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“Suspendemos la actividad”. Esta ha sido la última noticia que ofrecerá Nóvaya Gazeta hasta que concluya el ataque sobre Ucrania. El diario ruso —cuyo director, Dmitri Murátov, fue galardonado con el premio Nobel de la paz en 2021— ha decidido paralizar su publicación tras recibir una nueva advertencia por parte de las autoridades. Hasta ahora había caminado sobre el alambre mientras el organismo supervisor de las telecomunicaciones ordenaba el bloqueo de otros medios. Ahora, su cobertura del mayor conflicto que ha vivido Rusia este siglo llega a su fin, apenas un mes y cuatro días después de haber comenzado la invasión de Ucrania.

“Hemos recibido otra advertencia más de Roskomnadzor [el supervisor ruso de las telecomunicaciones]. Después de esto suspendemos la publicación del periódico en el sitio web, en las redes sociales y en papel hasta el final de la ‘operación especial en el territorio de Ucrania’. Atentamente, la redacción de Nóvaya Gazeta”, recogía el breve comunicado que encabeza ahora, y sin saber hasta cuándo, el portal del diario.

La redacción de Nóvaya Gazeta desconoce el motivo de estos avisos. “No sabemos por qué, ni siquiera hemos recibido una copia de la primera advertencia”, decía la responsable de comunicación del diario, Nadezhda Prusenkova, a la agencia de noticias Interfax. “Tampoco sabemos qué dice la advertencia. Han publicado el mensaje de que ha habido una advertencia al periódico, pero no nos han enviado nada”, agregó. El director Murátov anunció la semana pasada que sacaría a subasta la medalla del premio Nobel que le fue entregada en Oslo el pasado diciembre y que donaría el dinero para ayudar a los refugiados ucranios.

El periodista Dimitri Muratov, director de 'Nóvaya Gazeta', el 10 de diciembre de 2021 tras recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo por su defensa de la libertad de prensa.
El periodista Dimitri Muratov, director de ‘Nóvaya Gazeta’, el 10 de diciembre de 2021 tras recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo por su defensa de la libertad de prensa. ODD ANDERSEN (AFP)

El organismo regulador ordenó este domingo que varios medios rusos no difundiesen una entrevista que les había concedido el presidente ucranio, Volodimir Zelenski. Dos ya estaban bloqueados dentro de Rusia, Meduza y Dozhd, y junto a ellos participaba el periódico Kommersant, controlado por un poderoso empresario de la metalurgia, Alisher Usmánov, cercano al Kremlin. El director de Dozhd, Mijaíl Zygar, hizo una pregunta en nombre del responsable de Nóvaya Gazeta.

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El periódico que dirige Murátov es el último de una larga lista de medios que sucumben a la censura en Rusia. A principios de marzo, al mismo tiempo que el Parlamento legislaba contrarreloj una ley que condena con hasta 15 años de cárcel la “desinformación” sobre el conflicto, las versiones en ruso de varios canales internacionales —entre ellos BBC, Deutsche Welle, Voice of America y Euronews— fueron bloqueadas dentro del país por su cobertura de la ofensiva. Lo mismo sucedió con la televisión independiente rusa Dozhd, el diario Meduza y la decana radio Eco de Moscú.

La legendaria emisora, cuyo portal web publicaba columnas de opinión de opositores y oficialistas, decidió su liquidación tras haber sido bloqueado por las autoridades al negarse a borrar el contenido que desafiaba la versión del Kremlin sobre la “desnazificación de Ucrania”. Su director, Alexéi Venedíktov, se encontró hace unos días en la puerta de su domicilio una cabeza de cerdo y un cartel con la bandera de Ucrania donde estaba escrito “puerco judío”.

Nóvaya Gazeta había logrado sortear la censura hasta ahora gracias a que había acatado las exigencias de las autoridades. Entre ellas, borrar todo contenido donde estuviera escrita la palabra “guerra”, incluido el primer editorial que publicó su director en contra de la ofensiva.

Murátov, que el pasado año compartió el Nobel con la periodista filipina María Ressa por su defensa de la libertad de prensa, había recurrido a argucias para cumplir con las normas de las autoridades. Por ejemplo, borró casi todo el cartel contra la guerra que mostró en pleno directo y en horario de máxima audiencia del principal informativo ruso la periodista Marina Ovsianikova. “No creáis la propaganda”, fue la única línea del rótulo que sostuvo la editora del programa que no emborronó Nóvaya Gazeta.

Una de sus últimas portadas de papel aludía a la censura mostrando una explosión gigantesca de fondo y las siluetas de cuatro bailarinas recortadas sobre ella. El diario rescataba uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país: la retransmisión ininterrumpida del ballet El cascanueces en el principal canal televisivo durante el golpe de Estado fallido de 1991 con la que se trataba de ocultar lo que estaba sucediendo. Tres décadas después, el canal Dozhd puso punto final a su emisión en abierto con esa misma obra.

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Sara Palin, este lunes al salir de una audiencia en Nueva York.
Sara Palin, este lunes al salir de una audiencia en Nueva York.Seth Wenig (AP)

Sarah Palin, que fue gobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia de EE UU en 2008, va camino de perder la demanda por difamación contra el diario The New York Times. La política, en su día estrella del movimiento ultraconservador Tea Party, demandó en 2017 al rotativo por un error contenido en un editorial, rápidamente corregido, que la vinculaba con los discursos de odio y, en concreto, con un tiroteo reciente en el que resultaron heridos varios miembros del Congreso. El diario relacionaba ese suceso con otro ataque perpetrado en 2011 que costó la vida a seis personas e hirió muy grave a la congresista demócrata Gabby Giffords.

En realidad, no ha hecho falta siquiera aguardar al veredicto, ya que el juez que presidía el tribunal ha desestimado este lunes la demanda en medio de las deliberaciones del jurado, y al margen del veredicto de este, al considerar que los abogados de Palin no presentaron pruebas concluyentes acerca de la mala fe del diario al publicar la información. La política republicana ha anunciado que recurrirá la decisión y se plantea desafiar legalmente la consideración jurídica de la “mala fe”, el requisito utilizado para casos de posible libelo o difamación contra figuras públicas (originariamente funcionarios, luego ampliado a personalidades de las finanzas o el espectáculo, celebridades, etcétera).

El juez federal de distrito Jed Rakoff permitirá que el jurado, que comenzó a deliberar el viernes por la tarde, continúe su examen del caso para que los argumentos puedan ser usados en una apelación como la que Palin promete.

El editorial del Times se titulaba Las políticas letales de EE UU. Según la versión publicada inicialmente, Palin habría incitado al pistolero a perpetrar el tiroteo masivo de 2017 porque su campaña había publicado una imagen en Facebook de distritos demócratas marcados con un punto de mira. El rotativo corrigió el editorial al día siguiente y Palin presentó la demanda dos semanas después. El propio Rakoff desestimó la demanda en agosto de 2017 y dictaminó que el Times había cometido un “error”, pero que la exgobernadora de Alaska no había probado que el error “se cometió con mala fe, es decir, sabiendo que era falso o con un desprecio imprudente de su falsedad”.

Palin no se desanimó y siguió recurriendo, como amenaza con hacer de nuevo, en un caso que muchos interpretan como un intento de quebrantar el sólido sistema de salvaguardas legales del que disfrutan los medios de comunicación y los periodistas en EE UU. Palin sería, según la interpretación al uso, el ariete con que la derecha más conservadora aspira a derribar la protección que brinda la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión y prensa, un objetivo sobre el que también se han pronunciado dos jueces del Tribunal Supremo, ambos conservadores.

“Si [Palin] pierde el juicio y las apelaciones, sin duda pedirá al Tribunal Supremo que cambie las leyes contra la difamación para facilitar que los demandantes ganen, en concreto la regla que exige al demandante que demuestre mala fe o serias dudas acerca de la verdad de lo publicado por parte del periodista. No creo que el Supremo cambie la ley y no debería hacerlo, porque si resulta más fácil para el demandante ganar juicios por difamación, la prensa cubriría menos asuntos de interés, escribiría menos artículos de investigación y escrutaría menos al Gobierno y a las instituciones, y eso sería malo para la democracia”, adelantaba en vísperas del juicio Georges Freeman, director ejecutivo de Media Law Resource Center y exabogado del diario.

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“Los abogados de Sarah Palin se hicieron famosos al demandar al portal Gawker, logrando un fallo a su favor de 140 millones de dólares que dejó a Gawker fuera del negocio” en 2010, recordaba Dave Heller, vicedirector de Media Law Resource, haciéndose eco del temor existente en el mundo de la comunicación de que “la retórica contra la prensa del expresidente Trump y otros pueda influir en los jurados para otorgar indemnizaciones cuantiosas e injustificadas que amenazan [también económicamente] la libertad de prensa”. Palin había solicitado cerca de 500.000 dólares por el menoscabo de su reputación que, a su juicio, constituyó el editorial del Times.

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Se tiran rocas, los han visto con armas blancas y ahora reportan disparos durante la noche. La comunidad ha denunciado daños en sus ventanas y techos, piden a las autoridades soluciones inmediatas.

Noticias Cali.

En el oriente de Cali se han conocido denuncias por casos en donde hay reportes de enfrentamientos entre jóvenes; se lanzan piedras, palos, botellas llenas con agua y en muchas ocasiones, aseguran hay presencia de armas blancas, también de fuego.

Esta situación que ha sido dada a conocer en anterioridad por la comunidad, ahora se presenta de nuevo.

Tal como se está presentando entre los barrios Manuela Beltrán e Invicali, en donde las noches no volvieron a ser lo mismo hace un mes.

Aseguran que la zona de frontera entre estos dos sectores en Cali se convirtió prácticamente en un campo de batalla.

Se presentan enfrentamientos a diario, pasadas las 7:00 p.m. y ya es algo de todos los días.

Inicialmente indicaban eres enfrentamientos con piedras, botellas, madera y otros elementos contundentes.

Sin embargo, durante las últimas noches han escuchado varias detonaciones.

En estos barrios hay temor y un miedo generalizado que ya no pueden soportar.

En muchas ocasiones han establecido comunicación con las autoridades, quienes llegan al lugar y lograr dispersar a los jóvenes involucrados en las riñas.

Pero poco tiempo después o al día siguiente todo vuelve a repetirse.

Hay casas que han resultado seriamente afectadas, ventanas dañadas y tejados con enormes huecos tras las caídas de las rocas.

Razón por la cual se han unido buscando alternativas y tratando de que desde la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cali se establezcan estrategias para solucionar esta problemática.

Situaciones similares en otras regiones:

Con cada aguacero llega la ‘lluvia’ de piedras, la pelea entre jóvenes en Soledad y Barranquilla

 





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Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.
Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.Fernanda Castro

Los teléfonos celulares de más de la mitad de los trabajadores del medio digital salvadoreño El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales. Ambas organizaciones examinaron durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2021, los teléfonos iPhone de todos los miembros de El Faro y la conclusión es contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group.

El espionaje detectado y que este miércoles reveló El Faro fue dirigido contra todos los estamentos posibles del diario: editores, redactores, miembros de Junta Directiva y hasta personal administrativo. En casi todos los casos, el equipo permaneció bajo constante vigilancia a lo largo de 226 intervenciones distintas.

Desde su llegada al poder en junio de 2019, el diario salvadoreño está en el centro de las iras del Presidente Nayib Bukele después de que el periódico digital revelara, entre otras cosas, el acuerdo entre su Gobierno y las pandillas para la pacificación del país, así como otros casos de corrupción que afectan a sus colaboradores.

La empresa dueña del software, NSO Group, ha declarado que solo vende el programa de espionaje Pegasus a Gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Las organizaciones internacionales que han hecho el peritaje de los teléfonos de El Faro han liderado procesos similares con periodistas, activistas u opositores de otros países en las que concluyeron que todo apuntaba que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones. EL PAÍS ha tratado de obtener la versión del portavoz del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, sin que haya habido respuesta alguna.

En un comunicado enviado a la agencia Reuters, la oficina de comunicaciones de Bukele dijo no ser cliente de NSO Group. Además, asegura que su Gobierno está investigando el supuesto ataque cibernético y que tienen indicios de que algunos altos funcionarios podrían también tener sus teléfonos intervenidos y ser “víctimas de ataques”.

En el caso de El Faro, entre los más espiados destacan el jefe de redacción, Óscar Martínez, víctima de 42 pinchazos, el subjefe de Redacción, Sergio Arauz, con 14; el corresponsal de El Faro en Estados Unidos, José Luis Sanz, 13 y el editor mexicano, Daniel Lizárraga, antes y después de que el Gobierno salvadoreño lo expulsara del país en julio.

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El caso más llamativo es el del periodista Carlos Martínez, quien ha firmado todas las publicaciones relacionadas con pactos de políticos y pandillas desde 2012. El reportero estaba siendo escuchado en el momento mismo en que Citizen Lab y Access Now analizaban su teléfono en noviembre de 2021. En esos momentos, Martínez ya investigaba las negociaciones de la MS-13 con el Gobierno y había publicado que las negociaciones incluyeron a las tres pandillas. Este pinchazo revela para los investigadores “un caso sin precedentes”, según el laboratorio de Toronto. “Es muy raro agarrar una infección cuando está viva”, según el investigador de The Citizen Lab Scott-Railton. Contactado por EL PAÍS, el periodista Carlos Martínez considera que Bukele está detrás del robo de información. “Esta operación de espionaje ilegal contra el periódico es coherente con los distintos ataques de Bukele contra El Faro desde que comenzó su gestión. Este ataque tiene que ver con las campañas de difamación contra nosotros, con la utilización de instituciones públicas para atacar al periódico y las abusivas auditorías o las acusaciones en televisión sobre que somos lavadores de dinero. Las escuchas a las que somos sometidos son coherente con esta forma de actuar”, explicó.

Otro de los casos destacados es el de Carlos Dada, director de El Faro y presidente de la junta directiva, quien fue víctima de 12 pinchazos. Por la duración de los mismos, la investigación permite concluir que éstos se mantuvieron activos durante 167 días distribuidos entre julio de 2020 y junio de 2021. Cada uno de estos pinchazos, que cuesta miles de dólares, permite al programa el acceso completo al contenido del teléfono: extracción de mensajes, imágenes o cualquier archivo, activación de la cámara y el micrófono, robo de sesiones en aplicaciones de redes sociales, acceso a los adjuntos de los mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, de correo electrónico, y también la posibilidad de que acceder a las bitácoras de geolocalización, registros de llamadas y actividad de navegación en sitios de internet.

Entre los periodistas con diez o más robos de información están Gabriel Labrador, con 20, Julia Gavarrete, con 18 (incluidas 15 intervenciones en su teléfono personal y tres en el institucional), Gabriela Cáceres, con 14; Roxana Lazo, con 12: y Efren Lemus, con diez. Además, hay implicados periodistas del medio Gatoencerrado contra quien Bukele ha dirigido varios de sus ataques.

Fernanda Castro

Durante los meses en que los periodistas fueron espiados, se realizaron investigaciones sobre la negociación entre el Gobierno y las pandillas, el robo de alimentos destinados a la pandemia por parte del director de Centros Penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para el desembarco del Bitcoin o el patrimonio de algunos funcionarios del actual Gobierno.

El espionaje contra El Faro, sin embargo, no se limitó a la redacción. El teléfono del gerente general, Carlos Salamanca, estuvo intervenido entre septiembre y octubre de 2020, justo cuando se intensificaron las auditorías de Hacienda contra el periódico. Lo mismo sucedió con el gerente administrativo, Mauricio Sandoval. Sandoval fue intervenido, en otros momentos, el 6 de julio día que recibió la notificación institucional enviada por Migración que ordenaba al editor Daniel Lizárraga abandonar el país en 24 horas.

Precisamente Lizárraga representa uno de los casos más sangrantes del espionaje contra los periodistas. Lizárraga ha sufrido el brutal espionaje de Pegasus en dos ocasiones: la primera en México, como miembro del equipo de la periodista Carmen Aristegui y la segunda en El Salvador como parte de El Faro. Su caso puso por primera vez el escándalo de Pegasus sobre la mesa cuando se descubrió que el gobierno de Peña Nieto utilizó el programa para espiar a Lizárraga, quien participó en las revelaciones sobre la ‘Casa Blanca’ como se conoció el escándalo que implicaba a la esposa de Peña Nieto en la compra de una mansión con dinero de un constructor agraciado en la concesión de obras públicas. El escándalo reveló que, para espiar, Pegasus es el arma favorita de los gobiernos con tentaciones autoritarias.

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Diario Oficial publicó este miércoles la ley que declara como feriado irrenunciable los días 15 y 16 de mayo por motivo de las elecciones municipales y constituyentes del fin de semana próximo.

La iniciativa plantea que todos los trabajadores del comercio no deberán ejercer sus funciones para cumplir con el deber cívico.

Asimismo, la ley especificó que únicamente podrán atender «los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria».

Cabe señalar que los locales que son atendidos por sus dueños sí pueden abrir, pero tanto supermercados como malls deberán cerrar sus cortinas.

Patricio Melero, ministro del Trabajo, espera que «esperamos que esto permita una amplia participación ciudadana en las elecciones, y que el tener que trabajar no sea un impedimento para ejercer el voto».

No obstante, más crítico fue el titular de Economía, Lucas Palacios, quien calificó de «pésima idea y populista» la ley, aseverando que «profundiza aún más el daño y es un dardo al corazón de las pymes».

«Actualmente, la ley da un permiso de dos horas a las personas para ejercer su voto, y eso está bien. Pero es muy diferente pasar a un feriado irrenunciable», dijo Palacios al Canal 24 Horas.



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