Diputados, ministros, periodistas… todos lo que se mueven en la “burbuja política” de Westminster Whitehall, en Londres, permanecen paralizados desde primera hora de este miércoles, a la espera que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, entregue su informe final de la investigación en torno a las fiestas prohibidas en Downing Street. Hay un consenso general que señala que las próximas horas serán cruciales para el futuro político de Boris Johnson. El primer ministro ha comparecido este miércoles en la sesión de control de la Cámara de los Comunes para hacer frente a una nueva batería de duras críticas de la oposición laborista, sobre todo después de que en las últimas horas se conociera la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de iniciar por su cuenta una investigación de las polémicas fiestas, en medio del confinamiento. Johnson comparece sin que el informe se haya conocido aún, porque resulta inconcebible que anuncie él mismo sus conclusiones sin haber dado tiempo a los diputados a examinarlo con detalle. Lo que ha hecho, sin embargo, es escudarse en la actual crisis de Ucrania para restar importancia al escándalo que le acosa.
La decisión del momento en que el texto se entrega corresponde a Gray, pero Downing Street se reserva la prerrogativa de revisarlo y anular aquellas partes que puedan comprometer la seguridad personal de los funcionarios implicados. Si en algún momento el equipo de Johnson se planteó publicar solo un sumario del informe, la presión de los últimos días ha hecho que se replantearan esa estrategia y anunciaran su voluntad de publicarlo íntegramente.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha señalado la escalada de gravedad de todo el escándalo que supone el hecho de que la policía haya decidido abrir su propia investigación. Johnson, con el mismo tono desafiante que ha decidido adoptar en las últimas horas, se ha escudado en que el informe aún no es público, y que por tanto no puede comentar nada al respecto. A cambio, ha reprochado a Starmer que insista en el asunto de las fiestas mientras hay otros asuntos más importantes sobre la mesa, como la crisis de Ucrania. “El Gobierno del Reino Unido y su primer ministro está logrando unir a todo Occidente en la preparación del paquete de sanciones más duro que sea posible contra Rusia”, ha presumido Johnson. No se ha dejado ni un argumento de ataque en el cajón. Acusaba a Starmer de estar en contra del Brexit o de haber obstaculizado el fin del confinamiento o el despliegue de la campaña de vacunación. Y contaba con el respaldo del puñado de diputados conservadores fieles que mantiene, que no han cesado de gritar y abuchear a la bancada contraria.
Gran parte de los otros diputados conservadores, los que habían expresado su hartazgo con Johnson, optaron finalmente por esperar a la aparición del informe de Gray, antes de decidir si enviaban a la dirección del grupo parlamentario una “carta de retirada de la confianza”. Según los estatutos del Partido Conservador, cuando la dirección del histórico Comité 1922 (el órgano que organiza a los parlamentarios sin cargo en el Gobierno) recibe un número de cartas equivalente al 15% de los diputados, que actualmente supone 54, se activa automáticamente el mecanismo de moción de censura interna. Sería el modo de derribar, en el caso de que prosperara, a Johnson.
El político conservador y su equipo han dado señales en los últimos días de que no están dispuestos a tirar la toalla. Johnson comparecerá en la Cámara de los Comunes de inmediato, una vez publicado el informe de la investigación, para volver a pedir disculpas a la nación e intentar controlar “el relato final de todo lo sucedido”, según han explicado fuentes de Downing Street. Sue Gray no tenía ni competencia ni autoridad para declarar a Johnson inocente o culpable, y se ha limitado a plasmar en su texto una relación completa de los hechos y su contradicción con las normas vigentes para combatir la pandemia. Pero también ha transmitido parte de su información a la Policía Metropolitana de Londres.
Su directora, Cressida Dick, anunciaba este martes la apertura de una investigación sobre varias de las fiestas prohibidas durante el confinamiento. Johnson se verá obligado a declarar ante los agentes que conducen las pesquisas, bien en calidad de testigo, bien en calidad de investigado (con presencia de abogado y previa advertencia de que “no está obligado a declarar en su contra”). La última vez que ocurrió algo así fue en 2006, cuando Tony Blair fue interrogado como testigo en el escándalo del intercambio de títulos honoríficos por dinero. El primer ministro conservador querrá convencer a los suyos de la necesidad de pasar página cuanto antes y concentrarse en asuntos más urgentes, como la crisis de Ucrania y Rusia, o el complicado invierno que atraviesa el país con la inflación disparada y un notable incremento del coste de la vida para muchos hogares británicos.
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El temor, expresado por varios diputados conservadores, reside en que la investigación policial se alargue, y el Gobierno esté todo ese tiempo en un estado de semiparálisis que deteriore aún más la credibilidad de Johnson y del Partido Conservador. “Esto va a arrastrarse durante varios meses, y la mayoría de nosotros quisiéramos dejarlo atrás y volver a la normalidad política. No será posible mientras Johnson permanezca en su puesto”, ha dicho el diputado conservador Robert Syms, otro de los que ya ha expresado públicamente que se está planteando enviar a la dirección del grupo parlamentario una nueva “carta de retirada de la confianza”.
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