió en esta ocasión. En la primera cita se comunica al extraditable los cargos de que se le acusa, y un mes después se desarrolla la audiencia de presentación de pruebas. Posteriormente, se espera la resolución judicial, que puede ser emitida en el período que el juez considere.
Hernández es acusado de haber conspirado con su hermano Tony, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado y desde entonces ha estado preparando su defensa. Sin embargo, la detención del miércoles pilló a todos desprevenidos. Uno de sus abogados, Hermes Rodríguez, reconoció que fue la tarde del lunes cuando se dieron cuenta gracias a un mensaje en Twitter de la cancillería que la captura estaba en marcha. Hasta ese momento, confiaban en la protección diplomática gracias a su cargo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y, de ser necesario, en una entrega voluntaria ante la fiscalía. La realidad, sin embargo, es que se organizó un operativo que movilizó a decenas de uniformados y hasta un helicóptero e incluyó una aparatosa detención en la que fue esposado de pies y manos.
Una vez ante el juez, otro de sus abogados, Félix Ávila, admitió que la estrategia es “oponerse al pedido de extradición” y pedir una medida distinta a la detención. “Esta audiencia de información es lo equivalente a la audiencia de imputado; ahí está la oportunidad para que la defensa del reclamado pueda pedir una medida distinta a la del arresto”, dijo su abogado en entrevista con El Heraldo. A la resolución judicial le podría seguir una apelación por parte de la defensa.
Hasta ahora, tal y como dijo en una entrevista reciente con EL PAÍS, la principal estrategia de Hernández ha sido desacreditar a los testigos que lo citaron más de cien veces en Nueva York diciendo que se trata de peligrosos narcotraficantes detenidos y extraditados por él cuyo objetivo es reducir sus condenas. Hernández se ha centrado en Devis Rivera, testigo estrella de la acusación y líder del cartel de Los Cachiros, y la persona que más ha colaborado con las autoridades estadounidenses a desmantelar algunas de las redes de narcotráfico más importantes de Honduras. Hernández también argumenta que, durante su etapa como presidente del Congreso, en 2012, impulsó una reforma constitucional que permitió la extradición a Estados Unidos, algo teóricamente contradictorio para quien hoy está a un paso de ser presentado ante la justicia estadounidense. Los fiscales consideran, sin embargo, que Hernández creía que podía controlar quién sería extraditado y proteger a los más cercanos a él y a su hermano.
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El destino quiso que la primera persona que vio el expresidente Juan Orlando Hernández cuando al mediodía del martes abrió la puerta de su domicilio y se entregó a la policía fuera el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Hasta hace unas semanas Sabillón era un prófugo más de la justicia que hasta hacía unos años había ejercido como de jefe de la policía, pero que había dejado el país en 2016 por miedo a que los hombres de Hernández, lo que llama “violencia del Estado”, pudieran terminar con él y su familia por participar en la captura de importantes narcos y haber denunciado a sus superiores por complicidad con el tráfico de drogas. Durante años se exilió con su familia después de ser expulsado de la policía y acusado por delitos que iban del robo al narcotráfico con el objetivo de hundirlo e impedir que volviera a Honduras.
Sin embargo, la etapa política inaugurada con la llegada al poder de Xiomara Castro el 27 de enero, le permitió regresar al país y que Castro se fijara en él para convertirlo en un símbolo de la nueva era que dice comenzar con ella. Solo unos días después le llegó la oportunidad de quitarse una espina a la que no le faltó ningún ingrediente.
Así que cuando se abrió la puerta del elegante domicilio de la colonia Las Palmas de San Ignacio de Tegucigalpa, Sabillón se acercó a Hernández y sin quitarse la mascarilla le dijo con frialdad: “Estamos cumpliendo todas sus garantías”. Acto seguido, le ajustó el chaleco antibalas, le puso las humillantes esposas utilizadas que unen pies y manos y se utilizan habitualmente para los pandilleros, y lo condujo a un cuartel de la policía donde fue presentado a la prensa.
El expresidente Juan Orlando Hernández, tras su detención en Tegucigalpa este martes.STRINGER (REUTERS)
A Hernández, la libertad le había durado exactamente 18 días, los que separan la toma de posesión de Xiomara Castro a finales de enero de la detención con fines de extradición este martes al mediodía a petición de Estados Unidos, que lo señala de haber introducido miles de kilos de cocaína en el país. A esa hora, confirmó el jefe de la policía, se escucharon fuegos artificiales y bailes con fiesta en algunas colonias de San Pedro Sula. De acuerdo a los protocolos legales, este miércoles será presentado ante la Corte Suprema de Justicia a las 10 de la mañana donde el juez Edwin Ortez Cruz determinará los pasos siguientes, entre ellas una posible impugnación, aunque todo indica que será extraditado en los próximos días gracias a una reforma de ley aprobada precisamente durante el Gobierno de Hernández.
La solicitud que la Embajada de EE UU hizo llegar a la Cancillería para que se la enviara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que finalmente emitió la orden de captura señala que Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”. Los fiscales estadounidenses resumieron el caso de Hernández como “narcotráfico patrocinado por el Estado” debido a que Hernández formaba parte de “una violenta conspiración de narcotráfico” que traficaba unos 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.
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Ante la dimensión de la acusación, el operativo de detención estuvo enfocado en garantizar su seguridad. De ahí que el exmandatario pasará su primera noche solo, bajo una estrecha vigilancia y en una celda del cuartel de Los Cobras, las fuerzas especiales de Honduras. Sobre el futuro que le espera a Hernández, los expertos consideran que todo dependerá del grado de colaboración que ofrezca con Estados Unidos, pero todo indica que la pena podría ir desde los diez años a la cadena perpetua como su hermano. Para Salvador Nasralla, designado presidencial en el Gobierno de Castro, algo así como vicepresidente, y declarado enemigo de Hernández, el expresidente estaría negociando revelar información sobre rutas para el paso de la droga, testaferros o más involucrados en busca de menos años de cárcel.
Mientras esto ocurría, otra persona, también expresidente, también dormirá mal esta noche. Se trata de Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa (2010-2014). Las 14 páginas enviadas por Estados Unidos detallando los cargos que enfrentará Hernández también mencionan a su antecesor en el cargo. El escrito detalla que Hernández y Porfirio Lobo recibieron una fuerte suma de dinero de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias ‘Chande’, para protegerlo. “En 2009 o alrededor de esa fecha, el aliado político de Hernández, Porfirio Lobo Sosa, alias “Pepe Lobo”, comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras. Alrededor de esa época, Hernández y Lobo Sosa trabajaron juntos para obtener aproximadamente dos millones de dólares de ganancias del narcotráfico de Ardón Soriano, alias ‘Chande’, un antiguo narcotraficante hondureño y el entonces alcalde de El Paraíso, un pueblo ganadero en el departamento de Copán, detalla la acusación de 14 páginas de Estados Unidos.
Porfirio Lobo, durante su toma de posesión como presidente de Honduras en enero de 2010 en Tegucigalpa.Omar Hernandez (LatinContent via Getty Images)
Precisamente Ardón terminó siendo una pieza clave en la detención del expresidente de Honduras, ya que contó al jurado en el juicio contra su hermano ‘Tony’ Hernández que asistió a una reunión donde Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo para la campaña electoral de Hernández en 2013. Ardón detalló distintos pagos a políticos incluyendo a Lobo, lo que ha servido para poner punto final a una narcodinastía política que implica a los más altos cargos del Partido Nacional, que ha gobernado Honduras durante las últimas décadas. Cuando Sabillón se presentó en la casa de Juan Orlando Hernández, no era difícil intuir que se trataba de uno de los hombres más felices del mundo.
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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue detenido la tarde del martes en su casa de Tegucigalpa horas después de que Washington solicitara su extradición. Estados Unidos acusa al exmandatario de introducir miles de kilos de cocaína provenientes de Sudamérica durante el periodo en que fue presidente del país centroamericano (2014-2022). Su arresto se produce solo dos semanas después de que acabara su mandato.
En la madrugada de este martes, tras conocerse la solicitud de extradición de Washington, Hernández había reconocido en un audio difundido en sus redes sociales que “no son momentos fáciles” y que estaba dispuesto a “colaborar voluntariamente” con las autoridades después de que decenas de policías se presentaran en la madrugada en su casa de Tegucigalpa fuertemente armados. Su condición de diputado del Parlamento Centroamericano no fue suficiente para garantizar su inmunidad y ahora todo indica que será extraditado en las próximas horas para afrontar una acusación que incluye tráfico de drogas y posesión de armas.
Cubierto con una gorra, una mascarilla y un chaleco antibalas, el exmandatario salió de su vivienda rodeado de uniformados y en un contexto de relativa calma, aunque la imagen en sí supone una chocante sacudida en un contexto de impunidad de un país en el que rara vez hay detenidos y menos aún culpables. La noticia sobre las intenciones de Estados Unidos de llevárselo cuanto antes se conocieron el lunes por la noche, después de que la Cancillería de Honduras informara que había recibido una petición de ese país solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño”, del que no se daba su nombre, con el “propósito de extradición”.
La Cancillería de acuerdo a ley ha remitido a la CSJ comunicación oficial de la Embajada de los EEUU, solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América.
La justicia estadounidense ya pisaba los talones del expresidente desde mucho antes de dejar el poder el 27 de enero. En concreto, desde que hace un año su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York. El nombre de Juan Orlando Hernández fue citado durante el juicio más de cien veces por distintos criminales. Desde el verano pasado, el expresidente fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia y poco después Estados Unidos le retiró el visado. “Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández debido a actos corruptos. Nadie está por encima de la ley”, dijo hace unos días el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. Blinken marcó el camino al decir que Hernández se había involucrado de forma significativa “al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.
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Según difundió la prensa local, Hernández tiene que responder a cuatro delitos que van desde tráfico de drogas a posesión de armas. Según el documento emitido por Estados Unidos, Hernández conspiró para recibir múltiples cargamentos con toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, mediante rutas aéreas y marítimas para llevar las drogas hacia el occidente de Honduras y de ahí hacia la frontera con Guatemala y finalmente a Estados Unidos. En total, desde 2004, esa alianza politico-criminal movió más 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. A cambio de todo ello, el ex gobernante recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Hizo que miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras y permitió que se cometieran actos de violencia brutales.
Fruto de esta alianza, Hernández recurrió incluso a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, según denunciaron sus cómplices en Nueva York. En una reunión en 2013 Tony habría pedido un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano a cambio de seguridad para sus mercancías, dijo a los fiscales Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso (Copán) detenido en Estados Unidos en 2019. El Secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, confirmó que la acusación contra Juan Orlando “no son cinco kilogramos (…) sino más de 100″. Una cantidad considerable y bastante fuerte”, dijo Sabillón.
En su última entrevista antes de dejar el poder, la concedida a EL PAÍS el 22 de diciembre, Juan Orlando Hernández se defendió diciendo que era víctima de los narcotraficantes a los que había combatido durante años. Hernández insistió en que pagaba el precio de haberse atrevido a aprobar la extradición de capos y que la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA, poseía grabaciones secretas que confirmaban su beligerancia contra los grandes cárteles de la droga. Menos de dos meses después de aquella respuesta, Estados Unidos llama a su puerta.
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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa, el pasado 24 de marzo de 2021.ELMER MARTINEZ (AP)
Estados Unidos ha informado este lunes de la inclusión de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), cuando todavía estaba en el cargo, en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos” por su presunta vinculación con el narcotráfico. De esta forma, al exmandatario le han retirado su visa y, por lo tanto, no podrá entrar al territorio de EE UU. El expresidente hondureño, que fue sucedido a finales de enero pasado por Xiomara Castro, juró recientemente como diputado de pleno derecho del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de su país.
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al anunciar la decisión. “Nadie está por encima de la ley”, dictaminó Blinken. En un comunicado, Blinken explicó que la inclusión de Hernández se produjo ante las informaciones periodísticas “múltiples y creíbles” que señalaban que estuvo supuestamente implicado en actos significativos de “corrupción y narcotráfico”.
The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law.
Hernández ha sido ligado al cartel que en la última década ha controlado el negocio de la droga en Honduras: Los Cachiros. Dos de sus líderes, Geovanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Madariaga, están siendo juzgados en una corte de Nueva York y sus declaraciones han puesto al mandatario contra las cuerdas. Los narcotraficantes han asegurado que Hernández les dio protección a cambio de sobres con miles de dólares. Además, Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente de Honduras, fue declarado culpable por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, en 2019.
En julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destaca el también expresidente hondureño José “Pepe” Lobo y su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Asimismo, figuran en ella congresistas y altos cargos de los gobiernos de El Salvador y Guatemala.
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Este mismo lunes, Hernández contestó al anuncio público de Estados Unidos con una carta abierta divulgada en sus redes sociales en la que se dice sorprendido de que Washington haya tomado esta decisión “basado en reportes de medos de comunicación y en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos extraditados” por su Gobierno o que huyeron “por temor a ser extraditados”. El expresidente dedica buena parte de su misiva a enumerar lo que él considera que fueron logros de su Gobierno para la reducción del narcotráfico y la violencia en su país.
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