Shealah Craighead, en una foto de archivo.Olivier Douliery / POOL
Desde Ronald Reagan era casi una norma no escrita que el fotógrafo oficial de la Casa Blanca publicase un libro con las mejores y más significativas instantáneas del periodo del presidente para el cual trabajaron. Hasta que le tocó el turno a Donald Trump. Como con tantas otras cosas, el 45º presidente de la nación ha dejado una marca indeleble, y no precisamente para bien. Según una información del diario The New York Times publicada este jueves, el único mandatario en sufrir dos impeachments (juicio político para su destitución) pidió a Shealah Craighead que retrasara la publicación de su proyecto para que el republicano pudiera, con fotografías tomadas por ella y de otros fotógrafos de la Casa Blanca, sacar a la venta su propio libro por un nada módico precio de 230 dólares.
Hay más. Tanto George W. Bush como Barack Obama escribieron un prólogo del libro del fotógrafo de turno de su presidencia. En el caso del señor Trump, este pidió parte del adelanto del precio fijado por la editorial para el proyecto de Craighead por escribir el prefacio.
Publicado el pasado diciembre, Nuestro viaje juntosconvierte a Trump en el primer expresidente en intentar beneficiarse personalmente del libro planeado por un fotógrafo de la Casa Blanca. Según el rotativo de Nueva York, Craighead ya había asegurado un acuerdo de publicación, incluido un anticipo de seis cifras, cuando notificó a la Casa Blanca que el volumen ya estaba en marcha.
El libro del presidente vendió sus primeras 300.000 copias por un valor bruto estimado de 20 millones de dólares. Se encuentra a la venta en la página web de Winning Team Publishing, la compañía cofundada por Donald Trump Jr. y el agente de campaña republicano Sergio Gor.
“Shea es una fotógrafa con mucho talento que había puesto mucho trabajo”, asegura Stephanie Grisham, quien fue secretaria de prensa de Trump en la Casa Blanca y escribió su propio libro, siempre según el relato del Times. Para Grisham, que se refiere a la fotógrafa por su apodo, es una desvergüenza descomunal lo que ha hecho su antiguo jefe. “Pero entonces me digo a mí misma que este es el tipo que se dedica a vender gorras o lo que sea para recaudar dinero para sí mismo”. Citado por The New York Times, Eric Draper, fotógrafo principal de la Casa Blanca durante el mandato de Bush hijo, asegura que lo sucedido es una falta de respeto hacia Craighead.
La fotógrafa, en una entrevista, dijo no querer comentar de forma pública un asunto que, al fin y al cabo, tiene que ver con un antiguo cliente. Lo que sí confirmó Craighead es que, al menos por ahora, su proyecto para el libro con las fotografías de cuatro años de viajes, discursos, vivencias etc… ha muerto antes de nacer. “Me mantengo apolítica todo lo que puedo, al igual que soy neutral como documentalista histórica”, dijo al Times. “Esa neutralidad me permite ser una aguda observadora”, finaliza el artículo del rotativo de Nueva York.
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¿A quién llamó Donald Trump entre las 11:17 y las 18:54 del 6 de enero de 2021? ¿Con quién habló mientras se desarrollaba el ataque al Capitolio que él mismo había instigado en un mitin previo con miles de sus seguidores? No hay respuesta para esas preguntas en los archivos de la Casa Blanca. La comisión del Congreso de Estados Unidos que trata reconstruir lo que sucedió aquel día se ha encontrado con un hueco en los registros telefónicos del entonces presidente, según ha desvelado una exclusiva conjunta del diario The Washington Posty la cadena televisiva CBS News. Más de siete horas y media. 457 minutos. Una eternidad para los investigadores, durante la que la sede de la democracia en Washington fue asaltada violentamente por una turba, y el vicepresidente Mike Pence y los congresistas tuvieron que buscar refugio.
¿Significa eso que Trump destruyó esos registros de llamadas, que el Supremo le obligó a entregar el pasado enero con el resto de los documentos presidenciales? Es una de las hipótesis que se barajan. Otra es que el presidente pudo usar distintos teléfonos para comunicarse con sus colaboradores, lo cual está prohibido por la ley. Lo que parece claro es que no permaneció callado. Los datos sobre las llamadas enviadas o recibidas por la centralita de la Casa Blanca ocupan 11 páginas, que confirman que el magnate tuvo una jornada telefónica intensa durante el resto del día. Telefoneó a ocho personas por la mañana y 11 por la noche, antes y después del hueco que ahora se ha conocido. Además, hay evidencias públicas de que durante esas siete horas se comunicó o intentó comunicarse con, al menos, los senadores republicanos Mike Lee (Utah) y Tommy Tuberville (Alabama), además de con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el también republicano Kevin McCarthy (California).
En los registros supervivientes del seis de enero, que pueden consultarse aquí, consta que Trump habló o pidió hablar con algunos de los actores principales de la trama: su asesor Steve Bannon, que en noviembre se entregó al FBI tras haber sido acusado de desacato al Congreso por no comparecer ante la comisión que investiga el ataque al Capitolio; el abogado Ruddy Giulianni, citado a declarar por haber promovido teorías falsas sobre el supuesto fraude electoral y su jefe de gabinete, Mark Meadows, de quien se ha sabido que recibió presiones de Ginni Thomas, esposa del juez del Supremo Clarence Thomas, para que hiciera lo posible por revertir el triunfo electoral. También, con el senador de Kentucky Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado y con el entonces vicepresidente Mike Pence, de quien pretendía ese día que impidiera, empleando unas facultades que no está claro que posea quien ostenta ese cargo, el traspaso de poderes legítimo al vencedor de las elecciones de noviembre de 2020, Joe Biden.
El comité del 6 de enero está indagando si en esas siete horas, Trump se comunicó a través de otros canales, de teléfonos de sus ayudantes o de terminales desechables, según explica la noticia de The Washington Post, que firman el venerable Bob Woodward, que hace medio siglo destapó junto a Carl Bernstein el escándalo del Watergate, y Jim Costa, corresponsal político de CBS News. Juntos lanzaron a finales del año pasado Peril (que en español tiene previsto publicar Roca Editorial con el título de Peligro), sobre la accidentada transición entre Trump y Biden. El republicano aún sostiene, sin pruebas, que la elección de 2020 en la que perdió la Casa Blanca le fue robada.
Trump no se distinguió durante su presidencia por el respeto a la Ley de Registros Presidenciales, que determina que esas comunicaciones son propiedad del Estado, y no del inquilino de la Casa Blanca. En febrero se supo que, al dejar el cargo, se llevó documentos clasificados e información valiosa para la seguridad nacional a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, según confirmó la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés). También era usual, según fuentes de su Administración, que empleara diferentes teléfonos para comunicarse con sus funcionarios, que recibían llamadas desde la centralita de la Casa Blanca o de diferentes números. En ocasiones, la voz del presidente sonaba tras descolgar un número oculto.
En un comunicado, Trump dijo el lunes por la noche: “No tengo idea de qué es un teléfono desechable, que yo sepa, nunca oí hablar de tal cosa”. Una portavoz del magnate explicó a Woodward y Costa que este no había tenido que ver con la manipulación de los registros y que, hasta donde él sabe, todas sus llamadas fueron grabadas y preservadas.
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La semana comenzó para el expresidente con la noticia de que un juez federal, David Carter, considera “más probable que no” que Trump y John Eastman, uno de sus asesores legales, a quien Carter ha obligado a entregar más de un centenar de correos electrónicos al comité del seis de enero, “conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso. El día del asalto al Capitolio, Trump presionó al vicepresidente Mike Pence con aquel mitin en Washington para que emplease su cargo para no validar el triunfo demócrata, un proceso que suele ser un mero trámite democrático y que aquel día se convirtió en uno de los episodios más negros de la historia reciente de Estados Unidos.
Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.HYOSUB SHIN / AJC (AP)
Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este lunes a John Eastman, uno de los abogados que asesoró a Donald Trump para tratar de revertir el resultado electoral de 2020, que entregue más de un centenar de correos electrónicos al Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. El magistrado David Carter, además, resalta que ateniéndose a las pruebas con las que cuenta, el tribunal considera más que probable que “el presidente Trump y el señor Eastman conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso de EE UU, que el 6 de enero de 2021 debía dar por vencedor al demócrata Joe Biden.
El importante fallo del juez Carter allana el camino para que el Comité de la Cámara obtenga correos electrónicos de Eastman que él consideró confidenciales y no entregó por ese motivo cuando proporcionó al ente investigador miles de páginas de comunicaciones electrónicas a mediados del pasado mes de febrero.
“La ilegalidad del plan era obvia”, escribe el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas”, expone el magistrado. “Ignorando esta historia, el presidente Trump ejerció una fuerte campaña para que el vicepresidente decidiera cuál era el resultado de las elecciones de 2020″, añade.
Antes de entregar las casi 8.000 páginas de correos electrónicos, Eastman se había negado a proporcionar información a la Cámara cuando esta lo citó directamente para que prestara testimonio y presentara documentos. El abogado se refugió bajo la protección que le otorga la Quinta Enmienda de EE UU contra la autoinculpación. Eastman es un profesor de Derecho que ayudó a elaborar el falso argumento de Trump de que las elecciones de 2020 fueron un fraude, y que el auténtico vencedor fue el entonces presidente.
Entre los correos electrónicos que el juez ordenó a Eastman que entregara se encuentran mensajes que le envió el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, recomendando que Mike Pence, entonces vicepresidente, anulase las elecciones y diseñara un plan de acción diario que condujera hasta el 6 de enero.
El Comité creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura haber hallado pruebas que demuestran que Trump, Eastman y otros aliados de la causa del exmandatario podrían ser potencialmente acusados con cargos criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.
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La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe. Ese departamento lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Trump.
Eastman es una figura central en la investigación del comité de la Cámara, ya que escribió dos informes legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su recuento. Esto podría haber abierto la puerta a que las cámaras estatales lideradas por republicanos votaran por Trump, a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden, y dar así la vuelta al resultado electoral del 3 de noviembre.
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“El Comité también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, reza el documento presentado ante un Tribunal de Distrito en California. Además de los esfuerzos para entorpecer la certificación, “también hay pruebas de que la conspiración se extendió a los insurgentes involucrados en actos de violencia en el Capitolio”.
La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe.
“La evidencia respalda que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, sin embargo, el presidente trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, apunta el documento. El abogado John Eastman, que asesoró a Trump en los últimos meses de su presidencia, presionó a Greg Jacob, representante del entonces vicepresidente Mike Pence, para que éste interviniera y detuviera la ceremonia de certificación de los votos electorales, según la nueva documentación.
El documento judicial surgió de una demanda presentada por Eastman, que está intentando bloquear la entrega de sus documentos al comité alegando una invasión “muy partidista” de su privacidad. El abogado ha revelado cerca de 8.000 páginas de correos electrónicos, pero aún mantiene en secreto 11.000 documentos, citando el privilegio abogado-cliente. El comité ha basado su caso para obtener el material solicitado argumentando que el que ese privilegio no es aplicable cuando la información confidencial busca promover u ocultar un delito.
La comisión ha entrevistado a más de 550 personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020, entre ellos funcionarios estatales, altos cargos del Departamento de Justicia y parte de la cúpula de Trump. Richard Donoghue, el número dos del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano, sostuvo en su interrogatorio que él mismo había intentado disuadir a Trump de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. “Le dije varias veces al presidente que las denuncias sobre el contrabando de votos en una maleta y contados varias veces en las máquinas no era verdad. Le dije varias veces que lo habíamos mirado, que habíamos revisado los vídeos, entrevistado a los testigos, y que no era cierto”.
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Esta es la información más detallada y reveladora que ha presentado hasta ahora el comité que trabaja desde hace nueve meses en intentar aclarar qué pasó el 6 de enero de 2021 y cómo pueden evitar que vuelva a ocurrir algo así. Está previsto que la comisión investigadora publique todos sus hallazgos antes de las elecciones legislativas de noviembre.
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The House Committee investigating the U.S. Capitol insurrection said Wednesday night that its evidence shows former President Donald Trump and his associates engaged in a “criminal conspiracy” to prevent Congress from certifying the results of the presidential election, spread false information about it and pressured state officials to overturn the results.
The committee made the allegations in a filing in response to a lawsuit by Trump adviser John Eastman. Eastman, a lawyer who was consulting with Trump as he attempted to overturn the election, is trying to withhold documents from the committee as it investigates the Jan. 6, 2021, insurrection. The committee argued there is a legal exception allowing the disclosure of communications regarding ongoing or future crimes.
“The Select Committee also has a good-faith basis for concluding that the President and members of his Campaign engaged in a criminal conspiracy to defraud the United States,” the committee wrote in a filing submitted in U.S. District Court in the Central District of California.
The 221-page filing marks the committee’s most formal effort to link the former president to a federal crime, though the actual import of the filing is not clear since lawmakers do not have the power to bring charges on their own and can only make a referral to the Justice Department. The department has been investigating last year’s riot but has not given any indication that it is considering seeking charges against Trump.
The brief filed Wednesday was in an effort by the committee to refute attorney-client privilege claims made by Eastman in order to withhold records from congressional investigators.
“The Select Committee is not conducting a criminal investigation,” Mississippi Rep. Bennie Thompson, the committee’s Democratic chairman, said in a statement. “But, as the judge noted at a previous hearing, Dr. Eastman’s privilege claims raise the question whether the crime-fraud exception to the attorney-client privilege applies in this situation.”
The filing also details exhibits from the committee’s interviews with several top Trump aides and even former Vice President Mike Pence’s chief of staff, Marc Short.
The committee also said it found evidence that Trump sought to obstruct an official proceeding — in this case, the certification of the results — by trying to strongarm Pence to delay the proceedings so there would be additional time to “manipulate’” the results.
“The evidence supports an inference that President Trump and members of his campaign knew he had not won enough legitimate state electoral votes to be declared the winner of the 2020 Presidential election during the January 6 Joint Session of Congress, but the President nevertheless sought to use the Vice President to manipulate the results in his favor,” the filing states.
The House Committee investigating the U.S. Capitol insurrection said Wednesday night that its evidence shows former President Donald Trump and his associates engaged in a “criminal conspiracy” to prevent Congress from certifying the results of the presidential election, spread false information about it and pressured state officials to overturn the results.
The committee made the allegations in a filing in response to a lawsuit by Trump adviser John Eastman. Eastman, a lawyer who was consulting with Trump as he attempted to overturn the election, is trying to withhold documents from the committee as it investigates the Jan. 6, 2021, insurrection. The committee argued there is a legal exception allowing the disclosure of communications regarding ongoing or future crimes.
“The Select Committee also has a good-faith basis for concluding that the President and members of his Campaign engaged in a criminal conspiracy to defraud the United States,” the committee wrote in a filing submitted in U.S. District Court in the Central District of California.
The 221-page filing marks the committee’s most formal effort to link the former president to a federal crime, though the actual import of the filing is not clear since lawmakers do not have the power to bring charges on their own and can only make a referral to the Justice Department. The department has been investigating last year’s riot but has not given any indication that it is considering seeking charges against Trump.
The brief filed Wednesday was in an effort by the committee to refute attorney-client privilege claims made by Eastman in order to withhold records from congressional investigators.
“The Select Committee is not conducting a criminal investigation,” Mississippi Rep. Bennie Thompson, the committee’s Democratic chairman, said in a statement. “But, as the judge noted at a previous hearing, Dr. Eastman’s privilege claims raise the question whether the crime-fraud exception to the attorney-client privilege applies in this situation.”
The filing also details exhibits from the committee’s interviews with several top Trump aides and even former Vice President Mike Pence’s chief of staff, Marc Short.
The committee also said it found evidence that Trump sought to obstruct an official proceeding — in this case, the certification of the results — by trying to strongarm Pence to delay the proceedings so there would be additional time to “manipulate’” the results.
“The evidence supports an inference that President Trump and members of his campaign knew he had not won enough legitimate state electoral votes to be declared the winner of the 2020 Presidential election during the January 6 Joint Session of Congress, but the President nevertheless sought to use the Vice President to manipulate the results in his favor,” the filing states.
Former President Donald Trump has appealed a judge’s decision requiring he answer questions under oath in New York state’s civil investigation into his business practices — a widely expected move that’s likely to prolong the fight over his testimony by months.
Lawyers for Trump and his two eldest children filed papers on Monday with the appellate division of the state’s trial court, seeking to overturn Manhattan Judge Arthur Engoron’s Feb. 17 ruling. They argue ordering the Trumps to testify violates their constitutional rights because their answers could be used in a parallel criminal investigation.
FILE – From left, Eric Trump, Donald Trump Jr. and Ivanka Trump — shown with their father at a groundbreaking ceremony for the Trump International Hotel in Washington, July 23, 2014.
In an eight-page ruling, Engoron set a March 10 deadline for Trump and his eldest children, Ivanka and Donald Trump Jr., to sit for depositions. Lawyers for the Trumps asked the appellate court for a stay to spare them from questioning while it considers the matter.
The court did not set a date for arguments. It typically issues decisions several months after that, but it could be inclined to rule on an expedited basis given the urgency of New York Attorney General Letitia James’ investigation and the Trumps’ desire to swiftly overturn Engoron’s ruling.
A message seeking comment was left with James’ office. In a statement on Friday, as lawyers for the Trumps were preparing their appeal, the attorney general signaled she was ready for a long fight to get them to testify.
“Donald J. Trump, Donald Trump, Jr., and Ivanka Trump were ordered by the court to comply with our lawful investigation into Mr. Trump and the Trump Organization’s financial dealings,” James said in the statement. “While they have the right to seek a delay, they cannot deter us from following the facts and the law wherever they may lead. Make no mistake: My office will continue to pursue this case without fear or favor because no one is above the law.”
Trump did not immediately comment on the appeal. In a statement following Engoron’s decision, he called the ruling “a continuation of the greatest Witch Hunt in history.”
“THERE IS NO CASE!” he said, claiming he’s unable to get a fair hearing in New York “because of the hatred of me by Judges and the judiciary” and accusing James’ office of “doing everything within their corrupt discretion to interfere with my business relationships, and with the political process.”
James, a Democrat, has said her investigation has uncovered evidence that Trump’s company, the Trump Organization, used “fraudulent or misleading” valuations of assets such as golf courses and skyscrapers to get loans and tax benefits.
In his ruling, Engoron wrote: “A State Attorney General commences investigating a business entity, uncovers copious evidence of possible financial fraud, and wants to question, under oath, several of the entities’ principals, including its namesake. She has the clear right to do so.”
If Engoron’s decision is upheld, it could force Trump into a tough decision about whether to answer questions or stay silent, citing his Fifth Amendment right against self-incrimination. Anything Trump says in a civil deposition could be used against him in the criminal probe being overseen by the Manhattan district attorney’s office.
At a hearing prior to Engoron’s decision, Trump’s lawyers argued that having him sit for a civil deposition is an improper attempt to get around a state law barring prosecutors from calling someone to testify before a criminal grand jury without giving them immunity.
A lawyer for the attorney general’s office told Engoron that it wasn’t unusual to have civil and criminal investigations proceeding at the same time, and Engoron rejected a request from lawyers for the Trumps to pause the civil probe until the criminal matter is over.
Last summer, spurred by evidence uncovered in James’ civil investigation, the Manhattan district attorney’s office charged Trump’s longtime finance chief, Allen Weisselberg, and the Trump Organization with tax fraud, alleging he collected more than $1.7 million in off-the-books compensation. Weisselberg and the company have pleaded not guilty. The future of the criminal probe was thrown into question last week when the two prosecutors leading it abruptly quit.
Lawyers for the Trumps asked the appellate court Monday to consider three questions:
— Whether James’ office is violating their rights by issuing subpoenas for their testimony while also participating in the criminal investigation.
— Whether protections for grand jury witnesses under state law, such as immunity, can be “eviscerated, if the same agency involved in the criminal investigation simply opens a ‘civil’ investigation into the very same matters.”
— Whether Engoron erred in rejecting the Trumps’ contention that James has engaged in selective prosecution.
In his ruling, Engoron said, the thousands of pages of evidence he’s reviewed in the case show there’s sufficient basis for continuing the investigation and undercut “the notion that this ongoing investigation is based on personal animus, not facts and law.”
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este sábado 26 de febrero en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Orlando, Florida.MARCO BELLO (REUTERS)
Donald Trump ha convertido su etapa pospresidencial en una caja registradora. Al negocio inmobiliario se ha sumado la Tienda Trump, donde una bandeja para hacer cuatro hielos con el logo de la letra ‘T’ de Trump cuesta 35 dólares y, una bata, 185. Por escuchar una de sus conferencias en primera fila, además de una recepción y poder tomarse una fotografía con él, sus seguidores pueden llegar a desembolsar 8.500 dólares. Así es como el exmandatario logró recaudar en 2021 más del doble que el Comité Nacional Republicano, una hazaña sin precedentes para un político que no está ejerciendo un cargo electo y que no ha comunicado su intención de ir a por la reelección en 2024.
El neoyorquino está explotando su faceta de hombre de negocios para capitalizar la fama casi mesiánica que goza entre sus seguidores más fieles. Además de los eventos, discursos pagados y los alquileres de sus propiedades, Trump publicó el pasado noviembre un libro fotográfico de su periodo presidencial distribuido por la editorial cofundada por su hijo Donald Trump Jr., Winning Team Publishing, que solo ha publicado esa obra. El neoyorquino también ha incursionado en el mundo de la comunicación con la empresa Trump Media & Technology, que ha recaudado 1.000 millones de dólares de inversiones. La compañía es dueña de la red social del exmandatario, llamada Truth Social (Verdad Social, en inglés), que el lunes apareció en la tienda de aplicaciones de Apple y que se prevé que esté completamente operativa a finales de marzo.
Es común que los exmandatarios lucren con su experiencia en el Despacho Oval, al igual que las primeras damas. Los libros y conferencias de los Obama y de los Clinton dan cuenta de ello. Sin embargo, no a niveles donde la línea entre negocios y política es tan difusa. En lo que va del año, las donaciones e inversiones de sus bases más duras continúan llenando la hucha del magnate. El Comité de Acción Política (PAC) Save America de Trump, por ejemplo, cerró enero con 108 millones de dólares en el banco, nuevamente duplicando la cifra del Comité Nacional Republicano.
El expresidente no está utilizando lo recaudado para fortalecer las campañas de los más de 100 candidatos de su partido que ha apoyado de cara a las elecciones legislativas en noviembre, donde los republicanos se juegan recuperar la Cámara de Representantes y el Senado. El PAC ha donado solo 350.500 dólares a candidatos desde julio. Eso es menos que los 838.000 que gastó el comité en enero en la organización de eventos y gastos relacionados, según datos recabados por Bloomberg y publicados el pasado fin de semana.
El club de golf de Trump en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) acogió el miércoles un “Foro de candidatos para recuperar el Congreso”. La entrada por pareja puede llegar a costar 250.000 dólares; garantiza una cena privada y una fotografía con Trump, así como asientos VIP en el evento. También la “opción” de alquilar una habitación en el resort durante el encuentro. Cualquiera que pague menos de ese monto, aparentemente no puede alojarse ahí. Las ganancias del evento, según The Washington Post, no irán a las campañas de los candidatos, sino a los Comités de Acción Política —los Super PACs— de Trump, que tienen la particularidad de poder recibir fondos ilimitados.
El ostracismo al que fue relegado por las redes sociales no ha impedido que el expresidente no esté conectado a sus bases como antes. Además de crear su propia plataforma para solventar el problema, el equipo del republicano bombardea diariamente a su ejército de seguidores con correos electrónicos cuyo único fin es recaudar dinero. “No podemos salvar a América de Joe Biden sin tu donación”, reza uno de los últimos envíos.
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Trump también se ha acercado a sus seguidores con una gira que realizó en diciembre acompañado del expresentador de Fox News, Bill O’Reilly. El precio de las entradas para el “Tour histórico” oscilaba entre 100 y 300 dólares, pero el republicano lanzó su anzuelo favorito para generar más ingresos: la garantía de tomarse fotos con él y una recepción de 45 minutos antes del evento. Con impuestos, ese paquete superaba los 8.500 dólares.
La gira, según la prensa local, no fue un éxito. Pero Trump aprovechó a los miles de seguidores que sí asistieron para promocionar su libro publicado a finales de noviembre titulado “Nuestro viaje juntos”. El ejemplar contiene 300 fotografías acompañadas de breves leyendas supuestamente escritas por el exmandatario. El coste del libro es de 74,99 dólares. La copia firmada, 229,99. En menos de dos meses, recaudaron 20 millones y se agotaron los libros dedicados. Ahora para conseguir uno hay que visitar eBay, donde se venden por entre 1.000 y 2.000 dólares.
A pesar de las millonarias recaudaciones, Trump lidia con la sombra sobre sus declaraciones de impuestos. La auditora que se encargaba de las declaraciones financieras de la Organización Trump se desvinculó a comienzos de mes de su cliente argumentando que no puede respaldar las de la última década. Dicha información es fundamental en las investigaciones penal y civil contra el emporio del republicano lideradas por la fiscalía de Manhattan y la del Estado de Nueva York por supuestamente inflar de forma fraudulenta el valor de sus activos.
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U.S. Supreme Court justices on Wednesday struggled over whether to let Republican state officials defend an immigration rule crafted by former President Donald Trump’s administration to bar permanent residency for immigrants deemed likely to need government benefits.
The justices heard oral arguments in an appeal by 13 Republican state attorneys general led by Arizona Attorney General Mark Brnovich of a lower court’s ruling that rejected their bid to defend Trump’s rule, which expanded the scope of those considered likely to become a “public charge.”
President Joe Biden’s administration dropped the government’s defense of the policy, prompting the action by the states. The rule took effect in February 2020.
Liberal and conservative justices questioned why the administration rescinded the policy in March 2021 based on a November 2020 decision by U.S. District Judge Gary Feinerman in Illinois ordering it vacated nationwide in another case, rather than undertaking a formal rulemaking process to replace it while it remained in effect.
Justice Elena Kagan suggested that the administration evaded requirements under a U.S. law called the Administrative Procedure Act and expressed doubt that the court should be “green-lighting” such behavior. Chief Justice John Roberts said circumventing that statute “is a pretty big deal.”
‘Not unprecedented’
Some justices noted that presidential administrations often stop defending in court certain policies they oppose.
“It’s very much not unprecedented,” Justice Brett Kavanaugh said.
Biden administration lawyer Brian Fletcher raised some eyebrows when he told the justices that the government does not believe that federal administrative law gives judges the power to set aside policies on a nationwide basis, as Feinerman did in this case — a position aligning with that of the Trump administration.
Justice Neil Gorsuch wondered how that admission should affect the case, given that the Biden administration’s decision to rescind Trump’s rule “is premised on what it admits to be an unlawful order” by Feinerman.
The Supreme Court in a separate dispute is weighing whether to let Kentucky’s Republican attorney general defend a restrictive abortion law in his state that was struck down by lower courts, after its Democratic governor dropped the case.
Biden’s administration six days ago announced a new “fair and humane” public charge rule that it said would avoid penalizing people for seeking medical attention and other services. The fact that a new federal rule already has been devised raises questions about what type of remedy would be available to the state officials even if they win and get to defend Trump’s policy.
Brnovich was joined by officials from Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Oklahoma, South Carolina, Texas and West Virginia.
Past guidelines
U.S. guidelines in place for the past two decades had said immigrants likely to become primarily dependent on direct cash assistance or long-term institutionalization — in a nursing home, for example — at public expense would be barred from legal permanent residency, known as a “green card.”
Trump’s policy expanded this to anyone deemed likely to receive a wider range of even non-cash federal benefits such as the Medicaid health care program, housing and food assistance for more than an aggregate of 12 months over any 36-month period.
The San Francisco-based 9th U.S. Circuit Court of Appeals decided in 2020 that Trump’s policy impermissibly expanded the definition of who counts as a “public charge.” Other courts made similar rulings.
During the time the policy was enforced, the government issued only three denials of admission under it, according to court filings, all of which have since been reversed.
The Supreme Court’s ruling is expected by the end of June.
El Trump International Hotel, en Washington, el 17 de febrero.MICHAEL REYNOLDS (EFE)
Los dos abogados que dirigen la investigación penal de la fiscalía de distrito de Manhattan sobre la Organización Trump, el conglomerado empresarial del expresidente republicano, han renunciado inopinadamente este miércoles, ha informado el diario The New York Times.
Según fuentes cercanas al caso, la renuncia de los dos fiscales, Carey Dunne y Mark Pomerantz, ambos con acreditada experiencia, se produjo después de que el nuevo fiscal de distrito, el demócrata Alvin Bragg, expresara dudas sobre la pertinencia de seguir adelante con el caso contra Donald Trump. La causa de la fiscalía de Manhattan es paralela a otra investigación, por lo civil, que instruye la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La oficina del fiscal del distrito había acusado previamente a la Organización Trump y a su responsable financiero durante décadas, Allen Weisselberg, de 15 delitos graves, a la cabeza de ellos la existencia de una contabilidad fiscal fraudulenta. Trump nunca ha sido imputado, mientras Weisselberg, al que muchos consideran chivo expiatorio sacrificado por la salvación su jefe, se entregó a la justicia la pasada primavera.
Pomerantz confirmó su renuncia al diario neoyorquino y Dunne rehusó pronunciarse sobre el asunto. La investigación de la fiscalía de Manhattan sobre Trump ha permanecido estancada el último mes, en medio de las dudas de Bragg sobre presentar cargos contra Trump; durante este periodo ni Pomerantz ni Dunne han podido interrogar a ningún testigo ante un gran jurado convocado por el predecesor de Bragg en la fiscalía, Cyrus Vance, que se jubiló a finales de 2021.
Los cargos presentados contra la Organización Trump y Weisselberg se centraron en supuestos esquemas de evasión de impuestos. Pero desde entonces, la investigación se ha centrado en averiguar si la Organización Trump y el propio empresario inflaron o desinflaron artificialmente el valor de los activos, incluidas varias propiedades inmobiliarias, para obtener ventajas fiscales y préstamos bancarios con condiciones ventajosas.
La sorprendente renuncia de los dos investigadores, interpretada por las fuentes como una aparente ralentización en la investigación del fiscal de Manhattan, acontece cuando se intensifica la investigación civil paralela por parte de James. Un juez de Manhattan ordenó la semana pasada que Trump y sus dos hijos mayores, Donald Jr. e Ivanka, cumplieran con las citaciones de James para declarar, un extremo al que el republicano se ha opuesto denodadamente.
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También se produce después de que los abogados de Trump y Weisselberg recurrieran a la justicia para que desestimara el caso del fiscal de distrito contra ambos, pues según la defensa de Trump tiene una clara motivación política.
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Una usuaria mira la pantalla de su móvil con el logo de ‘The Truth social’, en una imagen tomada este lunes 21 de febrero.DADO RUVIC (REUTERS)
La nueva red social de Donald Trump, Truth Social (Verdad Social, en español), ha aparecido a última hora del domingo en la App Store de Apple para su descarga, aunque todavía no está operativa para todos los estadounidenses. El expresidente de Estados Unidos continúa bloqueado de las principales plataformas -Twitter, Facebook, Instagram y YouTube- por los mensajes incendiarios que publicó el 6 de enero de 2021 durante el asalto al Capitolio. Las tecnológicas cerraron las cuentas del republicano por considerar que incitaban a la violencia y por esparcir los bulos sobre un supuesto fraude electoral en las presidenciales de noviembre de 2020.
Mientras Trump mantiene en secreto si se presentará nuevamente a la presidencia para 2024, el magnate ha decidido incursionar en el mundo de la comunicación con la empresa Trump Media & Technology Group (TMTG) está detrás de la red social. La empresa que ha recaudado 1.000 millones de dólares en inversiones privadas es dirigida por el excongresista republicano Devin Nunes, que el pasado diciembre dejó su cargo en la Cámara de Representantes para sumarse a los esfuerzos por devolver a Trump un megáfono en las redes sociales. TMTG se fusionará con Digital World Acquisition Corp, una compañía que se dedica a la venta de acciones al público, y que ya está operativa en Nasdaq, el índice bursátil estadounidense de las grandes tecnológicas.
“Debido a la alta demanda, te hemos puesto en la lista de espera. Te amamos, y no eres un número para nosotros, pero tu número en la lista de espera es 219.351″, es el mensaje que ha aparecido a este periódico al abrir la aplicación, que estará completamente operativa a finales de marzo. Esta mañana Truth Social era la aplicación más descargada de la App Store de Apple. “Nuestro objetivo es, y creo que lo vamos a lograr, que a finales de marzo estará en pleno funcionamiento al menos dentro de Estados Unidos”, afirmó este domingo Nunes en el programa de María Bartiromo en Fox News.
El ostracismo de las principales plataformas fue el motor para que Trump buscara una nueva alternativa que lo conectara a sus seguidores. El objetivo de Truth Social es “crear un rival del consorcio de medios progresistas”, dijo el republicano cuando anunció su lanzamiento, “y luchar contra las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que han usado su poder unilateral para oponerse a voces en Estados Unidos”. Ya existen siete nuevas redes sociales que se presentan con la premisa de ser verdaderos espacios para la libertad de expresión, entre ellas Gettr, Parler y Rumble, según un recuento de The New York Times.
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El 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, al demócrata de Maryland Jamie Raskin le esperaban en el Congreso centenares de mensajes de condolencia y las miradas de consuelo de legisladores de ambos partidos. Una semana antes, en la mañana de Nochevieja, fue encontrado en su casa de Takoma Park, al nordeste de Washington, el cuerpo sin vida de su hijo de 25 años, Tommy, junto a una nota de suicidio. Decía: “Os ruego que me perdonéis. La enfermedad venció hoy. Por favor, cuidad por mí los unos de los otros, de los animales y de los pobres del mundo. Con todo mi amor, Tommy”. La enfermedad que ganó la partida al muchacho fue la depresión. Raskin la definió con los ojos húmedos en una entrevista con EL PAÍS como “un grave y solitario problema de salud mental agravado por la pandemia, por la escandalosa irresponsabilidad de Donald Trump en su gestión de la crisis sanitaria y por todo el veneno que este inyectó en nuestro sistema político”.
La suma de ambos traumas, perder a un hijo y estar a punto de perder una democracia, sumieron al congresista, de 59 años, en una “oscuridad impenetrable” de la que, dice, pudo salir gracias al encargo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de liderar el segundo impeachment contra Trump, que no prosperó. Además de consuelo, aquello dio notoriedad a Raskin, y lo convirtió en una suerte de símbolo para quienes en este país creen que la democracia se halla en peligro.
Un año después, es uno de los miembros más destacados de la comisión que investiga en el Congreso los hechos del 6 de enero. Y, tras vivirlos en primera fila, y revivirlos después a través de casi 500 testimonios de personas implicadas, cree estar “cerca de determinar lo que pasó realmente” en una jornada que debía servir de rutinaria certificación del triunfo electoral de Joe Biden y acabó convertida en uno de los episodios más tenebrosos de la democracia estadounidense.
El congresista Jamie Raskin, en primer plano, dirige el equipo de encargados del ‘impeachment’, es decir, el grupo de legisladores que ejercerán la acusación durante el juicio a Trump.JONATHAN ERNST (Reuters)
“Hubo una manifestación masiva que se convirtió en un motín. La convocatoria amparó una insurrección violenta instigada por grupos extremistas: los Proud Boys, los Three Percenters, los First Amendment Praetorians y los Aryan Nations. Vinieron a Washington con el plan de asaltar el Capitolio y eso fue lo que hicieron. Aquello derivó en un golpe”, aclaró Raskin en la entrevista, celebrada a principios de mes, durante un receso de su agitada vida parlamentaria. “Golpe’ es un término inusual en nuestro lenguaje político, porque no tenemos mucha experiencia internamente al respecto, y porque pensamos que normalmente es algo que se monta contra un presidente. Este caso era distinto: fue Trump quien urdió un golpe contra su vicepresidente Mike Pence —a quien exigió que no validara los votos del Colegio Electoral—, y también contra el Congreso. Cuando agotó todas las opciones no violentas, recurrió a la violencia”.
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Raskin acaba de publicar Unthinkable. Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy (que, con el título de Lo imposible, está previsto que publique en septiembre en español el Berg Institute en su Biblioteca Literatura y Derechos Humanos). El libro mezcla la memoria de un duelo personal y familiar con el recuento privilegiado de unas semanas cruciales, que el autor sitúa en el contexto de la historia de Estados Unidos y de las ideas de sus grandes pensadores políticos, de Thomas Paine a William James. Por el camino, se detiene admirativamente en la figura de Abraham Lincoln, en el que pensó repetidamente durante el 6 de enero. “Lo más cerca que anduvimos [de poner nuestra democracia en peligro]”, escribe, “fue a las puertas de la Guerra Civil, en febrero de 1861, pero incluso entonces el recuento electoral de Lincoln no fue interrumpido violentamente”.
Las referencias a la contienda que partió el país en dos son frecuentes en su discurso. ¿Es porque cree, como expresan algunas voces últimamente en Estados Unidos, que podría repetirse una guerra civil? “No a la manera del siglo XIX”, opina. “Aunque si no atajamos la insurrección y la violencia del 6 de enero, corremos el peligro de volvernos mucho más como Irlanda del Norte. Podríamos asistir a una mayor violencia racial, étnica, política e ideológica en determinadas zonas, una violencia que podría manifestarse en las próximas elecciones y en determinados actos públicos”.
Raskin considera el libro como una “carta de amor” a su hijo Tommy, “que acabó convertida también en una carta de amor” a su país. “Hay veces que eliges escribir un libro. Otras, como es el caso, el libro te escoge a ti. Aquellos meses apenas dormía por las noches, así que esto me distrajo”, explicó a EL PAÍS.
Salió elegido como congresista por el condado de Montgomery, el mismo día de noviembre de 2016 en que Estados Unidos escogió a Trump para la Casa Blanca. En lugar de acudir a su inauguración presidencial, Raskin, que en cierto modo se presentó porque daba por hecho el triunfo de Hillary Clinton, organizó una marcha junto a un centenar de simpatizantes por el parque de Rock Creek, pulmón verde de Washington, en vista de la que se les venía encima: “cuatro años de anarquía oficial rampante, crueldad espectacular y narcisismo peligroso”.
Antes, y tras perseguir una carrera académica, había ejercido durante una década como senador en el Parlamento de su Estado, en el que contribuyó a sacar adelante “cien proyectos de ley” de marcado carácter progresista: de la abolición de la pena de muerte al matrimonio igualitario o la despenalización de la marihuana. En Washington, con un partido demócrata atascado por las discrepancias internas (representadas en la figura de los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema), la cosa no es tan fácil. “Hemos hecho mucho [en el primer año de Biden]”, defiende. “Pero también hemos sufrido la frustración de no haber sacado adelante el Build Back Better Plan [ambicioso programa de gasto social, aún pendiente]. Muchos creyeron que estábamos ante una reedición del New Deal. Pero la realidad es otra: puede que tengamos las ambiciones de [el presidente Franklin Delano] Roosevelt, pero desgraciadamente carecemos de sus mayorías”.
“[Los demócratas] tenemos las ambiciones de Roosevelt, pero no sus mayorías”
Ese “momento histórico” es el 6 de enero, que el congresista reconstruye con extraordinario detalle en su libro. Acudió al Capitolio al día siguiente del entierro de Tommy, a quien define como “el mejor alumno y el mejor profesor”, además de como su “mejor amigo” y “la persona más graciosa que pueda imaginarse”. Tabitha, la pequeña de sus hijas, fruto de su matrimonio con Sarah Bloom Raskin (abogada y exsubsecretaria del Tesoro, que ahora se halla en el centro de una polémica por su designación para la Reserva Federal, a la que los republicanos se oponen por sus opiniones sobre el cambio climático) le desaconsejó que fuera al Congreso. Y como el padre desoyó el consejo, esta decidió acompañarlo. Hank, pareja de Hannah, la otra hija del congresista, también se apuntó. Cuando empezó el asalto, a Raskin lo evacuaron junto al resto de legisladores a una dependencia remota del laberíntico complejo del Capitolio. Tabitha y Hank se ocultaron durante tres horas en la oficina del líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, representante también por Maryland.
Partidarios de Donald Trump en pleno taque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Shafkat Anowar (AP)
A la pregunta de qué resultados cabe esperar de la investigación del 6 de enero, el congresista responde: “Lo mejor que podría pasar es que logremos contar la historia completa y detallada y que, como consecuencia de esas revelaciones, el Partido Republicano reniegue de de Trump, lo instale en la infamia, y este pierda toda capacidad de dañar a la república estadounidense. Ahora bien, lo más probable es que demos a conocer el resultado de nuestras investigaciones, que Trump retome su control sobre el partido, y que exija a todos que le juren fidelidad. Si eso sucede, espero que millones de estadounidenses abandonen el partido”.
Lo mejor que podría pasar con la comisión del seis de enero es que las revelaciones hagan que los republicanos renieguen de Trump
En su anteúltima declaración explosiva, el expresidente dijo en un comunicado hace un par de semanas que estaba en la mano de Pence “anular los resultados electorales”. Raskin respondió entonces que, a su juicio, esa declaración facilitaba el trabajo del comité, porque delataba la implicación del magnate en la comisión de un delito. “Para empezar, porque Pence carecía de ese poder”, aclara el congresista a EL PAÍS. “Es pronto para saber si Trump volverá a presentarse en 2024. La Decimocuarta Enmienda establece que cualquiera que haga un juramento a nuestra Constitución y viole ese juramento participando en una insurrección queda inhabilitado para ocupar un cargo federal o estatal. Esa norma se promulgó tras la guerra de Secesión. Yo creo que cabría aplicarla en este caso, pero, como es lógico (y por suerte), estamos poco familiarizados con esa enmienda. Es obligación del comité ver cómo podría aplicarse”.
Y él, ¿se plantea, ahora que ha alcanzado notoriedad nacional, lanzarse a una carrera demócrata hacia la Casa Blanca? “No, no lo sé. Cuando era joven, probablemente tenía mucha más ambición que ahora. Siempre les digo a los jóvenes que es bueno tener ambición personal, pero que esa ambición debe estar conectada con la ambición pública. Yo, personalmente, tengo mucha ambición pública y mucha ambición para mi sociedad. No tanta para mí, y menos aún en estos días en los que extraño tanto a Tommy. Ha sido un año difícil para nosotros”.
Para honrar su memoria, los Raskin han promovido una docena de proyectos, de iniciativas legislativas para atajar la crisis de salud mental a premios para jóvenes activistas o programas de becas y ciclos de conferencias.
A New York State Supreme Court judge on Thursday ruled that former President Donald Trump and his two oldest children will have to submit to questioning by the state’s attorney general in a civil investigation into potential fraud at the Trump Organization.
Attorneys representing Trump, his son Donald Trump Jr. and his daughter Ivanka Trump had moved to have subpoenas for their testimony canceled. They contended that it was improper for New York Attorney General Letitia James to be pursuing both a civil and a criminal investigation at the same time. James is cooperating in a criminal case that was brought by the district attorney of Manhattan.
Judge Arthur Engoron said that the Trumps’ legal argument “completely misses the mark” and that the attorney general was within her rights to demand testimony from Trump and his children.
However, while the name of the court on which Engoron sits, the Supreme Court of the state of New York, seems to suggest the ruling’s finality, the outcome is not so certain. The state of New York has two levels of judicial review that are above the Supreme Court — first the Appellate Division of the Supreme Court, and finally the Court of Appeals.
This means that the Trumps have the right to appeal Engoron’s ruling, something their attorneys signaled Thursday that they planned to do.
FILE – Michael Cohen, a former attorney to President Donald Trump is seen outside his apartment building, in New York, May 6, 2019.
Case background
The case James is pursuing against Trump has its roots in revelations dating to the closing days of the Trump presidency, when Trump’s former personal attorney, Michael Cohen, testified before Congress that he was aware of financial irregularities in the Trump Organization’s bookkeeping.
Specifically, Cohen alleged that Trump and Allen Weisselberg, the chief financial officer of the Trump Organization, systematically under-reported the value of the company’s assets when disclosing them for tax purposes, in order to minimize the firm’s tax liability. Additionally, Cohen said, they would overstate the value of the same assets when pledging them as collateral for bank loans and other financial transactions.
Last month, James submitted a filing to the court listing multiple instances in which the Trump Organization had provided information to different parties in different transactions that was contradicted elsewhere.
In the same filing, James referred to testimony from Weisselberg indicating that Trump kept paper records of his financial transactions, but despite requests from her office, none of those records had been disclosed to investigators.
A raucous hearing
The judge’s ruling on Thursday followed a hearing Wednesday in which the attorney representing Donald Trump, Alina Habba, complained that the investigation was political in nature and ought to be shut down.
More than once, Habba had to be warned to stop interrupting Engoron when he was speaking, and she was also criticized for directly addressing Kevin Wallace, an attorney working for James’ office, a breach of courtroom protocol.
“I want to know, Mr. Wallace, Ms. James, are you going to go after Hillary Clinton for what she’s doing to my client?” Habba demanded at one point. “That she spied at Trump Tower in your state? Are you going to look into her business dealings?”
Habba was referring to a debunked claim that former Secretary of State Hillary Clinton had somehow conspired to spy on Trump while he was president.
FILE – New York Attorney General Letitia James acknowledges questions from journalists at a news conference, in New York, May 21, 2021.
Unsparing ruling
The claims from Trump’s attorney that James’ investigation has a political taint are based pledges she made as a candidate running for attorney general. James regularly promised to investigate Trump’s business dealings.
In his ruling, Engoron acknowledged that fact, but said that in his view, the significant evidence suggesting potential wrongdoing by the Trump Organization meant that failing to mount an investigation “would have been a blatant dereliction of duty” on James’ part.
“Indeed, the impetus for the investigation was not personal animus, not racial or ethnic or other discrimination, not campaign promises, but was sworn congressional testimony by former Trump associate Michael Cohen that respondents were ‘cooking the books’” he wrote.
Engoron also dismissed the claim by attorneys representing the Trumps that, by forcing them to testify in a civil case, the attorney general would be collecting statements that could be used against them in the criminal probe.
Engoron noted that the Trumps would retain their “absolute right” under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution to refuse to answer any questions that they feel might incriminate them. He reminded them that a third Trump child, Eric Trump, had invoked his right more than 500 times in testimony provided in the same case.
Trump, James respond
After the ruling was issued Thursday, Trump issued a rambling statement that repeated the claim that Clinton had spied on him while he was in the White House, attacked James for comments she made about him during her run for office, and insisted there was no basis for either her civil case or the criminal case being pursued by the Manhattan district attorney.
“It is a continuation of the greatest Witch Hunt in history—and remember, I can’t get a fair hearing in New York because of the hatred of me by Judges and the judiciary. It is not possible!” Trump wrote.
“Today, justice prevailed,” James said in a statement released by her office.
It continued, “No one will be permitted to stand in the way of the pursuit of justice, no matter how powerful they are. No one is above the law.”
A federal judge on Friday rejected efforts by former President Donald Trump to toss out conspiracy lawsuits filed by lawmakers and two Capitol police officers, saying in his ruling that the former president’s words “plausibly” led to the Jan. 6, 2021, insurrection.
U.S. District Court Judge Amit Mehta said in his ruling that Trump’s words during a rally before the violent storming of the U.S. Capitol were likely “words of incitement not protected by the First Amendment.”
“Only in the most extraordinary circumstances could a court not recognize that the First Amendment protects a president’s speech,” Mehta wrote. “But the court believes this is that case.”
The order is the latest example of growing legal peril for the former president. Just hours earlier, the National Archives said records found at Trump’s Mar-a-Lago resort contained classified information and that it had notified the Justice Department.
On Thursday, a judge in New York ruled that Trump and two of his children must answer questions under oath in New York state’s civil investigation into his business practices. Another judge ordered that his company’s financial chief be subjected to questioning in another probe by the District of Columbia attorney general’s office. And earlier this week, the firm that prepared Trump’s annual financial statements said the documents, used to secure lucrative loans and burnish Trump’s image as a wealthy businessman, “should no longer be relied upon.”
During a planned rally on the Ellipse just hours before Congress was to certify the results of the 2020 presidential election, Trump told his supporters to “Fight like hell and if you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore.” He said, “(We’re) going to try to and give (weak Republicans) the kind of pride and boldness that they need to take back our country,” and then told the crowd to “walk down Pennsylvania Avenue.”
Mehta said Trump’s speech could have directed people to break the law. But the judge dismissed similar charges made against Trump’s son Donald Trump Jr. and lawyer Rudy Giuliani, saying their speech was protected by the First Amendment. Mehta did not yet rule on another motion to dismiss from Alabama Republican Rep. Mo Brooks, also named in the suits.
The lawsuits, filed by Rep. Eric Swalwell, D-Calif., officers James Blassingame and Sidney Hemby and initially by Rep. Bennie Thompson, D-Miss., argued that Trump, Trump Jr., Giuliani and Brooks made “false and incendiary allegations of fraud and theft, and in direct response to the Defendant’s express calls for violence at the rally, a violent mob attacked the U.S. Capitol.”
Thompson later dropped out of the lawsuit when he was named to lead the Select Committee investigating the Jan. 6 insurrection. The NAACP continued in his stead.
The lawsuits cite a federal civil rights law that was enacted to counter the Ku Klux Klan’s intimidation of officials. They spell out in detail how the Trumps, Giuliani and Brooks spread baseless claims of election fraud, both before and after the 2020 presidential election was declared and charged that they helped to spin up the thousands of rioters before they stormed the Capitol. Five people died as a result of the violence on Jan. 6, including a U.S. Capitol Police officer.
They have all denied the allegations.
Mehta said Trump’s efforts to dismiss the case ignored the theory that his words sparked what followed, but that argument was plausible.
“In this one-of-a-kind case, the First Amendment does not shield the president from liability,” Mehta wrote.
Classified information was found in the 15 boxes of White House records that were stored at former President Donald Trump’s Mar-a-Lago residence, the National Archives and Records Administration said Friday in a letter that confirmed the matter had been sent to the Justice Department.
The letter from the agency followed numerous reports about Trump’s handling of sensitive and even classified information during his time as president and after he left the White House. The revelation could also interest federal investigators responsible for policing the handling of government secrets, though the Justice Department and FBI have not indicated they will pursue the case.
Federal law bars the removal of classified documents to unauthorized locations, though it is possible that Trump could try to argue that, as president, he was the ultimate declassification authority.
No matter the legal risk, it exposes him to charges of hypocrisy given his relentless attacks during the 2016 presidential campaign on Democratic opponent Hillary Clinton for her use of a private email server as secretary of state. The FBI investigated but ultimately did not recommend charges.
Trump recently denied reports about his administration’s tenuous relationship with the National Archives, and his lawyers said that “they are continuing to search for additional presidential records that belong to the National Archives.”
Social media records not preserved
The letter from the archivists in response to the House Committee on Oversight and Reform, which is investigating, also details how certain social media records were not captured and preserved by the Trump administration. And it also says that the agency learned that White House staff frequently conducted official business using unofficial messaging accounts and personal phones.
Those staff did not copy or forward their official messaging accounts, as required by the Presidential Records Act, the letter said.
The letter also reveals that additional paper records that had been torn up by the former president were among those transferred to the National Archives.
“Although White House staff during the Trump administration recovered and taped together some of the torn-up records, a number of other torn-up records that were transferred had not been reconstructed by the White House,” the letter said.
Lawmakers are also seeking information about the contents of the boxes recovered from Mar-a-Lago, but the agency cited the records act as holding them back from divulging.
FILE – Rep. Carolyn Maloney, D-N.Y., chair of the House Oversight Committee, speaks during a hearing on Capitol Hill in Washington, March 11, 2020.
Representative Carolyn Maloney, D-N.Y., the chairwoman of the Oversight Committee, said in a statement Friday that “these new revelations deepen my concern about former President Trump’s flagrant disregard for federal records law and the potential impact on our historical record.”
She added, “I am committed to uncovering the full depth of the Presidential Records Act violations by former President Trump and his top advisers and using those findings to advance critical reforms and prevent future abuses.”
House investigators will be looking to see if Trump’s actions, both during his presidency and after, violated the Presidential Records Act, which was enacted in 1978 after former President Richard Nixon wanted to destroy documents related to the Watergate scandal.
The law mandates that presidential records are the property of the U.S. government, rather than the president himself. A statute, punishable by up to three years in prison, makes it a crime to conceal or intentionally destroy government records.
