Francia Márquez le ganó a Camilo Romero, a Alex Char y al mismo Sergio Fajardo, ya con recorrido de camino a la Casa de Nariño.
Francia Márquez, quien incluso decidió votar en su tierra Suárez, se ha convertido en todo un fenómeno, e iría rumbo a la Vicepresidencia de Colombia.
Noticias Cauca.
Francia Márquez, la lideresa que salió de su comunidad en el Cauca por amenazas, ganó un nobel ambiental que le valió reconocimiento nacional e internacional, y que ha llegado este 13 de marzo a una consulta interpartidista a romper con los esquemas de maquinarias electorales, se ganó a pulso casi 800 mil votos.
739 mil votos y aunque quedan mesas por escrutar.
Le ganó a Camilo Romero, a Alex Char y al mismo Sergio Fajardo, ya con recorrido de camino a la Casa de Nariño.
Gustavo Petro, con quien se medía en la consulta por el Pacto Histórico obtuvo más de 4 millones de votos, pero Márquez se ha quedado con casi 800 mil.
Una fenómeno
Casi 800 mil votos, una cifra nada despreciable para quien aunque tenía el apoyo del Polo, no cuenta con grandes maquinarias.
En Cauca no ganó Márquez, pero sí recibió apoyo.
En la capital caucana, la formula de coalición fue Petro -Marquez.
El exalcalde de Bogotá y exsenador, ganó en el suroccidente colombiano; en el Valle del Cauca en casi todo el departamento, en Nariño igual y en el Cauca también, pero en Suárez, a Márquez la apoyaron.
En su tierra, a la lideresa la respaldaron.
«Aquí vine a mi tierra a encontrarme con mi gente», dijo este domingo desde Suárez, esa tierra golpeada por el conflicto armado, el casi olvido estatal y otros problemas sociales, de la que salió por amenazas pero donde creen, ella podría llevar algún cambio desde el gobierno central en Bogotá.
Nacida en 1982, en la vereda de Yolombó, perteneciente al corregimiento La Toma, Márquez, quiere que el país mire al Cauca.
Si bien pueda que por ahora no como presidenta porque desistiría de la candidatura para respetar el Pacto Histórico, la Vicepresencia en fórmula con Petro sería la opción.
Hoy @FranciaMarquezM, sin haber desempeñado cargos públicos, le está ganando a:
Un ex Alcalde de Medellín Un ex Gob. de Boyacá Un ex Ministro de Salud Cuatro senadores Un ex Alcalde de Barranquilla y ex Gob. del Atlántico Un ex Gob. de Nariño Un ex Alcalde de Bogotá
La cumbre europea extraordinaria celebrada este jueves en Bruselas ha lanzado una batería de sanciones sin precedentes contra Rusia como castigo a una invasión de Ucrania que, a juicio de los dirigentes europeos, marca un antes y un después en la relación con Moscú y en la historia del Viejo Continente. Las represalias pactadas pretenden aislar la economía rusa del resto del mundo y suponen un golpe brutal a las principales entidades financieras del país agresor y al entramado industrial y militar que sostiene al régimen de Vladímir Putin. Casi ningún sector estratégico quedará a salvo del impacto en Rusia. Bancos, empresas de defensa y aeroespacial, constructoras de infraestructuras, grandes compañías de transporte y logística o aerolíneas perderán o verán limitado el acceso a los mercados europeos de financiación y sufrirán la prohibición de adquirir tecnología y componentes esenciales para su modernización.
Entre las medidas contempladas, figura que las compañías públicas rusas no podrán a salir a Bolsa en Europa y los grandes magnates no podrán abrir cuentas en los bancos europeos, según un borrador del documento de sanciones al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se ampliará además la lista negra que impide viajar a la UE y condena a la congelación de los bienes en territorio comunitario para incluir a los oligarcas más próximos a Putin, que hasta ahora se habían librado de toda represalia por no tener una implicación directa en las repetidas agresiones del ejército ruso contra algunos de sus vecinos.
El castigo de la UE, concertado con países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Noruega, busca dañar gravemente la economía rusa. Pero el objetivo final es someter a Putin a una pinza de descontento y protesta por parte de una población que sufrirá las consecuencias más dolorosas y de una oligarquía que verá drásticamente reducido su potencial de enriquecimiento a costa del régimen. La falta de libertades permite al mandatario ruso reprimir a la opinión pública. Pero Bruselas confía en que el sufrimiento a largo plazo y la posible revuelta de una élite frustrada acaben erosionando a un presidente que controla el país desde hace 22 años y ha reformado la Constitución para atrincherarse en el Kremlin al menos hasta 2036.
“Estas medidas incluyen amplias sanciones financieras y estrictos controles a la exportación que tendrán un profundo impacto en la economía, el sistema financiero y el acceso a la tecnología punta”, asevera el borrador. El objetivo, prosigue el texto, es imponer “graves costes a las principales instituciones financieras rusas” que “aislarán aún más a Rusia del sistema financiero mundial”.
Los líderes se citaron a las ocho de la tarde del jueves en Bruselas y prolongaron la discusión hasta la madrugada del viernes, en un encuentro sin teléfonos y a puerta cerrada. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha participado brevemente por videoconferencia, de forma emotiva y vestido con camiseta de color caqui, para reclamar ayuda al bloque comunitario, a medida que avanzaban las tropas rusas en su país y crecía su sensación de aislamiento. El presidente ucranio se mostraba después decepcionado. “Nos han dejado solos para defender nuestro Estado”, ha dicho Zelenski en un vídeo publicado en la cuenta presidencial, según ha recogido la agencia France Presse. “¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo”, ha lamentado.
Varios dirigentes europeos también han expresado durante el encuentro la necesidad de ir aún más allá con las sanciones, reclamando medidas drásticas como sacar a Rusia del sistema SWIFT de transacciones financieras, algo que finalmente se ha descartado, al menos de momento, con países como Alemania en contra, según fuentes conocedoras de la negociación. “Veremos cómo evoluciona la situación [en Ucrania], pero estamos dispuestos a ir más lejos”, ha asegurado una fuente comunitaria presente en las negociaciones de los dirigentes, que ha subrayado que tanto el primer como el segundo paquete de sanciones han sido aprobados en 24 horas. “Y ya estamos pensando en el tercero”. Entre las opciones para ir más allá también se contempla cercar aún más al círculo de oligarcas próximo a Putin. E incluso al propio Putin. La idea de los Veintisiete es guardarse ases en la manga porque se pisa un territorio ignoto, con escenarios apenas imaginables hace unos días, y cuyo desenlace resulta oscuro e impredecible.
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“Es una primera respuesta”, ha asegurado el presidente francés, Emmanuel Macron, en una comparecencia al término de la cumbre, a las dos y media de la madrugada, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Cariacontecido, Macron ha explicado su último intento de frenar a Putin a través de una infructuosa llamada telefónica este jueves. El intercambio, a petición de Zelenski, ha sido “franco, directo y rápido” para pedirle que frene lo antes posible los combates. “No ha producido efectos, como ven, por el momento”, ha dicho con gesto grave. “El presidente ruso ha elegido la guerra”.
La batería de medidas finalmente adoptada ataca a dos de los principales bancos del país (Alfa Bank y Bank Otkritie), según el citado borrador, un zarpazo que se suma a la sanción ya impuesta en el primer golpe de esta semana a otras tres instituciones —Bank Rossiya, Promsvyazbank y VEB—, y prohíbe también nuevas salidas a Bolsa de compañías estatales rusas en parqués de la UE. También corta el flujo financiero con el bloque comunitario de compañías del Estado ―como Almaz-Antey, Kamaz, Rostec o Russian Railways― presentes en sectores vinculados a la capacidad militar, como el aeroespacial, el naval, el de automoción y el armamentístico.
El azote financiero afectará “al 70% del mercado ruso de la banca”, ha asegurado Von der Leyen en la comparecencia. El paquete, ha añadido, “tendrá máximo impacto en la economía rusa y la élite política”.
Las sanciones previstas también cercan por primera vez de forma tangencial a la oligarquía rusa, al prohibir que ciudadanos o personas jurídicas de este país puedan abrir nuevos depósitos bancarios superiores a 100.000 euros en la UE, “por lo que repercute claramente en la élite rusa”, asevera el borrador, una medida, añade, coordinada con Suiza. Y se impone además una prohibición de exportaciones de la UE a Rusia en el sector energético, impidiendo el comercio de equipos y tecnología europeos necesarios para la modernización de las refinerías rusas. Elementos “únicos y que no pueden ser sustituidos”, según Von der Leyen, por lo que acabará afectando en el medio plazo a un sector que aporta 24.000 millones de euros al país. Se toma idéntica medida en el sector aéreo y aeroespacial restringiendo la exportación de aeronaves y piezas y tecnología claves.
Con el nuevo paquete, que aún deberá ser formalmente adoptado, algo que está previsto a lo largo de este viernes, la UE quiere restringir además la exportación de productos de doble uso militar y civil y de otros productos de tecnología avanzada con decenas de usuarios finales en Rusia vinculados al sector militar, incidiendo así sobre sectores que puedan ayudar, directa o indirectamente, a mejorar la capacidad militar y tecnológica de Rusia. Esta medida se aplicaría, según el borrador, “a todos los usuarios finales de artículos de los siguientes sectores: electrónica, informática, telecomunicaciones y sensores y láseres, aplicaciones marinas”.
Las sanciones también azotan a nuevos grupos de individuos, a los que se prohíbe viajar a la UE y cuyos bienes en el bloque comunitario quedan congelados, entre los que destacan ciudadanos bielorrusos del ámbito militar y del Ministerio de Defensa que hayan “facilitado la invasión de Ucrania”, según el borrador. Y estas medidas se hacen extensivas a todos los miembros de la Duma (el Parlamento ruso), más allá de los 351 parlamentarios que habían sido castigados con el primer tramo de sanciones, y a miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia.
Los Veintisiete se reservan todavía la posibilidad de endurecer el golpe, pero están convencidos de que pueden desestabilizar a Putin con esta segunda batería de sanciones, después de la aprobada el miércoles tras el reconocimiento de la independencia de las provincias separatistas del Donbás por parte de Moscú. Pero algunos países de la UE creen que la sacudida no es suficiente y que el presidente ruso dispone de recursos financieros suficientes para sostenerse en el poder. A ello se añaden los resortes políticos que han impuesto en su entorno un régimen de terror que Putin se ha cuidado de escenificar: el vídeo editado de la última reunión del consejo ruso de seguridad antes del ataque a Ucrania mostró a unos altos cargos totalmente sometidos a la autoridad del presidente. Y Putin ni siquiera se ahorró difundir la humillación en público al jefe de sus servicios de espionaje en el exterior, balbuciente y atemorizado ante el interrogatorio de un presidente que dudaba de su alineamiento con la posición oficial del Kremlin.
Carlos Luis Revette (derecha), conocido como El Koki, fue asesinado el pasado 8 de febrero, en Caracas.RR SS
Nadie fue a buscar el cadáver de El Koki a la morgue de Caracas. El cuerpo del delincuente más buscado en Venezuela fue trasladado por la policía antes del mediodía del 8 de febrero desde Las Tejerías, el poblado rural donde fue emboscado, al borde de la autopista que conecta el centro y occidente del país. Rápidamente el Gobierno ordenó hacer una “cremación controlada”, pese a que la ley obliga a enterrar a quienes son asesinados para resguardar evidencias en posteriores averiguaciones. Cuando un familiar se atreva a aparecer, si aparece, le entregarán una caja de cenizas.
La discreción y las lagunas de información sobre la muerte de El Koki contrastan con una vida de fiestas, derroche de disparos para desafiar a las fuerzas de seguridad y muchas selfies. Carlos Luis Revette, asesinado a los 44 años, construyó su propia leyenda en un país donde a los delincuentes muertos se les despide en un caótico y peligroso cortejo fúnebre que suele embotellar la ciudad y se les rinde culto dentro de una rama del espiritismo. En el Cementerio General del Sur, parte del territorio que controlaba su banda, hay un altar de la llamada corte malandra, donde un tal Ismael con gorra, lentes y pistola en el cinto rige esta fe a la que se aferran los que tienen problemas con la justicia. Está por verse si El Koki entrará en esos altares.
El año pasado el Gobierno de Nicolás Maduro abonó material a la leyenda en un intento por convertirlo en un objetivo político, pese a que en al menos dos oportunidades pactó una tregua con su banda, según investigaciones de Insight Crime. Una selfie en la que El Koki aparecía con una supuesta camisa del partido Primero Justicia bastó para que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo declarara un agente de la oposición y le pusiera precio a su cabeza: 500.000 dólares. Siete meses después, la policía que durante años lo dejó reinar en la Cota 905 finalmente lo encontró.
Maduro ha dicho en una alocución de esta semana que El Koki fue armado, entrenado y financiado por el Gobierno colombiano de Iván Duque, una tesis recurrente en la narrativa chavista. El mandatario aseguró que su regreso desde la clandestinidad en la estuvo los últimos meses tendría como objetivo instalar “una base paramilitar” en la zona donde fue asesinado.
Durante los enfrentamientos del pasado mes de julio, en los que el oeste de Caracas vivió cuatro días de zozobra, también circuló una foto en la que aparecía con camiseta blanca y cadena de oro con su nombre. Así el delincuente aclaraba el mundo que su apodo era “Koki” y no “Coqui”, como la prensa y la policía lo identificaban hasta entonces. Pero hay más selfies en esta historia.
Miembros de la Unidad de Operaciones Tácticas, durante un operativo para capturar a El Koki, en el barrio Cota 905, el 9 de julio de 2021. Ariana Cubillos (AP)
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En los tiroteos que comenzaron el domingo pasado y paralizaron el tránsito en la autopista Regional del Centro durante siete horas, la policía encontró un celular que supuestamente pertenecía al delincuente. Una última selfie encontrada en ese teléfono, en la que aparecía con la misma camiseta blanca, pero con el cabello más largo y una barba de pocos días, fue la confirmación de que Revette se había refugiado en esas montañas gracias a sus alianzas con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo. Esa fue la pista para encontrarlo y darlo de baja, según las versiones policiales.
Después de esta imagen, es la foto de su cadáver en una mesa de autopsias la que se ha viralizado en las redes sociales esta semana como máxima prueba de que el Gobierno logró su objetivo ante la desconfianza generalizada con las autoridades. En su propio barrio no creían que El Koki hubiera muerto, reseñó un medio local.
Hitos de criminalidad
“La historia de El Koki es la de la evolución del crimen organizado en Venezuela y la letalidad policial”, dice la periodista Ronna Rísquez, que ha seguido de cerca la pista a las megabandas en el país. La organización que comandó El Koki a partir de 2015, cuando su antiguo líder alias El Chavo fue asesinado, acumula varios hitos en la criminalidad. Fueron los primeros en construir alianzas sólidas con bandas de territorios vecinos y compartir los negocios, una estrategia que permitió sumar hombres —más de 120 llegó a comandar El Koki— y poder de fuego, similar y a veces superior al de las fuerzas de seguridad.
Los enfrentamientos entre bandas, que en la primera década de los 2000 llenaban las páginas de sucesos de los periódicos, disminuyeron tras estas asociaciones. La paz criminal se impuso en territorios que el Estado abandonó por completo. “Estas bandas lograron ponerse de acuerdo en que su enemigo iba a ser la policía y no las otras agrupaciones” dice Rísquez, también coordinadora de Monitor de Víctimas, una plataforma de datos que documenta la violencia en la ciudad, iniciativa del medio Runrunes y la ONG Caracas Mi Convive.
La banda de El Koki también fue de las primeras agrupaciones en cobrar secuestros en dólares, mucho antes de que Venezuela se dolarizara, recuerda la periodista. En 2015 estuvo bajo su cautiverio la hija del comisario Luis Ramón Torcat, entonces director de Interpol en Venezuela. En ese momento figuraban como una de las principales agrupaciones dedicada a este delito con un método particular. “Dividían a sus hombres en pequeños grupos y un mismo día podían hacer ocho secuestros, algo que desbordaba a la policía. No estudiaban a las víctimas como otras bandas de secuestradores, sino que buscaban la oportunidad”. Además del secuestro, la banda se dedicaba al tráfico de drogas, la extorsión a comerciantes de la zona y el robo de vehículos, por los que también pedían rescate en dólares.
Carteles de búsqueda de miembros de la banda criminal de El Koki.LEONARDO FERNANDEZ VILORIA (Reuters)
La banda tenía sus métodos para deshacerse de sus enemigos. Lanzaban los cuerpos por un bajante de basura que desembocaba en los túneles de una autopista de Caracas. En las calles de la Cota 905 —custodiadas por la policía desde la incursión de julio pasado de la que se fugaron El Koki y sus lugartenientes— todavía recuerdan cuando quemaron a una mujer que supuestamente delató a uno de sus miembros.
La banda controlaba la vida de la comunidad y el reparto de las bolsas de comida del Clap, el programa de reparto de alimentos del chavismo. Había calles cerradas de las que solo los miembros tenían llave. Quienes se mudaban del barrio, debían contar con la aprobación de El Koki sobre a quién venderían su casa. En ocasiones, y según la ubicación estratégica de la vivienda, la banda las compraba para incorporarlas a su fortaleza de defensa. También fueron conocidos por las fiestas. Al menos tres videos en YouTube documentan las multitudinarias reuniones que la banda organizaba en una cancha del barrio con DJ, cantantes de salsa y reguetoneros.
Revette nunca estuvo en la cárcel, pero con sus socios Garbis Ochoa, alias El Garbis, y Carlos Calderón, alias Vampi, adoptaron la estructura organizativa de la banda a los penales venezolanos, en las que hay un “pran”, que es el jefe, al que le siguen sus lugartenientes, luceros y gariteros, como anillos de seguridad. “Esta jerarquía les permite mantenerse aunque el líder ya no esté”, apunta Rísquez, lo que da cabida a una posible reagrupación después de su muerte, sobre todo porque los otros dos cabecillas no han sido atrapados.
Letalidad policial
En los predios de El Koki se estableció la primera zona de paz en Caracas. Este fue un acuerdo de bajo perfil que promovió el Gobierno de Maduro en 2013 para intentar pacificar a las pandillas. Les daban financiamiento para actividades lícitas a cambio de que la policía no entrara en sus territorios, lo que terminó consolidando su poder.
El Gobierno buscó como antídoto las llamadas OLP (Operación de Liberación del Pueblo), violentas incursiones de fuerzas de seguridad combinadas en una búsqueda indiscriminada de delincuentes en barrios pobres de la ciudad, en las que murieron inocentes, se allanaron viviendas sin órdenes judiciales y la policía también robó enseres, según denuncias de varias ONG que apoyan a las víctimas. El primero de estos operativos policiales se hizo precisamente en la Cota 905 del Koki, durante sus primeros meses de gobierno criminal, en julio de 2015. Un informe de la Misión Independiente de la ONU concluyó que la colaboración de funcionarios policiales le permitió huir a tiempo de esta primera emboscada.
Vista de la Cota 905, el barrio donde operaba El Koki en Caracas, en 2021.Ariana Cubillos (AP)
La suma de todos estos operativos son parte del expediente de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos que se ha abierto contra Venezuela. Las OLP marcaron un hito en el aumento de la letalidad policial en Venezuela como respuesta al poder que adquirieron las bandas con las zonas de paz y se mantienen bajo otros nombres. A finales de enero, el Monitor del Uso de la Fuerza Letal, integrado por seis universidades y cuatro centros de investigación de la región, señaló en un informe que Venezuela es uno de los países con mayor letalidad policial tras una comparación que incluyó a Colombia, Chile, México, Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil y El Salvador. Las muertes en manos de los cuerpos de seguridad equivalen a un tercio de todos los homicidios en Venezuela.
El Tren de Aragua y sus sucursales
El Koki murió fuera de su territorio, en Las Tejerías, la zona controlada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, que lidera una banda que funciona como una célula —algunos las llaman franquicias— del Tren de Aragua, la más poderosa del país y que, según el seguimiento que ha hecho la periodista Ronna Rísquez, ha ganado terreno donde el Gobierno ha desmantelado otras. Esta agrupación comandada desde la cárcel de Tocorón, en el Estado Aragua, ya tiene ramificaciones en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile y Bolivia.
A raíz de la migración, la trata de migrantes abrió un nuevo negocio, y permitió la expansión internacional. El Tren de Aragua, de acuerdo a una investigación coordinada por Rísquez y publicada esta semana, tiene incidencia hasta en el fichaje de prospectos de beisbol (jugadores que tienen potencial para jugar en las grandes ligas de EE UU), a través de la extorsión a las academias, a las que exigen una comisión sobre los millonarios contratos.
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Los escasos diputados que asistieron al pleno para elegir al presidente de la República de Irak, el lunes en Bagdad.IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICE (VIA REUTERS)
El Parlamento de Irak fracasó el lunes en elegir un nuevo presidente del país dentro del plazo que marca la Constitución. El boicoteo de los principales partidos impidió el quórum, abriendo la puerta a un peligroso vacío político. Para evitarlo, la Asamblea ha lanzado una nueva convocatoria para que a partir de este miércoles se presenten candidatos a la jefatura del Estado.
Los aspirantes disponen ahora de tres días para inscribir sus nombres, aunque el Parlamento no ha fijado la fecha de la nueva votación. De hecho, debería haberse producido en un plazo máximo de 30 días tras la elección del presidente de la Cámara, que se llevó a cabo el pasado 9 de enero. A la convocatoria inicial se presentaron 25 candidatos, entre los que destacaban el actual presidente, Barhim Salih, y el exministro de Exteriores Hoshyar Zebari.
Lo ocurrido es sorprendente incluso para la habitualmente enmarañada política iraquí. “No estamos ante un vacío constitucional, sino en un estado de violación deliberada de los términos y plazos constitucionales”, ha tuiteado Dlawer Ala’Aldeen, presidente del centro de estudios Middle East Research Institute (MERI). El analista acusa a los dirigentes de “improvisar e inventar reglas del juego para acomodar sus agendas políticas”.
We are not in a state of Constitutional vacuum. We are in a state of deliberate & habitual violation of constitutional lines & deadlines.
In the absence of Rule-of-Law, institutional leaders improvise & invent rules of the GAME to suit political agendas. pic.twitter.com/pRUwh991rn
La inutilidad de la sesión parlamentaria del lunes se intuyó desde el sábado anterior, cuando Múqtada al Sadr, el líder del grupo que obtuvo un mayor número de diputados en las elecciones de octubre, pidió a los suyos que no acudieran al hemiciclo. Aunque los sadristas solo cuentan con 73 de los 329 escaños, enseguida se les sumaron otros grupos aliados. Apenas 58 legisladores asistieron al pleno. Para elegir al jefe del Estado, la Constitución exige la presencia de dos tercios de los miembros de la Cámara, con lo que el procedimiento quedó bloqueado.
El proceder de Al Sadr, un clérigo populista chií con ambiciones de hombre de Estado, se debe a los desacuerdos con otros partidos para la formación del nuevo Gobierno. Es en parte una lucha intrachií. Los grupos del bloque proiraní a los que los sadristas superaron en las elecciones no terminan de encajar el quedarse fuera del Gobierno. No obstante, tampoco las otras comunidades iraquíes están exentas de responsabilidad en el rifirrafe.
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Bajo el sistema de gobierno pactado tras el derribo de Sadam Husein en 2003, los iraquíes acordaron que el jefe del Ejecutivo sería un miembro de la mayoría árabe chií; el presidente del Parlamento, un árabe suní; y el jefe del Estado, un kurdo. Sin embargo, los kurdos han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre su candidato a la presidencia de la República.
Hasta ahora un pacto entre la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK) y el Partido Democrático Kurdo (PDK) establecía que el primero ostentaba la jefatura del Estado y el segundo lideraba la región autónoma del Kurdistán iraquí. Pero en las elecciones del año pasado, el PDK barrió a la UPK y le dio alas para apostar por Zebari frente a la reelección de Salih que apoya su rival.
Fuentes sadristas han dicho que el boicoteo a la votación presidencial por parte de su grupo era “un mensaje a los kurdos, y en particular al PDK, para que se pongan de acuerdo en un candidato único”.
El proceso se complicó aún más el domingo, cuando el Tribunal Supremo suspendió temporalmente la candidatura de Zebari en respuesta a una queja de varios diputados. Los querellantes aducen que su aspiración es inconstitucional debido a las acusaciones de corrupción que llevaron a su cese como ministro de Finanzas en 2016. Zebari, que siempre negó haber incurrido en malas prácticas, ha aceptado la decisión del juez.
Liz Cheney y Adam Kinzinger, en una foto de archivo.ANDREW HARNIK (AFP)
Para el Comité Nacional Republicano, la insurrección que se vivió en el Congreso de EE UU el 6 de enero de 2021 y los eventos que lo provocaron forman parte de “un discurso político legítimo”. Con esas tres palabras, el que fuera el partido de Abraham Lincoln ha dado por bueno el asalto a la democracia norteamericana que costó la vida a cinco personas y que ahora un comité de la Cámara de Representantes investiga. En ese comité, alentado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tan solo participan dos congresistas republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger.
Así lo han declarado este viernes en su reunión de invierno en Salt Lake City, en Utah. En un acto sin precedentes, el RNC (siglas en inglés del Comité Nacional Republicano) censuraba este viernes y reprendía a los dos políticos antes mencionados ya que, en su opinión, estaban participando en “la persecución de ciudadanos corrientes involucrados en un discurso político legítimo”. No solo es la primera vez en la historia que el Partido Republicano reprende a uno de sus miembros en activo en el Congreso, sino que además lo hace por partida doble.
Con un Partido Republicano en crisis, el que fuera número dos de Trump ha desafiado abiertamente este viernes a Trump al decir que “se equivoca” al afirmar que él podría haber anulado los resultados de las elecciones de 2020 cuando presidía la confirmación en el Congreso de la victoria de Joe Biden. Pence ha calificado semejante presunción de “anti americana”. El exvicepresidente salía así al paso de los comentarios que hizo Trump el pasado domingo, cuando insistió en que Pence podría haber “anulado” las elecciones presidenciales, mientras presidía el recuento de votos del colegio electoral por parte del Congreso. De forma reiterada, el expresidente ha declarado su frustración porque Pence no usó su papel para tratar de rechazar los votos electorales de varios estados que ganó Biden pero las palabras del domingo han sido las más explícitas, de forma pública, hechas hasta ahora.
Durante la reunión de invierno del Comité Nacional Republicano, que tiene lugar en Salt Lake City (Utah), sin previo debate y aprobada de viva voz, se pasó la resolución que amonesta a Cheney y Kinzinger. La medida es estrictamente simbólica ya que el partido no tiene la autoridad para decidir quién se sienta o no en el Congreso. Pero aunque así sea, lo que ha quedado patente este viernes es el consenso para blanquear y minimizar el ataque de un grupo de seguidores del entonces todavía presidente Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones, que había dado la victoria al demócrata Joe Biden. Lo que hasta ahora eran murmullos queda oficialmente por escrito, dando por válido el asalto y las acciones que lo precedieron.
En una declaración previa a la aprobación de la resolución, Cheney dijo que la medida punitiva marcaba “un día triste para el partido de Lincoln”. “Si el precio de estar dispuesto a decir la verdad y llegar al fondo de lo que sucedió el 6 de enero y asegurarme de que los responsables rindan cuentas merece una censura, es entonces cuando definitivamente voy a seguir defendiendo aquello que creo que es lo correcto”, dijo.
Algo está sucediendo en el Partido Republicano para que Liz Cheney, de 55 años y quien se define como una “conservadora republicana”, fuera primero repudiada y apartada de la presidencia de la Conferencia Republicana en el Congreso —el tercer cargo en importancia en la Cámara de Representantes de EE UU— y ahora reprobada. Cheney pertenece al ala dura del partido y en su ADN está grabada la visión del mundo de un halcón, como su padre, Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush. Representante por Wyoming desde que ganó el escaño en 2016, dio su aprobación entusiasta cuando Trump consideró la posibilidad, a los cinco días de iniciar su mandato, de recuperar la técnica del waterboarding (ahogamiento simulado) a sospechosos de terrorismo.
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Adam Kinzinger, 43 años, es un veterano de las Fuerzas Armadas que, aunque ahora resulte sorprendente, llegó al Congreso en 2011 como una de las jóvenes promesas del Tea Party, el grupo de republicanos antiestablishment que puede considerarse la génesis del populismo trumpista y sus devaneos con las teorías conspirativas. Sin embargo, una vez incorporado a la maquinaria de Washington, el congresista, representante de un distrito en los suburbios de Chicago, se fraguó un perfil político más tradicional y, con el tiempo, se hizo crítico de Trump.
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La noticia del acuerdo opositor esta semana para prorrogar por un año más la presidencia interina a Juan Guaidó durante 2022 ha pasado desapercibida en la sociedad venezolana. El labrado consenso logrado entre los partidos democráticos, la decisión de reducir su aparato burocrático y el empeño por hacer una interpretación constitucional de sus confines, no han mitigado la sensación de intrascendencia.
Para parte importante de la opinión pública nacional, la presidencia interina es una abstracción sin contenido que ya no va a poder impulsar ninguna transición a la democracia: una entelequia que sólo se justifica para mantener los empleos y garantizar los salarios del personal que la ocupa, salpicado de acusaciones de irregularidades administrativas. Pero, a pesar del pesimismo, el desinterés y el distanciamiento emocional que se vive también en parte de los partidos opositores, el acuerdo anunciado parece indicar que, de momento, no existe un planteamiento estratégico con el cual sustituirla. Todos, incluyendo sus críticos, terminaron aprobando esta prórroga el lunes.
Pero pese a renovar su mandato un año más como presidente interino, Juan Guaidó afronta hoy su momento político más comprometido. Se ha enfriado el entusiasmo de la ciudadanía; aumentan los críticos dentro de sus propias filas; carece de instrumentos para hacerle frente al chavismo y enfrenta acusaciones por malos manejos de los recursos que administra el gobierno interino. Luce, además, particularmente expuesto frente al aparato judicial oficialista.
La extensión del mandato a Juan Guaidó, expresado en la reforma del Estatuto de Transición aprobado en 2019, fue posible gracias a que Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó) y Primero Justicia (el de Julio Borges y Henrique Capriles) se vieron forzados por las circunstancias a buscar un acuerdo para llegar a un punto de equilibrio que los obligara a deponer en sus aspiraciones mutuamente excluyentes.
El acercamiento es producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por los aliados internacionales de la oposición, en particular por Estados Unidos, con la activa intermediación del resto de los partidos aliados del G-4, como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Luego de agotar varias rondas de consultas a juristas y especialistas en derecho constitucional, Primero Justicia desistió de su intención de subordinar la gestión de Guaidó al Parlamento, controlado por la oposición en las elecciones de 2015, que hoy funciona en condiciones de semiclandestinidad.
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Voluntad Popular tuvo que transigir en que la presidencia interina siga regulada por los lapsos que contempla el Estatuto, abandonando la aspiración de mantener el cargo indefinidamente. Las delegaciones diplomáticas del Gobierno interino quedaron reducidas, de las 60 iniciales, a 10, que son las naciones actuales que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El diagrama construido dejó satisfechos a los diputados opositores. Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, quien manifestó su inconformidad con los primeros borradores, después pasó al beneplácito y declaró: “La Asamblea Nacional electa en 2015 es la única institución legítima que le queda al país, reconocida por el mundo democrático. No podemos dejar a Venezuela sin instituciones. Venezuela no puede desaparecer, no podemos entregar la República. Sabemos que esto es muy arriesgado y nada sencillo, pero primero son los intereses del país”, dijo.
Pero pese a los esfuerzos en la búsqueda de consensos, que contaron con la asesoría de varios abogados reconocidos, no impidieron que le lluevan las críticas. Eglée Gonzalez Lobato, politóloga y doctora en derecho de la Universidad Central de Venezuela, considera que la reforma del estatuto “amalgama escandalosamente funciones ejecutivas y legislativas en una sola persona”. “Se ha tomado una medida extrema para garantizar la continuidad de Guaidó, que está plagada de irregularidades. Con el argumento de que están defendiendo la democracia, han confiscado el Estatuto para garantizarse su permanencia en el poder, bajo el argumento de que este es un problema más político que legal. Cuando se desprecian los mecanismos legales y se pervierten los procedimientos, corremos el peligro de que los partidos democráticos asuman que están en una zona supraconstitucional”, opina.
González Lobato prevé que este paso “va a aumentar la hostilidad de Maduro. Es una circunstancia que dificultará el entendimiento. Minará las vías pacíficas que debemos buscar para salir sin traumas adicionales de esta tragedia nacional”.
El laberinto opositor
La extensión de un nuevo mandato a Guaidó no puede ocultar las claras grietas anímicas e interpretativas que en este momento surcan el panorama de la oposición venezolana, inmersa hoy en un nuevo extravío. En particular, en sectores de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática crecen las voces disidentes que cuestionan la obsolescencia del interinato y el agotamiento de la ruta trazada en 2019 para hacer posible el regreso de la democracia plena a Venezuela.
Argelia Ríos, analista política, considera que “el gobierno interino como proyecto ha colapsado. El único objetivo que lo fundamenta es la protección de los activos venezolanos en el exterior, salvarlos de las manos de Maduro, protegerlos para fundamentar una eventual transición a la democracia en el país”.
Ríos, que también es periodista y escritora, considera que el esfuerzo hecho por Guaidó ha sido titánico y debe ser reconocido: “El debilitamiento de Guaidó tiene mucho que ver con la falta de apoyos internos. Ha sido difícil concretar en torno a él un movimiento de unidad nacional. Mucha gente lo ve con recelo, como un enemigo que se transforma en un obstáculo para el sueño de llegar a la Presidencia en unas elecciones en 2024. Hay muchas personas con aspiraciones presidenciales que están decididas a sacárselo de encima”.
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Ante presuntas irregularidades en recaudo de Industria y Comercio, sin ningún argumento de por medio la aplanadora del concejo de Tuluá negó la proposición realizada por la concejal del partido Verde, Sandra Arrubla.
La coalición de gobierno en el concejo municipal de Tuluá cerró filas para negar la proposición de los concejales independientes y de oposición de citar a sesión de Control Político a la secretaria de Hacienda Municipal, Eliana Andrea Bedoya Bueno, para que explique supuestas irregularidades y desviación de recursos provenientes de tributos de otras tasas en el rubro presupuestal de ingresos de Industria y Comercio.
Tras la proposición de citación realizada por escrito por la concejal del Partido Verde, Sandra Arrubla, inmediatamente salió la concejal Consuelo Cifuentes a pedir que la votación se hiciera de manera nominal, lo que los ediles independientes y de oposición consideraron fue una jugada para controlar el voto de los concejales de coalición. “Votaron negativo sin argumentar, desconociendo sus propias funciones, como si siguieran ordenes superiores”, expresó un concejal independiente.
De acuerdo con la citación a Control Político, la Secretaria de Hacienda autorizó la apropiación de registros correspondientes a recaudos pendientes sin identificar por parte de contribuyentes que cancelaron sus impuestos por un valor de superior a $1’500.000.000 en el rubro presupuestal de Industria y Comercio, a pesar de que este valor no corresponde a este tipo de ingreso.
En la argumentación de la citación se indicó que se “hace necesario que se recuerden los Principios de la Hacienda Pública identificados como la razonabilidad, objetividad, verificabilidad; entre otros, dejando en seria posibilidad que se esté perturbando el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas por la Alcaldía de Tuluá a la Secretaria de Hacienda”.
Concejales recordaron la frase que le gritó Consuelo Cifuentes a Diego Suaza, «por qué tanto misterio, por qué tanta mentira».
La proposición fue presentada con el apoyo de los concejales de los partidos Alianza Verde, Liberal, Centro Democrático y Conservador, obteniendo el respaldo de los ediles Sandra Arrubla, Oscar Oswaldo Gómez Castro, José Manuel Rodríguez Poloche, Jorge Castaño, Cristian Hernández y Eliecid Ávila.
“Esperaba que se les diera una respuesta a los ciudadanos, pero yo no sé si yo soy demasiado ingenua al creer que ustedes como concejales iban a apoyar una citación a una funcionaria como la secretaria de Hacienda sobre la que hay muchas quejas por malos procedimientos”, dijo la edil Sandra Arrubla.
Por su parte, el concejal Oscar Oswaldo Gómez, indicó, “en toda mi experiencia como concejal por primera vez tengo que ver que para citar a un funcionario haya que presentar proposición por escrito y someter a votación, violando los derechos de control político y de los concejales, estas actuaciones generan zozobra y desconfianza”.
Arrubla fue más allá en su reclamo por la actitud del presidente de la Corporación Diego Fernando Suaza y sus compañeros de coalición, “como ente de control político y administrativo no nos dejan hacer nuestro trabajo, será que la secretaria de Hacienda no está en capacidad de responder o será que no quieren que venga a dar cuenta de los tributos que ella administra y que pagan los tulueños”.
Cabe señalar que la solicitud de citación a esta funcionaria ha sido presentada en reiteradas ocasiones por la concejal Arrubla y “aun habiéndose modificado el cronograma de sesiones en fecha posterior a las solicitudes presentadas por el Partido Alianza Verde, estas tampoco fueron tenidas en cuenta”.
Cerraron filas para negar la citación a control político a la secretaria de la Hacienda los concejales Consuelo Cifuentes, Diego Fernando Suaza, Javier Jaramillo, Robinson Rengifo, Brian Andrés Avilez, Sulay Córdoba, Julio Cesar Morán, Luis Eduardo Ayala, Albeiro Quintero e Ivon Karime Toledo R.
