En el puente de Juanchito en la vía Cali – Candelaria fue cerrado el paso.
Noticias Valle del Cauca.
Las quejas ya han sido sido realizadas de forma constante desde años anteriores, el mal estado de la vía que conduce a Ciudad del Campo y las obras de la doble calzada en el eje Cali-Candelaria llevó a la comunidad a protestar.
Hoy salieron con pancartas, gritos, quejas y decidieron no solo bloquear el acceso a esta zona, sino también el paso del congestionado puente de Juanchito.
La vía ha sido blanco de críticas por su mal estado.
Cerraron el puente de Juanchito,
Quienes se han establecida esta tarde en el sector han manifestado inicialmente su rechazo al mal estado en el que se encuentra la vía e ingreso a Ciudad del Campo.
Rechazan la construcción de un peaje que hace parte de la obra de la doble calzada entre la capital vallecaucana y el municipio de Candelaria.
Rechazan el retorno.
Precisan que ello lejos de llevar beneficios, los perjudicaría aún más.
Pues aseguran se retrasaría aún más el arreglo de la vía de acceso y se incrementaría otra problemática que llevan denunciando hace años; hurtos, intimidaciones e inseguridad.
En sus peticiones solicitan la no construcción del retorno:
NOS REPORTAN 📢 Comunidad de Ciudad del Campo, adelanta un bloqueo piden arreglo de la entrada y de toda la vía pic.twitter.com/Bu8xJ4s7Rb
Más de 3 kilómetros habilitados en la doble calzada de la vía Cali-Candelaria
En septiembre del 2021 la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó los avances de esta importante construcción vial con la habilitación de 3.5 kilómetros de la vía Cali-Candelaria, en el tramo Cali-Cavasa.
Obra que registra un avance del 65% de ejecución y una una inversión de más de $107 mil millones.
«En este momento estamos habilitando 3.5 kilómetros, que con los 6 kilómetros que teníamos habilitados ya», indicó.
Con esto, se puede contar con 9.5 kilómetros de esta importante vía, según Roldán.
Es decir, el tramo puesto en servicio va desde el sector frente a Águila Roja y Limones.
Además, la mandataria precisó que, pese a los efectos de la pandemia y el paro nacional en los tiempos de ejecución, se ha avanzado.
“La comunidad puede estar segura de que a través de este corredor vial tendrá el desarrollo para mejorar la calidad de vida”, señaló durante su recorrido este lunes.
La doble calzada Cali-Candelaria va a quedar completamente iluminada y con ciclorruta. Hoy habilitamos 7.4kms de vía entre Candelaria y Cavasa, donde realizaremos obras complementarias para la #MovilidadSegura. pic.twitter.com/d6LekZWpDs
La vía Cali-Candelaria es una de las principales necesidades en materia de mejoramiento vial.
Tendrá un impacto económico, social y de infraestructura para el departamento.
A su vez, Jorge Eliecer Ramírez, alcalde de Candelaria, añadió que «es una obra que va a generar mucho desarrollo para la comunidad candelareña y para los municipios aledaños».
Por lo que la construcción de esta importante vía beneficiará a los habitantes de Palmira, Pradera, Florida, Puerto Tejada, Villagorgona, entre otros.
Sobre la doble calzada
Según señaló la entidad gubernamental, para el tramo Cavasa-Crucero se va a construir una ciclorruta de 7.5 kilómetros con alumbrado público.
Además, tendrá un carril de incorporación en el sector del Crucero-Candelaria que va a conectar con la vía a Popayán.
Mientras que, en el tramo Cali-Cavasa se construirán ocho bahías de estacionamiento para buses y un puente peatonal en el sector del Poblado Campestre.
De esta manera, la Gobernación del Valle del Cauca le apunta a fortalecer la conectividad entre los municipios de la región para apalancar la reactivación económica.
La vía Cali-Candelaria ha sido esperada por años.
El actual gobierno departamental promete celeridad y que se cumpla con la comunidad.
Realizarán plantones en al menos 18 ciudades. Rechazan la decisión de la Corte Constitucional.
Noticias Colombia.
Son diferentes las instituciones religiosas que han llamado y convocado a manifestarse contra la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto en Colombia.
Una de estas organizaciones es la iglesia cristiana Ríos de Vida. Desde allí se denominó la iniciativa “Déjame nacer”.
«El pueblo colombiano, que es el constituyente primario, manifiesta su profunda indignación por el pronunciamiento de la Corte Constitucional donde anunció al país la Sentencia C-055 de 2022 con la cual violó el principio de cosa juzgada y despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación, además de habilitarlo bajo las 3 causales ya establecidas durante todo el embarazo», publican inicialmente en la convocatoria.
Agregan que mayoría de colombianos no acepta que 4 magistrados y 1 conjuez «le impongan al país una sentencia de muerte», lo que de acuerdo a lo que han manifestado, «destruye su presente y su futuro, al condenar al infanticidio a los seres más indefensos e inocentes, nuestros bebes que están por nacer».
En el documento denominado ‘Manifiesto por la Defensa de la Vida’ exponen su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional.
«En Colombia se legalizó la pena de muerte para inocentes», dicen.
Documento de la convocatoria.
Argumentando que está excediendo «nuevamente sus funciones dentro del Estado Social y Democrático de Derecho al suprimir, de manera ilegítima, la función legislativa del Congreso de la República quien ha negado en retiradas oportunidades el aborto, para establecer un supuesto derecho que atenta contra la vida de los niños por nacer en Colombia, sustituyendo así la Constitución Política donde se establece en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable».
Álvaro Herrera interpreta el corno durante una de las protestas pacíficas de 2021 en Cali, Colombia.
Álvaro Herrera aparece a medio cuerpo al otro lado de la pantalla. Está vestido con una camiseta y su pelo está amarrado con una coleta. Se ve cansado. Está cansado. Las últimas semanas no ha podido dormir bien. No había planeado dejar su país y menos como lo tuvo que hacer, de un día para otro, de emergencia, exiliado. Herrera fue la imagen de la persecución que vivieron los jóvenes durante las protestas del año pasado en Colombia. Es la cara de los que siguen sufriendo hoy, cuando ya han pasado varios meses de esos días en los que civiles armados salían a apuntar a cualquiera que se atreviera a manifestarse contra el Gobierno y la policía detenía arbitrariamente a quien quisiera, al que estuviera en la calle.
Su caso fue la máxima evidencia de lo que el país veía a cuentagotas en redes sociales: la represión policial sin límites. El día que a Álvaro lo detuvieron y lo obligaron a autoincriminarse, en una captura que luego fue declarada ilegal, 14 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en su ciudad, Cali. Que Álvaro esté hoy vivo es un milagro, que pueda volver a su país dependerá de otro. “Solo un milagro podría hacer que regrese”, dice desde Francia, a donde llegó con su única arma: un corno francés. Interpretando ese instrumento fue blanco de la policía, que lo detuvo la tarde del 28 de mayo de 2021. Álvaro iba camino a su casa tras participar en cacerolazo sinfónico, una protesta con música a la que se unieron varios estudiantes de la Universidad del Valle, a la que entró con mucha disciplina y esfuerzo, por lo que hoy lamenta no saber si se podrá graduar. “Siento mucha impotencia, rabia, tristeza. Tuve que dejar todo. A mi mamá, mis estudios, mis amigos”, dice y alza la voz. Álvaro Herrera tiene rabia, lo que ha vivido el último año ha sido una cadena de injusticias.
Colombia supo de él esa tarde de mayo cuando, tras estar varias horas detenido por la policía, se le vio en un video con la cara ensangrentada, sin camisa, atado de manos y diciendo ante una cámara que era un vándalo, que había lanzado piedras y que los golpes los había recibido de otros manifestantes. Las imágenes se viralizaron y fueron celebradas por sectores políticos que insistían en el discurso de que los que protestaban eran personas que solo buscaban desestabilizar al país. Un día después, una jueza le daría la razón a su familia, a sus amigos y a los que lo conocían y sabían que él no había hecho nada aparte de tocar su instrumento. Herrera había sido obligado a autoculparse. La Justicia decretó ilegal su captura y fue liberado. Desde entonces, y con su cara ya conocida en todo el país, ha vivido bajo zozobra. “En mi vida universitaria ya había sentido el estigma de ser parte del movimiento estudiantil, sobre todo el estigma de quienes estudiamos en una universidad pública, pero nunca nada tan grave como ahora. Uno no tiene palabras para expresar la ira y la rabia que se siente tener que dejar el país solo porque protesté, pero si no salía, me mataban”, dice.
Ahora, lejos de casa, dice no tener esa sensación de persecución constante, “que en Colombia sí tenía, en cualquier ciudad, donde estuviera”, pero tampoco está feliz. “No estoy tranquilo, el principio básico del ser humano es tener la tranquilidad de sentirse bien en cualquier lugar, es poder hablar con los que has amado, pero pues salir del país, dejarlo todo y saber que quedan compañeros en esa situación da mucha impotencia”. Tiene 26 años y decidió protestar porque estaba harto. Lo sigue estando. “Si los jóvenes no toman las riendas del país nadie nos va a salvar. Esto no es de partidos ni de ideologías, es de dignidad, es una cuestión de dignidad”, repite enfurecido. Tiene razón. Los estudiantes, como él, piden lo básico en un país que se dice democrático. Igualdad de oportunidades, justicia social, que los jóvenes puedan estudiar, que las universidades públicas tengan las instalaciones que merecen. “Estamos acostumbrados a mirar hacia otro lado, pero no nos miramos a nosotros mismos. La sociedad colombiana tiene que sacar valentía para hacer un cambio, no se puede vivir en un país donde la muerte está normalizada”, cuestiona el músico, que se exalta al dar las cifras de una violencia que parece no tener fin. “[El conflicto ha dejado] 9 millones de desplazados, en solo tres meses del paro nacional [las protestas de 2021] hubo más de 300 desaparecidos. Si hace unos años se hablaba de un Estado fallido, pues parece que ahora sí estamos frente a eso”, dice.
Muchos de los jóvenes que fueron retenidos y reportados como desaparecidos fueron liberados, pero sigue habiendo decenas de jóvenes enjuiciados, algunos con casa por cárcel. Las cifras son inexactas porque el Gobierno nunca se dio a la tarea de llevar un conteo real, lo que se sabe es, sobre todo, gracias a organizaciones de derechos humanos. Álvaro Herrera no se quería ir de Colombia y estaba dispuesto a volver a las calles a protestar, pero sabía que estaba en riesgo y que su familia lo estaba sufriendo. “Mientras usted esté aquí, yo no tendré vida”, cuenta que le dijo su mamá. Un mensaje suficiente para tomar la decisión definitiva. “A los que protestamos en Colombia nos ponen una lápida en la cabeza”, repite varias veces durante la conversación. Según la ONU, al menos 28 personas fueron asesinadas por la policía en las protestas del año pasado.
Es la primera vez que vive fuera de Colombia y estos días no han sido fáciles. El clima, el idioma, la soledad, volver a empezar. “Llevo más de dos semanas sin poder sentarme a estudiar mi instrumento, a pensar en mis piezas. La música es algo tan sublime que no soy capaz de estudiar si estoy mal”. Es su bálsamo, dice. Su instrumento fue lo primero que metió en el equipaje. Su corno y algo de ropa lo acompañan en este viaje, que de emocionante ha tenido poco. “Vivir fuera así, es difícil. No es una maravilla, no es turismo, no es exótico, es otro nivel”, asegura. Una bombilla le ilumina la cara, está a punto de hacerse de noche. Otra vez empieza una jornada larga en la que le costará conciliar el sueño. “Estoy despierto hasta la madrugada, sigo viendo las noticias, no puedo dejar de pensar en lo que está pasando en Colombia”. No se puede desconectar fácil, olvidarse de lo que dejó. “Jamás había experimentado algo así”, dice, pero confía en poder hacer camino en un lugar que no es el suyo aferrado a su corno. Su rabia, a la que llama una rabia digna, no es con el país en el que nació y del que tuvo que salir huyendo. “Colombia no me sacó, me sacaron los que no están de acuerdo con lo que cuestioné en una protesta”, dice.
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El proceso para conseguir su asilo está en trámite, si la respuesta es positiva sabe que tendrá que estar allí por varios años. Ya está aprendiendo el idioma y lo hace él solo, con aplicaciones e internet. La erre ya le suena francesa. “Para sobrevivir aquí sé que tengo que aprenderlo y rápido”. Ante la pregunta sobre si ya fue a ver la Torre Eiffel dice que sí. Por fin se le sale una sonrisa.
“La intimidación se ha hecho más fuerte”
Sebastián Caballero, abogado de Álvaro Herrera y de otros tantos jóvenes que protestaron el año pasado, cuenta que el caso del estudiante de Música, que tuvo que salir del país por amenazas tras las manifestaciones, no es el único. También lo tuvo que hacer Noé Muñoz, un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Buenaventura. “Después de que ellos y otros estudiantes decidieron empezar un proceso legal contra el Ministerio de Defensa, la Policía y los civiles que indiscriminadamente salieron a disparar en la ciudad de Cali a los protestantes, la intimidación se ha hecho más fuerte”, cuenta por teléfono el abogado, representante de los estudiantes en el caso.
La próxima semana el proceso tendrá una nueva etapa, en la que está citado uno de los civiles que quedó registrado en cámaras de teléfonos celulares apuntando y disparando a los jóvenes y a los indígenas que intentaron unirse a las marchas en Cali y que fueron recibidos a balazos por civiles, ante los ojos de la policía. La denuncia presentada por los jóvenes, con la representación legal de Caballero, se hizo por los posibles delitos de de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio en grado de tentativa. El abogado también representa a las familias de las víctimas mortales que dejaron esos días en que estudiantes salieron con la idea de marchar, sin imaginar que algunos no regresarían a casa.
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Se completaron dos semanas de paro, producto del conflicto armado que se vive en el municipio.
Noticias Nariño
Luego de cumplirse 16 días de paro y tras revisar los pocos avances obtenidos en el consejo de seguridad que se realizó hace un par de días, las manifestaciones en el municipio de El Charco, continúan, producto del conflicto armado.
Es así que en las últimas horas, más de 1000 personas, entre campesinos y comerciantes; salieron a las calles para exigir al gobierno nacional y departamental garantías para el debido retorno a sus comunidades.
“Estamos protestando en contra de las políticas de inversión militar sin inversión social; para proteger a nuestro territorio de las consecuencias del conflicto”, señalaron manifestantes.
Argumentaron que ha sido nefasta la crisis humanitaria en el territorio, producto de la incidencia los diferentes actores, fuerza pública y grupos armados.
Frente a esta situación desde la Consejería municipal de juventud indicaron que son 15 puntos los que se exigen en el pliego de peticiones realizado por los campesinos y jóvenes del alto Tapaje.
“Esperamos que las necesidades expuestas en el pasado consejo de seguridad, así como las resoluciones planteadas, sean atendidas con prontitud”, añadieron.
Manifestaron que por esta razón, se siguen adelantando reuniones con los directivos del paro y los diferentes entes de control municipal, departamental y nacional, para obtener una solución definitiva.
Entre tanto, el comercio en el municipio se encuentra cerrado a la espera de una reapertura gradual, al igual que las entidades públicas.
Los campesinos manifiestan que mantendrán la protesta hasta cuando sea necesario, porque consideran que solo así, van a ser escuchados ante las necesidades que se viven en el territorio.
