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La Policía Metropolitana de Londres, conocida como New Scotland Yard, ha seguido investigando el escandalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, mientras el Gobierno de Boris Johnson, la oposición y los medios de todo el país concentraban su atención en la invasión de Ucrania y daban prácticamente por amortizado un asunto que, apenas hace dos meses, había colocado la losa final en la carrera política del primer ministro. Pero este martes, los responsables de la investigación han anunciado que ya tienen listas para su entrega las 20 primeras multas a personal del número 10 de Downing Street y del 70 de Whitehall (donde reside la Oficina del Gabinete del primer ministro) que habrían quebrado las normas de distanciamiento social. La policía asumió la competencia indagadora sobre doce de todos los eventos celebrados en sede gubernamental durante la pandemia. Más de cien cuestionarios, con la obligación formal de ser cumplimentados e incluso la posibilidad de hacerlo con ayuda de abogado, fueron enviados a las personas que aparecían en los centenares de fotos, correos y documentos que manejaban los investigadores. Entre los destinatarios de esos cuestionarios/interrogatorios se encontraban el mismo Johnson, su ministro de Economía, Rishi Sunak, o el secretario del Gabinete (y número uno del cuerpo de altos funcionarios), Simon Case. De hecho, Case fue el responsable de llevar a cabo una investigación interna sobre el escándalo, que tuvo que abandonar en manos de su segunda, Sue Gray, cuando se supo que él mismo había participado en una de las fiestas.

Downing Street ya se ha apresurado a señalar que Johnson no se encuentra entre los primeros multados, pero nada indica que no pueda finalmente recibir su propias sanción, porque el consenso general anticipa que Scotland Yard apenas ha comenzado a entregar las primeras penalizaciones administrativas. No son sanciones penales, y por tanto no se incorporan a los antecedentes policiales del sancionado. Scotland Yard ni siquiera ha dado los nombres de los multados, y la ley no les obliga a comunicar la sanción a sus superiores. En el caso de Johnson, sin embargo, existe un compromiso explícito por parte del propio primer ministro y de su equipo de Downing Street de hacer pública la sanción, si finalmente recibe una. Sin embargo, el Gobierno británico sigue sin admitir que se haya incumplido la ley en sede pública, ni mucho menos que el primer ministro haya podido engañar deliberadamente al Parlamento y esté obligado a dimitir. “El primer ministro ya ha pedido disculpas por todas aquellas cosas que no se hicieron bien, por el modo en que se gestionó todo este asunto y por todos los errores que se cometieron”, ha dicho un portavoz del Ejecutivo.

“Es una vergüenza que, mientras el resto del país cumplía con las normas, el Gobierno de Johnson actuaba como si las reglas de la pandemia no hubieran sido escritas también para ellos”, ha dicho este martes la número dos del Partido Laborista, Angela Rayner, quien de nuevo ha vuelto a exigir la dimisión del primer ministro. A su petición se ha sumado la de Ed Davey, líder de los liberales demócratas: “Si Johnson cree que puede escabullirse de las consecuencias del partygate, se equivoca. Todos sabemos quién fue el responsable”, ha dicho.

A pesar de la cascada de diputados conservadores que se sumaron a las peticiones de dimisión en el momento más delicado de todo el escándalo, y del número de ellos que llegaron a enviar “cartas de retirada de confianza” a la dirección del grupo parlamentario, para forzar una moción de censura interna contra Johnson, la situación en el partido ha cambiado drásticamente. La guerra de Ucrania, la necesidad de mostrar unidad y respaldo al Gobierno, y el hecho cierto de que el primer ministro ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha calmado los ánimos levantiscos de muchos diputados. Eso no quiere decir que Johnson se haya escapado de la soga, porque sería difícil de justificar una multa por las fiestas prohibidas. Sería la confirmación de que el primer ministro incumplió la ley y mintió al Parlamento y hay muchos críticos latentes en el seno de su partido que estarían dispuestos a volver a la carga.

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Scotland Yard tiene ya el listado de personas implicadas en las fiestas de Downing Street a las que desea interrogar. Y Boris Johnson, que asistió presuntamente a 6 de los 12 eventos investigados, está entre ellas. La Policía Metropolitana anunció a última hora del miércoles su intención de enviar cuestionarios por escrito a todos los implicados. Tendrán la categoría legal de un interrogatorio formal y los destinatarios estarán obligados a decir la verdad. Dispondrán de siete días para devolver el documento cumplimentado. En el caso de que sus respuestas no convenzan a los agentes, o de que no sean capaces de justificar su presencia en esas reuniones, se enfrentan a una multa de 200 libras (unos 237 euros, al cambio actual). La multa es una infracción menor y no se incorpora a los antecedentes penales del sancionado. Pero sí queda registrado en el historial personal del Archivo Nacional de la Policía.

Johnson no ha querido nunca dar una respuesta directa a la pregunta, pero a través de aliados anónimos ha dejado claro en varios medios que no tiene intención de dimitir si finalmente Scotland Yard le impone una o varias multas. A la vez, sin embargo, el primer ministro se ha comprometido públicamente a dar a conocer a la ciudadanía tanto el resultado final del informe de las fiestas que elabora la funcionaria Sue Gray (conocido solo en una pequeña parte, por la obligación de no interferir con la investigación policial) como cualquier sanción que reciba.

Resultará complicado, llegado el momento, defender en el Parlamento un borrón y cuenta nueva. Sobre todo porque, a pesar de los intentos de Johnson de pasar página en todo este escándalo, cada día surge alguna foto nueva o algún dato comprometedor. Este miércoles, el tabloide Daily Mirror publicaba una imagen de Johnson del 15 de diciembre de 2020. Un empleado está sentado frente a la mesa de trabajo, sobre la que hay un altavoz de los que permiten realizar llamadas de multiconferencia. También hay una botella de prosecco (vino espumoso italiano) abierta. Y una bolsa de patatas fritas. El empleado es Stuart Glassborow, vicesecretario privado de Johnson, y lleva un collar de espumillón. Detrás de él, el propio Johnson parece colocarse algo en la solapa de su chaqueta. Y un poco más atrás, se ve a otra persona con un gorro de Papá Noel.

Scotlanda Yard había descartado en un principio incluir ese evento, una especie de concurso virtual de preguntas y respuestas para el personal que trabaja en Downing Street, en su investigación, por no detectar su relevancia penal. Pero anunció a última hora del martes que iba a echar un nuevo vistazo a la foto y a revisar su decisión.

La decoración del apartamento

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La intervención de la policía en el asunto de las fiestas durante el confinamiento supuso un salto considerable en la gravedad del escándalo político y puso a Johnson contra las cuerdas. Lo mismo puede suceder ahora con otro asunto que persigue desde hace meses al primer ministro conservador: la costosa redecoración del apartamento privado del que disfrutan él y su esposa, Carrie Symonds, en el edificio de Downing Street. El equipo jurídico del Partido Laborista ha enviado ya una carta a Scotland Yard en la que señala que existen “sospechas razonables” de que el primer ministro se saltó las leyes contra la corrupción a la hora de buscar el dinero para ese lavado de cara de la residencia oficial y que las autoridades “están obligadas a actuar de oficio”. La Policía Metropolitana ha confirmado que ha recibido ya la carta y la ha sometido a consideración.

La Comisión Electoral reveló en su día un intercambio de wasap entre Johnson y David Brownlow, el multimillonario donante del Partido Conservador que puso gran parte de los casi 150.000 euros que el matrimonio Johnson destinó a rediseñar su vivienda. El primer ministro pedía en sus mensajes a Brownlow más dinero para concluir las obras. Contrataron a la diseñadora de moda entre los famosos, Lulu Lytle, quien llegó a encargar papel pintado de pared a casi 1.000 euros el rollo. Lytle fue una de las 30 personas que asistió a la fiesta cumpleaños sorpresa de Johnson, el 19 de junio de 2020. Los abogados de la oposición laborista relacionan los favores de Brownlow y su reunión, dos meses después, con el ministro de Cultura, Oliver Dowden, para que el Gobierno contribuyeran en una exposición que preparaba el empresario en el Royal Albert Hall. El equipo de comunicación de Downing Street ha negado ya oficialmente cualquier relación entre los mensajes y la reunión posterior.

Major carga contra Johnson

Ya se ha convertido en un viejo rival de Johnson, que no oculta su desprecio a las formas políticas del actual inquilino de Downing Street. Pero el ex primer ministro conservador, John Major, conserva un prestigio que dota de un peso relevante a sus críticas. “Mentir de un modo deliberado al Parlamento siempre ha sido letal para cualquier carrera política y así debería ser siempre”, ha dicho Major en una intervención en el centro de pensamiento Institute for Government (Instituto para la Gobernanza). El veterano político no ha puesto paños calientes a su acusación pública: “En Downing Street, el primer ministro y su equipo se saltaron las leyes. Se inventaron excusas descaradas y pidieron, un día tras otro, a la ciudadanía que creyera lo increíble. Se envió a los medios de comunicación a los ministros para defender lo indefendible y quedar como ingenuos o como culpables”, ha dicho Major.

No es la primera vez que el ex primer ministro expresa su desagrado hacia Johnson. Ha sido un duro crítico del Brexit y del modo en que se gestionó, y saltó al debate público para alertar de la gravedad de la decisión que adoptó su rival al cerrar unilateralmente la actividad del Parlamento para poner fin al interminable debate sobre la salida de la UE. El Tribunal Supremo acabó revirtiendo esa decisión, en una dura sentencia contra Johnson.

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Se ha convertido casi en una cuestión de pura estadística. Si la Policía Metropolitana de Londres (New Scotland Yard, como se la conoce por la dirección de su sede central) dispone de más de 300 fotos de las supuestas fiestas en Downing Street durante el confinamiento, y este es el edificio donde vive y trabaja Johnson (y de donde apenas salió durante esos meses), las probabilidades de que el primer ministro británico salga en alguna de ellas son considerables. Y la voluntad del político conservador de intentar dejar atrás esta pesadilla que ha puesto en serio riesgo su carrera se va a chocar constantemente contra un muro. El tabloide Daily Mirror ha publicado este miércoles una imagen, aparentemente capturada por un teléfono móvil, de otra fiesta en la oficina del Gabinete de Johnson.

La fotografía es del 15 de diciembre de 2020. Un empleado está sentado frente a la mesa de trabajo, sobre la que hay un altavoz de los que permiten realizar llamadas de multiconferencia. También hay una botella de prosecco (vino espumoso italiano) abierta. Y una bolsa de patatas fritas. El empleado es Stuart Glassborow, vicesecretario privado de Johnson, y lleva un collar de espumillón. Detrás de él, el propio Johnson parece colocarse algo en la solapa de su chaqueta. Y un poco más atrás, se ve a otra persona con un gorro de Papá Noel.

Aquel día, algunos trabajadores de Downing Street habían organizado un quiz show (un concurso de preguntas y respuestas) virtual. Varios equipos de hasta seis personas se habían repartido frente a los ordenadores de las distintas oficinas del edificio para participar. En aquel momento, Londres estaba en Nivel dos de restricciones sociales por la pandemia: prohibidas las reuniones en interior de miembros de hogares distintos; límite de seis personas en exteriores; trabajo desde casa siempre que sea posible.

La fiesta-concurso, que incluyó alcohol y comida y se prolongó hasta casi las diez de la noche (se sugirió por correo a los participantes que salieran por la puerta trasera de Downing Street) estaba incluida entre los 16 eventos investigados por Sue Gray, la vicescretaria permanente de la Oficina del Gabinete encargada de elaborar el informe sobre las fiestas prohibidas. Pero en el documento preliminar que presentó hace una semana indicó que Scotland Yard no había hallado indicios, ni en la reunión del 15 de marzo ni en otras tres de las analizadas, como para abrir su propia investigación policial. Sí lo hizo, en cambio, con las otras 12 fiestas.

Johnson se ha aferrado a ese dato durante su comparecencia en la sesión de control de la Cámara de los Comunes para intentar restar hierro a la pregunta que le lanzaba el diputado laborista Fabian Hamilton: “En los últimos minutos, ha surgido otra foto del primer ministro en Downing Street, rodeado de alcohol, comida y gente que viste espumillón. Parece una fiesta. ¿Tiene el primer ministro intención de referir este incidente a la policía?, porque no está entre los que investiga actualmente”, lanzaba Hamilton su cuestión retórica.

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“Su señoría está completamente equivocado”, respondía Johnson. Horas después, sin embargo, Scotland Yard anunciaba que iba a “revisar” su decisión inicial de no incorporar esa fiesta a su investigación. “Los agentes determinaron, basándose en las pruebas disponibles en ese momento, que el evento no sobrepasaba el umbral para abrir una investigación criminal. Esa valoración inicial se ha sometido ahora a revisión”, decía la Policía Metropolitana en un comunicado público.

El exasesor estrella de Johnson e ideólogo del Brexit, Dominic Cummings, que está obsesionado con derribar al primer ministro después de perder su batalla personal contra la esposa de Johnson, Carrie Symonds, y salir de modo humillante de Downing Street, echaba leña al fuego. En su cuenta de Twitter restaba valor a la foto de la discordia: “Hay muuuuuchas mejores fotos circulando por ahí fuera, incluidas algunas del apartamento privado [la residencia oficial del matrimonio Johnson]”, apuntaba Cummings.

El primer ministro británico ha hecho en los últimos días una remodelación a conciencia de su equipo de Downing Street. Ha nombrado nuevo jefe de Gabinete, nuevo director de Comunicaciones y nuevo jefe de Personal. Ha incorporado además al Gobierno a euroescépticos del ala dura del partido, como Jacob Rees-Mogg o Chris Heaton-Harris para recuperar el apoyo de esa poderosa corriente dentro de los conservadores. Y ha anunciado el fin definitivo de las restricciones sociales por la pandemia que tanto irritaban al ala más libertaria de los tories. Pero no se quita de encima la sombra de las fiestas prohibidas. Ni podrá hacerlo hasta que no se publiquen íntegramente tanto el informe final de Gray (retenido mientras investiga Scotland Yard) como las pesquisas policiales. Johnson ha vuelto a comprometerse este miércoles en el Parlamento a dar a conocer el documento de Gray en cuanto esté listo. Mientras tanto, deberá hacerse a la idea de que sigan apareciendo fotos comprometedoras.

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El equipo de Gobierno de Boris Johnson ha confirmado a media mañana de este lunes que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, ya había entregado al primer ministro su informe sobre las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. Gray ha preferido quitarse cuanto antes un asunto que le quemaba en las manos, a pesar de que su decisión no dejará satisfecha a la oposición laborista. Gray ha atendido la exigencia de New Scotland Yard (como se conoce a la Policía Metropolitana, por su sede central) y el texto contiene “referencias mínimas” a las ocho fiestas que investiga la policía, por presuntas infracciones penales. De ese modo, el informe queda expuesto de modo incompleto a la opinión pública, y tiene casi más relevancia por lo que oculta que por lo que revela. Si la famosa fiesta del 20 de marzo de 2020 a la que Johnson asistió, o el cumpleaños sorpresa que le preparó su esposa, Carrie Symonds, en el Cabinet Room (la sala con la mesa ovalada donde se reúne el Gobierno en pleno) no aparecen reflejadas en detalle, la implicación evidente será que hay serios indicios de que se quebró la normativa legal.

La intervención, a mediados de la semana pasada, de la Policía Metropolitana de Londres introdujo más confusión al escándalo que ha paralizado en las últimas semanas la actividad política británica. Si en un principio puso contra las cuerdas a Johnson, al anunciar que abría su propia investigación y dar la gravedad de una presunta infracción penal a todo el asunto de las fiestas en Downing Street, contribuyó paradójicamente a liberar la tensión a la que se enfrentaba el político conservador. Por dos motivos. En primer lugar, porque las autoridades policiales exigieron que el informe de Gray omitiera referencias a las fiestas que Scotland Yard aún está investigando, para evitar posibles injerencias. De ese modo, el primer ministro puede acudir este lunes a la Cámara de los Comunes con un informe descafeinado que le permite salir airoso del lance. El retraso producido por este enfrentamiento burocrático ha proporcionado además oxígeno extra a Johnson, con un fin de semana por medio que ha desinflado pasiones y calmado ánimos, especialmente entre los diputados conservadores.

Es prácticamente seguro que el primer ministro anunciará una seria remodelación de su actual equipo de Gobierno. Rodarán cabezas para transmitir sensación de arrepentimiento y de castigo, después de un escándalo que ha irritado a la mayor parte de la ciudadanía y que ha desplomado la credibilidad y popularidad de Johnson, según las últimas encuestas. Y habrá anuncios del gusto del ala dura de los conservadores, como nuevas leyes para explotar las consecuencias del Brexit, de cuya entrada en vigor se cumplen dos años este lunes. Sanciones y mano dura contra Rusia, por la crisis de Ucrania. Y una baza extra: la decisión de eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 del personal sanitario, una medida que provocó una de las mayores rebeliones hasta la fecha entre los diputados conservadores.

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Boris Johnson ha encontrado dos aliados inesperados en su lucha por sobrevivir un día más en el puesto: la burocracia administrativa y policial, y el hartazgo de algunos diputados conservadores que, como en el conocido chiste de los familiares del moribundo, comienzan a quejarse de que “ni se muere ni cenamos”. En la semana en que debía conocerse finalmente el informe de Sue Gray sobre las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento, la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de abrir su propia investigación sobre al menos ocho de esos eventos —después de detectar “serios indicios de infracciones penales”— ha alterado la agenda política de un país en combustión y desinflado en parte la tensión acumulada. New Scotland Yard ha pedido a la alta funcionaria que se limite a publicar “referencias mínimas” sobre aquellas partes del informe que podrían afectar a las investigaciones en curso.

La Policía se descarga a sí misma de toda responsabilidad, al asegurar a la vez que ni ha pedido que se retrase la publicación, como habían sugerido algunas informaciones, ni tiene inconveniente en que se den a conocer los detalles de otros encuentros y reuniones en Downing Street que no supusieron un presunto quebranto de la ley. Gray está desesperada por quitarse de las manos un informe que tenía finalizado el pasado miércoles, pero su prestigio profesional depende en gran medida de que no cunda la sospecha de un resultado final aguado y edulcorado, que no cuente toda la verdad a la ciudadanía.

En la actual situación de impasse, con abogados de una y otra parte peinando los detalles del texto, el consenso general es que su publicación se retrasará al menos hasta el próximo lunes, o incluso más tarde. “El informe debe ser publicado en su totalidad. Cualquier intento de esconder o suprimir detalles clave será un error”, advertía este jueves en Twitter el diputado conservador Mark Harper, uno de los más críticos con Johnson. Lo respaldaba, con un un retuiteo, Steve Baker, el parlamentario euroscéptico que orquestó la moción de censura interna contra la ex primera ministra, Theresa May; aupó a Johnson hasta Downing Street, y en los últimos días ha dado por amortizada la carrera del primer ministro.

Gray depende directamente de Johnson, como vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete. Es imparcial, pero no independiente. Debe entregar su informe directamente al primer ministro, y por eso ha filtrado sus temores a que el Gobierno decidiera editar el texto y suprimir las partes más embarazosas. Sería la versión más aséptica posible antes de que el propio Johnson acudiera a la Cámara de los Comunes, volviera a pedir perdón a los ciudadanos, aunciara una drástica remodelación de su equipo en Downing Street, e intentara pasar página. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ya ha anticipado que su partido está dispuesto a usar todo los procedmientos parlamentarios a su alcance para asegurarse de que el texto sea publicado y dado a conocer a los diputados de manera íntegra. Starmer ha pedido ya en reiteradas ocasiones a Johnson que dimita “por decencia”, y lleva tres semanas explotando el escándalo de las fiestas en las sesiones de control de la Cámara de los Comunes. En cada una de ellas, Johnson se ha mostrado más desafiante y combativo. Este miércoles ya dejó claro que no pensaba dimitir, fuera cual fuera el resultado del informe sobre las fiestas, y reprochó a la oposición estar perdiendo el tiempo mientras había cosas más urgentes que atender, como la crisis entre Ucrania y Rusia.

Pero la presión ha sido tan intensa, por parte de los medios, la oposición y sus compañeros de filas más críticos, que el primer ministro se ha comprometido ya al menos tres veces ante las cámaras a publicar el texto en su integridad. Conclusión: Gray quiere evitar tanto una interferencia en la investigación policial como airear detalles privados de muchos funcionarios de bajo rango, que pudieron participar en las fiestas, pero apenas se verían obligados a pagar una multa; la policía no quiere que se contaminen sus pesquisas y se vea arrastrada al debate político, porque el público y los medios sacarían rápidamente sus propias conclusiones; la oposición y los conservadores más irritados con Johnson no quieren que el debate se cierre en falso con un informe precipitado y descafeinado; y el equipo de Johnson aprovecha la incertidumbre para seguir ganando adeptos a su causa, y convencer a los parlamentarios de sus filas más dudosos para que concedan una nueva oportunidad a su primer ministro. Muchos han reclamado ya que se ponga fin a un asunto que mantiene paralizadas decisiones económicas y políticas importantes. Si Downing Street consigue desinflar el suflé, quizá Johnson, de nuevo, vuelva a demostrar por qué muchos le llaman el Houdini de la política inglesa.

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London’s Metropolitan Police Service on Tuesday said it would investigate “a number of events” that took place in Downing Street and other government buildings during Covid-19 lockdowns in the United Kingdom in 2020 and 2021.

The announcement heaps extra pressure on prime minister Boris Johnson, who has found himself at the heart of the so-called partygate scandal amid allegations in the media that Downing Street and government staff broke Covid-19 rules on several occasions to host parties and social gatherings . EFE

prc/jt



Diputados, ministros, periodistas… todos lo que se mueven en la “burbuja política” de Westminster Whitehall, en Londres, permanecen paralizados desde primera hora de este miércoles, a la espera que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, entregue su informe final de la investigación en torno a las fiestas prohibidas en Downing Street. Hay un consenso general que señala que las próximas horas serán cruciales para el futuro político de Boris Johnson. El primer ministro ha comparecido este miércoles en la sesión de control de la Cámara de los Comunes para hacer frente a una nueva batería de duras críticas de la oposición laborista, sobre todo después de que en las últimas horas se conociera la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de iniciar por su cuenta una investigación de las polémicas fiestas, en medio del confinamiento. Johnson comparece sin que el informe se haya conocido aún, porque resulta inconcebible que anuncie él mismo sus conclusiones sin haber dado tiempo a los diputados a examinarlo con detalle. Lo que ha hecho, sin embargo, es escudarse en la actual crisis de Ucrania para restar importancia al escándalo que le acosa.

La decisión del momento en que el texto se entrega corresponde a Gray, pero Downing Street se reserva la prerrogativa de revisarlo y anular aquellas partes que puedan comprometer la seguridad personal de los funcionarios implicados. Si en algún momento el equipo de Johnson se planteó publicar solo un sumario del informe, la presión de los últimos días ha hecho que se replantearan esa estrategia y anunciaran su voluntad de publicarlo íntegramente.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha señalado la escalada de gravedad de todo el escándalo que supone el hecho de que la policía haya decidido abrir su propia investigación. Johnson, con el mismo tono desafiante que ha decidido adoptar en las últimas horas, se ha escudado en que el informe aún no es público, y que por tanto no puede comentar nada al respecto. A cambio, ha reprochado a Starmer que insista en el asunto de las fiestas mientras hay otros asuntos más importantes sobre la mesa, como la crisis de Ucrania. “El Gobierno del Reino Unido y su primer ministro está logrando unir a todo Occidente en la preparación del paquete de sanciones más duro que sea posible contra Rusia”, ha presumido Johnson. No se ha dejado ni un argumento de ataque en el cajón. Acusaba a Starmer de estar en contra del Brexit o de haber obstaculizado el fin del confinamiento o el despliegue de la campaña de vacunación. Y contaba con el respaldo del puñado de diputados conservadores fieles que mantiene, que no han cesado de gritar y abuchear a la bancada contraria.

Gran parte de los otros diputados conservadores, los que habían expresado su hartazgo con Johnson, optaron finalmente por esperar a la aparición del informe de Gray, antes de decidir si enviaban a la dirección del grupo parlamentario una “carta de retirada de la confianza”. Según los estatutos del Partido Conservador, cuando la dirección del histórico Comité 1922 (el órgano que organiza a los parlamentarios sin cargo en el Gobierno) recibe un número de cartas equivalente al 15% de los diputados, que actualmente supone 54, se activa automáticamente el mecanismo de moción de censura interna. Sería el modo de derribar, en el caso de que prosperara, a Johnson.

El político conservador y su equipo han dado señales en los últimos días de que no están dispuestos a tirar la toalla. Johnson comparecerá en la Cámara de los Comunes de inmediato, una vez publicado el informe de la investigación, para volver a pedir disculpas a la nación e intentar controlar “el relato final de todo lo sucedido”, según han explicado fuentes de Downing Street. Sue Gray no tenía ni competencia ni autoridad para declarar a Johnson inocente o culpable, y se ha limitado a plasmar en su texto una relación completa de los hechos y su contradicción con las normas vigentes para combatir la pandemia. Pero también ha transmitido parte de su información a la Policía Metropolitana de Londres.

Su directora, Cressida Dick, anunciaba este martes la apertura de una investigación sobre varias de las fiestas prohibidas durante el confinamiento. Johnson se verá obligado a declarar ante los agentes que conducen las pesquisas, bien en calidad de testigo, bien en calidad de investigado (con presencia de abogado y previa advertencia de que “no está obligado a declarar en su contra”). La última vez que ocurrió algo así fue en 2006, cuando Tony Blair fue interrogado como testigo en el escándalo del intercambio de títulos honoríficos por dinero. El primer ministro conservador querrá convencer a los suyos de la necesidad de pasar página cuanto antes y concentrarse en asuntos más urgentes, como la crisis de Ucrania y Rusia, o el complicado invierno que atraviesa el país con la inflación disparada y un notable incremento del coste de la vida para muchos hogares británicos.

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El temor, expresado por varios diputados conservadores, reside en que la investigación policial se alargue, y el Gobierno esté todo ese tiempo en un estado de semiparálisis que deteriore aún más la credibilidad de Johnson y del Partido Conservador. “Esto va a arrastrarse durante varios meses, y la mayoría de nosotros quisiéramos dejarlo atrás y volver a la normalidad política. No será posible mientras Johnson permanezca en su puesto”, ha dicho el diputado conservador Robert Syms, otro de los que ya ha expresado públicamente que se está planteando enviar a la dirección del grupo parlamentario una nueva “carta de retirada de la confianza”.

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Hasta el último momento la Policía Metropolitana de Londres (la Met, o New Scotland Yard, como se conoce su sede) se había resistido a entrar en el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. En parte por la excusa de mantener la regla de no investigar infracciones en la pandemia de modo retrospectivo. En parte por esperar a las conclusiones de Sue Gray, la alta funcionaria que ha tomado las riendas de la investigación interna. Pero sobre todo, por el tremendo impacto político que tendría revestir de sospecha criminal una crisis política de tal magnitud. Hasta este martes. La directora de la policía, Cressida Dick, ha confirmado ante la asamblea municipal de Londres que su departamento investiga ya varias de las fiestas que tuvieron lugar en la sede del Gobierno. “Puedo confirmar que la Met investiga en estos momentos varios eventos que ocurrieron en Downing Street y Whitehall [como se conoce al complejo donde se concentran los principales ministerios, antiguo Palacio de Whitehall] en los últimos dos años, en relación con la posible violación de las reglas de distanciamiento social para combatir la covid-19″, ha dicho la comisaria.

La decisión, que incrementa notablemente la presión sobre Johnson, ha sido una combinación de la información compartida entre Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete que conduce las pesquisas internas, y la propia Cressida Dick. Esta última, presionada en los últimos días por la oposición laborista por su pasividad ante el escándalo, ha valorado además “las opiniones de sus propios agentes” para dar un paso tan delicado, según ha explicado.

Todo ocurre durante una semana crítica para el primer ministro. A la espera del informe de Gray, que todos daban por sentado que sería antes del viernes, aunque no tenga una fecha oficial de publicación, Johnson intenta recuperar una apariencia de normalidad, mientras su equipo transmite la idea de que nada está perdido y de que su jefe pretende plantar cara y resistir en el puesto. Las pruebas, sin embargo, se acumulan en su contra. Como la fiesta sorpresa de cumpleaños que organizó su esposa en pleno confinamiento. Carrie Symonds compró una tarta el 19 de junio de 2020 y convocó a unas 30 personas en el Cabinet Room (la sala del Consejo de Ministros con su mesa ovalada) para sorprender al primer ministro, que ese día cumplía 56 años. Entre los invitados estaba Luly Lytle, la cotizada diseñadora de interiores a la que el matrimonio Johnson había encargado la redecoración de su apartamento privado, en el número 11 de Downing Street.

Hubo comida preparada, procedente de los almacenes Mark&Spencer, y se cantó el Cumpleaños Feliz. Hasta el ministro de Economía, Rishi Sunak, a quien todas las quinielas sitúan como principal candidato a suceder a Johnson, se dejó ver por la fiesta, “aunque no fue invitado”, según uno de sus portavoces. ITV asegura que varios familiares de Johnson pasaron esa noche en Downing Street, y la fiesta se prolongó. Fuentes del Gobierno ya han admitido que los hermanos del primer ministro compartieron esa noche con él y su esposa una barbacoa en el jardín de la residencia, pero que el número de personas nunca superó el límite de seis que estaba entonces vigente.

“Un grupo del personal que trabaja normalmente en el número 10 de Downing Street se reunió brevemente en el Cabinet Room, después de una reunión, para desear al primer ministro un feliz cumpleaños. Él no estuvo presente más de 10 minutos”, aseguran los portavoces de Johnson en su respuesta oficial a las nuevas informaciones. Ya no niegan ni la celebración sorpresa, ni la tarta, ni las 30 personas convocadas en un espacio interior, ni el hecho de que todo eso ocurriera mientras las reglas, para el resto de británicos, prohibían los encuentros en sitios cerrados de individuos procedentes de distintos domicilios.

“Es completamente nauseabundo que el primer ministro dedicara esa tarde a compartir pastel con 30 amigos en un espacio interior. A pesar de que ya nada nos sorprende, todavía nos trae al recuerdo un dolor muy vivo. Mientras decenas de personas le cantaban el cumpleaños feliz, algunas familias no podían siquiera cantar juntas en recuerdo de sus seres queridos en un funeral”, ha dicho Jo Goodman, la mujer que contribuyó a fundar la asociación Justicia para los Familiares de Víctimas de la Covid-19. “Si tuviera alguna decencia, haría lo que nosotros y el resto del país le está reclamando y dimitiría”, ha exigido Goodman. “El primer ministro se ha convertido en una distracción para la nación. Mientras millones de personas luchan por pagar sus facturas, Boris Johnson y su Gobierno dedican todo el tiempo a intentar limpiar su rastro de engaños, corrupción y quebranto de la legalidad”, ha asegurado el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

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Fuentes de Downing Street han confirmado que la polémica fiesta de cumpleaños ya formaba parte de la investigación de Gray, y por tanto no se trata de un episodio nuevo que pudiera retrasar aún más su investigación. Sin embargo, la decisión de New Scotland Yard de entrar a investigar varias de las fiestas puede provocar un efecto inesperado: el equipo de Johnson, según ha adelantado SkyNews, retrasará la publicación del informe hasta que concluyan las pesquisas policiales, que podrían llevar semanas o meses.

La funcionaria, que en última instancia depende directamente del primer ministro, tenía previsto entregar a Johnson una copia de su informe horas antes de hacerlo público. La estrategia del político conservador y de su equipo pasaba por preparar de inmediato una intervención ante la Cámara de los Comunes en la que vuelva a ofrecer sus disculpas e intente “controlar el relato final” de todo lo ocurrido. Por eso muchas voces, comenzando por los editoriales del diario The Times, exigen la publicación íntegra del informe, y no el sumario de conclusiones que Downing Street pretendía presentar.

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Las pruebas contra el equipo de Boris Johnson que revelan otras fiestas en Downing Street durante el confinamiento —la más reciente, un cumpleaños sorpresa para el primer ministro— han llevado al grupo de fieles del político conservador a cambiar de estrategia. Ya no se trata de negar la realidad, sino de intentar ofrecer su versión más presentable. La cadena de televisión ITV ha informado este lunes de un presunto nuevo escándalo.

La esposa de Johnson, Carrie Symonds, compró una tarta el 19 de junio de 2020 y convocó a unas 30 personas en el Cabinet Room (la sala del Consejo de Ministros con su mesa ovalada) para sorprender al primer ministro, que ese día cumplía 56 años. Entre los invitados estaba Luly Lytle, la cotizada diseñadora de interiores a la que el matrimonio Johnson había encargado la redecoración de su apartamento privado, en el número 11 de Downing Street. El presupuesto en muebles y papel pintado para redecorar las paredes, en el estilo orgánico y campestre tan demandado por los famosos británicos, supuso un gasto de más de 100.000 euros y una investigación oficial de la que Johnson se salvó por ocultar unos mensajes de WhatsApp comprometedores.

“Un grupo del personal que trabaja normalmente en el número 10 de Downing Street se reunió brevemente en el Cabinet Room, después de una reunión, para desear al primer ministro un feliz cumpleaños. Él no estuvo presente más de 10 minutos”, aseguran los portavoces de Johnson en su respuesta oficial a las nuevas informaciones. Ya no niegan ni la celebración sorpresa, ni la tarta, ni las 30 personas convocadas en un espacio interior, ni el hecho de que todo eso ocurriera mientras las reglas, para el resto de británicos, prohibían los encuentros en sitios cerrados de individuos procedentes de distintos domicilios.

La indignación de los ciudadanos del Reino Unido en torno al escándalo de las fiestas prohibidas ha hecho que este lunes circulara como la pólvora en las redes sociales un tuit de la policía de Newham, un distrito del este de Londres, publicado el 4 de abril de 2020. Poco más de un mes antes de la fiesta sorpresa de Johnson, pero cuando las reglas de distancia social eran las mismas. Una foto con globos, bebidas y pasteles en la mesa de un domicilio ilustraba la última acción de la policía ese mismo día: impedir una fiesta de 18º cumpleaños en un domicilio particular, con 25 invitados.

“Es completamente nauseabundo que el primer ministro dedicara esa tarde a compartir pastel con 30 amigos en un espacio interior. A pesar de que ya nada nos sorprende, todavía nos trae al recuerdo un dolor muy vivo. Mientras decenas de personas le cantaban el cumpleaños feliz, algunas familias no podían siquiera cantar juntas en recuerdo de sus seres queridos en un funeral”, ha dicho Jo Goodman, la mujer que contribuyó a fundar la asociación Justicia para los Familiares de Víctimas de la Covid-19. “Si tuviera alguna decencia, haría lo que nosotros y el resto del país le está reclamando y dimitiría”, ha exigido Goodman.

A la espera del Informe Gray

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La semana en la que Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, debe publicar su esperado informe sobre las fiestas prohibidas en Downing Street, la presión sobre Johnson desde todos los ámbitos no ha cesado. “El primer ministro se ha convertido en una distracción para la nación. Mientras millones de personas luchan por pagar sus facturas, Boris Johnson y su Gobierno dedican todo el tiempo a intentar limpiar su rastro de engaños, corrupción y quebranto de la legalidad”, ha asegurado el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

El equipo del primer ministro, que no ha dudado en aprovechar la crisis de Ucrania y la amenaza militar rusa sobre este país para presentar una versión del Johnson estadista, asegura a quien quiere escuchar que el político conservador no está dispuesto a tirar la toalla. Seguirá peleando por mantenerse en el cargo aunque el informe de la alta funcionaria, como cada vez parece más claro, arroje duras críticas contra la cultura de alcohol y falta de respeto a las normas de decoro del equipo de asesores y fieles de Johnson en Downing Street.

Gray tenía previsto interrogar este lunes a Dominic Cummings, el exasesor estrella del primer ministro que ha acabado convirtiéndose en su peor enemigo, después de que su rivalidad con la esposa de Johnson —también ella reputada exasesora de comunicación del Partido Conservador— resultara en su salida humillante, por la puerta de atrás, de Downing Street. Cummings, a través de su blog particular, ha filtrado informaciones sobre las fiestas, y ha dirigido las pesquisas de los medios británicos para que no se despistaran de cuál era la pieza de caza mayor a abatir: el propio primer ministro. Sin embargo, quien fuera el principal ideólogo del Brexit ha decidido finalmente no acudir al encuentro con Gray.

La funcionaria no tiene autoridad para recabar su presencia como testigo, y Cummings ha anunciado que prefería decir todo lo que tenía que decir por escrito, para evitar que “el primer ministro se invente algunas tonterías [sobre la conversación]” “Y las haga circular por los medios, para que tú y yo tengamos problemas”, le ha dicho a Gray en una nueva publicación de su blog. Al parecer, la mujer de cuya investigación depende el futuro de Johnson ha aceptado que Cummings respondía por escrito a sus preguntas.

El polémico asesor ha asegurado que, en cualquier caso, no dejarán de surgir en las próximas semanas nuevas informaciones comprometedoras para Johnson hasta que renuncie a su puesto de primer ministro. Muchos de los diputados conservadores que expresaron la semana pasada su rabia y hartazgo con todo lo sucedido optaron por esperar a la publicación del informe de Gray antes de decidir si ponían en marcha el mecanismo de moción de censura interna que supondría, de salir adelante, la expulsión de Johnson.

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Downing Street, como se conoce habitualmente al edificio donde trabaja y reside el primer ministro del Reino Unido, ha enviado este viernes una disculpa formal a la reina Isabel II por las dos fiestas con alcohol y música que celebraron hasta treinta de sus empleados en las horas previas al funeral del príncipe consorte, Felipe de Edimurgo. El pasado 17 de abril, la reina se sentó sola en un banco lateral de la capilla del Castillo de Windsor, bajo una mascarilla negra que cubría parte de su rostro. Era parte de las duras restricciones sociales que todavía regían en todo el Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson llegó a pedir a los ciudadanos que no llevaran flores a la verja del Palacio de Buckingham o a Windsor, para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia. Por todo eso, la revelación del diario The Daily Telegraph —muy conservador, muy defensor del Brexit. Muy partidario de Johnson. Hasta ahora— de que en las horas previas al funeral hubo otras dos fiestas prohibidas en Downing Street ha elevado varios grados la indignación popular contra el Gobierno.

“Es profundamente lamentable que esto ocurriera durante un tiempo de duelo nacional, y el número 10 de Downing Street ha pedido disculpas al Palacio [de Buckingham]”, ha asegurado un portavoz de Johnson. Ha habido llamada telefónica y comunicación oficial por escrito al personal de Isabel II, pero Downing Street no ha querido matizar si el propio Johnson ha sido el que ha transmitido las disculpas, o si piensa hacerlo el próximo martes, en su habitual despacho semanal con la monarca.

“Todo esto demuestra el modo tan grave en que Boris Johnson ha degradado la Oficina del Primer Ministro”, ha dicho en un comunicado público Keir Starmer, el líder de la oposición laborista. Después de ir tan lejos esta semana como para pedir públicamente la dimisión de su rival, durante su enfrentamiento del pasado miércoles en la Cámara de los Comunes, Starmer quiere mantener a toda costa la presión sobre Johnson. “Los conservadores han defraudado al Reino Unido. Una disculpa no es únicamente lo que el primer ministro debería ofrecer al Palacio de Buckingham. Johnson debe hacer lo único decente que puede hacer: dimitir”, ha reiterado el político laborista.

En esta ocasión, según ha revelado el diario The Daily Telegraph, Johnson no estuvo presente en ninguna de las dos fiestas. Se encontraba en esos momentos en Chequers, la residencia de descanso oficial del primer ministro británico. Pero fue una vez más bajo su jurisdicción y mandato que el personal de Downing Street se saltó las normas que se imponían con rigor al resto del país. Las reuniones en interior de personas de distintos domicilios seguían entonces prohibidas.

Ambos eventos se convocaron para despedir a dos trabajadores. Uno de los que se marchaba era James Slack, hasta entonces director de Comunicación del primer ministro. Una herencia de la era de su predecesora, Theresa May. El otro era uno de los fotógrafos oficiales de Johnson. Corrió el alcohol en abundancia, según han narrado al Telegraph algunos testigos. Hubo risas y bailes. La juerga se prolongó hasta la madrugada. Unos comenzaron en las oficinas y acabaron en el jardín. Otros, en el sótano de Downing Street, donde incluso un portátil a todo volumen proporcionó la música. Alguien fue incluso al supermercado cercano con un maletín vacío que llenó de botellas de vino. Al final, las cerca de 30 personas que sumaban las dos fiestas acabaron juntas en el jardín.

Slack ha publicado este mismo viernes sus propias disculpas por todo lo sucedido: “Quiero pedir perdón sin reservas por toda la rabia y dolor causados. Este evento no debería haber tenido lugar en el momento en que ocurrió. Estoy profundamente arrepentido y asumo completamente la responsabilidad”, ha asegurado el exasesor de comunicación.

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La vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete de Johnson, Sue Gray, debe concluir en pocos días su investigación interna sobre las fiestas prohibidas celebradas en dependencias gubernamentales, incluida aquella en la que Johnson ha admitido su presencia. Se suman ahora a sus pesquisas dos fiestas más. Y puede que la pesadilla del primer ministro no acabe aquí. En un país acostumbrado a regar en alcohol el final de cada jornada laboral, el amplio jardín de Downing Street era la excusa perfecta para convertir en fiesta las largas reuniones de trabajo, con la conciencia tranquila. Así lo vieron muchos de los participantes en ese momento, sin comprender que alteraban profundamente las normas que se exigían severamente al resto del país. Una regla para ellos, otra para el resto. Cada nueva información sobre los desmanes de Downing Street durante el confinamiento hunde más por los suelos la popularidad de Johnson y acerca la posibilidad de una rebelión entre los diputados conservadores que ponga fin a su liderazgo y a su carrera como primer ministro.

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Los empleados del complejo gubernamental de Downing Street celebraron otras dos fiestas más, regadas en alcohol, el pasado 16 de abril, cuando el Reino Unido vivía aún inmerso en severas restricciones sociales por la pandemia, y el país estaba de luto oficial por la muerte por el esposo de Isabel II, el príncipe Felipe de Edimburgo, seis días antes. La noticia la ha contado en exclusiva The Daily Telegraph, un periódico que puede considerarse la Biblia de los conservadores, sobre todo del ala dura. Defensor del Brexit, e impulsor de la carrera política de Boris Johnson —fue su tarea como corresponsal de ese diario en Bruselas la que le catapultó a la fama—, el tono de extrema dureza que utiliza para revelar la existencia de estas dos nuevas fiestas prohibidas da una idea del acorralamiento al primer ministro.

En esta ocasión, cuenta el diario, Johnson no estuvo en el jardín con el resto de invitados. Se había ido a la residencia oficial de descanso, en Chequers. Pero fue una vez más bajo su jurisdicción y mandato que el personal de Downing Street se saltó las normas que se imponían con rigor al resto del país. Las reuniones en interior de personas de distintos domicilios seguían entonces prohibidas. Se pidió a los británicos que no acudieran a depositar flores a Buckingham o a Windsor para evitar aglomeraciones que infringieran las normas de distanciamiento social.

El modo en que el diario relata lo sucedido da una idea de la intensidad de la rabia desatada, en la prensa y entre los diputados conservadores, contra Johnson: “En una capilla privada del Castillo de Windsor, yació en soledad el ataúd del Príncipe durante la noche. Al día siguiente la reina, con su rostro cubierto por una mascarilla negra, dijo adiós a quien fue su esposo durante 73 años. Por imposición de las normas de distanciamiento social, se sentó sola. La atmósfera en Downing Street, aquella tarde, era muy diferente. Asesores y funcionarios se reunían, en dos eventos separados, para celebrar la despedida de dos colegas”, relata el corresponsal político del periódico, Tony Diver.

Uno de los que se marchaba era James Slack, hasta entonces director de Comunicación del primer ministro. Una herencia de la era de su predecesora, Theresa May. El otro era uno de los fotógrafos oficiales de Johnson. Corrió el alcohol en abundancia, según han narrado al Telegraph algunos testigos. Hubo risas y bailes. La juerga se prolongó hasta la madrugada. Unos comenzaron en las oficinas y acabaron en el jardín. Otros, en el sótano de Downing Street, donde incluso un portátil a todo volumen proporcionó la música. Alguien fue incluso al supermercado cercano con un maletín vacío que llenó de botellas de vino. Al final, las cerca de 30 personas que sumaban las dos fiestas acabaron juntas en el jardín.

La vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete de Johnson, Sue Gray, debe concluir en pocos días su investigación interna sobre las fiestas prohibidas celebradas en dependencias gubernamentales, incluida aquella en la que Johnson ha admitido su presencia. Se suman ahora a sus pesquisas dos fiestas más. Y puede que la pesadilla del primer ministro no acabe aquí. En un país acostumbrado a regar en alcohol el final de cada jornada laboral, el amplio jardín de Downing Street era la excusa perfecta para convertir en fiesta las largas reuniones de trabajo, con la conciencia tranquila. Así lo vieron muchos de los participantes en ese momento, sin comprender que alteraban profundamente las normas que se exigían severamente al resto del país. Una regla para ellos, otra para el resto. Cada nueva información sobre los desmanes de Downing Street durante el confinamiento hunde más en los suelos la popularidad de Johnson y acerca más la posibilidad de una rebelión entre los diputados conservadores que ponga fin a su liderazgo y a su carrera como primer ministro.

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Boris Johnson ha tenido que beberse de golpe el trago más amargo de su carrera política. “Quiero pedir disculpas”, ha dicho ante la Cámara de los Comunes este miércoles. El primer ministro del Reino Unido admitía que estuvo en la fiesta prohibida de Downing Street del pasado 20 de mayo, asumía la responsabilidad por lo ocurrido, aseguraba que entendía la ira de los ciudadanos y pedía que se esperara a la conclusión de la investigación interna sobre lo sucedido. Pero, en su línea habitual, ha realizado una pirueta dialéctica para intentar nadar y guardar la ropa. “Salí al jardín para agradecer al personal su trabajo durante esos meses, y después de 25 minutos, volví a mi despacho. Ahora entiendo que debí ordenar a todos que volvieran dentro y buscar otro modo de darles las gracias”, decía el primer ministro. Johnson ha asegurado que en todo momento pensó que se trataba de una reunión de trabajo, amparada por las excepciones a las restricciones sociales entonces vigentes. La respuesta del líder de la oposición laborista era de una crudeza extrema: “¿Cuál es su defensa? Que no sabía que se trataba de una fiesta. Es tan ridícula que resulta ofensiva para los ciudadanos. ¿Cuándo va a hacer lo único que es decente: dimitir?”, reclamaba Starmer.

Boris Johnson nunca ha sido un parlamentario brillante, pero ha conseguido sobrevivir a sesiones de tensión en la Cámara de los Comunes gracias a sus bromas y a un cierto histrionismo jaleado por la bancada conservadora. Hasta este miércoles. El primer ministro del Reino Unido se enfrentaba a la comparecencia más dura de las que ha tenido que hacer en Westminster. El escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street, mientras todo el país sufría un severo confinamiento por la pandemia, ha destrozado con una rapidez de vértigo la reducida credibilidad que podía aún mantener el político conservador. Un 56% de los ciudadanos, según la última encuesta de YouGov, quiere que Johnson dimita. Pero lo que resulta mucho más grave y revelador, según esa misma encuesta, es que un 34% de los miembros del Partido Conservador creen que su líder debería echarse a un lado y dejar que otra persona tomara las riendas de la formación. Un 38% de ellos considera que, como primer ministro, no ha desempeñado bien su trabajo.

Muchos diputados conservadores habían reclamado, en las horas previas a la comparecencia de Johnson en la sesión de control de la Cámara de los Comunes, que el primer ministro pidiera disculpas de un modo claro y contundente por todo lo sucedido, si no quería evitar una rebelión en las filas de su grupo parlamentario. Aunque ni siquiera una disculpa puede bastar para enmendar una cadena de presuntas mentiras que ha precipitado el desastre. Hasta en cinco ocasiones el primer ministro ha asegurado que se cumplieron en Downing Street las reglas y recomendaciones, en materia de restricciones sociales, impuestas por su propio Gobierno para hacer frente a la pandemia. Y ahora es más que evidente, por las declaraciones de varios testigos, que Johnson y su entonces novia, Carrie Symonds, participaron el 20 de mayo pasado en una fiesta en el jardín de Downing Street en la que hubo más de 40 invitados, con alcohol, comida y ganas de juerga. Justo en un momento en el que al resto de los británicos se les prohibía que más de dos personas de domicilios distintos pudieran juntarse en exteriores.

Johnson se ha escudado en la investigación oficial sobre todas las fiestas llevadas a cabo en esa época en dependencias de su Gobierno ―hasta seis de ellas― que está dirigiendo Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete y número dos en el organigrama de la Administración civil del Reino Unido. Con fama de seria y dura, es muy probable que las conclusiones de sus pesquisas, que deberían finalizar en pocos días, hagan rodar cabezas en Downing Street. Pero, para los críticos más acérrimos de Johnson, ya no basta con esa investigación. El primer ministro, aseguran, debe dejar de escudarse en trámites administrativos y admitir, sin tapujos ―como finalmente ha hecho―, su presencia en una fiesta que tuvo lugar en el jardín de su propia residencia.

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Boris Johnson, en noviembre de 2020, seguido por su secretario privado, Martin Reynolds, autor del correo electrónico que invitaba a cien personas a una fiesta en Downing Street.
Boris Johnson, en noviembre de 2020, seguido por su secretario privado, Martin Reynolds, autor del correo electrónico que invitaba a cien personas a una fiesta en Downing Street.JUSTIN TALLIS (AFP)

Los errores, verdades a medias y excusas de Boris Johnson han ido regresando en las últimas semanas, para desplegar una estrategia de acoso y derribo contra el político conservador. El escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street, cuando el resto del país sufría un severo confinamiento por la pandemia, acumula pruebas contundentes cada día que pasa. Y la última de esas fiestas, celebrada el pasado 20 de mayo ―cuando en toda Inglaterra estaba prohibido que más de dos personas de núcleos de convivencia distintos se juntaran en el exterior― viene con carga añadida, porque son numerosos los testigos que afirman que estuvieron en ella Johnson y su pareja, Carrie.

La cadena de televisión ITV ha tenido acceso al correo electrónico del secretario privado del primer ministro, Martin Reynolds, en el que invitaba a cerca de cien personas a una fiesta privada en los jardines de Downing Street: “Hola a todos, después de lo que ha supuesto un periodo de mucho trabajo, he pensado que estaría bien sacar partido de este tiempo tan maravilloso y tomar unas copas, con la distancia social debida, en el jardín del Número 10 [de Downing Street] esta tarde. Sumaos a partir de las seis de la tarde, y ¡traed vuestro propio alcohol!”, escribía el alto funcionario. Una invitación que le sitúa en el punto de mira de la investigación de todo el escándalo de las fiestas que lleva a cabo Sue Gray, segunda secretaria permanente de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro. Su jefe, y responsable máximo de la Administración Pública británica, Simon Case, tuvo que abandonar las pesquisas cuando se reveló que también en su oficina se había celebrado uno de los polémicos eventos.

La Policía Metropolitana, conocida como New Scotland Yard, ha pedido información a la oficina de Gray como primer paso antes de decidir si abre formalmente una investigación sobre el asunto. “El Servicio de la Policía Metropolitana ya es consciente de las informaciones ampliamente difundidas, en referencia a presuntas violaciones de las regulaciones protectoras de la salud pública, ocurridas el 20 de mayo de 2020 en Downing Street, y está en contacto con la Oficina del Gabinete”, ha asegurado un portavoz policial.

Al menos cuarenta de los destinatarios del correo electrónico acudieron a la fiesta, de las que en la jerga británica se denominan BYOB (Bring Your Own Bottle, Trae tu propia botella). Entre ellos estaban, según han afirmado diversos testigos, tanto Johnson como la que entonces aún era solo su novia, Carrie Symonds. Cuando los medios intentaron este lunes que el primer ministro confirmara o desmintiera su presencia en la fiesta, el político conservador se limitó a echar balones fuera y a apuntar a las investigaciones en curso: “Hay un proceso independiente en marcha analizando todo esto, a cuyo frente está Sue Gray. No puedo hacer más comentarios al respecto”, se escudaba Johnson.

Las descripciones de la fiesta que han ido recabando los diferentes medios británicos hablan de largas mesas de pícnic distribuidas por el jardín de Downing Street, con bebidas, patatas fritas y otro tipo de aperitivos propios de un refrigerio al aire libre. Pero sobre todo, abundante alcohol. Ese mismo día, una hora más tarde, en la rueda de prensa casi diaria en la que los ministros se turnaban para informar de las novedades y datos de la pandemia, el entonces titular de Cultura, Oliver Dowden, recordaba una vez más las reglas a la ciudadanía: “Solo pueden reunirse con una persona de fuera de su domicilio en exteriores, en un lugar público, y manteniendo los dos metros de distancia”, recalcaba el político, ignorante de la fiesta que tenía lugar en el jardín de la principal sede del Gobierno británico.

La venganza de Cummings

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Gran parte de las actuales desdichas de Johnson, fruto indudable de sus propias acciones, provienen de una peligrosa, casi mortal, venganza: la de quien fuera su asesor estrella y principal ideólogo del Brexit, Dominic Cummings, obligado a salir por la puerta de atrás de Downing Street en noviembre de 2020, tras un prolongado enfrentamiento con la esposa de Johnson (también ella exasesora de comunicación del Partido Conservador).

Cummings conserva información sensible y privada de los primeros meses de la pandemia que filtra ahora a su propia conveniencia. “El miércoles 20 de mayo, una semana después de la primera foto [en la que Johnson y él parecían celebrar una reunión de trabajo en una mesa de la terraza exterior de Downing Street], un alto funcionario del Número 10 [en referencia a Reynolds] invitó al personal a beber en el jardín, con la distancia social debida. Yo, y al menos otro asesor, afirmamos que todo esto iba contra las normas y no debería celebrarse”, aseguraba Cummings este fin de semana en su blog. El exasesor, que siempre relata los desastres de Downing Street desde una perspectiva moralista en la que él siempre estaba en el lado correcto, tiene aún capacidad para hacer daño a Johnson. Su afán de venganza se da por descontado, pero hasta ahora nunca ha mentido sobre los hechos revelados.

La oposición laborista ha cargado duramente contra Johnson, a quien acusa de “intentar que los funcionarios caigan por culpa de sus propios errores”, como ha señalado la número dos del principal partido de la oposición, Angela Rayner. Los diputados conservadores que, antes de fin de año, comenzaron a organizarse para mostrar su rechazo ante los escándalos del Gobierno de Johnson, han vuelto a rebelarse con inquietud al saber que la policía se plantea abrir una investigación sobre la fiesta. Sue Gray tiene fama de dura y profesional, y todo el mundo está a la espera de ver cuántas cabezas ruedan una vez publique las conclusiones de su investigación, pero algunas voces han exigido al primer ministro una respuesta política: “Voy a decir esto de un modo amable. No está nada claro por qué el primer ministro necesita esperar a la publicación del informe de Sue Gray para averiguar si él mismo estuvo en una fiesta en su propio jardín”, ha escrito en Twitter Gavin Barwell, quien fuera jefe de Gabinete de la predecesora de Johnson en el cargo, Theresa May.

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