El eurodiputado Hermann Tertsch muestra una piedra lanzada por manifestantes en Bogotá contra el hotel donde se reúne la ultraderecha.RAUL ARBOLEDA (AFP)
El partido español Vox ha aterrizado en América Latina con sus tesis ultraderechistas poniendo a Colombia como punto de partida. Con presencia de parlamentarios, políticos y expresidentes de derecha y ultraliberales de Chile, Perú, Brasil, México, Colombia y España, este fin de semana se organiza el primer encuentro Foro Madrid Bogotá. La cita no es casual. Colombia está inmersa en una precampaña electoral y el izquierdista Gustavo Petro lidera hasta el momento todas las encuestas.
Ya lo había anunciado Santiago Abascal cuando lanzó la Carta de Madrid, en octubre del año pasado, un manifiesto para alertar del supuesto avance comunista en la región. Su objetivo era crear una nueva organización internacional con el mismo nombre del foro y dotar a la alianza de una “estructura permanente y un plan de acción anual”. Bogotá ha sido así el punto de partida de esa meta con un encuentro que busca hacer contrapeso al Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, según el programa que han difundido.
En el foro de la ultraderecha participan personajes como Francisco Tudela, exvicepresidente de Perú durante el régimen de Alberto Fujimori; Ernesto Araújo, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil o el diputado ultraliberal de Argentina, Javier Milei, entre otras figuras de la extrema derecha. Desde México participa la política Alicia Galván, que fue coordinadora nacional de Mujeres Jóvenes del PAN. De Colombia se presenta el ala más radical del Centro Democrático, el partido creado por el expresidente Álvaro Uribe. El exministro Fernando Londoño, las congresistas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, y el excoronel Alfonso Plazas Vega, quien acaba de ser demandado en una Corte del Distrito Sur de La Florida por la retoma del Palacio de Justicia, en el que varias personas salieron con vida y luego aparecieron muertas. Este sábado se espera, además, un mensaje del expresidente Uribe, que ya en 2020 se había reunido con representantes de Vox.
El momento y el lugar que ha elegido Vox para el desembarco está muy medido. En medio de la campaña a la presidencia de Colombia, cuya primera vuelta se celebra el 29 de mayo, Gustavo Petro se posiciona como el aspirante más claro de la contienda electoral. El encuentro de Vox se dirige a él con nombre propio: “Teniendo en cuenta la amenaza que representa el proyecto político de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, Foro Madrid ha querido organizar su ‘I Encuentro Regional”, se lee en un comunicado.
El jueves, un día antes de que comenzara el evento, los organizadores ya acusaban al líder de izquierdas y a sus seguidores de un posible boicot. Este viernes, un grupo de encapuchados lanzó piedras contra el hotel donde se realizaba la cita. Eso hizo que los participantes volvieran a atacar al candidato del Pacto Histórico. Con una piedra en la mano, lanzada por algunos de esos manifestantes, el eurodiputado del Partido Vox Hermann Tertsch, señalaba a Petro, aunque sin presentar pruebas. “Supongo que son los de Petro porque es el entorno comunista, estos son los argumentos de Petro”, insistió Tertsch a la prensa local. Lo mismo hicieron desde la Fundación Disenso, presidida por Abascal.
Excongresistas del partido de Uribe relacionaron a los alborotadores con la “primera línea”, un grupo creado durante el estallido social en 2021; mientras los venezolanos hablaron de la “izquierda bolivariana”. El ministro de defensa de Colombia, Diego Molano, dijo que los “encapuchados no pueden seguir con violencia coartando la libre expresión y el debate público y democrático” y anunció que hubo dos detenidos.
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Vox había hecho acercamientos con el expresidente colombiano Andrés Pastrana desde octubre del año pasado. El exmandatario, de filiación conservadora, participó de una cumbre virtual de El Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo político del Parlamento Europeo del que forma parte Vox. Sin embargo, Pastrana no ha participado en el foro que se realiza en Bogotá. Su acercamiento con Vox había causado malestar en el PP, puesto que el político colombiano preside la Internacional Democrática de Centro (IDC), de la que el líder de los populares españoles, Pablo Casado, es vicepresidente.
La presencia de los representantes de Vox en Bogotá ha generado críticas desde la izquierda. “Vienen este fin de semana a hablar de democracia y libertad. Se trata de los mismos que hacen apología del genocidio colonial contra los pueblos indígenas, de los falangistas vergonzantes de nueva generación”, dijo el congresista Iván Cepeda.
No es la primera vez que Vox se acerca a la región. Ya lo hizo en México, donde solicitó el registro de su logo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que le daría acceso a numerosos servicios políticos y empresariales. Esa solicitud se produjo durante una visita de Santiago Abascal al Senado mexicano que terminó de forma fallida y causando una tormenta política en los partidos mexicanos. El líder de Vox logró firmas de 14 senadores del Partido de Acción Nacional (PAN), la formación conservadora, y unas pocas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su “cruzada anticomunista”. Pero luego varios de ellos se desmarcaron de la firma.
También ha hecho acercamientos en otros países. Parlamentarios de Vox estuvieron la toma de posesión del presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, han tenido encuentros en Lima con la excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, y han hecho acercamientos con Jeanine Áñez, en Bolivia, Abascal la propuso como candidata al Premio Sájarov del Parlamento Europeo.
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Las perspectivas económicas para América Latina no son estelares. Antes de que la covid-19 azotara, la región ya perdía inercia y organismos multilaterales y analistas advertían que los países tendrían que cambiar sus políticas para impulsar el desarrollo. El litio representa esta oportunidad. Mineral con alta conductividad eléctrica, el litio es elemental para producir las baterías que permitirán al mundo cortar la dependencia a los combustibles fósiles y migrar a energías renovables más limpias. Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo. Junto con Argentina y Chile, el “triángulo” conforma el 63% de las reservas en el planeta. Perú y México agregan casi tres millones de toneladas más. El litio es, para los grandes capitales, la estrella más brillante en el mapa latinoamericano.
La transición energética pescó a estos países en un momento de expansión del nacionalismo. En los últimos meses, han brotado esfuerzos porque la producción esté bajo el control del Estado, una dirección que muchos ciudadanos apoyan. Muchos más se oponen en protección del medio ambiente. Al litio lo llaman “oro blanco” por su valor en el mercado y su color plateado claro. En inglés, lo llaman “white oil”, el petróleo blanco, una diferencia sutil pero muy reveladora. Para los latinoamericanos, el litio es un mineral precioso, como lo son el oro y la plata que han sido explotados en su territorio desde la época de la Colonia. Para los extranjeros, en la cultura anglosajona, el mineral es un potenciador, un recurso natural que se transformará en otra cosa, un paso en la cadena de valor.
El precio del mineral en el mercado internacional subió aproximadamente 80% en 2021, según un índice de Bloomberg. Hace solo cuatro años, un análisis, también de Bloomberg, aseguró que más de la mitad de todas las ventas de automóviles en países desarrollados en 2040 serían eléctricos. Pero un estudio más reciente de la consultora KPMG, publicado en noviembre del año pasado, recorta el pronóstico en 10 años. Es decir, ahora se espera que el 52% de las ventas de autos serán eléctricos para 2030. Más de 1.100 ejecutivos de la industria automotriz en 31 países estiman que una “transformación radical” del sector se llevará a cabo en los próximos cinco a 10 años.
El mundo se está moviendo rápidamente en esta dirección y la necesidad de producción de litio se siente muy urgente, como si la ventana de oportunidad tuviera una fecha de expiración. En Chile, han sido las inversiones privadas las que por años han extraído y producido el mineral para su exportación. El Gobierno de Sebastián Piñera, quien sale del poder el 11 de marzo, anunció el mes pasado la adjudicación de dos cuotas de producción de 80.000 toneladas de litio a dos empresas, una de capital chino y otra de capital chileno. El anuncio fue controvertido, ya que el presidente electo, Gabriel Boric, ganó la elección con un plan para crear una empresa nacional del litio e implementar una “nueva gobernanza” de los salares que contienen las reservas del mineral. Boric también prometió que todas las comunidades en Chile, sin importar su ubicación, tendrían acceso a agua, un recurso necesario para la minería. Las adjudicaciones se encuentran ahora en un limbo legal, después de que una corte de apelaciones suspendió los contratos.
El litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos. Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos y para esto crearemos la Empresa Nacional del Litio, generando empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto. pic.twitter.com/wy2cAdXZzl
Además, el modelo actual pudiera ver un revés. El 1 de febrero, Chile tomó un paso inicial hacia la nacionalización de algunas de las minas de cobre y litio más grandes del mundo, cuando el Congreso aprobó en primera instancia una propuesta para darle el control al Estado. El voto formó parte del proceso de redacción de una nueva Constitución. Actualmente, la Constitución prohíbe la nacionalización de estos recursos.
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En México, en donde las reservas tienen el potencial de ser mayores a los 1,7 millones de toneladas que el Servicio Geológico de Estados Unidos contabiliza, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto algo similar. Como parte de una iniciativa de ley para reformar el sector energético, López Obrador planea nacionalizar el litio y crear una institución del Estado a cargo de su procesamiento. A diferencia de Chile, en México la producción de litio se ha limitado a un solo contrato con una empresa china, la cual, hasta la fecha, no ha extraído ni un gramo de carbonato de litio. Expertos apuntan a que el Gobierno no tiene los recursos para abrir semejante empresa del Estado. México se encuentra, por lo tanto, en otro tipo de limbo.
El Gobierno de Pedro Castillo, en Perú, busca modificar un contrato con la canadiense American Lithium Corp de manera que el mineral se exporte con un valor agregado, según informó un congresista aliado del presidente a medios de ese país. Es decir, El Estado quiere que las empresas en Perú no solo extraigan y refinen el litio para ser materia prima de exportación, sino que inviertan en fábricas para transformarlo en un producto con mayor valor de mercado, generando más empleos, mejor pagados.
Argentina es, hasta cierto punto, la excepción. Ahí, los derechos de exploración los tienen las provincias y la Administración del presidente Alberto Fernández ha buscado promover las reservas del país a nivel mundial. Fernández se propuso en 2020 aumentar la producción anual de carbonato de litio en 700% hasta alcanzar 230.000 toneladas para finales de este año. Esto requerirá una inversión de más de 1.000 millones de dólares por parte de empresas privadas. Durante una visita de Fernández a China la semana pasada, funcionarios de su Gobierno dijeron a medios en el país que Argentina negocia con el país asiático una nueva inversión, incluyendo planes para montar una fábrica de baterías.
La joya de la corona
Producción de litio en la empresa estatal boliviana en el Salar de Uyuni, en Potosi, en diciembre de 2019.Carlos Becerra (Bloomberg)
Mientras Argentina se apresura, Bolivia se toma su tiempo. Por el tamaño incomparable de sus reservas, este es el país que más entusiasma a los inversores, pero, en su historia reciente, el mineral ha generado ya conflictos. En 2019, el presidente Evo Morales anunció que la empresa alemana ACI Systems invertiría cerca de 1.300 millones de dólares para explotar gran parte de las reservas de litio. Semanas después, una fuerte crisis política en el país paralizó las negociaciones, y Morales se vio forzado a huir del país.
En julio de 2020, un usuario en Twitter reprochó a Elon Musk, director de Tesla Motors, cuya empresa lidera la fabricación de vehículos eléctricos a nivel mundial, que los “EE UU organizaron un golpe de Estado en Bolivia” para que Musk tuviera acceso al litio del país. Musk respondió: “¡Nosotros haremos golpe de Estado a quien queramos! ¡Acéptenlo!”. Ya no existe registro del tuit de Musk, más que las capturas de pantallas en notas periodísticas. El empresario le dio a Morales el gancho perfecto para relacionar el control del litio con su derrocamiento. El año pasado, durante una visita a México, el expresidente defendió que el mineral “debe estar en manos los Estados, no del sector privado”. “Decidimos, como Estado industrializar el litio. Contratamos expertos… y empezamos la gran industria y ahí viene el golpe del Estado. Congresistas americanos reconocen que el golpe de Estado fue por el litio”, dijo en unas declaraciones en las que también acusó a Tesla.
En noviembre de 2020, Luis Arce, aliado de Morales, llegó a la presidencia de Bolivia, y arrancó un proceso diferente al de su predecesor. Primero, organizó un evento público, una especie de feria, para atraer empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir. Después, se eligieron ocho empresas originarias de EE UU, China, Rusia y Argentina a las que se les permitió realizar pruebas piloto de la tecnología de extracción. En abril, se espera que un grupo técnico de la empresa del estado Yacimientos de Litio Bolivianos emita una opinión sobre qué compañías deben recibir contratos. Entre los factores a considerar están su porcentaje de recuperación del mineral, su impacto ambiental y el plan de protección de las comunidades, explica Diego Von Vacano, profesor de la universidad Texas A&M en Estados Unidos y asesor informal del Gobierno de Luis Arce.
El grupo técnico es independiente, dice Von Vacano, y se conforma de profesionales en la materia, dos mujeres de origen indígena y dos hombres. El litio que se obtiene en salmuera, como el de Bolivia, tiene un impacto menor en el medio ambiente, que aquel que se debe minar de sedimentos sólidos, como el de México. Sin embargo, sigue siendo minería, lo cual afecta al ecosistema. “Los errores que se han cometido, por ejemplo, los daños al medio ambiente que se han visto en Chile, esos Bolivia no los quiere repetir”, asegura Von Vacano.
Vida en el desierto
Una alberca de evaporación en una mina de litio en el desierto de Atacama, en Chile, en mayo de 2019.Bloomberg Creative Photos (Bloomberg)
“A lo largo de la historia del colonialismo y, específicamente cuando se habla de minería, la literatura suele describir a las minas como paisajes muertos o deshabitados, como que no hay vida allí, este concepto que en latín se llama terra nullius, es decir, tierra de nadie”, dice Thea Riofrancos, profesora asociada de Ciencias Políticas en Providence College, Rhode Island, en EE UU. “Pero no es así”, apunta. Riofrancos recuerda la primera vez que visitó las reservas de Chile, en 2019. “Me asombró el desierto, en muchas maneras”, dice la académica, becaria de la Corporación Carnegie, “el salar es como una extensión blanca grisácea que ves hacia el horizonte y parece nunca terminar. También están los flamencos, y, si tienes suerte, puedes ver hermosas aves de rapiña”.
El desierto de Atacama en Chile es hiperárido y tiene altos niveles de radiación ultravioleta. Es, en palabras de un grupo de académicos, “uno de los entornos más duros de la Tierra” que podría contener la clave para que el mundo aprenda a sobrevivir con el calentamiento global. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en noviembre, un grupo de 27 científicos abogan por preservar el desierto para llevar a cabo investigación científica. “Atacama como un laboratorio natural es inigualable para estudiar la adaptación de las plantas a condiciones ambientales extremas”, apuntan.
Históricamente, el sur ha proporcionado materias primas a la economía global, sin que sus poblaciones se beneficien de ello, opina Riofrancos. “El caso de Bolivia es sumamente dramático por los orígenes del imperialismo español en las minas de Potosí”, dice la investigadora. “El país ha proporcionado al mundo minerales desde plata hasta estaño, también gas natural y agroexportaciones y el potencial ahora es el litio”.
Quizás es por eso que la Administración de Arce maneja con discreción los avances del programa piloto. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia no respondió a preguntas de EL PAÍS sobre el potencial estimado de esta industria en términos de producto interno bruto. Los réditos estarán sujetos a las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales, por lo que en Argentina y en Bolivia ya se habla de crear un cártel del litio similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual impone cuotas de producción para prevenir que el precio del petróleo se desplome.
“Estamos en contra del reloj,“ dice Von Vacano. El especialista asegura que “es urgente que se impulse el litio más rápidamente” porque los inversores mirarán a otros países para invertir. Los réditos se pueden invertir como se hace en Noruega o en Qatar, sugiere Von Vacano, en los ciudadanos. “Esto puede ser muy positivo. Puede ser un modelo de regalías que beneficie a las regiones de Potosí, de Uyuni, entre otras, pero también al resto del país. Este es el dinero que se puede usar en sistemas educativos, o de salud. Pudiera transformar al país de manera completa”.
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Alberto Fernández está en China. Este viernes participó en Pekín de la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno y el domingo se reunirá con su par Xi Jinping. La reunión será el epílogo de una alianza en la que Argentina pretende acelerar las inversiones chinas en proyectos de infraestructura, una larga lista que incluye centrales hidroeléctricas y nucleares y desarrollos en energías renovables. La escala previa de Fernández fue, en cambio, más política. Duró menos de 24 horas y tuvo como objetivo agradecer al presidente ruso, Vladimir Putin, la venta de la vacuna Sputnik V en el inicio de la pandemia, cuando las dosis escaseaban y los países productores acaparaban para sí toda las dosis. Fernández, sin embargo, fue más allá. En su charla a solas con Putin se ofreció como “puerta de entrada” a América Latina y cargó contra Estados Unidos, al que acusó de tener una influencia negativa sobre el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor de Argentina.
Fernández y Putin almorzaron a solas el jueves en Moscú. El contenido de la conversación surgió de una transcripción de la agencia oficial de noticias argentina, Telam. “Tenemos que ver la manera en que Argentina se convierta en puerta de entrada de Rusia en América Latina de un modo más decidido”, le dijo Fernández a Putin. Rusia tiene ahora una presencia indirecta en América Latina a través de la colaboración militar con Venezuela y Cuba, que choca contra los intereses de Estados Unidos en la región. La propuesta de Fernández no cayó bien en Washington, donde ya consideraban que era una mala idea que visitase Moscú en pleno conflicto entre la OTAN y el Kremlin por Ucrania. Estados Unidos fue clave además en el acuerdo alcanzado entre Argentina y el FMI para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Argentina, Alberto Fernández, se estrechan las manos tras un encuentro oficial en Moscú, el 3 de febrero pasado.JUAN MABROMATA (AFP)
El Gobierno de Joe Biden dio su apoyo luego de intensas gestiones de la Cancillería argentina, que incluyeron una visita del ministro de Exteriores, Santiago Cafiero, a su par de Estados Unidos, Antony Blinken. Como el mayor accionista del FMI, cualquier entendimiento debe tener el visto bueno de la Casa Blanca. Fernández, sin embargo, cargó desde Moscú contra ella. “Argentina ha puesto su mirada, ha volcado su mirada muy firmemente en Estados Unidos. Y depende mucho la economía argentina de la deuda que tiene con Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo”, dijo. La idea del presidente es que Argentina no debe ser un satélite de Washington, y para ello necesita de la ayuda de Rusia. “Estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y Estados Unidos, tiene que abrirse camino hacia otros lados y ahí Rusia tiene un lugar muy importante”, le dijo a Putin, citado por la agencia estatal Telam.
Putin agradeció el gesto, pero se limitó a resaltar el “potencial que hay” para el “comercio bilateral”. “En el ultimo año hemos visto un buen ritmo de crecimiento”, dijo, recordando el contrato firmado para la provisión de vacunas, cifrado en 30 millones de dosis. Este martes, Argentina anunció que ya no compraría más la Sputnik V a Moscú porque está lista para fabricar y exportar las dosis desde un laboratorio local.
Mientras Fernández cargaba en Moscú contra Washington y el FMI, en Buenos Aires hacían control de daños. El jefe de Ministros, Juan Manzur, visitó este viernes al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, para “para dialogar sobre el fortalecimiento de los vínculos bilaterales”. “Tenemos grandes expectativas por seguir articulando y profundizando proyectos en áreas de interés común para el beneficio de nuestros pueblos”, escribió Manzur en Twitter. “Gran encuentro”, le contestó Stanley por la misma vía.
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Tamara Taraciuk, directora en funciones de HRW para las Américas, dice que la democracia se está erosionando de distintas maneras y hoy la región está obligada a defender espacios que se solían dar por sentados. “Hay un alarmante intento por menoscabar la independencia judicial por parte de ciertos gobiernos y esto es de enorme preocupación”, advierte Taraciuk, que señala que el autoritarismo y el populismo “no tienen ideología”. Desde México, con un Gobierno que se define de izquierda, hasta Brasil, con un presidente de extrema derecha, varios países de la América Latina están viendo cómo sus mandatarios siguen el mismo libreto, sin importar sus posiciones ideológicas.
Pregunta. En el informe de HRW hablan de un “alarmante” retroceso en libertades básicas en América Latina. ¿Qué es lo más preocupante?
Respuesta. Las distintas maneras en que está erosionando la democracia en América Latina. Es difícil hacer un ránking por países, pero hay categorías que nos preocupan. Por un lado están los extremos. Los casos de dictaduras como Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde no existen elecciones libres ni instituciones democráticas que le puedan poner un freno al poder Ejecutivo. No hay independencia judicial, no hay un Congreso independiente.
También hay un grupo de Gobiernos, de líderes que llegan al poder después de elecciones democráticas, pero una vez allí, lo ejercen ignorando las garantías fundamentales y el rol de las instituciones. Atacan la independencia judicial, atacan a la prensa independiente y adoptan medidas para dificultar el trabajo de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos. En esta categoría claramente entran gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, el de Nayib Bukele en El Salvador, el de Andrés Manuel López Obrador en México. El libreto autoritario y populista no tiene ideología. De derecha o de izquierda es igual de alarmante, es el mismo libreto a pesar de partir de posiciones ideológicas opuestas.
P. ¿De qué forma atacan la independencia judicial?
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R. Hay distintos intentos por menoscabarla y estos esfuerzos también son de enorme preocupación. Tal vez el caso más extremo de la utilización política del sistema de justicia ha sido en Bolivia, donde los últimos tres gobiernos han empleado la justicia en contra de sus opositores políticos. Lo más preocupante de este panorama son los distintos escenarios donde los espacios democráticos que nos costó tanto conseguir en América Latina se van achicando.
P. ¿Como cuáles?
R. América Latina vivió años de conflictos y dictaduras para empezar a consolidar la democracia y para esto fueron esenciales tres puntos: fortalecer la justicia para investigar las violaciones de derechos humanos y poder actuar como un freno ante el poder Ejecutivo, permitir la libertad de expresión y facilitar plataformas para que las organizaciones de derechos humanos puedan monitorear y cuestionar los excesos de poder. Estamos viendo distintos ejemplos de cómo estos tres pilares están siendo afectados.
En Brasil se han iniciado procesos penales en contra de periodistas por publicar información incómoda contra el Gobierno. El presidente Bolsonaro ha bloqueado en las redes sociales a quienes cuestionan su política o sus posiciones y esa es una medida grave porque afecta la posibilidad de acceder a información pública. En México, hay un clima de hostilidad a la prensa que cuestiona los abusos de poder del Gobierno. Ejercer el periodismo es peligroso, van 27 periodistas asesinados durante el mandato de López Obrador. Si no hay instituciones fuertes que puedan investigar este tipo de delitos, el mensaje indirecto que se envía es que esto está permitido o que no tiene mayores costos.
P. Tampoco hay un pronunciamiento contundente desde el Ejecutivo sobre estos crímenes.
R. No se puede establecer una relación causal entre la apatía de la autoridad sobre lo que está ocurriendo y los asesinatos, pero sí genera un clima que definitivamente no favorece la tolerancia y la libertad de expresión. Las autoridades voluntariamente se ponen en un lugar de exposición que requiere mayor tolerancia, es por eso que la difamación penal, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos y sobre todo cuando hablamos del presidente, va en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión.
P. ¿Está en peligro la democracia en la región?
R . Estamos enfrentando riesgos enormes. Tal vez la buena noticia en este panorama sombrío es que a pesar de todos estos retrocesos y tendencias autoritarias que estamos viendo, en la región sigue habiendo una respuesta fuerte de un periodismo independiente y de defensores de derechos humanos, incluso en países como Nicaragua y Venezuela, así como la respuesta en Cuba, donde miles de personas salieron a la calle en julio [de 2021] para poner freno a esos excesos.
En algunos países donde existen instituciones democráticas, como Brasil, han sido los jueces quienes han puesto un freno a los arrebatos de Bolsonaro. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia limitó los intentos del presidente por tirar por la borda los esfuerzos de gobernadores por mantener la distancia social durante la pandemia. Hemos visto diferentes esfuerzos que han intentado parar esos excesos de poder y abuso. Si bien la democracia definitivamente está en riesgo, esos esfuerzos son una buena noticia.
P. En Cuba y en Colombia han usado la protesta para manifestarse justamente contra los abusos de poder y la respuesta de los gobiernos ha sido la represión.
R. El hecho de que la gente salga a protestar tiene que ver en mayor o menor medida con un intento de defender derechos y esto es una buena noticia que tiene que ver con la cultura cívica que muestra que en América Latina mucha gente todavía piensa que la democracia es el mejor vehículo que tenemos. En Cuba, estamos ante una dictadura donde hace décadas se limitan derechos fundamentales y era esperable que la respuesta de un régimen como el cubano fuera la represión, que se dio no solo en lo que vimos en julio del año pasado sino en lo que estamos viendo ahora. Se han sometido a juicio más de 200 personas, en muchos casos por el delito de sedición, que en Cuba criminaliza el hecho de “perturbar el orden socialista”. Son juicios que se dan a puerta cerrada, sin abogados defensores independientes, y pueden terminar con hasta 25 años de condena. Estas son penas absolutamente desproporcionadas que violan los derechos fundamentales.
En Colombia, HRW documentó al menos 25 asesinatos a manos de la policía, detenciones arbitrarias, abusos físicos, incluyendo sexual. No se trató de casos aislados sino de una falla estructural de las fuerzas de la policía colombiana, la única de la región que depende del ministerio de Defensa, lo que ha hecho difícil la rendición de cuentas por estos abusos.
Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, en un resguardo indígena en La Guajira, Colombia.CORTESÍA
P. El presidente Iván Duque prometió “tolerancia cero” a los abusos por parte de la policía, pero apenas hay dos agentes removidos de sus cargos.
R. Hay fallas estructurales en la policía colombiana que todavía son una cuenta por resolver. Similar a lo de Colombia es lo que encontramos en Perú, después de las represiones de noviembre de 2020, y en Chile, después de las represiones de octubre de 2019, donde hay fallas estructurales de las fuerzas policiales que facilitan este tipo de respuesta ante protestas que fueron mayormente pacíficas.
P. Otra de las crisis que afronta la región es la migración, ¿cuáles son los desafíos en ese sentido?
R. Uno tiene que ver con la situación de los venezolanos. Hay más de 6 millones que salieron de su país y la gran mayoría está en América Latina. Esto genera un enorme desafío para los países de acogida y para los venezolanos que se encuentran en esa situación, que luchan para conseguir un estatus que les garantice acceder al sistema de salud, enviar a los niños y niñas a las escuelas, poder reportar delitos de los cuales son víctimas sin temor a ser deportados y poder trabajar legalmente. En este sentido ocurrió algo súper importante en Colombia y fue la decisión de crear el Estatuto Temporal de Protección para los casi dos millones de venezolanos y retornados que están en ese país. La situación es diferente en otros lugares como en Chile, donde documentamos casos de venezolanos que son deportados sin el debido proceso, o en Perú, donde hay un clima de intolerancia hacia los migrantes.
P. Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, pero HRW decía en el informe que le faltaba dar un paso más, ¿cuál?
R. Es muy angustiante ver que los caminantes todavía son parte del paisaje de las rutas de Colombia. Lo que nosotros estamos intentando impulsar es que se garantice el transporte por autobús, que le permita a la gente no tener que someterse a los riesgos del traslado a pie. Esperamos que Colombia pueda dar un paso más en esa dirección.
P. Está también la migración de centroamericanos y haitianos…
R. La gran mayoría de los migrantes que ingresan a México por el sur son centroamericanos, tanto de países del triángulo del norte como nicaragüenses. Hay más de 110.000 nicaragüenses que han salido desde que comenzó la crisis de 2018, pero también venezolanos o cubanos que cruzan por México. El Gobierno de Joe Biden tiene un discurso en materia de derechos humanos diferente al del Gobierno de Donald Trump; sin embargo, las políticas migratorias siguen siendo de enorme preocupación. En la frontera se siguen aplicando políticas que impiden a los migrantes presentar sus casos y además los obligan a esperar del lado mexicano de la frontera, y en esa espera es donde son víctimas de extorsión, de abuso por parte de las autoridades, de violencia.
P. Este año habrá elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, ¿qué se juega América Latina?
R.La mayor preocupación es en Brasil porque Bolsonaro ha sacado a la luz denuncias totalmente infundadas de fraude electoral poniendo en duda que vaya a aceptar los resultados si pierde. Eso preocupa porque sería seguir el libreto de Trump en Estados Unidos o de Keiko Fujimori en Perú, que pusieron en riesgo a las instituciones democráticas.
P. ¿Cómo está Argentina en materia de derechos humanos?
R. Hay problemas estructurales que incluyen difíciles condiciones carcelarias, abusos en las detenciones, violencia contra las mujeres, además de la política exterior errática en materia de derechos humanos que ha tenido el Gobierno, que se ha abstenido o ha votado en contra en resoluciones en la OEA sobre la situación de Nicaragua o de Venezuela. Cuestionaron la represión policial en Colombia, pero no han hecho lo mismo con la de Cuba.
Una protesta en contra del Gobierno de Iván Duque, en Cali, Colombia, el pasado 17 de junio.LUIS ROBAYO (AFP)
América Latina, nuevamente, enfrentará un año muy complejo. Lo dice la segunda edición del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), que hace un exhaustivo análisis de los principales problemas que amenazan a esta región donde, por la pandemia, “se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó a cerca de un tercio”. En un informe presentado este martes en la capital chilena, el estudio detecta 10 riesgos políticos para este 2022, sobre la base de la opinión de 1.144 ciudadanos consultados y 170 expertos de América Latina y el Caribe, entre presidentes, autoridades regionales, líderes de opinión y académicos. En orden de importancia, el informe indica que los riesgos son la erosión democrática, el cambio climático y la escasez hídrica, las protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, la polarización política, la inversión extranjera en caída, la irrelevancia regional, los ciberdelitos y el auge de China.
“Los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización se mantendrán altos. Por su parte, el populismo, el sentimiento anti-élite y el nativismo xenofóbico seguirán presentes y la combinación de todo ello hará la gobernanza crecientemente compleja”, explica Daniel Zovatto, investigador senior del CEIUC y uno de los editores del informe. Para Jorge Sahd, director del CEIUC y otro de los editores del informe, “en América Latina se ha configurado una triple crisis: de gobernabilidad, con las democracias cada vez bajo mayor tensión; de expectativas, con una ciudadanía más exigente e impaciente, sin una economía que acompañe el 2022; y de certezas, con mayores niveles de incertidumbre política, la incógnita de las nuevas variantes de la pandemia y estados con menor margen fiscal”.
La primera versión del Índice de Riesgo Político en América Latina de 2021 estuvo marcada por los devastadores efectos de la pandemia, pero el actual informe enfoca su mirada en el creciente nivel de incertidumbre y volatilidad. Describe, por ejemplo, la forma en que la pandemia ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente los estados de excepción, con la emergencia de nuevos autoritarismos “en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria”. Con una economía regional sanándose, luego de la debacle de 2020, la recuperación resulta insuficiente y con modesta proyección de un 3% de crecimiento para 2022, sobre todo porque todavía la región sigue lidiando con una emergencia sanitaria global. Es el telón de fondo de la triple crisis que menciona Sahd y que se explica en el informe.
En la crisis de gobernabilidad, la democracia está bajo tensión. La mitad de los países de América Latina y el Caribe muestran señales de erosión democrática, según el informe Estado de la Democracia en las Américas 2021 de IDEA Internacional. Mientras, la encuestadora Latinobarómetro advierte que la mitad de los latinoamericanos tolerarían un Gobierno no democrático mientras resuelva sus problemas. “Según el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit 2020 en América Latina, además de tres dictaduras consolidadas —Cuba, Venezuela y Nicaragua—, se califican como regímenes híbridos a Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, indica el informe de CEIUC.
De acuerdo a The Economist Intelligence Unit2020, solo tres países de la región tienen democracias plenas: Uruguay, Chile y Costa Rica. Mientras, los niveles de confianza hacia las instituciones públicas permanecen bajos, el descontento respecto de la calidad de los servicios públicos aumenta y las redes sociales imprimen una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de procesar, asegura el Índice de Riesgo Político de América Latina. “Se necesitan reformas institucionales urgentes para los nuevos tiempos que incorporen criterios de inclusión, eficiencia, transparencia y gobernabilidad”, aconseja el estudio. Además, se apunta a la necesidad de “élites y ciudadanos más comprometidos con los valores democráticos”.
La investigación apunta, además, a que el cambio climático, el estrés hídrico y los desastres naturales provocan un creciente impacto en la naturaleza y en las poblaciones, lo que se agudiza por la falta de gobernanza y previsión de los Estados. Es el segundo riesgo que advierte el estudio en orden de importancia, luego de la erosión democrática. El escenario resulta desalentador: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático pronostica que el aumento del nivel del mar continuará en la región a un promedio de 3,6 milímetros anuales –por sobre el promedio global de 3,3 mm–, lo que impactaría al 27% de la población que vive en zonas costeras. La sequía generalizada decantaría en un empeoramiento del acceso a alimentos en muchas áreas de la región, lo que tiene un impacto directo en las capacidades de reducir la pobreza y la extrema pobreza, principalmente la rural. En una zona del planeta que concentra el 31% de reserva de agua dulce del mundo, países como Chile y México habían consumido en 2019 sobre el 60% de sus reservas de agua, asegura el informe del CEIUC.
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Existe un tercer gran riesgo para la región en este 2022, las protestas sociales y la violencia. Es un contexto complejo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída histórica del 7% del PIB según cifras de octubre de 2021 y la CEPAL cuenta 22 millones de nuevos pobres en la región, equivalentes a un 33,7% de la población de América Latina, un incremento de la desigualdad en 2,9%, y una pérdida de 47 millones de empleos respecto al año 2019. Aunque las ayudas sociales hicieron aumentar la deuda pública en 10 puntos del PIB en menos de dos años, “la paciencia de los jóvenes frustrados y desencantados ante la incapacidad de los gobiernos por revertir la desigualdad estructural se acaba rápidamente y exigen resultados inmediatos”, dice el Índice de Riesgo Político de América Latina. “A pesar de los riesgos de contagio masivo [por la covid-19], las protestas contra los gobiernos se han reactivado, muchas de ellas produciendo violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con saldo trágico para los participantes”, agrega el estudio.
Zovatto lo explica: “El turbulento segundo semestre del 2019 caracterizado por una ola de protestas fue un primer campanazo de alerta del alto nivel de malestar social e irritación ciudadana que aquejaba a muchas democracias fatigadas de la región. En 2020, con la llegada de la pandemia, la mayoría de las protestas fueron enviadas a cuarentena. Ello generó la falsa sensación de que las protestas sociales eran cosa del pasado. Pero en 2021, en varios países, entre ellos Paraguay, Perú y especialmente en Colombia, estas resurgieron con especial virulencia”, dice uno de los editores del informe.
Para el investigador senior del CEIUC, existe el alto riesgo de que las protestas se vuelvan a encender en América Latina este 2022. “En mi opinión, si los gobiernos no logran manejar adecuadamente las expectativas y demandas ciudadanas y dar respuestas oportunas y eficaces a las causas profundas que gatillaron las protestas en 2019 (malestar social, falta de oportunidades sobre todo para los jóvenes, mala calidad de servicios públicos, falta de confianza de la ciudadanía con los políticos y un largo etcétera) existe un alto riesgo de que estas vuelvan a surgir”. Agrega, sin embargo, que “no todo es negativo en relación con las protestas”. Zovatto dice que cuando no vienen acompañadas de violencia constituyen un mecanismo valioso para defender los derechos ciudadanos e impulsar reformas y cambios sociales y políticos.
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