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El Trump International Hotel, en Washington, el 17 de febrero.
El Trump International Hotel, en Washington, el 17 de febrero.MICHAEL REYNOLDS (EFE)

Los dos abogados que dirigen la investigación penal de la fiscalía de distrito de Manhattan sobre la Organización Trump, el conglomerado empresarial del expresidente republicano, han renunciado inopinadamente este miércoles, ha informado el diario The New York Times.

Según fuentes cercanas al caso, la renuncia de los dos fiscales, Carey Dunne y Mark Pomerantz, ambos con acreditada experiencia, se produjo después de que el nuevo fiscal de distrito, el demócrata Alvin Bragg, expresara dudas sobre la pertinencia de seguir adelante con el caso contra Donald Trump. La causa de la fiscalía de Manhattan es paralela a otra investigación, por lo civil, que instruye la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La oficina del fiscal del distrito había acusado previamente a la Organización Trump y a su responsable financiero durante décadas, Allen Weisselberg, de 15 delitos graves, a la cabeza de ellos la existencia de una contabilidad fiscal fraudulenta. Trump nunca ha sido imputado, mientras Weisselberg, al que muchos consideran chivo expiatorio sacrificado por la salvación su jefe, se entregó a la justicia la pasada primavera.

Pomerantz confirmó su renuncia al diario neoyorquino y Dunne rehusó pronunciarse sobre el asunto. La investigación de la fiscalía de Manhattan sobre Trump ha permanecido estancada el último mes, en medio de las dudas de Bragg sobre presentar cargos contra Trump; durante este periodo ni Pomerantz ni Dunne han podido interrogar a ningún testigo ante un gran jurado convocado por el predecesor de Bragg en la fiscalía, Cyrus Vance, que se jubiló a finales de 2021.

Los cargos presentados contra la Organización Trump y Weisselberg se centraron en supuestos esquemas de evasión de impuestos. Pero desde entonces, la investigación se ha centrado en averiguar si la Organización Trump y el propio empresario inflaron o desinflaron artificialmente el valor de los activos, incluidas varias propiedades inmobiliarias, para obtener ventajas fiscales y préstamos bancarios con condiciones ventajosas.

La sorprendente renuncia de los dos investigadores, interpretada por las fuentes como una aparente ralentización en la investigación del fiscal de Manhattan, acontece cuando se intensifica la investigación civil paralela por parte de James. Un juez de Manhattan ordenó la semana pasada que Trump y sus dos hijos mayores, Donald Jr. e Ivanka, cumplieran con las citaciones de James para declarar, un extremo al que el republicano se ha opuesto denodadamente.

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También se produce después de que los abogados de Trump y Weisselberg recurrieran a la justicia para que desestimara el caso del fiscal de distrito contra ambos, pues según la defensa de Trump tiene una clara motivación política.

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En Nariño Policía habría exigido 30 millones para no continuar con supuesta investigación penal

A través de mensajes de texto el policía habría acordado la entrega del dinero exigido. Le dieron casa por cárcel.

Noticias Nariño

Una investigación adelanta la Fiscalía en Nariño en contra de un patrullero de la Policía, investigado por el delito de cohecho.

Se trata del uniformado Carlos Andrés G. A., adscrito a la Sijín de la Policía quien no se no se allanó al cargo que la Fiscalía le imputó por concusión.

Al término de las audiencias preliminares, el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de residencia.

Los hechos por los que el patrullero fue judicializado ocurrieron en 2021.

Según se conoció, la víctima denunció que dos hombres lo abordaron, se identificaron como integrantes de la Sijín y le exigieron el pago de $30.000.000, para no continuar con una supuesta investigación penal en su contra.

Según lo establecido, los uniformados habrían trasladado a la víctima a la estación de Policía de Tumaco.

Por el delito de cobijado con medida de casa por cárcel

Al parecer, allí le hicieron dejar sus datos y le entregaron una línea de celular para que se mantuviera en contacto con ellos, con el fin de acordar la forma de pago del dinero exigido.

Luego de varios mensajes por Whatsapp, se acordó una cita en el parque León del puerto nariñense.

Allí supuestamente los policiales le dijeron al comerciante que la investigación en su contra seguía y debía fijar cuanto antes la fecha de entrega del dinero; fue entonces cuando la víctima les solicitó un plazo y les dijo que podía conseguir solo $20.000.000.

Al parecer fue el patrullero Graciano quien le envió un mensaje de texto al comerciante y le indicó que aceptaban el pago del monto propuesto.

Presionaban a comerciante

Debido a las supuestas presiones de los agentes, el comerciante se dirigió al Gaula para denunciar su caso.

Mientras era entrevistado por los investigadores, entró una llamada a su teléfono y era uno de los policías para finiquitar la entrega. Enseguida, a través de un sistema informático, se identificó que el número celular que aparecía correspondía al del hoy procesado.

Investigadores del Gaula recolectaron información sobre los agentes que estuvieron adscritos a la Sijín de Tumaco, quienes se encontraban en servicio para los días de los hechos, lográndose el reconocimiento fotográfico del patrullero.

Razón por la cual, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación  materializaron la orden de captura proferida por un juez.



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Boris Johnson ha encontrado dos aliados inesperados en su lucha por sobrevivir un día más en el puesto: la burocracia administrativa y policial, y el hartazgo de algunos diputados conservadores que, como en el conocido chiste de los familiares del moribundo, comienzan a quejarse de que “ni se muere ni cenamos”. En la semana en que debía conocerse finalmente el informe de Sue Gray sobre las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento, la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de abrir su propia investigación sobre al menos ocho de esos eventos —después de detectar “serios indicios de infracciones penales”— ha alterado la agenda política de un país en combustión y desinflado en parte la tensión acumulada. New Scotland Yard ha pedido a la alta funcionaria que se limite a publicar “referencias mínimas” sobre aquellas partes del informe que podrían afectar a las investigaciones en curso.

La Policía se descarga a sí misma de toda responsabilidad, al asegurar a la vez que ni ha pedido que se retrase la publicación, como habían sugerido algunas informaciones, ni tiene inconveniente en que se den a conocer los detalles de otros encuentros y reuniones en Downing Street que no supusieron un presunto quebranto de la ley. Gray está desesperada por quitarse de las manos un informe que tenía finalizado el pasado miércoles, pero su prestigio profesional depende en gran medida de que no cunda la sospecha de un resultado final aguado y edulcorado, que no cuente toda la verdad a la ciudadanía.

En la actual situación de impasse, con abogados de una y otra parte peinando los detalles del texto, el consenso general es que su publicación se retrasará al menos hasta el próximo lunes, o incluso más tarde. “El informe debe ser publicado en su totalidad. Cualquier intento de esconder o suprimir detalles clave será un error”, advertía este jueves en Twitter el diputado conservador Mark Harper, uno de los más críticos con Johnson. Lo respaldaba, con un un retuiteo, Steve Baker, el parlamentario euroscéptico que orquestó la moción de censura interna contra la ex primera ministra, Theresa May; aupó a Johnson hasta Downing Street, y en los últimos días ha dado por amortizada la carrera del primer ministro.

Gray depende directamente de Johnson, como vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete. Es imparcial, pero no independiente. Debe entregar su informe directamente al primer ministro, y por eso ha filtrado sus temores a que el Gobierno decidiera editar el texto y suprimir las partes más embarazosas. Sería la versión más aséptica posible antes de que el propio Johnson acudiera a la Cámara de los Comunes, volviera a pedir perdón a los ciudadanos, aunciara una drástica remodelación de su equipo en Downing Street, e intentara pasar página. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ya ha anticipado que su partido está dispuesto a usar todo los procedmientos parlamentarios a su alcance para asegurarse de que el texto sea publicado y dado a conocer a los diputados de manera íntegra. Starmer ha pedido ya en reiteradas ocasiones a Johnson que dimita “por decencia”, y lleva tres semanas explotando el escándalo de las fiestas en las sesiones de control de la Cámara de los Comunes. En cada una de ellas, Johnson se ha mostrado más desafiante y combativo. Este miércoles ya dejó claro que no pensaba dimitir, fuera cual fuera el resultado del informe sobre las fiestas, y reprochó a la oposición estar perdiendo el tiempo mientras había cosas más urgentes que atender, como la crisis entre Ucrania y Rusia.

Pero la presión ha sido tan intensa, por parte de los medios, la oposición y sus compañeros de filas más críticos, que el primer ministro se ha comprometido ya al menos tres veces ante las cámaras a publicar el texto en su integridad. Conclusión: Gray quiere evitar tanto una interferencia en la investigación policial como airear detalles privados de muchos funcionarios de bajo rango, que pudieron participar en las fiestas, pero apenas se verían obligados a pagar una multa; la policía no quiere que se contaminen sus pesquisas y se vea arrastrada al debate político, porque el público y los medios sacarían rápidamente sus propias conclusiones; la oposición y los conservadores más irritados con Johnson no quieren que el debate se cierre en falso con un informe precipitado y descafeinado; y el equipo de Johnson aprovecha la incertidumbre para seguir ganando adeptos a su causa, y convencer a los parlamentarios de sus filas más dudosos para que concedan una nueva oportunidad a su primer ministro. Muchos han reclamado ya que se ponga fin a un asunto que mantiene paralizadas decisiones económicas y políticas importantes. Si Downing Street consigue desinflar el suflé, quizá Johnson, de nuevo, vuelva a demostrar por qué muchos le llaman el Houdini de la política inglesa.

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No se ha establecido si el atentado que sufrió el guarda de tránsito este viernes en plena vía pública está relacionado con esos hechos del 2018, por los que estuvo bajo investigación.

Noticias Valle.

Al guarda de tránsito Jhon Harold Agudelo, le dispararon este viernes cuando se movilizaba en su moto en zona céntrica de Cartago, Valle del Cauca, allí murió.

El agente iba en su moto cuando sujetos en otra moto lo alcanzaron y le dispararon. Murió ahí mismo.

Hasta ahora, no se ha dicho de manera pública si hay una hipótesis sobre este homicidio perpetrado por sujetos que iban en moto también.

La Isleta, en 2018

Sin embargo, si están investigando si el crimen del que fue víctima el guarda de tránsito, está relacionado con el atentando de la Isleta ocurrido en 2018, pues por este hecho, lo habían detenido junto a dos funcionarios más, aunque después quedaron libres vinculados a investigación.

En ese atentado, que fue contra el candidato Hugo Eduardo Cedeño, fue con fusil en pleno acto público de campaña; allí murió su suegra y otra persona, y cinco más resultaron heridas.

La captura de los tres funcionarios se dio, porque la Fiscalía pudo establecer que ‘Los Flacos’ «implementaban la participación de los guardas de tránsito para asegurar la no realización de procedimientos de control y sanción contra los integrantes de esta organización criminal».

Y es que ‘Los Flacos’, según la indagación, estuvo tras ese atentado en el parque La Isleta.

A pesar de eso, los tres guardas una vez liberados por un juez en Cali, pudieron retomar sus labores en Cartago.

Luego, a uno de ellos, a Harry Lewis Viveros, lo asesinaron en abril del 2019.

En su caso, no se ha establecido motivos del homicidio.

Ahora, Aguadelo fue el blanco de sicariato en la calle 20 con carrera 3N cerca al barrio Álamos.

Hasta ahora, la Secretaría de Tránsito en Cartago no ha informado si el funcionario asesinado hace unas horas, había reportado amenazas ya fuera por su labor de regulador de tránsito o por temas personales.

La Policía del Valle, tampoco ha entregado mayores detalles de este caso.



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Pedro Castillo, presidente de Perú, durante un evento.
Pedro Castillo, presidente de Perú, durante un evento.CARLOS GARCIA GRANTHON / ZUMA PRESS (Europa Press)

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión al atribuirle haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, y también por la supuesta injerencia en los ascensos militares, confirmó un comunicado del Ministerio Público la noche de este martes.

En octubre, la empresaria y gestora de intereses Karelim López acompañó al Palacio de Gobierno a ejecutivos de un par de firmas que se reunieron con el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y con el propio presidente. A los pocos días, esas empresas lograron una licitación para construir un puente por unos 60 millones de dólares, y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares. Las alarmas sobre la lobista se activaron en la prensa en noviembre, que ha estado muy atenta al registro de visitas al despacho presidencial -de acceso público-, debido a que el mandatario no ha dado entrevistas desde que asumió el cargo a fines de julio.

López ha hecho negocios con el Estado a lo largo de varios gobiernos y fue aportante de la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016, informó el medio digital IDL-Reporteros. Asimismo, intentó tener influencia en el presidente Martín Vizcarra cuando este gobernaba, pero no lo consiguió, indica el mismo medio. El contrato de compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operator por parte de la empresa estatal PetroPerú se concretó el 21 de octubre, tres días después de la reunión de la gestora de intereses con Castillo; el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez; y el dueño de la firma de hidrocarburos, Samir Abudayeh, refiere la resolución de la fiscal. Dicho contrato fue anulado en diciembre luego del escándalo mediático de la participación de Castillo en una reunión con un empresario que pretendía ser proveedor del Estado.

Diligencias en suspenso

La cabeza del Ministerio Público es la única que puede iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado mientras está en ejercicio, recabando pruebas y testimonios de otros involucrados y testigos. Ella, o quien la suceda en el cargo en abril, podrá continuar con la investigación, pero no interrogar a Castillo mientras este sea presidente. En octubre de 2020, la fiscal general desechó la tradición del Ministerio Público con relación en los presidentes en ejercicio y encontró mérito para iniciar una investigación al entonces presidente Martín Vizcarra, por contrataciones irregulares a favor de un amigo. En dicho caso, la magistrada indicó que Vizcarra habría ejercido influencia sobre otros funcionarios para favorecer a su amigo y que además intentó ejercer influencia en los funcionarios que declararían a los fiscales encargados de ese expediente.

Las visitas de la lobista al exsecretario de la presidencia y al presidente quedaron registradas en octubre en la plataforma de transparencia de Palacio de Gobierno, pero un canal de televisión grabó a López en noviembre entrando a un inmueble de Lima donde Castillo dormía y despachaba hasta antes de asumir el poder, y a la que eventualmente volvía ya siendo presidente.

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A finales de noviembre, el presidente comentó en un mensaje a la nación televisado que allí solo había recibido visitas de “carácter personal”. “Rechazo enérgicamente tener algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”, añadió.

El procurador general Daniel Soria pidió en diciembre a la presidencia que informe con quiénes se reunió el jefe de Estado en esa casa del distrito de Breña, pero no obtuvo respuesta, por ello solicitó a la fiscal Ávalos que investigue al presidente. La fiscal general además inició otra investigación a Castillo por supuestas presiones en los ascensos militares, que podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal a favor de coroneles del Ejército de su entorno. La prensa difundió conversaciones de WhatsApp de su exmano derecha Pacheco con los comandantes generales de institutos armados abogando por oficiales militares, pero también el anterior ministro de Defensa, Walter Ayala, hizo llamadas en el mismo sentido a jefes militares y tuvo que dimitir por la controversia. Pero también el presidente consultó por un caso en particular en cuanto al escalafón. La semana pasada Castillo respondió 40 preguntas, en calidad de testigo, para la investigación fiscal a Pacheco sobre los ascensos, pero a partir de la resolución de la fiscal Ávalos ha pasado a la condición de investigado.

Tres medios peruanos reportaron sobre la investigación fiscal al presidente a media tarde del martes. El abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, dijo a EL PAÍS que ni su patrocinado ni él habían sido notificados hasta las 18.40 horas pese a que la prensa ya tenía la disposición fiscal. Hacia las 19.00 horas, el Ministerio Público informó que ya había notificado al mandatario.

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Los hermanos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.. en un acto de campaña de su padre, Donald Trump, Kenosha, Wisconsin.
Los hermanos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.. en un acto de campaña de su padre, Donald Trump, Kenosha, Wisconsin.CARLOS BARRIA (REUTERS)

La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, ha citado este lunes a declarar a los dos hijos mayores del expresidente Donald Trump en el marco de la investigación civil sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump. La oficina de James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado. El exmandatario fue citado en diciembre a comparecer bajo juramento este viernes 7 de enero, pero sus abogados están recabando documentos judiciales para anular la citación.

A fines del mes pasado, Trump presentó una demanda en un tribunal federal contra la fiscal por una supuesta violación de sus derechos constitucionales y porque sus acciones han estado “guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político”. James, demócrata, ha estado investigando los negocios del republicano durante más de dos años para determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al presentar declaraciones del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del mercado para conseguir préstamos bancarios.

James investiga cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y el intento fallido del neoyorquino de comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills. Si encuentra evidencia de irregularidades, no puede acusar a Trump de cargos penales, ya que la investigación es civil. Solo podría presentar una demanda.

Cuando Trump asumió la presidencia en 2017, entregó sus negocios a Donald Trump Jr. y Eric Trump, y Allen Weisselberg, quien ejerció de director financiero durante décadas, y que fue acusado el año pasado de una serie de delitos, entre ellos fraude fiscal y hurto mayor. Weisselberg se declara inocente y sus abogados acudirán a los tribunales para intentar desestimar los cargos. Ivanka Trump, por su parte, asumió como asesora presidencial durante la Administración de su padre. Eric, el tercer hijo del magnate, y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, compareció ante la fiscalía de Nueva York a fines de 2020.

El expediente judicial publicado este lunes incluye un cronograma con los márgenes de tiempo que los abogados del expresidente para intentar anular las últimas citaciones y los de la oficina de la fiscal para responder ante esas potenciales mociones. Los esfuerzos de James coinciden con una investigación penal de Alvin Bragg, el nuevo fiscal de Manhattan [Cyrus Vance, quien lideraba la pesquisa, dejó el cargo a finales del año pasado], para determinar si Trump o su organización falsificó el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas y evadir impuestos. Ambas oficinas están trabajando de manera conjunta.

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Lun.

Los más severos se registraron, según sus estudios, en Los Ángeles el 30 de mayo y en la misma jornada entre Concepción y Talcahuano, este último dejó una persona fallecida y 23 heridos.

Según explicó el científico, no descartan que se hayan generado más de estos fenómenos, pero que no se poseen registros por falta de testigos o elementos para realizar mediciones.

A partir de su análisis, pudieron determinar que, a pesar de lo extraño que son los tornados en el hemisferio sur, existiría una «temporada de tornados» en nuestro país y que se extendería entre el 15 de mayo y el 15 de junio. al menos para la zona entre la región del Biobío y Los Lagos.

Además, Rondanelli explica que con la experiencia obtenida ahora podrían contar con más herramientas para identificar cuándo se podrían generar estos fenómenos: «Nos dimos cuenta de que teníamos los datos para haber pronosticado quizás los tornados del 2019».

Recordemos que la serie de fenómenos que se registraron ese año dejaron un fallecido, decenas de personas heridas y miles de clientes que quedaron por días sin suministro eléctrico.

El estremecedor paso de la tromba marina por las calles de Talcahuano

Cámaras de seguridad de un taller captaron la intensidad con la que arrasó con todo a su paso.



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