El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado de bruces, en el mismo periodo en que prometió que el Brexit ayudaría a recuperar el control de sus fronteras, con la tragedia inesperada de la inmigración masiva en aguas del canal de la Mancha. Las cifras empequeñecen frente al aluvión de personas que llegan cada año a las costas del continente europeo, pero con más de 29.000 migrantes que intentaron alcanzar el Reino Unido en 2021, según cálculos de diversos medios como la BBC, el Ministerio del Interior británico se enfrenta, sin experiencia ni mano izquierda, ante un inusitado problema para el que solo ofrece leyes más duras. “Los ciudadanos llevan dos décadas exigiendo una reforma, y eso pretende nuestro nuevo plan para la inmigración”, ha dicho el secretario de Estado de Justicia y Control de la Inmigración Ilegal, Tom Pursglove. La definición de su cargo ya da una idea clara de la estrategia de Downing Street frente a la inmigración irregular. “La Ley de Nacionalidad y Fronteras definirá como delito el intento deliberado de entrar ilegalmente en el Reino Unido, e impondrá penas de prisión permanente a aquellos que faciliten este acceso”, ha asegurado Pursglove.
El texto legal se encuentra actualmente en el estadio final de su tramitación, en la Cámara de los Lores, donde muy probablemente se verá sometido a enmiendas que la mayoría conservadora de los Comunes deberá rechazar, cuando regrese para su consideración definitiva. La propuesta, desarrollada por el ministerio de Priti Patel, juega con un doble discurso que apenas logra ocultar su intención de construir una respuesta de “ley y orden” ―más centrada en la seguridad que en el lado humanitario del asunto―; un lenguaje duro para contentar a las bases electorales que respaldaron el Brexit.
Aunque el discurso de Patel, responsable de Interior, carga las tintas contra las bandas criminales que promueven y organizan las travesías del canal, la idea de fondo es que, gran parte de las personas que intentan llegar al Reino Unido son “inmigrantes económicos” ―no huyen por causas políticas―, que no necesitan realmente ningún tipo de protección internacional y que, con sus acciones, lo único que hacen es “saltarse la fila” de los que aspiran legítimamente a lograr un estatuto de refugiado. “[Un 70% de las personas que han llegado en los últimos 12 meses] son hombres solteros (…). No son verdaderos solicitantes de asilo. Son capaces de pagar a las mafias y contactar con ellos, ya sea en el norte de Francia o en Alemania. Son ellos los que expulsan a codazos a mujeres y niños que sí están en riesgo y huyen de la persecución”, afirmaba Patel el pasado 27 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara de los Lores.
La ministra con mayor fama de dureza del Gobierno de Johnson pasa por horas muy bajas de popularidad en el Partido Conservador. Sus promesas redobladas de atajar las entradas irregulares se han visto desmentidas una y otra vez con las cifras que llegaban del canal de la Mancha, que en 2020, en pleno parón de la movilidad internacional, rondaron las 8.500 personas, según la organización británica Refugee Council (Consejo para los Refugiados). Su falta de tacto con las autoridades francesas, de donde provienen en la última travesía la mayoría de los inmigrantes, ha provocado un deterioro casi irreparable de las relaciones diplomáticas y de colaboración con el Gobierno de Emmanuel Macron. La muerte de una treintena de inmigrantes a finales de noviembre, al hundirse la embarcación que los transportaba, se convirtió en un amargo cruce de críticas entre Londres y París. El Gobierno de Johnson reprochó al francés que no hacía lo suficiente para impedir la salida de personas de sus costas, y amenazó incluso con retirar la ayuda financiera comprometida para reforzar la vigilancia policial.
Todo se agravó aún más al publicar el propio Johnson en Twitter la carta que había enviado a Macron, en la que pedía que el Reino Unido pudiera devolver a Francia sin problemas los inmigrantes que llegaran desde ese país, y sugería incluso que la policía británica patrullara conjuntamente con la francesa la costa al otro lado del canal. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, retiró de inmediato la invitación que había cursado a Patel para participar esa semana en una reunión de ministros europeos que debía abordar la crisis migratoria en el canal. Y Macron llegó a acusar a Johnson de poco serio. “Me sorprenden los métodos, cuando no son serios”, dijo el presidente de Francia. “Entre líderes no nos comunicamos a través de tuits, ni hacemos públicas las cartas que nos enviamos”.
Las verdaderas cifras de asilo
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Frente al argumento reiterado por el Gobierno británico de que las actuales leyes permiten un abuso en los trámites de solicitud de asilo y refugio, organizaciones como Refugee Council (Consejo para los Refugiados) han realizado una profusa tarea estadística para desmentir los prejuicios. El 70% del número total de personas que llegaron a las costas británicas, o fueron interceptadas en su intento de cruzar el canal, durante el año pasado, procedían de cinco países: Irán, Irak, Sudán, Siria y Vietnam. Uno de cada cuatro era iraní. Entre los diez países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes se encuentran también Afganistán o Yemen. El Consejo para los Refugiados señala que prácticamente el 98% de las personas que llegan a las costas británicas a través del canal acaban solicitando asilo. Y entre los refugiados que proceden de los diez principales países, hasta un 61% logra esa protección oficial, frente a una media del 52% del resto de nacionalidades que llegan por otras vías.
Los cálculos desmienten de ese modo que los inmigrantes que se lanzan al canal sean en su mayoría “inmigrantes económicos”. “El Gobierno aspira a dar rango legal a una política brutal y peligrosa, como la que representa su ley antirrefugiados, que solo logrará que más gente muera ahogada en el canal”, ha dicho Tim Naor Hilton, el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. Simplemente, el mayor control policial en otras vías habituales de acceso, como el transporte ilegal de inmigrantes a través de camiones y contenedores por el Eurotúnel, ha reducido drásticamente las cifras, y ha desviado el flujo de personas hacia el paso del canal de la Mancha, que hasta hace pocos años era una vía minoritaria. El Gobierno de Johnson se ha topado con una tragedia que la UE ya conoce desde hace tiempo, y su primera respuesta ha sido la de endurecer el discurso inmigratorio que alimentó el Brexit.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
